TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 375

Sucre, 31 de julio de 2019

Expediente                : 264/2018

Demandante                 : Saúl Mejía Serrano 

Demandado                         : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho  

Proceso                        : Reincorporación y pago de sueldos devengados

Distrito                         : Tarija

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 179 a 180, interpuesto por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (U.A.J.M.S.), representada por su Rector Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez, contra el Auto de Vista N° 59/2018 de 16 de abril, emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, de fs. 169 a 171; dentro del proceso de pago de reincorporación y pago de sueldos devengados, promovido por Saúl Mejía Serrano contra la universidad recurrente; el memorial de respuesta al recurso, a fs. 183; el Auto 18/2018 de 23 de mayo (fs. 185), que concedió el recurso; el Auto de 18 de junio de 2018 (fs. 194), por el cual se declaró admisible el recurso; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

El Juez primero del Trabajo y Seguridad Social de Tarija, pronunció la Sentencia            de 29 de mayo de 2013, de fs. 146 a 147, declarando probada en parte la demanda de fs. 6 a 7; disponiendo que la U.A.J.M.S., cancele a favor del actor, el pago de salarios devengados desde la fecha de la desvinculación (18/08/2011) hasta la fecha en que fue reincorporado (02/04/2012) y demás derechos que le asisten.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, la U.A.J.M.S. a través de Anselmo Rodríguez Ortega, interpuso recurso de apelación, a fs. 155; resuelto por el Auto de Vista 59/2018 de 16 de abril, emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, de fs. 169 a 171, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Notificado con el Auto de Vista, la U.A.J.M.S. representada por su Rector Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez, formuló recurso de casación, señalando lo siguiente:

El Tribunal de alzada, desconoció las disposiciones contenidas en el art. 92 de la Constitución Política del Estado (CPE), que en su parágrafo I, establece la potestad que tienen las universidades públicas de elaborar y aprobar sus estatutos y reglamentos, dentro los cuales se encuentra el Estatuto Orgánico de la U.A.J.M.S., que en su art. 266, fija en 65 años la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria; por lo que, no corresponde el pago de sueldos devengados en favor del demandante.

Se interpretó erróneamente el art. 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo (CPT), que determina el proteccionismo en favor del trabajador, pero en el caso, existe norma especial en la que se ampara la desvinculación laboral, y no puede aplicarse el criterio de mayor beneficio para el trabajador, por cuanto la U.A.J.M.S. actuó en el marco de sus disposiciones especiales.

El Auto de Vista, ha omitido que el actor fue desvinculado en base al art. 266 del Estatuto Orgánico de la U.A.J.M.S., desde el 18 de agosto de 2011 siendo reincorporado el 2 de abril de 2012; y la normativa señalada, se dejó sin efecto el 29 de febrero de 2012 en la conferencia Extraordinaria de Universidades, debiendo cancelarse si correspondiese algún pago, solo sueldos devengados solo desde el 29 de febrero de 2012 hasta el 2 de abril de 2012, aspecto que no fue tomado en cuenta por los de instancia.

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo se disponga que no corresponde el pago de sueldos devengados, ni otro derecho demandado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

Debe tenerse en cuenta que, el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, y dirigido a lograr que el máximo Tribunal ordinario, revise, reforme o anule las resoluciones emitidas en apelación, que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; la legislación prevé en el art. 270-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, así también, el Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) en su art. 255, disponía contra que resoluciones procedía el recurso de casación, refiriéndose en sus numerales a Autos de Vista, norma adjetiva aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del CPT; en tal razón, conforme estas disposiciones se puede colegir que el recurso de casación tiene como finalidad la objeción de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista, en ese entendido, corresponde al recurso de casación orientar sus argumentos a invalidar el Auto de Vista, cuestionado fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada, mediante los cuales se resolvió  la apelación planteada.

En el caso, la universidad demandada en su recurso de casación, sostiene como infracciones la errónea aplicación o interpretación del art. 92 de la CPE, respecto de la no consideración del art. 266 del Estatuto Orgánico de la U.A.J.M.S.; asimismo, la incorrecta interpretación del principio de proteccionismo previsto en el art. 3 inc. g) del CPT; sin embargo, estos aspectos no fueron reclamados en su oportunidad, por la universidad en el recurso de apelación de fs. 155; constituyendo argumentos que tardíamente se alegan en casación.

Considerando el principio de congruencia, como componente del debido proceso, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de emitir resoluciones que tengan correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; es decir, entre los agravios del recurso de apelación y la determinación asumida en el Auto de Vista, siendo estos agravios los que aperturan la competencia, para que el Tribunal de alzada analice lo asumido en Sentencia, para posteriormente puedan ser recurridos en casación.

En el caso, se evidencia que las objeciones efectuadas a través del recurso de casación, -señaladas precedentemente- no fueron expuestas ni alegadas como agravios en el recurso de apelación; en consecuencia, en aplicación del principio de preclusión procesal prevista en los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT, este tribunal se encuentra imposibilitado de analizar y resolver esas nuevas infracciones o alegaciones insertas en el recurso de casación, porque éstas no fueron reclamadas oportunamente en el recurso de apelación, habiéndose confirmado la Sentencia en todas sus partes, absolviéndose los agravios alegados en esa oportunidad.

Debe tenerse presente que el recurso de casación tiene la finalidad de que el máximo Tribunal ordinario, revise, reformule o anule las resoluciones expedidas por el Tribunal de alzada, respecto de los agravios planteados en el recurso de apelación, y que no hubiesen sido atendidos; situación que no ocurre en el caso; pues se pretende, que se resuelvan reclamaciones distintas a las alegadas en la apelación por la entidad demandada, deviniendo por estas circunstancias, en infundados

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la entidad demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por la U.A.J.M.S., representada por su Rector Freddy Gonzalo Gandarillas Martínez, de fs. 179 a 180.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-