TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 372

Sucre, 31 de julio de 2019

Expediente                : 286/2018

Demandante                 : Freddy Alvarado Vásquez  

Demandado                         : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija  

Proceso                        : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 92 a 93, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija, representado por Luis Gatty Ribeiro Roca, a través de sus apoderados José Romero Saavedra, Mateo Cussi Chapí, Alex Jorge Sánchez Iraizos, Olga Muñoz P. y Nariza I. Flores Choque, contra el Auto de Vista N° 62/18 de 9 de marzo de 2018, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a fs.88; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Freddy Alvarado Vásquez contra la entidad municipal recurrente; el Auto 56/18 de 25 de mayo de 2018, que concedió el recurso (fs. 96 vta.); el Auto de 27 de junio de 2018 (fs. 105), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

El Juez cuarto del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, pronunció la Sentencia Nº  39/017 de 29 de septiembre de 2017, de fs. 68 a 71, declarando probada en parte la demanda de fs. 21 a 22; e improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta, sin costas; disponiendo que el GAM de Cobija, cancele a favor del actor, la suma de Bs.54.075.- (cincuenta y cuatro mil setena y cinco 00/100 bolivianos) por concepto de subsidio de frontera, de las gestiones 2010 a 2015 detallados en dicho fallo.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el GAM de Cobija representado por Luis Gatty Ribeiro Roca interpuso recurso de apelación, a fs. 74; resuelto por el Auto de Vista 62/18 de 9 de marzo de 2018, emitido por la Sala Única del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a fs. 88, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Notificado con el Auto de Vista, el GAM de Cobija, formuló recurso de casación, señalando lo siguiente:

1.- Existe violación del art. 108 numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), por qué el Tribunal de Apelación tiene como uno de sus deberes fundamentales de velar por los intereses del Estado y de la sociedad, interpretando de manera minuciosa las leyes que señalan los demandantes, “porque, no solo es decir que todos los funcionarios están dentro de la Ley, sino muchas veces sus derechos y obligaciones están plasmadas en otras leyes y Decretos Supremos” (textual), debiendo respetarse y adecuarse a las leyes que rigen la vida institucional, como las de administración pública, como la Ley de Administración y Control Gubernamental, Estatuto del Funcionario Público, Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas, a las que se rigió el actor por un contrato de consultoría en línea.

2.- El Tribunal de alzada está en la obligación de velar la igualdad de las partes dentro del proceso, y el derecho a la defensa es totalmente inviolable, debiendo aplicarse el art. 119 de la CPE, para ambas partes del proceso, no como en el presente caso solo respecto de la parte demandante, por ende no se estaría velando por los intereses del Estado; el actor trabajó regido por las disposiciones de la Ley de Administración y Control Gubernamental y el Estatuto del Funcionario Público, no está amparado por las previsiones de la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, porque desempeñó su trabajo como consultor en línea.

3.-Las normas referidas que en el presente caso están siendo vulneradas tanto por el Juez de Trabajo y los Vocales de la Sala Civil, todo conforme a la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 358/2016-S2 de 18 de abril de 2016” (textual), transcribiendo parte del texto de la mencionada sentencia constitucional, sin mayor argumento; el recurrente expresa que, el trabajador no está sujeto a la estabilidad o inamovilidad laboral.

4.- La determinación asumida por los de instancia, sobre el pago de subsidio de frontera, es: “atentatorio y vulneratorio, y se debe aplicar las presunciones que de UN Contrato como ADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA INDIVDUAL EN LINEA, como PROFESIONAL en materia de biología, no se desglosa en su boleta este concepto, sino lo percibido en su boleta de pago en base a su designación y funciones específicas del contrato de consultoría” (textual).

Petitorio.

Solicita se case o modifique el Auto de Vista recurrido, tomándose en cuenta la normativa violada o aplicada erróneamente.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

1.- Conforme a los antecedentes del proceso, se puede evidenciar que la violación del art. 108 de la CPE, no fue reclamado por la entidad municipal en el recurso de apelación, a fs. 74, argumento que tardíamente se alega en casación; tomando en cuenta el principio de congruencia como componente del debido proceso, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de emitir resoluciones que tengan correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; es decir, entre los agravios del recurso de apelación y la determinación asumida en el Auto de Vista, siendo estos agravios los que aperturan la competencia, para que el Tribunal de alzada analice lo asumido en Sentencia, para posteriormente puedan ser recurridos en casación.

En el caso de autos, conforme a los antecedentes, se evidencia que la violación de este precepto constitucional, no fue expresado como agravio en el recurso de apelación, por ende no fue considerado por el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista; activándose la preclusión procesal prevista en los arts. 3. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT); imposibilitando ingresar a un análisis, de una normativa alegada de vulnerada, que no forma parte de la fundamentación del Auto de Vista emitido.

2.- Respecto de la omisión de aplicación del art. 119 de la CPE, que establece: “I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios, no señala la entidad municipal recurrente, el por qué o como, se estaría vulnerando este precepto constitucional, afirmando de manera general, que el Tribunal de apelación tiene la obligación de velar la igualdad de las partes en el proceso, aplicando en forma imparcial este precepto, sin colegir que fundamento del Tribunal Ad quem o decisión que haya asumido, omitiría la igualdad de oportunidades dentro del proceso, a la que refiere este artículo, o de qué forma se hubiese violado el derecho a la defensa descrito en este mandato constitucional; el que recurre de casación, debe citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error; conforme establece el art. 274-I-3 del CPC-2013, no siendo suficiente la simple enunciación de las normas que considera vulneradas, sin demostrar en términos específicos y razonables, en qué consiste la infracción que acusa; así también, solo refiere que el actor no estaría sometido a la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, sin exponer la razón o su hipótesis de esa afirmación, o las razones que considera valederas para afirmar que era un consultor en línea, y como el Tribunal de alzada vulneró la mencionada ley.

Considerando que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo “modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista”, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación de la norma que se alude, y no solo señalarla de vulnerada; inobservancia, que de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen a la deficiencia de la parte que recurre a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley; en ese sentido se tiene infundado este argumento traído en casación.

3.- En este punto, la entidad recurrente, conforme se expresó en el anterior, no especifica la vulneración que acusa, afirmando de manera general, que: “las normas referidas que en el presente caso están siendo vulneradas tanto por el Juez de Trabajo y los Vocales de la Sala Civil, todo conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0358/2016-S2 de 18 de abril” (textual), siendo ese todo su argumento, añadiendo parte del texto del indicado fallo constitucional, sin especificar que fundamento del Auto de Vista es contrario a la jurisprudencia que señala; conforme precedentemente se explicó, no cumple con la carga recursiva que permita un análisis de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de alzada; además, la sentencia constitucional plurinacional referida, analiza la inamovilidad laboral en contratos a plazo fijo o de consultoría, no encontrándose relación con el objeto principal del presente caso, al demandar el actor el pago de sus derechos adquiridos, como el subsidio de frontera, y no se pretende dilucidar ninguna inamovilidad laboral.

4.- La entidad recurrente, afirma que la determinación de la Sentencia, como la confirmación del Tribunal de alzada, ordenando el pago de subsidio de frontera en favor del actor, atenta contra los intereses económicos de la institución, debiendo tomarse en cuenta que el demandante es un consultor; estos argumentos traídos en el recurso, no solo recaen en la misma falta de argumentación de los dos anteriores puntos ya considerados, en este punto, no se señala normativa alguna; el recurrente, solo anota su apreciación respecto de la determinación asumidas en la Sentencia y el Auto de Vista, respecto del subsidio de frontera reconocido al actor, no indica ni la norma que regula este derecho, ni que fundamento del Auto de Vista estaría contrario a derecho, aludiendo únicamente que el reconocimiento de este derecho es “atentatorio y vulneratorio” para la institución municipal demandada; y conforme a las consideraciones efectuadas en el punto 2 y 3 de los fundamentos del fallo, no puede este Tribunal suplir esta carencia.

A esto se añade, a manera de aclaración que las determinaciones que asumen los impartidores de justicia deben estar apegadas a la normativa laboral vigente, y no pueden causar daño económico a una institución, al tutelar y otorgar derechos que fueron reconocidos e impuestos por el propio Estado, a través de su normativa, como el subsidio de frontera, derecho adquirido por la prestación de trabajo, sin discriminación de condición, status, situación o clase de trabajador, establecido en el art. 12 del D.S. 21137 de 30 de noviembre de 1985, que señala: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas. Derecho adquirido que forma parte del salario percibido por el trabajador, en tal razón, independientemente del tipo de relación laboral que se preste o el contrato de trabajo que se suscriba, deben ser incluidos en el presupuesto efectuado para la contratación de personal.

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la entidad demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, de fs. 92 a 93; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista 62/18 de 9 de marzo de 2018

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, y del el art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-