TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 368

Sucre, 31 de Julio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                    : 284/2018

Demandante                 : Daniel Guillermo Mamani Aruquipa y otro

Demandado                   : Empresa Constructora “J & M”  

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 275 a 276 vta., interpuesto por la Empresa Constructora “J & M”, representada por Luis Fernando García Mamani, quien actúa en calidad de apoderado legal de Jaime Pascual Mamani Chambi, impugnando el Auto de Vista Nº 018/2018 SSA.II de fecha 8 de marzo, cursante de fs. 263 a 264, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Daniel Guillermo Mamani Aruquipa y Grover Milton Quevedo Loayza contra el recurrente; el Auto N° 75/2018 de fs. 281 que concede el recurso de casación; el Auto Supremo de fs. 294 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo de la Ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 63/2016 de fecha 1 de junio, cursante de fs. 238 a 246, declarando PROBADA en parte la demanda, determinando que el demandado proceda al pago de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 45/100 BOLIVIANOS (Bs.- 18.729,45) a favor de Daniel Guillermo Mamani Aruquipa, por concepto de indemnización, duodécimas de aguinaldo por la gestión 2013, sueldos devengados por 3 meses y aplicación de la multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699, más actualización de valor a ser cuantificada en ejecución de sentencia, y que proceda al pago de CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 52/100 BOLIVIANOS (Bs.- 59.249,52) a favor de Grover Milton Quevedo Loayza, por concepto de indemnización, duodécimas de aguinaldo por la gestión 2013, sueldos devengados por 5 meses y aplicación de la multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699, más actualización de valor a ser cuantificada en ejecución de sentencia.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 249 a 250 vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 018/2018 SSA.II de fecha 8 de marzo, cursante de fs. 263 a 264, que CONFIRMA en su totalidad la Sentencia apelada.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Empresa Constructora “J & M”, representada por Luis Fernando García Mamani, quien actúa en calidad de apoderado legal de Jaime Pascual Mamani Chambi, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo cursante a fs. 294 y vta., de fecha 2 de julio de 2018, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado violenta la normativa legal establecida, bajo los siguientes argumentos:

Se sanciona erróneamente el pago de la multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699, violentando la jurisprudencia establecida, pues no estaban determinados los beneficios sociales de los actores, debido a que los mismos pretendían sumas diferentes a las que correspondían y se negaron a recibir el pago; teniendo además que la multa debe cancelarse pasados 15 días de ejecutoriada la Sentencia, en la cual se determinará el monto exacto que debe cancelarse por concepto de beneficios sociales.

Por su parte, el demandante habiendo sido legalmente notificado, contesta el recurso, fs. 279 a 280, pidiendo se declare infundado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Del Decreto Supremo N° 28699 y la multa del 30%:

La normativa laboral boliviana establece varios principios en favor de los trabajadores, los cuales gozan de primacía constitucional, por lo tanto, son de aplicación preferente sobre cualquier otro tipo de normativa interna, lo cual se refleja también en lo que respecta a los beneficios laborales que corresponden a los trabajadores, como bien establece el art. 48 de la CPE.

Al amparo de estos principios protectores, se promulga el D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006, que ratifica en su art. 4 la vigencia plena de los principios del derecho laboral y establece en el art. 9 las obligaciones que debe cumplir el empleador en el caso de la ruptura laboral, referido al pago de los beneficios sociales, en el entendido de que éstos son necesarios para la subsistencia del trabajador y su familia hasta que consiga un nuevo trabajo, de ahí deviene la importancia y necesidad en el pago pronto y oportuno de los beneficios sociales, por lo cual se establece el pago de una multa ante el incumplimiento.

Textualmente el art. 9 del D.S. N° 28699 expresa: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.

II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor. (negrillas y subrayado añadidos)

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los argumentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

Se indica que no debería pagarse la multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699, por considerarse que los demandantes fueron responsables por el incumplimiento en el pago de los beneficios sociales, al pretender sumas diferentes a las que correspondían y que además se computa el plazo de los 15 días para su pago a partir de ejecutoriada la Sentencia.

En primer lugar, está claramente determinado en la Sentencia, cuarto Considerando, inc. b) causal de retiro, que los trabajadores cumplieron sus actividades laborales por la conclusión de las obras civiles en las cuales estaban trabajando, basados en el contrato a conclusión de obra suscrito, por lo que se determina como fecha de retiro el 29 de enero de 2014, lo cual es corroborado en el inc. c) tiempo de servicio, del mismo considerando, hechos que eran de conocimiento de las partes, pues se entiende que suscribieron el contrato de trabajo a conclusión de obra de mutuo acuerdo y con consentimiento pleno.

Lo que corresponde analizar, es si la falta de acuerdo entre las partes para el pago de los beneficios sociales libera al empleador del pago de la multa del 30%, pues el demandado, asienta toda la responsabilidad por el incumplimiento del pago, en la negligencia de los actores para definir los montos que correspondían como finiquito, sin embargo, demostrando desconocimiento pleno de la normativa laboral, olvida que los beneficios sociales que corresponden a los trabajadores al momento de ruptura del vínculo laboral están determinados por ley, en cuanto a los conceptos y montos que corresponde cancelarse, de acuerdo con el salario percibido, por lo que, no resulta un argumento casacional válido el esgrimido por el demandado, puesto que, no son objeto de negociación o conciliación estos beneficios sociales, sino más bien, un pago en reconocimiento al tiempo de trabajo desarrollado, con el cual podrá subsistir junto con su familia hasta que pudiera conseguir un nuevo empleo, resultando éste el espíritu de la normativa vigente, de ahí deviene la obligación que impone el Estado a los empleadores para que cancelen en un plazo razonable de 15 días el finiquito, e imponiendo una sanción en caso de incumplimiento, establecida en el D.S. N° 28699, considerando además que, si hubiera existido voluntad plena del empleador para pagar dicho finiquito, existen instancias en las cuales puede materializar esa intención, como por ejemplo la Jefatura del Trabajo, Tribunales de Justicia, etc., en los que podía realizar el depósito de lo que consideraba justo, hablando en los casos que los trabajadores se rehusaran a recibir el finiquito establecido, por lo que este Tribunal entiende que solamente se trata de argumentos dilatorios, que no resultan ser evidentes.

En lo que refiere al cómputo del plazo de los 15 días, el demandado en una errónea lectura del D.S. N° 28699, indica que debe computarse a partir de ejecutoriada una Sentencia, sin embargo, el propio Decreto en el art. 9.I indica textualmente: “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito” (subrayado y negrillas añadidos), por lo que no resulta evidente lo aseverado, debiendo computarse el plazo de los 15 días a partir del momento del despido o ruptura de la relación laboral, la cual en el caso de autos se dio en fecha 29 de enero de 2014, como se indicó anteriormente, hecho de conocimiento pleno del empleador.

En consecuencia, el demandado al haber incumplido en el pago de los beneficios sociales de los ahora demandantes, dentro del plazo de los 15 días computables a partir de la fecha de ruptura de la relación laboral, debe asumir su responsabilidad, considerando este Tribunal que no se debe generar al trabajador situaciones que le imposibiliten recibir el pago de su finiquito de manera oportuna, siendo la sanción aplicar el pago de la multa establecida, como bien interpretaron el Tribunal Ad-quem y el A-quo.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 275 a 276 vta., interpuesto por la Empresa Constructora “J & M”, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 018/2018 SSA.II de fecha 8 de marzo, cursante de fs. 263 a 264, con costas y costos.

Se regula el honorario profesional en la suma de UN MIL 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 1.000.-), que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.