SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 33/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-TJA.418/2014.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 99 a 101, interpuesto por Sergio Gregorio Fernández Espíndola en representación de Alcira Jurado Vda. de Vides, contra el Auto de Vista Nº 167/2014 de 20 de agosto, cursante a fs. 92 a 96, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Tarija, dentro del proceso laboral seguido por la nombrada recurrente, en su condición de heredera de su finado esposo Adolfo Vides, contra Industrias Agrícolas Bermejo (I.A.B.), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la respuesta de fs. 104 a 105, el auto de fs. 105 vta. a 106 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia N° 36/2013 de 1 abril (fs. 69 a 71), declarando improbada la demanda de fs. 9 a 10, aclarada a fs. 13 y probada la excepción de prescripción de fs. 24 a 25, sin costas.

En grado de apelación formulada por el representante legal de la actora (fs. 73 a 75), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista Nº 167/2014 de 20 de agosto, (fs. 92 a 96), confirmando totalmente la Sentencia de fs. 69 a 71, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 99 a 101, interpuesto por Sergio Gregorio Fernández Espíndola, en representación legal de la actora manifestando:

Que el auto de vista emitido por el ad quem, infringe, conculca y cercena derechos laborales irrenunciables e imprescriptibles, previstos por los arts. 48.IV y 123 de la Constitución Política del Estado, argumentando que es parcializado en cuanto a la valoración de la prueba; por lo que, pide se tenga presente la fundamentación de orden legal que a continuación expresa:

Que, el Cuarto Considerando inc. 1) del auto de vista impugnado indica que la justicia es única y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos, fundamentando su afirmación en que la sentencia y auto de vista emitidos por los tribunales de instancia, se constituyen en enemigos de la clase trabajadora, particularmente de los ex trabajadores de la Empresa Industria Agrícolas de Bermejo, al fallar con pleno favoritismo, parcialización en favor de la Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija, quebrantando los arts. 4 de la Ley General del Trabajo, 3.g) del Código Procesal del Trabajo y 46 y 48 de la Constitución Política del Estado, siendo que esta norma suprema goza de primacía frente a cualquier otra disposición de conformidad al art. 410.II del mismo cuerpo de leyes, dejando inaplicable el art. 120 de la Ley General del Trabajo, con relación a la prescripción de los beneficios sociales, que por su jerarquía normativa ante cualquier otra ley es protectora de los trabajadores, de la estabilidad laboral y del salario justo; además determina el cumplimiento obligatorio de la inamovilidad laboral, equidad e igualdad de derechos para mujeres y hombres y salario justo que asegure para sí y su familia una existencia digna. Asimismo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y prohíbe toda forma de discriminación, explotación laboral y trabajo forzoso.

Señala que uno de los principios fundamentales de los derechos del trabajo es el principio in dubio pro operario, mismo que debe ser interpretado por el juzgador en favor del trabajador más no del empleador y en caso de existir más de una interpretación se estará por la más favorable al trabajador.

Reitera refiriendo que el ad quem violó, quebrantó y transgredió los arts. 4 de la Ley General del Trabajo, 3.g) del Código procesal del Trabajo, 46, 48 y 123 de la Constitución Política del Estado, el principio in dubio pro operario y el art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

Concluye señalando que de los agravios expresados se evidencia error de interpretación en la valoración de la prueba y las normas invocadas; por lo que, solicita se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la excepción de prescripción con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que, del análisis y compulsa de los antecedentes del proceso, se concluye lo siguiente:

Respecto del recurso de casación en el fondo el recurrente manifiesta como vulnerados varios derechos por lo que pasaremos a analizar cada uno de ellos en forma puntual.

La parte recurrente cuestiona el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, por haber confirmado la sentencia de primera instancia, en la que se declaró improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, incurriendo en una supuesta violación de los arts. 4 de la LGT, 3.g) del CPT, 46, 48 y 123 de la CPE, y 397 del CPC, con el argumento que de acuerdo a la nueva Carta Fundamental, los derechos laborales y beneficios sociales de las trabajadoras y de los trabajadores son imprescriptibles al respecto se tiene lo siguiente;

De la prueba documental de fs. 4 a 7, y del contenido de la demanda de fs. 9 a 10, se tiene que el esposo de la actora de nombre Adolfo Vides, ingresó a trabajar en Industrias Agrícolas Bermejo, dependiente de la ex Prefectura de Tarija, ahora Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, desde el 1 de julio de 1975 en el cargo peón de limpieza en la sección servicios de aguas dependiente de la División Fabricación de dicha institución, hasta el 31 de octubre de 1986, fecha en que fue despedido.

En este contexto, a efectos de realizar el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta a partir de la fecha de la desvinculación laboral del trabajador con la institución demandada, acontecida el 31 de octubre de 1986, en tanto que la demanda laboral, reclamando el pago de sus beneficios sociales, fue interpuesta recién el 26 de septiembre de 2012, afirmación extraída de la literal de fs. 10 vta., es decir, después de 26 años, 3 semanas, 5 días de producida la desvinculación laboral, que desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta el momento de presentación de la demanda, no consta de obrados haber realizado realizado reclamo alguno sobre el pago de beneficios sociales que correspondía a su finado, que a su vez permitan vislumbrar la interrupción de la prescripción, conforme determina el art. 126 del Código Procesal del Trabajo; por cuanto el tiempo transcurrido entre la ruptura de la relación laboral y la presentación de la demanda, han pasado más de los dos años, previstos por ley para realizar el reclamo de derechos y beneficios sociales, o sea, la demanda fue presentada fuera del termino previsto en el art. 120 de la LGT que establece: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, concordante con el art. 163 de su DR, de donde resulta que al no haber realizado su reclamo correspondiente de manera oportuna, ha operado la prescripción en virtud de la normativa citada precedentemente, por lo que no corresponde reconocer el pago de los beneficios sociales demandados por encontrarse prescritos, como acertadamente determinó la juez a quo en la sentencia de primera instancia, al declarar improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, acto procesal que fue confirmado por el tribunal ad quem, quienes para arribar a la decisión asumida, realizaron una correcta, adecuada y razonable valoración de la prueba, conforme le facultan los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo; desvirtuando lo aseverado por la recurrente.

Por otra parte, respecto a la aplicación de la normativa prevista en los arts. 46, 48 y 123 de la CPE de 7 de febrero de 2009, sobre los cuales la recurrente pretende justificar la imprescriptibilidad de sus derechos y beneficios sociales demandados, esta normativa no es aplicable al caso presente por ser posterior a los hechos que se juzga; aclarándose que si bien el art. 48.IV citado ut supra señala: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”, es decir, que por mandato de la Ley Suprema, la cual goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa conforme a su art. 410, por lo que existiría una supuesta contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales en virtud de los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, debería darse aplicación preferente a lo previsto en la CPE; pero, sólo en el caso de que el cómputo de los dos años se haya producido antes de la vigencia de la CPE acontecida el 7 de febrero de 2009, se aplica la prescripción señalada en la LGT y su DR, guardando de tal forma, relación con lo señalado en el art. 123 de la CPE en cuanto a la retroactividad de la ley, hecho que no aconteció en el caso presente, ya que la desvinculación de la relación laboral se produjo el 31 de octubre de 1986, la demandante tenía el plazo de dos años a partir de esa fecha para interponer la demanda y evitar la prescripción de sus derechos, es decir, hasta el 30 de octubre de 1988, hecho que no aconteció en el caso que se analiza, toda vez que la demanda laboral fue interpuesta recién 24 años, después que había prescrito su derecho para hacerlo.

A mayor abundamiento, respecto a la interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, en el que se alega la aplicación retroactiva de la norma, el principio in dubio pro operario y la aplicación de la norma más favorable, corresponde puntualizar que no se puede aplicar al caso presente lo previsto en la CPE de 7 de febrero de 2009, como se señaló precedentemente, porque los hechos objeto de juzgamiento se regían por la CPE de 1967, y aplicar en sentido contrario implicaría vulnerar la seguridad jurídica de los litigantes, en primer lugar y, en segundo, porque a la conclusión de la relación laboral que es el sustento del reclamo de derechos de la ahora demandante, no existía la CPE de 2009; y la norma más favorable se encontraba en el art. 162 de la CPE de 1967, donde de ninguna manera incluye la imprescriptibilidad de los derechos laborales de los trabajadores; advirtiéndose que los de instancia realizaron una interpretación adecuada de la norma a tiempo de emitir sus resoluciones; con este razonamiento este Tribunal Supremo en casos similares mediante AASS Nos. 535 de 10 de diciembre de 2010, 224 de 3 de julio de 2012 y 007/2013, de 1 de febrero de 2013 entre otros, resolvió de la misma manera. Otro entendimiento tornaría un escenario inestable en el panorama jurídico laboral en Bolivia pues la certeza, seguridad y confianza que la jurisdicción ordinaria debe otorgar a los justiciables, se diluiría tornando confusas las fechas de cómputo de diversas figuras jurídicas y generando inseguridad en la aplicación de la norma, vejando con ello el principio de seguridad jurídica, que es pieza fundamental en la configuración y estructura del Estado Constitucional de Derecho. Por lo descrito, el ad quo y el ad quem, efectuaron una correcta aplicación de los hechos al derecho, por lo que no incurrieron en vulneración alguna como sustenta la recurrente.

Consiguientemente, al haberse advertido que el tribunal de alzada, no incurrió en las interpretaciones erróneas y violaciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver conforme facultan los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 99 a 101. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez