SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

                       ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA


Auto Supremo Nº 04/2015.

Sucre, 7 de enero de 2015.

Expediente: SSA.II-TJA.389/2014.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 129 a 131 interpuesto por Lidia Nieves vda. de Aramayo, Benita Verónica Aramayo Nieves, Noemí Mirian Aramayo Nieves y Pedro Aramayo Nieves, en calidad de herederos del que en vida fue esposo y padre Martín Aramayo Brusela, a través de su representante legal Sergio Gregorio Fernández Espindola contra el Auto de Vista Nº 153/2014 de 1 de agosto de fs. 122 a 126, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso social de beneficios sociales seguido por las recurrentes contra Industrias Agrícola de Bermejo dependiente de la ex Prefectura, ahora Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, representada por Beder Erick Soto Llanos y Arcenia Alanez Janco, en calidad de asesores legales, la contestación de fs. 137 a 138, el auto de fs. 135 vta. a 136, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Tarija, emitió la Sentencia de 27 de noviembre de 2012 de fs. 95 a 97, declarando improbada la demanda de fs. 13 a 14, aclarada de fs. 31 a 32, fs. 36 y a fs. 46 y probada la excepción perentoria de prescripción de fs. 59 a 60, sin costas

En grado de apelación, formulada por Lidia Nieves vda. de Aramayo, Benita Verónica Aramayo Nieves, Noemí Mirian Aramayo Nieves y Pedro Aramayo Nieves, a través de su representante legal Sergio Fernández Espindola de fs. 100 a 101, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista Nº 153/2014 el 01 de agosto (fs. 122 a 126), confirmando totalmente la sentencia apelada de fs. 95 a 97, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 129 a 131 interpuesto por Lidia Nieves vda. de Aramayo, Benita Verónica Aramayo Nieves, Noemí Mirian Aramayo Nieves y Pedro Aramayo Nieves, herederos del finado ex trabajador Martín Aramayo Brusela, representados a través de su abogado y apoderado Dr. Sergio Fernández Espindola, acusando la vulneración de normas legales bajo los siguientes fundamentos:

Que las autoridades de instancia, desconocieron y quebrantaron lo establecido en el art. 4 de la Ley General del Trabajo, art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo, y arts. 46 y 48. de la Constitución Política del Estado, señalando en forma clara y contundente que el art. 123 de la Constitución Política del Estado, establece: “la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral tiene carácter retroactivo, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y trabajadores”; la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico Boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición conforme el art. 410 en su párrafo II dejando inaplicable el art. 120 de la Ley General del Trabajo con relación a la prescripción de los beneficios sociales, porque los derechos sociales y laborales que incluía la Ley General del Trabajo, ahora son constitucionalizados y son obligaciones del Estado.

Indicó también que los principios del derecho del trabajo son el in dubio pro operario, que señala lo siguiente: se denomina así al principio por el cual la duda razonable sobre la interpretación de una norma legal o convencional, que genere respecto a los derechos reclamados por un trabajador, debe ser interpretada por el juez a favor del mismo y no a favor del empleador. De la regla más favorable: se denomina así al principio por el cual cuando dos o más normas tratan el mismo instituto, deberá estar por la que resulte más favorable al trabajador y trabajadora considerándose la norma o conjunto de normas que rija a cada una de las instituciones del derecho del trabajo, de tal manera que dentro de estos principios protectorios nos da entender que si en un caso particular existen dos o más normas, se debe aplicar al que más favorezca al trabajador.

Asimismo señaló que el tribunal ad quem, ha violado, transgredido, quebrantado, conculcado y cercenado los arts. 46, 48 y 123 de la Constitución Política del Estado, art. 4 de la Ley General del Trabajo, art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo y art. 397 del CPC, de los agravios expresados se evidencia que existe error de interpretación en la valoración de la prueba y de las normas legales antes citadas.

En ese análisis reclamó que la errónea aplicación de los artículos 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, no son aplicables por mandato del artículo 410.II de la Constitución Política del Estado.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, se sirva casar el auto de vista recurrido de fs. 122 a 126, y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la excepción de prescripción, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que del examen del recurso de casación en el fondo, el auto de vista recurrido y de los antecedentes del proceso se tiene lo siguiente:

Conforme se advierte de la revisión del recurso de casación, los recurrentes versan su contenido en sentido de que, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se determina la imprescriptibilidad del derecho al cobro de los beneficios sociales y la retroactividad de la ley en materia social al beneficiar al trabajador; en ese sentido y conforme a la normativa reclamada de ser erróneamente interpretada y aplicada por el Tribunal ad quem, cabe señalar:

Que el art. 164.II de la Constitución Política del Estado, señala que: “La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”; asimismo, el artículo 123 dispone: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores…”

En ese sentido, se advierte que la aplicabilidad de la ley opera a partir de su publicación; sin embargo, en la materia que hace al presente caso, es susceptible de su retroactividad ante la determinación expresa de la norma.

A ello, si bien el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado dispone que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; debe tomarse en cuenta que dicha normativa no hace alusión a su aplicación retroactiva, teniendo efectos a partir de su publicación; es decir, desde el 7 de febrero de 2009.

En la especie, el certificado de trabajo de fs. 4, y el memorial de demanda de fs. 13 a 14, acreditan que el señor Martin Aramayo Brusela, trabajó en INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO, desde el 19 de junio de 1974 hasta el 31 de agosto de 1998, es decir 23 años 2 meses y 11 días, habiendo presentando sus herederos demanda reclamando beneficios sociales recién el 26 de julio de 2011 como acredita el actuado de fs. 15; de tal forma, conforme al art. 120 de la Ley General del Trabajo, que dispone: “las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”; en relación con el art. 163 de su Reglamento, los ahora actores, debieron presentar su demanda en el término de 2 años a partir de la fecha en que feneció su relación laboral con la empresa demandada; es decir, hasta el 01 de septiembre de 2000, en tanto pudo corresponderle en derecho, y no así después de a más de 12 años de haberse producido la presunta desvinculación laboral.

A ello, es preciso puntualizar que solamente en el caso de que el cómputo de los dos años establecidos en los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Reglamento, se vean interrumpidos por la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, así como ante beneficios sociales y derechos laborales posteriores a dicha fecha, es aplicable la imprescriptibilidad determinada en el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado, así estableció el entendimiento emitido en la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia en los Autos Supremos Nos. 85 y 224 de 10 de abril y 3 de julio de 2012, respectivamente, entre otros.

De tal forma por lo señalado, no se infiere que el tribunal ad quem hubiera incurrido en interpretación errónea ni vulneración de los arts. 46, 48, 123 y 410.II de la Constitución Política del Estado; no advirtiéndose además vulneración alguna del art. 4 de la Ley General del Trabajo y art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo, toda vez que se dio cumplimiento a cabalidad la normativa que rige en la materia; tampoco se vulneró ninguno de los principios protectivos del trabajador, porque al no haber reclamado oportunamente por su propio descuido dejó prescribir sus derechos.

Consecuentemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde dar aplicación a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.


POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que les confiere los art.184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 129 a 131, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez