SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 30/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-CBBA.410/2014.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 77 a 80 interpuesto por Charles Omar Herbas Rocha en representación de Martha Sanizo, contra el Auto de Vista Nº 048/2014 de 05 de marzo, cursante de fs. 72 a 74, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido por Charles Omar Herbas Rocha y Rómulo Armando Herbas Rocha en representación de Martha Sanizo contra Eduardo Montaño Sanabria, la respuesta cursante de fs. 83, el auto que concedió el recurso de fs. 85, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso por cobro de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció Sentencia el 29 de julio de 2011 (fs. 53 a 57), declarando probada en parte la demanda social cursante a fs. 2 a 3 y aclaratoria de fs. 6, en lo que respecta al pago del desahucio e indemnización a partir de la promulgación de la Ley de Regulación de la Trabajadora del Hogar de 11 de abril de 2003, aguinaldo por el año 2009 doble por incumplimiento, 2010 por 8 duodécimas y 19 días doble por incumplimiento, vacaciones por una gestión y 6 duodécimas; salarios adeudados por los 24 últimos meses e improbada en los demás puntos demandados, probada en parte la excepción perentoria de prescripción y pago opuestas por la parte demandada, conminando a Eduardo Montaño Sanabria a pagar a Martha Sanizo dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia bajo conminatoria de ley, el monto total de la liquidación que asciende al monto de Bs.20.852,45.- (veinte mil ochocientos cincuenta y dos 45/100 bolivianos), más la actualización y multa prevista por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2008, por el retraso en el pago de sus beneficios sociales.

En apelación deducida por Eduardo Montaño Sanabria (fs. 60 a 61), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 048/2014 de 05 de marzo (fs. 72 a 74), revocando la Sentencia de 29 de julio de 2011 cursante a fs. 53 a 57.

La resolución de apelación motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 77 a 80, interpuesto por Charles Omar Herbas Rocha en representación de Martha Sanizo, quien en lo fundamental sostiene:

Que, los Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba han incurrido en errores de hecho y de derecho en el análisis, apreciación y valoración de las pruebas presentadas:        

  1. Que el auto de vista en su segundo considerando numeral 1) cursante en obrados a fs. 73 a 74, determinó que la actora fue acogida en el hogar del demandado en condición de hija desde los cinco años de edad, cubriendo gastos de educación, vestimenta, alimentación y que el horario de trabajo conforme a la literal de fs. 12 y confesión provocada de fs. 40, determinan que la actora estudió en turno mañana hasta segundo de secundaria, motivo por el que no se admitió el horario de trabajo, señalando que la demandante colaboraba como cualquier otro miembro de la familia y la causa de su alejamiento fue por su estado de gravidez como consta en la confesión provocada a fs. 40, de conformidad con el art. 167 del Código Procesal del Trabajo; que el auto de vista con esa determinación vulneró normas en actual vigencia, al concluir que no cursa en obrados prueba alguna de que la actora percibía un salario mensual, lo que determinó la inexistencia del vínculo laboral entre las partes, al revocar la Sentencia de 29 de julio de 2011, invocando el AS Nº 142 de 12 de mayo de 2005 y 097 de 19 de abril de 2005, al señalar que la trabajadora no estaba exenta de producir prueba.

Aduce que el tribunal de segunda instancia infringió el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, así como los principios de proteccionismo e in dubio pro operario, establecidos en el art. 3.b) del Código Procesal del Trabajo y principios constitucionales.

Respecto a la prueba testifical de descargo que cursa a fs. 35 a 37, el auto de vista refiere que los testigos se limitaron a demostrar que la actora recibió instrucción necesaria, que era obligación del demandado, conforme a los arts. 156 del Código Niño, Niña y Adolescente, 46.III de la Constitución Política del Estado y 5 de la Ley Nº 2450 de 9 de abril de 2003.

Refiere que el ad quem incurrió en error al determinar de la declaración testifical de Ana María Aiza de Vargas, que cursa a fs. 43, que la actora colaboraba como cualquier otro miembro de la familia, puesto que de la revisión de la atestación de cargo prestada, la testigo manifestó que “Martha ayudaba a la esposa del Sr. Montaño en los quehaceres domésticos”, ratificando con ello la relación existente entre la actora y la demandada de conformidad al DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993.

Asimismo, expresa que el tribunal de segunda instancia no valoró que el demandado contrató a la actora con un salario mensual que no canceló con el pretexto que estaba ahorrando para su futuro; hecho acreditado a fs. 26 bajo alternativa de presunción de certidumbre, por lo que, la a quo conminó a la parte adversa a presentar planillas de pago de sueldos desde marzo de 1995 a septiembre de 2010 a fs. 27 y notificación a fs. 28, a lo que se hizo caso omiso, habiéndose operado en ese entendido la presunción de certidumbre de conformidad al art. 160 del Código Procesal del Trabajo.

  1. Denuncia que existe error de hecho y de derecho en la prueba documental, en referencia a la documental que cursa a fs. 13 y 43, presentada por el demandado, en el que se efectuó un pago a cuenta de sueldos otorgado en plena relación laboral, más no de donación, en el entendido de que todo documento que tiende a vulnerar los derechos de los trabajadores es nulo de pleno derecho, de conformidad al art. 48 de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo; asimismo, por memorial de fs. 45 el demandado opuso excepción perentoria de pago, constituyendo este hecho en una confesión espontánea en mérito del art. 154 del Código Procesal del Trabajo

Agrega con referencia a la determinación del juzgador, que no cursa en obrados, prueba alguna que la actora percibía un salario mensual; si bien la carga de la prueba corresponde al empleador conforme a lo establecido en los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, ello no exime al trabajador de producirlas, por lo que, solicita al empleador la presentación de planillas de pago de sueldos desde marzo de 1995 a septiembre de 2010, planillas de asistencia de las mismas gestiones, planillas de aguinaldo de las gestiones 2008 y 2009 y planillas de otorgamiento de vacaciones.

Manifiesta que el tribunal de segunda instancia aplicó incorrectamente el art. 167 del Código Procesal del Trabajo, para determinar la ruptura laboral; siendo que se tiene acreditado que la misma fue por falta de pago de sueldos, constituido como un despido indirecto; toda vez, que el salario debe ser cancelado en el plazo señalado en el art. 53 de la Ley General del Trabajo.

Concluye señalando que la actora trabajó en casa del demandado como trabajadora del hogar, desde el 15 de marzo de 1995 hasta el 19 de septiembre de 2010, aspectos que no fueron desvirtuados por el demandado al tenor de los art. 3.h) 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo. Que el supuesto trato de hija o miembro de la familia a quien se le asigna trabajos domésticos no demuestra más que la relación de dependencia y subordinación que existía entre las partes. Que la parte demandada, no cumplió con el pago oportuno de salarios, privación que conlleva a un despido indirecto, al amparo de los arts. 7 y 17 de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, siendo la demandante acreedora de los beneficios sociales correspondientes al pago de indemnización y desahucio en mérito a la precita ley promulgada el 11 de abril de 2003, por lo que, en mérito a lo expuesto solicita se case el Auto de Vista Nº 048/2014 de 5 de marzo de 2014 (fs. 72 a 74) y en el fondo se mantenga incólume la Sentencia de 29 de julio de 2011.

       CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación interpuesto, del análisis de todo lo obrado corresponde establecer lo siguiente:

En cuanto a la supuesta falta de valoración de la prueba testifical de cargo y descargo, cabe referir que el ad quem, realizó una correcta interpretación a las atestaciones vertidas por los testigos en el proceso; en ese sentido, el tribunal de segunda instancia en el considerando segundo numeral 1) cursante en obrados a fs. 73 y 74, estableció con certeza que la actora fue acogida de forma humanitaria en el hogar del demandado en condición de integrante de la familia desde su corta edad de cinco años, satisfaciendo gastos de educación, vestimenta, alimentación y otros gastos personales; asimismo, de conformidad a la literal de fs. 12 y confesión provocada de fs. 40, se evidencia que la demandante cursó estudios en turno de la mañana hasta el segundo de secundaria; este hecho desvirtúa el horario de trabajo aducido por la actora de 08:00 a 18:30, siendo que la misma estudiaba en el Colegio de Convenio “Fe y Alegría” en turno mañana; es decir, que contó con el tiempo suficiente para dedicarse a sus estudios como expresa la referida certificación, motivo por el que no se admitió el horario de trabajo, determinando en consecuencia que la demandante colaboraba como cualquier otro miembro de la familia en casa del demandado y el motivo de su alejamiento fue por su temprano estado de gravidez, motivo por el que contrajo matrimonio como consta en la confesión provocada a fs. 40, que de conformidad al art. 167 del Código Procesal del Trabajo, no requiere de mayor prueba.

       Asimismo, la prueba que cursa en obrados, evidencia que no existe prueba alguna de que la actora hubiera percibido un salario mensual, ello en mérito a su consideración y trato como miembro o integrante de la familia, motivo por el que no fue acreedora de una remuneración mensual; determinando el tribunal de instancia con acierto la inexistencia del vínculo laboral entre la actora respecto del demandado, no correspondiendo en ese contexto la aplicación de los AASS Nos. 142 de 12 de mayo de 2005 y 097 de 19 de abril de 2005 al caso de análisis, por carecer de congruencia entre lo solicitado y evidentemente suscitado.

En este entendido, se puede concluir que entre la actora y el demandado no existió una relación de dependencia y subordinación que cumpla con las exigencias previstas por ley, para que sea acreedora de los beneficios sociales solicitados en su demanda, al estar demostrado con la testifical y documentalmente, que la actora no estaba sujeta a un horario de trabajo, que recibía el trato de miembro o integrante de la familia, colaborando con los quehaceres en la familia como cualquier otro integrante de la misma.

En relación a lo descrito precedentemente, conforme establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, norma concordante con el art. 2 de la misma disposición legal que establece: que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, figura también contenida en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, presupuestos que empero no se cumplieron en el caso presente; en efecto, no acreditó la existencia de ninguna de las características descritas, porque la actora no demostró que trabajó como trabajadora del hogar en casa del ahora demandado; a ello, es preciso acotar que las atestaciones y confesión provocada, permitieron al tribunal de instancia concluir con acierto que no existió relación laboral.

Lo expresado nos permite establecer que entre la demandante y el demandado, no existió relación obrero patronal de dependencia, que reúna las características esenciales previstas en la norma citada precedentemente, conforme concluyó correctamente el ad quem, en base a la adecuada valoración de la prueba adjuntada al proceso, aplicando lo previsto en los arts. 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo; que si bien, la actora formuló su demanda amparada en el art. 48 de la Constitución Política del Estado, argumentando supuestos derechos irrenunciables de la trabajadora e infracción a la ley laboral; derechos laborales de los trabajadores que evidentemente se encuentran consagrados en los arts. 46 y 48 de la norma suprema; sin embargo, esta protección tiene su ámbito de aplicación en los casos en que hubiera existido o se comprobó de manera contundente una efectiva relación laboral; situación que en caso de autos no aconteció, motivo por el cual no corresponde reconocer a favor de la actora los beneficios sociales que demanda; toda vez que, no realizó ningún tipo de trabajo a favor del demandado, única razón que obligaría pagar beneficios sociales, en virtud del que el art. 52 de la Ley General del Trabajo, extremo que no sucedió ni fue demostrado en el caso que nos ocupa.

Con referencia a la vulneración principio de proteccionismo instituido en el art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo, es menester explicitar que el mismo se fundamenta en el hecho mismo que dio origen al nacimiento del Derecho del Trabajo, vale decir, la desigualdad existente entre la persona que es contratada para desempeñar una labor (trabajador), y el empleador que lo contrata. El legislador busca compensar con éste principio jurídico la desigualdad económica desfavorable al trabajador, con una protección jurídica que le favoreciere. Se afirma entonces que las normas de la Legislación Laboral son protectoras o proteccionistas del trabajador, lo que suele mencionar la doctrina precisamente como una de las características esenciales de las normas sustantivas del trabajo y en mérito a este entendimiento, al constituirse el proteccionismo en un principio propio del Derecho del Trabajo; en el presente caso no es aplicable al estar desvirtuada la existencia de vínculo laboral entre las partes del proceso.

Respecto de la prueba testifical de descargo que cursa a fs. 35 a 37, los testigos se limitaron a demostrar que la actora recibió instrucción necesaria, siendo obligación del demandado atender este derecho, de conformidad a los arts. 156 del Código Niño, Niña y Adolescente, 46.III de la Constitución Política del Estado y 5 de la Ley Nº 2450 de 9 de abril de 2003; en el caso que nos ocupa, la demandante recibió el trato de una integrante de la familia más no así de trabajadora del hogar, al contar con las comodidades y obligaciones que tiene toda persona en una familia, lo cual es ratificado por la atestación vertida por Ana María Aiza de Vargas a fs. 43, la confesión provocada a fs. 40, mismas que desvirtúan el supuesto vínculo laboral, siendo en consecuencia las precitadas normas inaplicables al caso de autos.

En virtud de lo expuesto, se concluye que el tribunal ad quem, al pronunciar el Auto de Vista Nº 048/2014 de 05 de marzo de fs. 72 a 74, obró basando su decisión en la normativa legal vigente, realizando correcto análisis de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación y adoptando la correcta decisión de rechazar el reconocimiento del vínculo laboral así como la determinación de pago de beneficios sociales expresados por la a quo, encontrándose su resolución en estricta coherencia con el ordenamiento jurídico vigente, correspondiendo en consecuencia resolver conforme disponen los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción que por ella ejerce, y la competencia que le asignan los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 77 a 80 interpuesto por la demandante, representada por su apoderado y abogado; con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez