SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 26/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015. 

Expediente: SSA.II-PTS.406/2014.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 308 a 309, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR Potosí), representado por Grover Vargas Lezcano y Mirvia Arrueta Montecinos, contra el Auto de Vista Nº 82/2014 de 14 de agosto de fs. 303 a 305, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de Renta Única de Viudedad seguido por Modesta Gómez Chiri contra el SENASIR, la respuesta de fs. 328 a 332, el auto de fs. 327 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite de Renta Única de viudedad interpuesto por Modesta Gómez Chiri vda. de Olivares, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00003196 de 17 de abril de 2013 de fs. 249 a 251, desestimó la de Renta Única de Viudedad solicitada por la interesada.

Ante esta situación, la solicitante interpuso recurso de reclamación de fs. 271 a 273, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 286/14 de 7 de abril de 2014 de fs. 277 a 280, confirmando la Resolución Nº 00003196 de 17 de abril de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse conforme a las disposiciones que rigen la materia.

En grado de apelación interpuesta por la solicitante de fs. 291 a 294, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 82/2014 de 14 de agosto de 2014 de fs. 303 a 305, revocó totalmente la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 286/14 de fs. 277 a 280, disponiendo que la Comisión de Calificación de Rentas, pronuncie nueva resolución otorgando la Renta Única de Viudedad a la recurrente Modesta Gómez Chiri Vda. de Olivares, a calificarse en base a la jubilación que percibía su fallecido esposo Plácido Olivares León y desde la gestión 2011, fecha en la que solicitó el beneficio de derechohabiente, sin costas.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación de fs. 308 a 309, interpuesto por la entidad recurrente, quien luego de referirse a los antecedentes procesales, expresó los siguientes argumentos:

Que según el Informe Social Nº 14/11 de 18 de julio de 2011, que cursa en obrados, señala que la investigación realizada establece que Plácido León Olivares, no convivió los dos últimos años anteriores a su fallecimiento con la actora. Así mismo, cursa en el cuaderno procesal la fotocopia, legalizada del memorial de demanda de divorcio, interpuesta por el representante legal de Plácido Olivares León, contra la actora, por la causal establecida en el art. 10.4) del Código de Familia y la respuesta a la misma, en la que la demandada se allana, impetrando que la autoridad judicial, declare probada la demanda basada en la separación de hecho contenida en el art. 131 del Código de Familia; además de las declaraciones testificales de cargo y descargo, que coinciden en señalar que el de cujus y la demandante, no convivieron los dos últimos años anteriores al fallecimiento del causante, por lo que el tribunal de alzada, al otorgar en favor de Modesta Gómez Chiri, la renta de viudedad, en condición de derechohabiente de Plácido Olivares León, infringió el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, referido a la valoración de la prueba, pues de toda la prueba mencionada precedentemente, se establece que la demandante y el causante, no convivieron los dos años antes del fallecimiento del segundo, siendo requisito para la otorgación de la renta la convivencia, conforme lo establece el art. 34 del manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y adquisición; dejando de lado además el art. 97 del Código de familia, que señala: “Los esposos se deben fidelidad, asistencia y auxilio mutuo. Están obligados a convivir en el domicilio conyugal elegido por ambos…”; sin embargo , de obrados se estableció que el fallecido vivía en la calle Nogales, en el domicilio de sus hijas y la demandante en la calle Modesto Omiste Nº 164, lo que implica que al no valorar la prueba referida, el tribunal de alzada violó el art. 45 de la Constitución Política del Estado, en su numeral II, que establece que “la seguridad social se presta bajo principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia”.

Señala que en aplicación del principio de economía, consistente en la administración eficaz y razonable del servicio de seguridad social, interviniendo en los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de los servicios de seguridad social, no se tomó en cuenta las literales presentadas por la apelante, para la elaboración del informe técnico de fs. 54 y 55, que tiene la fuerza probatoria otorgada por ley; además que el principio de equidad, consiste en dar a cada uno lo que merece, relacionado con la igualdad de las personas en torno al acceso a la seguridad social.

En mérito a lo expuesto, solicita se le conceda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que deliberando en el fondo, el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y mantenga firme la Resolución Nº 286/14, emitida por la Comisión de Reclamación.

A su vez, la demandante Modesta Gómez Chiri vda. de Olivares, responde en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 328 a 332, solicitando que se emita Auto Supremo que confirme en su integridad la resolución impugnada.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso, analizando los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Los representantes de la institución recurrente, cuestionan el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado la Resolución Nº 286/14 de 7 de abril de 2014 emitida por el SENASIR y disponer que se otorgue la renta única de viudedad a la solicitante, sin valorar la prueba aportada al proceso, transgrediendo los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil, 97 del Código de Familia y violando el art. 45 de la Constitución Política del Estado.

Al respecto, el art. 34 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisiciones señala: “No tendrán derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante, la esposa que hubiese estado separada en forma libremente consentida y continuada por más de dos años, conforme dispone el Código de Familia, la conviviente, si el “de cujus” estuvo casado y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada y cuando hubiera quedado dos o más concubinas, situación que será comprobado mediante procedimiento especial” (sic). En tanto que el art. 52 del Código de Seguridad Social en su tercer párrafo, prevé: “No tendrán derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante, y la esposa que hubiese estado separada dos o más años por su culpa”. Normativa en base a la cual la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00003196 de 17 de abril de 2013 cursante a fs. 249 a 251 de obrados, dispuso desestimar la solicitud de renta de viudedad presentada por la interesada Modesta Gómez Chiri Vda. de Olivares, acto administrativo que fue confirmado por la Comisión de Reclamación, a través de la Resolución Nº 286/14 de 7 de abril de 2014.

En ese contexto, revisados los antecedentes procesales, si bien es cierto, a fs. 218 a 219, cursa en obrados el Informe Social Nº 14/11 de 18 de julio de 2011, emitido por la profesional Abogado y por la Trabajadora Social del SENASIR, el cual sirvió como fundamento para negar la renta de viudedad a favor de la solicitante Modesta Gómez Chiri, informe basado en las declaraciones de los vecinos de la calle Omiste, lugar de residencia de la demandante y los vecinos de la calle Nogales, donde supuestamente vivió el de cujus previo a su fallecimiento; sin embargo, se puede advertir que las declaraciones testificales señaladas, demuestran elementos contradictorios, que no demuestran de manera contundente que la solicitante de la renta de viudedad, no haya convivido con el de cujus los dos últimos años requeridos por ley para no ser merecedora de la renta de viudedad que pide, toda vez que los primeros señalan que tienen conocimiento que la pareja vivió siempre en el domicilio de la calle Omiste juntamente con sus hijos y que se veía al fallecido colaborando a su esposa en la venta de productos en la puerta del señalado domicilio; mientras que los vecinos de la calle nogales, afirmaron que el fallecido, vivía en ese domicilio junto con su hija Norma Olivares hacía ya más de 4 años.


Ante la presencia de contradicciones como las notadas precedentemente, es importante señalar que en tratándose de decisiones concluyentes como la desestimación de la renta de viudedad, conforme es el caso de análisis, en aplicación de los arts. 34 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, 52 del Código de Seguridad Social, tal decisión deberá estar basada en prueba plena e indubitable que forme en la autoridad administrativa la íntima convicción para fallar en determinado sentido, en cuya decisión además debe tomarse en cuenta los principios de la razón, conforme lo dispuesto en los arts. 1286, 1330 del Código Civil y arts. 397 y 376 del Código de Procedimiento Civil, de modo que se tenga certeza absoluta de los hechos para demostrar la causal que se invoca a efectos de la desestimación de la renta, caso contrario, la decisión que esté basada sólo en indicios o informes sin el mayor respaldo legal, puede generar una afectación directa de los derechos fundamentales de los rentistas o derechohabientes, como es el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la renta, y el derecho a la dignidad, consagrados en los arts. 15.I, 18.I, 45.I y 67 de la Constitución Política del Estado, más aún si a ello se agrega, el hecho de que se tratan de personas de la tercera edad que dependen, en su mayoría, de la renta como único recurso que perciben durante sus últimos años de vida, cuya protección debe ser prioritaria por tratarse de un grupo vulnerable.

Por otro lado, si bien es evidente que en el desarrollo del proceso, se evidenció la existencia de dos demandas de divorcio instauradas por el fallecido Plácido Olivares León, no es menos cierto que la sentencia dictada como emergencia de la primera demanda, declaró la misma improbada al no haberse acreditado de manera suficiente las causales por las que fue interpuesta (art. 131 del Código de Familia, sevicias, injurias y malos tratos), y que si bien la segunda demanda, interpuesta el 25 de junio de 2010, fue respondida por la hoy actora en forma positiva, vale decir allanándose a la misma, y que en la confesión provocada reconoce haber estado separada de su cónyuge, señala también que el fallecido permanecía todo el día en el domicilio de la actora, almorzaba y compartía con sus hijos durante el día, de donde se infiere que este aspecto, no aporta certeza de que la pareja hubiera estado separada por dos años o más, como afirma la institución recurrente, extremo que correspondía ser probado en el proceso de divorcio, que dicho sea de paso, no concluyó y fue declarado extinguido, entonces mal puede el SENASIR desestimar la renta de viudedad en favor de Modesta Gómez Chiri, siendo que no existe prueba suficiente que acredite irrefutablemente que la separación entre esposos hubiera existido, pues como se tiene expresado, ni el informe social del SENASIR, al que se hizo referencia precedentemente, la demanda de divorcio interpuesta por el de cujus, ni la respuesta a la misma por la ahora actora, acreditan de manera clara dicha separación, mucho menos la declaración de los testigos ofrecidos en el proceso de divorcio ni de los entrevistados por la trabajadora social del SENASIR, que contrariamente a lo afirmado por esta institución, incurren en contradicciones.

En ese sentido, el SENASIR, debió recabar mayores elementos de juicio al momento de emitir su informe, y recabar toda la información posible, que permitan acumular mayores elementos de convicción, extremo que no sucedió en el caso presente, toda vez que el memorial de demanda de divorcio y contestación al mismo, además de las declaraciones de los vecinos del causante y de la solicitante, no acreditan la separación de dos años de los esposos; ante esta situación los funcionarios del ente gestor debieron acumular la mayor prueba posible, con la cual se pueda justificar de manera contundente que a la solicitante no le corresponde acceder a una renta de viudedad como derecho habiente del titular, ya que para privar a los asegurados de los derechos y beneficios que reconocen las leyes, como es el seguro social a largo plazo, debe existir, prueba irrefutable suficiente que permita formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales la solicitante sería merecedora de la renta de viudedad, pues los fundamentos por los cuales le fue negada su renta, no se hallan respaldados por prueba fehaciente, ni constituye un factor determinante para aplicar los arts. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisiciones y el 52 del Código de Seguridad Social, referentes a los requisitos que debe reunir un solicitante para ser acreedora de una renta de viudedad, pues no está demostrado de manera categórica que la Sra. Modesta Gómez Chiri, derecho habiente del causante Plácido Olivares León, no hubiera acompañado a su esposo durante los dos últimos años de su existencia; única razón que le privaría de ser acreedora de este beneficio, pues el Informe Social emitido por el SENASIR, la demanda de divorcio, la contestación a la misma, ni las declaraciones testificales, demuestran de manera convincente lo señalado, por lo que, no corresponde aplicar al caso presente el art. 34 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, ni el art. 52 del Código de Seguridad Social citados.

Se debe considerar además, que la seguridad social en Bolivia, cubre no solo la atención por enfermedad, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, invalidez y otros relacionados, sino también a la viudez, bajo la garantía que todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, conforme lo establecen expresamente los parágrafos I y III del art. 45 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, conforme señala el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento en el ya mencionado art. 45.II de la Constitución Política del Estado y sobre cuyo contenido la SCP 0776/2012 de 13 de agosto, reiterando el entendimiento, precisó: “…es la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de la vida y salud física y mental; la seguridad económica, vivienda, descanso y la protección del núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares”, más aún, si se considera que la “renta de viudedad” tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas que accedan a este beneficio, los recursos económicos consecuentes al trabajo de su causante, necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca. En ese marco, el derecho a la seguridad social está directamente relacionado a la satisfacción de los derechos humanos, protegiendo a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, la vestimenta, y la alimentación; que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, quien es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado consagrados en el capítulo segundo del título primero, correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado, máxime considerando que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento, al que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, por los riesgos a los que están expuestos, tienen la obligación de dar prioridad al cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, tomando en cuenta además que el art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos en ella son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos y que es el Estado quien tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

Por otro lado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180. I de la Constitución Política del Estado y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

El análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor de la solicitante la renta única de viudedad, que fue desconocida por el ente gestor, y correctamente reparada por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

Por todo lo expuesto, se concluye que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación cursante en obrados y que no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidente la infracción de la normativa señalada en el recurso de casación ni los extremos acusados, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 308 a 309, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), sin costas.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez