SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 05/2015.

Sucre, 7 de enero de 2015.

Expediente: SSA.II-SCZ.399/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 276 a 278 interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”, Regional Santa Cruz, representado por Olga Durán Uribe contra el Auto de Vista Nº 159/2014 de 31 de marzo de 2014 de fs. 271 a 273, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones, instaurado por Blas Fernández Aguirre contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 284, el auto de fs. 285 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite administrativo de Compensación de Cotizaciones iniciado por Blas Fernández Aguirre, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, por Resolución Nº 710 de 23 de enero de 2013, cursante a fs. 196, resolvió otorgar en favor de Blas Fernández Aguirre, el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones número 19,673, en el cual se considera un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.184,38.- (ciento ochenta y cuatro con 38/100 bolivianos), previa aceptación es válido para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.

Notificado con la resolución, el actor formuló Recurso de Reclamación a fs. 210, la Comisión de Reclamación del SENASIR, por Resolución Nº 00604/2013 de 28 de agosto de 2013 (fs. 238 a 241) revocó en parte la Resolución Nº 710 de 23 de enero de 2013, cursante a fs. 196 de obrados, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, otorgándose al asegurado un total de cinco años y nueve meses de aportes, manteniéndose firme y subsistente el Salario Cotizable de $b.230.000.000,00 (doscientos treinta millones 00/100 de pesos bolivianos) correspondiente al periodo de septiembre/1986, conforme al Certificado del Área de Certificación y Archivo Central CERT-04-2013-2272 de 25 de abril de 2013 de fs. 233 y 234 de obrados.

Interpuesto el recurso de apelación por el solicitante a fs. 248, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 159 de 31 de marzo 2014 (fs. 271 a 273) revocó la Resolución Nº 00710 de 23 de enero de 2013, cursante a fs. 209 y la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 00604/2013 de 28 de agosto de 2013, deliberando en el fondo, ordenó al Servicio Nacional del Sistema de Reparto reconocer al señor Blas Fernández Aguirre, una densidad de aportes de 7 años y 5 meses, considerando como salario cotizable, el salario mínimo nacional vigente al momento de procederse a emitir el nuevo formulario de C.C.. Sin costas, conforme a la Ley 1178 SAFCO.

El referido auto de vista, motivó que el Sistema Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”, Regional Santa Cruz, representado por Olga Duran Uribe, formule recurso de casación en el fondo de fs. 276 a 278, en base a los siguientes argumentos:

Que luego de referirse a los antecedentes del trámite, denunció que el tribunal de alzada al revocar la resolución Nº 710/2013 y disponer el reconocimiento a Blas Fernández Aguirre, una constancia de aportes con una densidad de 7 años y 5 meses, incurrió en violación del parágrafo I del art. 24 de la Ley Nº 65 de Pensiones y de los arts. 1, 48 y 50 del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011 (Reglamento parcial de la referida ley), porque no tomó en cuenta la Certificación de Salario y Densidad de Años de Aportes, que cursa a fs. 47 que tiene la calidad de prueba preconstituída, a los efectos de los arts. 1296 con relación a los arts. 1309 y 1311 del Código Civil, concordante con el art. 400 del Código de Procedimiento Civil, que merece plena fe probatoria, en la que se puede visualizar que el asegurado no figura en planilla, su tratamiento especial impide su certificación supletoria o extraordinaria.

Concluyó solicitando, se conceda el recurso de casación por ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que deliberando en el fondo dicte auto supremo casando el Auto de Vista Nº 159 de 31 de marzo de 2014.

CONSIDERANDO II: Que de la revisión y compulsa de antecedentes del proceso, lo expuesto en el recurso de casación, la respuesta del mismo y las normas aplicables, se concluye que:

Analizado los antecedentes, se establece que la controversia se funda en que el tribunal de alzada al revocar la Resolución Nº 710 de 23 de enero de 2013, incurrió en violación del parágrafo I del art. 24 de la Ley Nº 65 de Pensiones, de los arts. 1, 48 y 50 del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011(Reglamento parcial de la referida ley) y que no se habría valorado el Certificado de fs. 47, que tiene todo el valor legal de los arts. 1296, 1309 y 1311 con relación al art. 400 del Código de Procedimiento Civil.

A ese efecto, es preciso referirnos a la línea jurisprudencial asumida por este magno Tribunal, que en diversos fallos en los que enmarcó su actuación dentro del principio de irrenunciabilidad de los derechos sociales, que se sustentan en el mandato de los arts. 45.II y IV, 48.III y IV de la Constitución Política del Estado que impone la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, para cubrir la vejez entre otras contingencias, que son inembargables, conforme determinan los arts. 199 del Código de Seguridad Social y 179.2) del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, también es preciso señalar que con relación a los procesos administrativos, éste Tribunal Supremo de Justicia estableció que debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, por mandato del art. 180.I de la Constitución Política del Estado y del art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, que establecen como un principio procesal la verdad material, con la finalidad de esclarecer de que toda resolución, contemple de forma inexcusable la manera y forma de cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales rigurosos que no conducen a la correcta aplicación de la justicia y resultan desnaturalizando el verdadero sentido de la justicia que debe ser pronta, efectiva y oportuna.

En ese contexto, en el caso de análisis, de los datos que sustentan el proceso, se advierte que el asegurado Blas Fernández Aguirre, para acceder a la Compensación de Cotizaciones y posterior de renta de vejez, presentó a fs. 7 la liquidación de beneficios sociales de la empresa COSER CIA DE SERVICIOS, acreditando que trabajó del 22/09/1977 al 30/12/1982, es decir 5 años y 3 meses, luego el Certificado de Aportes extendido por YPFB de fs. 10, que evidencia que trabajó desde 20/05/1975 al 25/07/1975, del 01/07/1976 al 21/12/1976, desde el 14/10/1983 hasta el 28/03/1984 y del 16/07/1984 al 31/12/1984, tiempo de servicios que asciende a 1 año y 6 meses, y en la Empresa Western Geophisycal Company desde 15 de marzo de 1986 al 13 de enero de 1987, 10 meses, haciendo un total de 7 años y 5 meses.

De estos elementos, se colige que el tribunal de alzada en aplicación correcta de las normas legales y constitucionales que sustentan el auto de vista, como el principio de irrenunciabilidad de los derechos y de verdad material, dispuso que el Ente Gestor reconozca en favor del actor una densidad de 7 años y 5 meses, por corresponder a la realidad de los hechos y debidamente acreditados por los documentos señalados supra, en el entendimiento y razonamiento, que si bien el actor no figura en las planillas remitidas por la institución empleadora, empero por el Certificado de fs. 10, se acreditó fehacientemente que trabajó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no existiendo por tanto óbice alguno para negar al asegurado su petición en franca vulneración de un derecho fundamental, privándole a esta edad el contar con una vida digna para sí y su familia.

En ese antecedente, tampoco debe desconocer el Ente Gestor, que fue el propio Estado, conforme a las normas contenidas en el Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las Rentas que otorga el SENASIR, empero, estas disposiciones no son las únicas que prevén dicho procedimiento supletorio, sino también el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, que prevé claramente que cuando por algunos periodos de tiempo no existieron planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación del trabajador, de baja, de reingreso del asegurado complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, asimismo la Resolución Ministerial Nº 559 de 3 de octubre de 2005 amplía el ámbito de aplicación del art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543, indicando que, si el asegurado no figura en planillas se podrá calificar los aportes de forma extraordinaria mediante documentos supletorios que deben figurar en el expediente.

En ese sentido, en el caso de análisis se evidencia, que en ninguna de las resoluciones las comisiones del SENASIR, ha justificado y menos argumentado la aplicación de las normas acusadas de transgredidas, denotándose por el contario un razonamiento restringido y legocentrista con evidente perjuicio para el trabajador y hasta discriminatorio, al privarle de acceder a una justa Compensación de Cotizaciones, conforme a los documentos que presentados por el asegurado, respaldan la petición del trabajador.

En ese sentido, cabe hacer notar una vez más, no obstante que este Tribunal ha sustentado ampliamente la irrenunciabilidad de los derechos sociales, empero los funcionarios del SENASIR reinciden en desconocer el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado de proteger y defender el capital humano otorgando las prestaciones que establece la ley, aplicando las normas que más beneficien al asegurado, en aras que los derechos no puedan confiscarse en detrimento de los asegurados, pues se trata de contribuciones realizadas de sus salarios durante el ejercicio de sus funciones al Sistema de Seguridad Social, para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez y lograr la continuidad de su medio de subsistencia de salario y renta, conforme mandan las normas que regulan la materia.

Bajo estos fundamentos, se concluye que el auto de vista recurrido, no transgredió, tampoco vulneró ninguna de las normas señaladas en el recurso de casación en el fondo, por el contrario en un acto de justicia en tutela y reconocimiento de los derechos sociales del actor, ajustó su fallo a las normas legales en vigencia, correspondiendo por tanto resolver, conforme previenen los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art.184.I de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en ejercicio de la potestad de juzgar que emana del pueblo boliviano, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 276 a 278. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez