TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 371

Sucre, 31 de julio de 2019

Expediente                : 273/2018

Demandantes                 : Oscar Ricardo Patiño Suárez y Juan Mamani Aguirre  

Demandado                         : Ana María Fátima Abaroa Leigue   

Proceso                        : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 151 a 153, interpuesto por Ana María Fátima Abaroa Leigue contra el Auto de Vista N° 253/2017 de 15 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 142 a 148; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Oscar Ricardo Patiño Suárez y Juan Mamani Aguirre contra la recurrente; el Auto de 8 de junio de 2018, que concedió el recurso (fs. 156); el Auto de 20 de junio de 2018 (fs. 164), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

El Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció la Sentencia Nº  120/2015 de 11 de junio, de fs. 116 a 120, declarando probada la demanda; e improbada la excepción perentoria de pago opuesta; disponiendo que la demandada cancele a favor de Oscar Ricardo Patiño Suárez, la suma de Bs.6.322,49.- (seis mil trescientos veintidós 49/100 bolivianos), y a favor de Juan Mamani Aguirre, la suma de Bs.2.644.- (dos mil seiscientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en dicho fallo; más la multa del 30% prevista en el art. 9 del D.S. Nº 28669 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Ana María Fátima Abaroa Leigue interpuso recurso de apelación, de fs. 123 a 125; por su parte, los demandantes Oscar Ricardo Patiño Suárez y Juan Mamani Aguirre formularon recurso de apelación a fs. 128; ambos resueltos por el Auto de Vista 253/2017 de 15 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 142 a 148, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Notificado con el Auto de Vista, la demandada formuló recurso de casación, señalando lo siguiente:

1.- El Tribunal de alzada, violó el art. 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al afirmar sin ninguna prueba, ni indicio alguno, que la relación laboral concluyó con un despido intempestivo, desconociendo el art. 48-II de la Constitución Política del Estado (CPE), que prevé el principio de la primacía de la realidad, erróneamente interpretado, que fue conceptualizado en el inc. d) del parágrafo I del art. 4 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, alejándose de la verdad material prevista en el art. 180 de la norma suprema; en razón a que, los trabajadores no fueron desamparados, “aspecto fundamental” para que exista desahucio, hecho que no ocurrió en el caso de autos.

2.- Se desconoce su calidad de trabajadora intermediaria, imponiéndole sanciones “improcedentes”, como si tratara de una empresaria, cuando el Estado protege todas las formas de trabajo, y en forma especial el suyo, por tratarse de una pequeña actividad unipersonal, conforme prevé el art. 46-II de la CPE; al no considerarse esta situación, se la ha discriminado, violando el art. 200 del CPT.

3.- En su condición de intermediaria, resulta irracional que pueda entregar un preaviso a los trabajadores demandantes, cuando existe constancia de que fueron directamente contratados por el propietario; no corresponde el desahucio, que no es un derecho general para todos los trabajadores, sino para casos específicos que merecen un análisis individualizado, no siendo viable su pago si la desvinculación es ajena a la buena voluntad de la parte empleadora, como se indicó en el Auto Supremo Nº 102 de 30 de marzo de 2016 (no se menciona que Sala pronuncio dicho auto), aplicándose indebidamente los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo (LGT), violando el art. 200 del CPT.

4.- No existe prueba o elemento de juicio, que demuestra que fue por su voluntad el despido de los trabajadores; quienes sostuvieron una relación laboral “no conflictiva” con el dueño, como confiesan los demandante a fs. 100 en el punto 3 y a fs. 115 en el punto 2; además, la literal de fs. 84, acredita que dejaron botellones de agua al IC Norte el 25 de octubre de 2014, y la baja de su NIT fue el 31 de octubre (no indica el año), por lo que, no se valoró la prueba presentada.   

5.- Se demostró por las literales de fs. 13 a 17, y fs. 23, que se ha pagado las sumas de Bs.851,25.- al demandante Oscar Patiño Suárez, y Bs.242.- al demandante Juan Mamani Aguirre; por aguilando de la gestión 2014, pagos efectuados antes del 25 de diciembre del indicado año, en consecuencia el Tribunal de alzada ha desconocido el art. 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, porque no corresponde la sanción de pago doble por incumplimiento, cuando este concepto fue pagado en tiempo oportuno.

Tampoco procede la multa y aplicación del art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por haberse efectuado el pago dentro de los plazos previsto por ley.

6.- El 23 de enero de 2015 en el memorial de fs. 28 a 30, se allanó a pagar el doble aguinaldo denominado “Esfuerzo por Bolivia”, pero el Juez de la causa no viabilizó este pago; sin embargo, se realizó depósitos como consta a fs. 50 y 51, para cubrir este beneficio; con el advertido de que el demandante Juan Mamani, como confiesa en su declaración jurada en el punto 9, cursante a fs. 100, se negó a cobrar este beneficio, y el demandante Oscar Patiño, guardo silencio; en ese entendido, esta obligación fue cubierta, no correspondiendo la multa por este concepto.

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista recurrido, declarando la improcedencia del desahucio, del doble aguinaldo y multas; declarándose probada la excepción perentoria de pago.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

En una relación laboral, es el empleador quien tiene ventaja respecto del trabajador, a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar los hechos y circunstancias de la relación sostenida entre ambas partes; por ello, la legislación laboral, con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, a diferencia de otras materias, en las que él que demanda debe respaldar su pretensión; en ese entendido, rige en la tramitación de los procesos laborales, el principio de inversión de la prueba, por lo cual, corresponde al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, o en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa; siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación, principio que busca una equidad procesal.

Por esto, el empleador demandado debe desacreditar con la prueba que considere conveniente las pretensiones del trabajador demandante, y ante la ausencia de prueba idónea que desvirtúe los derechos reclamados que el trabajador alega le corresponden, debe aplicarse la presunción favorable para el trabajador, determinada en el art. 182 del CPT, al ser obligación del empleador la carga probatoria, conforme establecen los arts. 3 inc. h),  66 y 150 del CPT; esto, no implica una desigualdad procesal en la valoración probatoria, como se desarrolló en la SC 0049/2003 de 21 de mayo, incluso antes de la nueva CPE, que protege aún más al trabajador: “las normas contenidas en los art. 3- h), 66 y 150 CPT no son contrarias al principio de igualdad que consagra el art. 6 CPE, sino que son el reflejo del carácter protector y de tutela que tiene el Derecho Laboral, que surgió ante la necesidad de proteger en forma especial a los trabajadores, situados en desventaja frente a los empleadores, aspecto que no es menos evidente en materia procesal, por cuanto en la realidad del país, en un gran número de relaciones laborales el contrato de trabajo se celebra en forma verbal, y los escasos documentos que podrían acreditar la existencia de esa relación, su duración, remuneración, desarrollo, conclusión y otros extremos, quedan en manos del empleador, sin que el trabajador pueda tener acceso a ellos, de lo que se infiere que, ante la inexistencia de una disposición que establezca la inversión de la prueba, los atropellos y el desconocimiento de los derechos laborales sería constante porque los interesados no tendrían posibilidad de acreditar sus reclamos para que se dé lugar a sus pretensiones en instancia judicial”, cuyo fundamento ha sido reiterado por las SSCC 0032/2011-R de 7 de febrero y 0718/2012 de 13 de agosto, entre otras.

También, existen otros principios que enmarcan la tramitación de todos los procesos sociales, que no solo están establecidos en la norma procesal ateniente a la materia, sino que fueron elevados a rango constitucional a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009; con la finalidad de proteger al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, estos principios son: el principio protector, con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; de continuidad o estabilidad de la relación laboral; de primacía de la realidad; de no discriminación, y el ya referido principio de inversión de prueba, que están establecidos en el art. 48-II de la CPE, por lo cuales, el Estado a través de las autoridades, que imparten justicia, no se basa necesariamente en la paridad jurídica, sino, en la favorabilidad del trabajador; como sostiene la SC 0032/2011-R de 7 de febrero: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador.

Por otro lado, entendiéndose al recurso de casación, similar a un proceso de puro derecho, en el cual se analiza la correcta aplicación de la ley, por parte del Juez de la causa y/o el Tribunal de alzada; la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 145 del CPC-2013, debiendo apreciarlas de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, de conformidad al art. 158 del CPT, respecto de la materia; resultando incensurable en casación, y solo excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se demuestre la existencia de error de hecho o de derecho, en la apreciación de estas pruebas, para que este Tribunal verifique sí estas infracciones son fundadas o no; al respecto, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en “El Recurso de Casación en Bolivia”, sobre el error de hecho, señala: “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico, en cuanto al error de derecho, indica: “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto, debiendo señalarse en forma expresa en el recurso, estos errores en la valoración de la prueba, explicando las razones por las cuales, la valoración de los de instancia seria errónea.

En este marco se pasa a resolver las infracciones acusadas por el recurrente:

Respecto a los puntos 1, 3 y 4, dirigidos a cuestionar el beneficio del desahucio, otorgado a favor de los actores, en instancia; se advierte que, la demandada era una distribuidora independiente de botellones de agua, de la empresa “Agua Purificada de Mesa María”, quien contaba con su propio NIT, y contrato a los demandantes bajo su dependencia para poder efectuar la distribución, otorgándoles un vehículo para uso exclusivo de este trabajo, como se evidencia en la documental de fs. 9 a 11, 66 y de 84 a 55; aspecto reconocido por la demandada.

Pero, afirma la recurrente que la desvinculación laboral, es motivada por la decisión de no continuar con su actividad, ante el incremento de precio de los botellones de agua de la empresa principal; por lo cual, no correspondería el beneficio del desahucio en favor de los demandantes, quienes además, después de la ruptura laboral con su persona, empezaron a trabajar para la empresa “Agua Purificada de Mesa María”; empero, debe tenerse en cuenta que la finalización de la relación laboral, es ajena a la voluntad de los actores, en contrario, es una decisión unilateral de la empleadora demandada, que decide finalizar su actividad, concluyendo de esta manera con el despido de los trabajadores demandantes, en consecuencia, de conformidad al art. 3 del D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que prevé: “Corresponde el pago de desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral (las negrillas son añadidas), como correctamente se determinó por los de instancia corresponde el pago de este beneficios en favor de los dos demandantes.

El hecho de que los mismos hayan encontrado una fuente laboral posterior a la desvinculación con la demandada, no exime el pago de este beneficio, siendo el requisito para su pago, la desvinculación unilateral de la parte empleadora, sin causal justificada determinada por ley, en los art. 16 de la LGT y 19 de su Decreto Reglamentario. 

2.- Se acusa que se la discriminó, vulnerándose el art. 46-II de la CPE, que señala: “El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas; pero, la recurrente, no señala el por qué o como, se estaría vulnerando este precepto constitucional, afirmando solamente que el Estado debe proteger toda forma de trabajo, en especial el suyo, por tratarse de una actividad unipersonal pequeña, aspecto que debió ser tomado en cuenta por los de instancia, sin colegir que fundamento del Tribunal Ad quem o decisión que haya asumido, violaría esta disposición constitucional; cuando quien recurre de casación, debe citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, no siendo suficiente la simple enunciación de las normas que considera vulneradas, sin demostrar en términos especificos y razonables, en qué consiste la infracción que acusa.

Considerando que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo “modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista”, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación de la norma que se alude, y no solo señalarla de vulnerada; inobservancia, que de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen a la deficiencia de la parte que recurre a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley; en ese sentido se tiene infundado este argumento traído en casación.

5.- Cursa a fs. 13 y 14, el detalle de los pagos efectuados a los dos demandantes, que fueron aceptados por los de instancia, como prueba que acredita un pago parcial de los beneficios sociales reconocidos en el presente proceso; razón por la cual, se descuenta estos montos, en la liquidación efectuada en la Sentencia de primera instancia; en esta documental, se encuentran consignados los aguinaldos correspondientes a la gestión 2014, de Oscar Ricardo Patiño Suarez (fs. 13), en la suma de Bs.851,27, y de Juan Mamani Aguirre (fs. 14), en la suma de Bs.242; montos que fueron determinados en Sentencia, en favor de los actores.

Juan Mamani Aguirre, firma en constancia de haber recibido los pagos detallados en el documento de fs. 14; y, ante la negación de Oscar Ricardo Patiño Suárez, de cobrar el monto a pagar fijado en el documento de fs. 13, la recurrente efectuó un deposito en custodia ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, como consta el recibo oficial de fs. 17; en ese entendido, la empleadora demandante, cumplió con la carga de la prueba para desvirtuar la falta de pago del aguinaldo de la gestión 2014, por lo cual, si bien fue descontado en la liquidación de la Sentencia, al haber sido cancelado oportunamente, no corresponde la sanción de pago doble; debiendo corregirse este aspecto de la liquidación efectuada en instancia.

6.- La recurrente, en el memorial de fs. 28 a 30, reconoce que adeuda el pago del segundo aguinaldo, denominado “Esfuerzo por Bolivia”; por ello, realiza dos depósitos judiciales, de Bs. 242.- en favor de Juan Mamani Aguirre (fs. 50) y de Bs. 851,27.- en favor de Oscar Ricardo Patiño Suarez (fs. 51), cubriendo este beneficio; pero, estos pagos fueron realizados fuera del terminó previsto por la normativa que regula y reglamenta este beneficio, el D.S. Nº 2196 de 26 de noviembre de 2014 y la RM 839/14 de 5 de diciembre de 2014; por lo cual, si corresponde la sanción de pago doble, al haberse efectuado su cancelación posterior al plazo establecido por ley.

En mérito a lo expuesto y encontrándose fundado uno los motivos traídos en casación por la parte demandante, respecto a la sanción de pago doble por incumplimiento del aguinaldo de la gestión 2014, al haberse efectuado dentro de plazo, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA en parte, el Auto de Vista 253/2017 de 15 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 142 a 148.

En consecuencia, los beneficios sociales y derechos laborales a cancelarse, son los mismos reconocidos en la Sentencia Nº 232/2015 de 8 de octubre, y ratificados en el Auto de Vista N° 12/18 de 12 de enero de 2018, con la diferencia de que no corresponde el pago doble del aguinaldo de la gestión 2014; correspondiendo el siguiente cálculo:

Para Oscar Ricardo Patiño Suarez:

-Desahucio                                                                      Bs.4.620.-

-Indemnización                                                                Bs. 1.090,82.- 

-Duodécimas aguinaldo 2014                                             Bs.851,27.-

(Se descontara junto con el pago efectuado en la Jefatura Departamental del Trabajo)

-Duodécimas “Bono Esfuerzo por Bolivia” 2014 (pago doble)  Bs.1.702,52.-

                                                                            Sub total  Bs.8.264,61.-


Menos lo depositado en la Jefatura departamental del Trabajo de Cochabamba (fs. 17), Bs. 1.942,10.- y menos lo depositado en el juzgado Bs. 851,27.- (fs. 51); se tiene un monto total a cancelar de Bs.5.471,24.- (cinco mil cuatrocientos setenta y uno 24/100 bolivianos).


Para Juan Mamani Aguirre:

-Desahucio                                                                      Bs.2.160.-

-Indemnización                                                                Bs. 242.- 

-Duodécimas aguinaldo 2014                                             Bs.242.-

(Se descontara junto con el pago efectuado en la Jefatura Departamental del Trabajo)

-Duodécimas “Bono Esfuerzo por Bolivia” 2014 (pago doble)  Bs.484.-

                                                                            Sub total  Bs.3.128.-


Menos lo cancelado (fs. 14) Bs. 484.- y menos lo depositado en el juzgado Bs. 242.- (fs. 50); se tiene un monto total a cancelar de Bs.2.402.- (dos mil cuatrocientos dos bolivianos).

En ambos casos, más la multa del 30% prevista en el art. 9-II del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2016, a definirse en ejecución de Sentencia.

Sin costas. Sin multa, por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-