TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 373

Sucre, 31 de julio de 2019

Expediente                : 281/2018

Demandante                 : Juan Vicente Loza 

Demandado                         : Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

Proceso                        : Reintegro de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 167 a 169, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, a través de Edwin Castro Escobar, contra el Auto de Vista N° 230/17 de 9 de octubre de 2017, emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 164 a 165; dentro del proceso de pago de reintegro de beneficios sociales y derechos laborales, promovido por Juan Vicente Loza contra la entidad municipal recurrente; el memorial de respuesta (fs. 171 a 173); el Auto 176/2018 SSA-III de 25 de mayo (fs. 174), que concedió el recurso; el Auto de 22 de junio de 2018 (fs. 182), por el cual se declaró admisible el recurso; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

La Juez Sexta del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 106/2009 de 17 de septiembre, de fs. 116 a 119, declarando probada en parte la demanda de fs. 20 a 21; disponiendo que el GAM de La Paz, cancele a favor del actor, la suma de Bs.24.417,53.- (veinticuatro mil cuatrocientos diecisiete 53/100 bolivianos), por concepto de multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, de los beneficios sociales y otros, cancelados en finiquito de fs. 5.

En conocimiento de la Sentencia, el GAM de La Paz solicitó aclaración, complementación y enmienda, a fs. 121; la Juez emitió el Auto Complementario de 13 de enero de 2010, a fs. 122 vta.; complementado se determina, declarar improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta, quedando firmes y subsistentes los demás fundamentos expuestos en la Sentencia.

Auto de Vista.

Notificado el GAM de La Paz, con la Sentencia y el Auto Complementario, interpuso recurso de apelación, de fs. 124 a 125; emitiéndose el Auto de Vista Nº 161/10 de 8 de septiembre de 2010 (fs. 138), que impugnado mediante recurso de casación, se emitió el Auto Supremo Nº 589 de 8 de septiembre de 2015 (fs. 154 a 156), por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, anulando obrados.

Pronunciándose en cumplimiento de esta determinación, el Auto de Vista 230/17 de 9 de octubre de 2017, emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 164 a 165; confirmando la Sentencia de primera instancia, y su Auto Complementario.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Notificado con el Auto de Vista, el GAM de La Paz formuló recurso de casación, señalando lo siguiente:

El Tribunal de alzada, interpretó erróneamente el art. 9-II del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, no to en cuenta que la desvinculación laboral no fue producto de un retiro forzoso, sino por el contrario, como se demuestra por el memorándum D.G.RR.HH 04788/2006 de 29 de diciembre, fue un despido justificado.

En obrados cursa finiquito de pago de beneficios sociales y derechos laborales, a fs. 333, de fecha 15 de enero de 2007, que involucra la voluntad de pago por parte del empleador, dentro del plazo previsto en el art. 9-II del D.S. Nº 28669; y no se puede computar a la fecha de pago el “2” de febrero de 2007 (lo correcto es 5), por haber sido llenado en kardex y remitido a finanzas en fecha 15 de enero del indicado año; por lo que, se cumplió con el pago de beneficios sociales dentro del plazo previsto por ley, pago realizado en sede administrativa ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda interpuesta.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

El art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que: “I. En caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan (…)”, mientras que su parágrafo II, prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor; este precepto, busca garantizar el pago por parte del empleador de los derechos adquiridos por el trabajo prestado y beneficios sociales que correspondan al trabajador, en un tiempo razonable para garantizar sus medios de subsistencia y no tenga que esperar indefinidamente el pago que le corresponde, razón por la cual en las consideraciones previas del D.S. 28699, se señala: “El Estado tiene la obligación de crear condiciones que garanticen para todos, posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, asegurando sobre todo la continuidad de sus medios de subsistencia para mejorar las condiciones de vida de las familias”; consideración relacionada con el art. 46 de la CPE.

Para una mayor claridad, hay que revisar lo dispuesto en el D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que en su art. 1º prevé: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido; complementado este entendimiento la RM 447 de 8 de julio de 2009, que reglamenta el D.S. 110, en su art. 1 señala que: “II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral.  III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagara el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30 %) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador; estableciéndose claramente conforme a la normativa agregada, que el empleador debe cancelar de forma efectiva los derechos y beneficios sociales que le correspondieran al trabajador, en un plazo impostergable de quince (15) días calendario, desde la desvinculación laboral, y al exceder este plazo, debe el empleador pagar una multa del 30% del total a cancelarse.

En el marco legal señalado, no se encuentra ninguna condición para el inicio del cómputo del plazo que se señala, como tampoco alguna interrupción o postergación del plazo; por lo que, el hecho de que el GAM de La Paz haya elaborado el finiquito de fs. 5 (cursante también a fs. 33) el 15 de enero de 2007, no puede asumirse como el cumplimiento del pago, solo es la fecha de elaboración de este documento; porque la normativa referida, busca el cumplimiento efectivo del pago de los derechos y beneficios que le corresponden al trabajador, dentro de un plazo razonable, a partir de la desvinculación laboral, y el empleador en cumplimiento de lo previsto en esta normativa, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar materialmente estos pagos; más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo; incluso el empleador está facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las jefaturas departamentales del trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias; debe ser el empleador quien busque la manera efectiva de materializar el pago de estos derechos, tiene la posibilidad de realizar el depósito de los mismos, resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, aplicando criterios de favorabilidad hacia el trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, por ser aquel el sujeto débil de la relación laboral, evitando así se dilate bajo cualquier excusa el pago de estos beneficios, depósito que debe ser realizado antes del plazo determinado para el pago de estos derechos; por lo que, no habiendo sido cancelado en su oportunidad (dentro de los 15 días posteriores a la desvinculación laboral), corresponde la multa establecida en la normativa glosada precedentemente; considerándose como correcto lo obrado en instancia, la fecha del pago del finiquito de 5 de febrero de 2007, y no así, el elaborado el 15 de enero de 2007, como pretende la entidad municipal recurrente; superando el plazo previsto de 15 días, desde la desvinculación laboral que data del 29 de diciembre de 2006. 

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el GAM de La Paz, a través de Edwin Castro Escobar, de fs. 167 a 169; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista 230/17 de 9 de octubre de 2017.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-