SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 25/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015.  

Expediente: SSA.II-LP.424/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 422 a 427, interpuesto por José Edgar Soliz Rodríguez, contra el Auto de Vista Nº 129/2013 de 19 de noviembre de 2013 de fs. 415 a 416, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso coactivo fiscal seguido por la Prefectura de La Paz, actual Gobierno Autónomo Departamental de La Paz representada por Milenca B. Pinto Flores contra José Edgar Soliz Rodríguez y Ernesto Pérez Rivero, la respuesta de fs. 431 a 438, el auto de fs. 439 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, iniciado por Prefectura de La Paz, representado por José Luis Paredes Muñoz, en base a los Informes de Auditoría preliminar Nº EL/EP11/D02-R1 e informe complementario Nº EL/EP11/D02-C2 y dictamen de responsabilidad Nº CGR/DRC-069/2006, donde se estableció responsabilidad civil, por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, prevista en el art. 77.h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por conducta enmarcada en el art. 31.b) y c) de la Ley 1178, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La Paz, pronuncio la Sentencia Coactiva Fiscal Nº 43/2012 de 22 de mayo de 2012 de fs. 340 a 345, declarando probada la excepción de pago documentado opuesto por el coactivado José Edgar Soliz Rodríguez de fs. 164 a 166; e improbada la demanda de fs. 4 a 6, interpuesta por la Prefectura de La Paz hoy Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en consecuencia dispuso dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 30/07 en contra los coativados José Edgar Soliz Rodríguez, en forma solidaria con Ernesto Pérez Rivero, por no haberse establecido en su contra indicios de Responsabilidad Civil, por la suma de Bs.109.139,90.- equivalente a $us.19.149,90.- (diecinueve mil ciento cuarenta y nueve 90/100 dólares americanos) los cuales se encuentran cancelados; asimismo levantar las medidas precautorias dispuestas en el Auto Interlocutorio Nº 28/07 de 30 de julio de 2007, en contra de José Edgar Soliz Rodríguez, en forma solidaria con Ernesto Pérez Rivero, para cuyo efecto ofíciese a las entidades correspondientes.

En apelación deducida por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz de fs. 348 a 349 la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 129/2013 de 19 de noviembre de 2013 (fs. 415 a 416), revocando la Sentencia Nº 43/2012 de 22 mayo de 2012 de fs. 340 a 345 de obrados, en consecuencia declaró improbada la excepción de pago documentado opuesta por el coactivado José Edgar Soliz Rodríguez de fs. 164 a 166; y probada la demanda de fs. 4 a 6 interpuesta por la Prefectura de La Paz, ahora Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Sin costas. Disponiendo se mantenga firme y subsistente la Nota de Cargo Nº 30/07, en contra de los coactivados José Edgar Soliz Rodríguez, en forma solidaria con Ernesto Pérez Rivero, así como las medidas precautorias dispuestas en su contra, debiendo girarse el correspondiente Pliego de Cargo.

Dicho fallo, motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 422 a 427, interpuesto por el coactivado José Edgar Soliz Rodríguez, expresando en síntesis lo siguiente:

En la Forma, denuncia: que el auto de vista no señala cuales son las disposiciones legales en las cuales funda su fallo; de la revisión del auto de vista se evidencia que no existe disposición legal alguna que funde la emisión del fallo, peor aún no efectúa un análisis de la prueba, únicamente se limita a realizar una relación de todos los hechos ocurridos y los argumentos esgrimidos por la Prefectura de La Paz, en su recurso de apelación, para de manera ilegal revocar la sentencia y declarar improbada la excepción de pago y declarar probada la demanda interpuesta por la entidad coactivante, por lo que, el tribunal ad quem, infringió las previsiones contenidas en el art. 192.2 del Código de Procedimiento Civil y principalmente la garantía al debido proceso conforme las sentencias Constitucionales Nos. SC 752/2002-R y SC 136972001-R.

2.- El auto de vista es incongruente; al respecto aclara que el principio de incongruencia refiere que el tribunal ad quem, está en la obligación de pronunciarse respecto a los puntos sobre los cuales se pronunció la resolución de primera instancia emitida por el tribunal a quo, toda vez que no existe pronunciamiento respecto a la demanda presentada por la Gobernación, la misma que constituye la base de las pretensiones de un litigante que a momento de que se dicte sentencia será analizada para saber si le corresponde o no la concesión de esas pretensiones, luego del análisis que concluye con una decisión debiendo existir correlación entre dicho análisis y la parte dispositiva, aspecto que en el presente caso no aconteció. Asimismo una resolución debe ser congruente entre lo solicitado y lo resuelto es así que entiende la jurisprudencia vinculante establecida por el Tribunal Constitucional en su SC Nº 0262/2003-R, el debido proceso como principio puede ser vulnerado en su vertiente de la congruencia de las resoluciones, citando la Sentencia Constitucional Nº 0416/2013 de 27 de marzo de 2013.

En el fondo, denuncia:

1.- Interpretación errónea y aplicación indebida del art. 31 de la Ley 1178 en la determinación de responsabilidad civil, como la tipificación indebida del art. 77.h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal; los montos observados corresponden a los comprobantes de pago Nº 00055 y 00088 y notas de débitos Nos. 101 y 139 del 17 de febrero y 5 de marzo de 1999, se debe a desembolsos de Bs.115.000.- y Bs.114.200.-, aspecto que no ha sido reconocido en el auto de vista hoy recurrido, demostrándose que existe un error de interpretación en relación a los hechos acaecidos, pues solo considera pago a un documento emitido por el acreedor, cuando existe a fs. 163 una copia legalizada del recibo entregado por lo que demuestra que el original es el necesario para demostrar el pago y este al ser legalizado demuestra su existencia como tal.

2.- El auto de vista incurrió en error en la apreciación de la prueba y no considera el principio de la verdad material; entre los principios de la jurisdicción ordinaria que consagra la constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra la verdad material cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responde a los principios y valores éticos consagrados en la norma Suprema de nuestro país; que corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho, en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia, en el presente caso el tribunal de segunda instancia desconocido de manera ilegal este principio toda vez, que debió aplicar la verdad material, al existir dos recibos de dineros que fueron entregados a personal de la empresa COSANTRI, encargados de la refacción del edificio de la Prefectura del Alto, más específicamente al señor Ernesto Pérez Rivero Gil, quien mediante memorial de fs. 290 a 292, confiesa que los dineros que pretende se haga responsable fueron entregados a dicha persona que estos a su vez fueron reportados a la empresa COSANTRI; por esta razón considera que el auto de vista incurrió en error en la apreciación de la prueba.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, anule o case el auto de vista recurrido, declarando improbada la demanda y probadas la excepción perentoria de pago, opuesta por su parte, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, corresponde su análisis, de donde se tiene lo siguiente:

1.- En cuanto al Recurso de Casación en la Forma o de nulidad, que se funda en errores “in procedendo”, es decir a violaciones esenciales del proceso, se apoya en el art. 254.4) del CPC, el recurrente denunció que el auto de vista carece de fundamentación y congruencia, toda vez, que tenía que referirse a todos los puntos resueltos por el juez a quo, al no efectuar a su criterio una ponderación de las pruebas de descargos, que perpetró la juez a quo para declarar probada la demanda, tergiversando la ley adjetiva civil.

De la revisión de antecedentes procesales se puede constatar que el tribunal ad quem, fundamento su fallo al señalar que el coactivado no presentó descargos hasta la conclusión de la auditoría realizada verificando que el saldo total de Bs.229.200.- no se presentaron descargos ni justificativos por la suma de Bs.109.139,90.- equivalente a $us.19.147,35.- sumas de dineros que fueron desembolsadas por la ex Prefectura del Departamento de la Paz, a nombre de los coactivados con cargo a rendición de cuenta, no habiendo presentado descargos de los comprobantes Nº 00055 y 700088 y siendo que la documentación presentada por el coactivado ya fue analizada y observada por la Contraloría General del Estado, emitiéndose el dictamen de responsabilidad Civil con el que se inició el presente proceso. Por otro lado en cuanto a la incongruencia, los puntos argumentados por el Gobierno Autónomo Departamental en el recurso de apelación todos fueron expuestos dándose por validas al usarla como fundamento, cuya armonio lógica jurídica de que todo lo atribuido en las auditorias e incoadas en la demanda son plenamente valederas al no haber sido desvirtuadas durante la tramitación del proceso, es decir vinculo de causalidad entre el fundamento y correcta valoración de la prueba que derivan en una congruente decisión del tribunal ad quem, al revocar la sentencia dictada por el juez de primera instancias.

En cuanto al recurso de casación en el fondo,

1.- La conducta del señor José Edgar Soliz Rodríguez, al haber recibido fondos con cargos a rendición de cuentas a efecto del pago obligatorio a la empresa COSANTRI S.R.L., sin haber descargado y no haber sustentado que se realizó tal pago a la empresa es susceptible de Responsabilidad Civil conforme el art. 31 de la Ley 1178, así mismo conforme el inc. b) del mismo artículo la conducta del señor Ernesto Pérez Rivero, se subsume siendo también responsable civil, por lo que, ambos coactivados son responsables civilmente máxime cuando el inc. h) del art. 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, establece como conducta pasible o sanción civil la “apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado”, pues como se verifica de los informes de auditorías el coactivado recurrente de casación, recibió la suma de Bs.229.200.- con cargo a rendición de cuentas de las cuales no descargó la suma de Bs.109.139,90.- pretendiendo acreditar, en sede administrativa, con copia simple de presuntos recibos por la suma de Bs.115.000,00.- y Bs.114.200,00.-, documentos que no son válidos como descargos, posteriormente el coactivado presenta los mismos documentos en copia simple, y de la lectura de los literales a fs. 163 y 163 vta. de obrados, cursa el presunto reconocimiento de firmas y rubricas por Formulario Nº 1379475 en copia simple, ante Notaria de Fe Publica de Primera Clase Martha Alipaz Monje, mismo que si aún podría considerarse, que no es el caso, porque da cuenta del reconocimiento de firma solo del coactivado José Edgar Soliz Rodríguez, mas no del otro suscriptor del presunto recibo que consigna la fecha 9 de marzo de 1999, no haciendo referencia del otro recibo que consigna la fecha de 18 de febrero de 1999, por otro lado el informe cursante a fs. 163 vta. consigna varias incongruencias ya que la fotocopia del recibo de fecha 18 de febrero de 1999, consigna la suma de Bs.114.200, hecho que no es real que de la revisión de la literal de fs. 161 en fotocopia simple, del presunto recibo consigna la fecha 18 de febrero de 1999, empero la suma es de Bs.115.000.

2.- En la especie, de lo señalado se tiene si bien es cierto el recurrente presentó como medio de prueba los recibos en fotocopia simple, cursantes de fs. 161 a 163, que para su validez el medio idóneo era que ambos suscriptores reconozcan sus firmas, de conformidad al art. 1300, del Código Civil, hecho que en el presente caso no sucedió, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad material, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Además debe tomarse en cuenta que, la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en su art. 3 establece: Constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal: “Los informes de auditoria emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles”. El Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR/DRC-069/2006, de 29 de diciembre de 2006 (fs. 7 a 10), emitido por el Controlador General de la Republica, basados en los informes de auditorías elaborados por la Contraloría Departamental de La Paz Nº EL/EP11/D02-R1 preliminar y EL/EP11/D02-C2, complementaria de fs. 11 a 95, respectivamente, en los que se identificaron irregularidades de apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, siendo aplicable al caso de análisis, lo establecido en el art. 77.h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, conducta enmarcada de los coactivados en el art. 31.b) y c) de la Ley 1178 previene: “incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficien indebidamente con recursos públicos o fuesen causantes de daños al patrimonio del Estado y de sus entidades”.

Por lo expuesto, se concluye que no existe violación de las normas legales invocadas en el recurso, al contrario, la resolución emitida por el tribunal de apelación, se sustenta en la normativa legal aplicable al caso, por lo que corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables al caso por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 1 del Procedimiento Coactivo Fiscal DL Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977, elevado a rango de Ley por el art. 52 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 422 a 427, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez