SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

                       ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA


Auto Supremo Nº 03/2015.

Sucre, 7 de enero de 2015.

Expediente: SSA.II-TJA.388/2014.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 132, interpuesto por Magdalena Laime Nieves, en su condición de heredera legal y forzosa de Santos Laime Farfán, representada por Sergio Gregorio Fernández Espíndola, impugnando el Auto de Vista Nº 151/2014 de 30 de julio de 2014 de fs. 123 a 127, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social seguido por la recurrente contra Industrias Agrícolas de Bermejo, dependiente de la ex Prefectura del Departamento, hoy Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la respuesta de fs. 135 a 136, el auto de fs. 136 vta. y 137 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, pronunció Sentencia el 14 de diciembre de 2012 (fs. 98 a 99), declarando improbada la demanda y probada la excepción de prescripción, sin costas.

Contra la sentencia, el actor formuló recurso de apelación de fs. 102 a 103, que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 151/2014 de 30 de julio de 2014 de fs. 123 a 127, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que confirmó totalmente la sentencia de fs. 98 a 99, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 132, interpuesto por la demandante, expresando en síntesis los siguientes argumentos:

Alega que tanto la Jueza de primera instancia como el tribunal de alzada, denotan en sus resoluciones, un marcado favoritismo en favor de la Gobernación del Departamento de Tarija, desconociendo y quebrantando los arts. 4 de la Ley General del Trabajo, 3 del Código Procesal del Trabajo, 46 y 48 de la Constitución Política del Estado.

Hace referencia a lo establecido en el art. 123 de la Constitución Política del Estado, respecto a la irretroactividad de la ley; el numeral IV del art. 48, que establece la preferencia de pago que los beneficios sociales tienen frente a cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles; el art. 410.II de la misma norma, sobre la jerarquía normativa, que a su criterio, hace inaplicable el art. 120 de la LGT con relación a la prescripción de los beneficios sociales, señalando que por jerarquía normativa, la Constitución Política del Estado, está por sobre cualquier otra ley, además de ser protectora de los trabajadores, del trabajo estable, salario justo y respeta el medio ambiente en la actividad productiva; además que los derechos sociales reconocidos en la Ley General del Trabajo, ahora se encuentran constitucionalizados y son obligatorios para el Estado, y son de cumplimiento obligatorio la inamovilidad laboral, la equidad y la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y un salario justo, prohibiendo toda forma de discriminación, explotación laboral y trabajo forzoso. Prosigue señalando los alcances de los arts. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado, transcribiendo de manera íntegra su contenido y menciona que uno de los principios del derecho al trabajo es el principio in dubio pro operario, cuya aplicación se produce ante la duda razonable sobre la interpretación de una norma legal o convencional, respecto a los derechos reclamados por un trabajador, caso en el cual debe ser interpretado a favor del trabajador y no del empleador; asimismo si existieren dos o más interpretaciones de una misma disposición.

Finaliza, señalando que el tribunal de alzada violó, transgredió, quebrantó, conculcó y cercenó los arts. 4 de la LGT, 3.g) del CPT, 46, 48 y 123 de la Constitución Política del Estado, el principio in dubio pro operario y el art. 397 del CPC y que todo lo expuesto, evidencia la existencia de error en la interpretación en la valoración de la prueba y de las normas legales citadas, por lo que solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo, declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la excepción de prescripción con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:

En el caso presente, la parte recurrente cuestiona el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, por haber confirmado la Sentencia de 14 de diciembre de 2012 cursante a fs. 98 a 99 emitida por la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, que declaró improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada, manifestando su desacuerdo con la decisión asumida por los juzgadores de instancia, denunciado la violación de los arts. 4 de la LGT, 3.g) del CPT, 46, 48 y 123 de la CPE, y 397 del CPC, con el argumento que de acuerdo a la nueva Carta Fundamental, los derechos laborales y beneficios sociales son imprescriptibles.

La recurrente afirma en la demanda, que su padre Santos Laime Farfán, prestó sus servicios en el cargo de operador de grúa en Industrias Agrícolas Bermejo, dependiente de la ex Prefectura del Departamento, hoy Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, desde el 1 de mayo de 1976 hasta el 30 de agosto de 1998, y que luego de un despido intempestivo, no se le cancelaron beneficios sociales, ni se le reconoció indemnización, vacaciones, horas extras, bono de antigüedad ni salario dominical; por lo que solicitó en la vía laboral, se le reconozcan los derechos mencionados; pretensiones que fueron declaradas improbadas en sentencia, que más adelante sería confirmada en apelación por el tribunal de alzada.

Ahora bien, respecto al instituto jurídico de la prescripción en materia laboral, corresponde recordar que la doctrina define a la prescripción liberatoria como "la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inacción de su titular durante el lapso señalado por ley" (Carlos Alberto Etala, Contrato de Trabajo, Editorial Buenos Aires Astrea, Pag. 256). En ese sentido, son dos los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) El transcurso del término legal preestablecido y, b) La inacción o silencio voluntario del acreedor durante ese plazo. La legislación laboral del Estado Boliviano, regula el instituto de la prescripción extintiva del derecho del trabajador en el art. 120 de la Ley General del Trabajo, determinando que: "las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas", por su parte el art. 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, establece que: "las acciones y derechos emergentes de la ley que se reglamente, se extinguirán en el término de dos años a partir de la fecha en que nacieron", institutos a la fecha aún vigentes, para aquellos derechos cuyo nacimiento fue anterior al régimen constitucional vigente. En ese sentido, la abundante Jurisprudencia Nacional, ha establecido también, que por el principio de protección e irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, la prescripción en materia social se interrumpe, por cualquier misiva, nota, dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo, o la presentación de la demanda judicial, no importando que ésta sea legalmente notificada al empleador, por cuanto se observa para su aplicación el principio proteccionista relacionado con otros principios como ser: el principio pro operario, expresada en la regla de aplicación de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa; el principio de la irrenunciabilidad de los derechos; el principio de la primacía de la realidad; el principio de la razonabilidad; el de buena fe, entre otros; es decir, que en derecho laboral, la prescripción tiene su interpretación restrictiva, ya que previene la conservación del derecho, la subsistencia del derecho del trabajador y en definitiva, el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas y no a su pérdida por la vía de la prescripción.

En este contexto, a efectos de realizar el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta la fecha de la desvinculación laboral del trabajador con la institución demandada acontecida el 30 de agosto de 1998, conforme consta en el certificado de trabajo de fs. 8 de obrados, en tanto que la demanda laboral reclamando el pago de beneficios sociales, fue interpuesta recién el 22 de julio de 2011, subsanada el 16 de septiembre de 2011 afirmación extraída de las literales de fs.26 y 30 vta., es decir, después de 13 años de producirse la desvinculación laboral, durante este tiempo, la actora ni los herederos del trabajador, hasta el momento de presentación de su demanda, no realizaron reclamo alguno sobre el pago de beneficios sociales que permitan vislumbrar la interrupción de la prescripción, conforme determina el art. 126 del Código Procesal del Trabajo, pues los documentos presentados por el representante legal de la demandante, son actuaciones que no interrumpen la prescripción alegada; porque, si se considera el tiempo transcurrido entre la ruptura de la relación laboral y la presentación de su demanda, se advierte que han transcurrido más de los dos años previstos por ley para realizar el reclamo de sus derechos y beneficios sociales, es decir, fuera del termino previsto en el art. 120 de la LGT que establece: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, concordante con el art. 163 de su DR; de donde resulta que, al no haber realizado los reclamos correspondientes de manera oportuna, ha operado la prescripción en virtud de la normativa citada precedentemente, por lo tanto, no corresponde reconocer el pago de los beneficios sociales demandados por encontrarse prescritos, tal como acertadamente determinó el juez a quo en la sentencia de primera instancia, al declarar improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, acto procesal que fue confirmado por el tribunal ad quem, quienes para arribar a la decisión asumida, realizaron correcta, adecuada y razonable valoración de la prueba, conforme facultan los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, desvirtuando lo aseverado por el recurrente, que si bien, denuncia la existencia de error en la valoración de la prueba, lo hace de manera general, es decir, sin especificar si ese error es de hecho o de derecho ni precisar de manera concreta a que o qué prueba no habría sido valorada o apreciada o se le hubiera dado un valor diferente, no siendo suficiente la simple enunciación de dicho error por parte de los juzgadores de instancia, de donde se deduce que no es evidente tal acusación.

Sobre lo dispuesto en el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado, respecto a la imprescriptibilidad de los derechos laborales y beneficios sociales no pagados, cabe señalar que este Tribunal ha establecido una línea jurisprudencial al respecto, a partir del AS Nº 85 de 10 de abril de 2012, mediante la cual ha concluido que, al haber ingresado en vigencia la Constitución Política del Estado en fecha 07 de febrero de 2009, dicho plazo se interrumpe, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 48.IV de la misma, que dispone "...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles...", es decir que por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, siendo que la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa conforme al art. 410.II, al encontrar contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado, por lo tanto, la aplicación de lo dispuesto por el art. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, se reserva sólo para aquellos casos en los que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la norma fundamental, en cuanto a la retroactividad de la ley, hecho que no aconteció en el caso presente, ya que la desvinculación de la relación laboral se produjo el 30 de agosto de 1998, teniendo el demandante el plazo de dos años a partir de esa fecha para interponer la demanda y evitar la prescripción de sus derechos, es decir, hasta el 30 de agosto de 2000, hecho que no aconteció en el caso que se analiza, toda vez que la demanda laboral fue interpuesta recién el 22 de julio de 2011, cuando ya había prescrito su derecho para hacerlo

A mayor abundamiento, respecto a la interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, en el que se alega la aplicación retroactiva de la norma, el principio in dubio pro operario y la aplicación de la norma más favorable, corresponde puntualizar que no se puede aplicar al caso presente lo previsto en la CPE de 7 de febrero de 2009, como se señaló precedentemente, porque los hechos objeto de juzgamiento se regían por la CPE de 1967, y aplicar en sentido contrario implicaría vulnerar la seguridad jurídica de los litigantes en primer lugar y en segundo porque a la conclusión de la relación laboral que es el sustento de los derechos que reclama la demandante, no existía en la CPE de 2009; y la norma más favorable se encontraba en el art. 162 de la CPE de 1967, donde de ninguna manera habla de la imprescriptibilidad de los derechos laborales de los trabajadores; advirtiéndose que los de instancia realizaron una interpretación adecuada de la norma a tiempo de emitir sus resoluciones; con este razonamiento, el Tribunal Supremo en casos similares mediante AASS Nos. 535 de 10 de diciembre de 2010, 224 de 3 de julio de 2012 y 007/2013 de 1 de febrero de 2013 entre otros, resolvió de la misma manera.

Consiguientemente, al haberse advertido que el tribunal de alzada, no incurrió en las interpretaciones erróneas y violaciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver conforme facultan los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 132, interpuesto por Sergio Gregorio Fernández Espíndola, en representación de Magdalena Laime Nieves, quien a su vez es heredera legal de su padre Santos Laime Farfán. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez