TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 362

Sucre, 31 de julio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                        : 288/2018

Demandante                : Eliana Darcy Pérez Ramos

Demandado                : Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Materia                        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 216 y vta., interpuesto por Alfredo Titirico Cahuaya en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, del departamento de La Paz y de fs. 219 a 226 interpuesto por Eloy Gumercindo Mamani Díaz en representación legal de Eliana Darcy Pérez Ramos, que impugnan el Auto de Vista Nº 11/2018 SSA-I de 31 de enero, de fs. 200 a 201, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral sobre pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido por Eliana Darcy Pérez Ramos contra el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; traslados de fs. 217 y 227; respuestas a los recursos de fs. 219 a 226 y de fs. 230 y vta.; Auto que admite ambos recursos de fs. 238 y vta.; antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 72/2017 de 25 de abril

Tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales y otros derechos por Eloy Gumercindo Mamani Díaz en representación legal de Eliana Darcy Pérez Ramos contra el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, del departamento de La Paz, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Sentencia Nº 72/2017 de 25 de abril, cursante de fs. 122 a 128, declarando probada en parte la demanda, sin costas; determinando el tiempo de trabajo de 12 años y 2 meses, con un total a pagar por el demandado, de Bs7.076,18.- (siete mil, setenta y seis 18/100 bolivianos), con base a un salario mensual de Bs2.782,09.- (dos mil, setecientos ochenta y dos 09/100 bolivianos), por concepto de pago de reintegro de incremento salarial de enero a marzo de 2012, reintegro de abril y 9 días de mayo de 2012 y vacación de 2 gestiones.

Auto de Vista Nº 11/2018 SSA-I de 31 de enero

Interpuestos los recursos de apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (fs. 130) y por Eliana Darcy Pérez Ramos (fs. 183 a 188 vta.), la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncia el Auto de Vista Nº 11/2018 SSA-I de 31 de enero, de fs. 200 a 201, que confirma la Sentencia impugnada.

II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y PETITORIO

1. El demandado, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, del departamento de La Paz, representado legalmente por Alfredo Titirico Cahuaya, interpone recurso de casación de fs. 216 y vta., contra el Auto de Vista Nº 11/2018 SSA-I de 31 de enero, bajo los siguientes antecedentes y argumento:

a) No corresponde el pago de vacaciones.- A fs. 14 la demandante indica que nunca gozó de las vacaciones; empero a fs. 14 vta., señala “vacaciones completas: 2”, sin establecer qué periodos, situación que no fue aclarada en el escrito de subsanación de fs. 22. El Auto de apertura de término probatorio, no establece con precisión qué periodos de la vacación requiere que se demuestre; al no ser claro el periodo a demostrar, la contestación a la demanda refiere que ese derecho ha prescrito a los 2 años, en aplicación del Decreto Supremo (DS) Nº 0115 de 6 de mayo de 2009 y Ley Nº 23 de 13 de abril de 2012 y se reitera en el escrito de ofrecimiento de pruebas.

La autoridad judicial, previo a admitir la demanda, debió observarla para que se aclare qué vacaciones se demandan; de la misma forma, en el Auto de apertura del plazo probatorio, tenía obligación de determinar qué periodos de vacación debía demostrar el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que no corresponde el pago; de todas formas, el Informe DTH/URTH/0254/17, emitido por la Unidad de Registro de Talento Humano, concluye que la demandante sólo tiene 3 días de vacación de la gestión 2011-2012 y constan las solicitudes de vacación que demuestran que hizo uso de las mismas por el tiempo trabajado, por lo que el cálculo realizado en la Sentencia es incorrecto e impreciso porque ordena el pago de vacaciones de 2 gestiones, sin especificar a qué periodos corresponden.

Petitorio.- La institución pública demandada solicita que se declare “fundamentada su petición y disponga se modifique el pago de vacaciones, anulando el pago de las vacaciones” (sic).

2. La demandante, Eliana Darcy Pérez Ramos representada legalmente por Eloy Gumercindo Mamani Díaz, interpone el recurso de casación de fs. 219 a 226, contra el Auto de Vista Nº 11/2018 SSA-I de 31 de enero, bajo los siguientes antecedentes y argumentos:

a) Conforme se tiene demostrado, la demandante ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, el 9 de marzo del 2000, a través de un examen de competencia, en el cargo de Secretaria, como funcionaria permanente con ítem, hasta el 16 de mayo de 2012; cuando se desempeñaba como Técnico III, mediante Fax Nº 289356, sin notificación personal, se anoticia de la existencia de un memorándum de baja que constituye desvinculación laboral intempestiva e ilegal o despido indirecto sin que medie ninguna causal establecida en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), razón por la que se rehusó a firmar la recepción del fax; esta situación aconteció durante el cambio de autoridades municipales. Considerando su antigüedad (12 años), el 2 de marzo de 2012, solicitó el pago total de sus quinquenios, sin merecer respuesta alguna, más que el rechazo verbal y condicionamiento del pago previa renuncia al cargo; presentada la renuncia contra su voluntad y con la condición de pago de quinquenios adeudados, recibió el memorándum de aceptación de 16 de mayo de 2012.

b) La parte dispositiva de la Sentencia Nº 72/2017 de 25 de abril, no se pronuncia respecto al pago de beneficios sociales de indemnización y desahucio, se presume la denegatoria, empero se vulnera los derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y congruencia en las resoluciones. Al respecto, sobre la conclusión de la relación laboral, la demandante refiere que se vio obligada a renunciar por la necesidad de cobrar los quinquenios adeudados (12 años), por cuanto el demandado condicionó el pago a la presentación previa de la renuncia, produciendo un hostigamiento sistemático para obtener la renuncia de la ahora demandante; en consecuencia, corresponde el pago de indemnización y desahucio conforme a los arts. 1, 2, 3 y 4 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009; o en su caso, si se considera retiro voluntario, el pago de la indemnización respectiva. Pese al recurso de apelación expresando dicho agravio, el Auto de Vista ahora impugnado confirma la Sentencia y continúa violentando los derechos de la demandante.

c) El Auto de Vista inobserva el principio in dubio pro operario, que demanda a los juzgadores que, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida por una norma legal, debe ser respetada por el principio de favorabilidad, en la medida que sea más protectora al trabajador y en esa ponderación se encuentra la LGT y no así la Ley de Municipalidades, Ley Nº 2028, ni el Estatuto del Funcionario Público (EFP), Ley Nº 2027.

d) El Auto de Vista es contradictorio cuando señala que la Ley Nº 2027 promulgada el 27 de octubre de 1999, entró en vigencia el 21 de junio de 2001 y más adelante, indica que tal como concluyó el Juez de instancia, toda norma cobra vigencia a partir de su publicación, motivando que los trabajadores del sector municipal, salgan del campo de aplicación de la LGT, sometiéndose a la Ley especial (Ley Nº 2028), dando a entender que la época en que entró en vigencia la Ley Nº 2028, también estaba vigente la Ley Nº 2027, generando además la interrogante sobre la vigencia plena de la Ley (19 o 21 de junio de 2001), cuando el art. 77 de la Ley Nº 2027, dispone que entra en vigencia a los seis meses de su publicación, modificada por el artículo Quinto de la Ley Nº 2104 de 21 de junio de 2000, que establece que la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, entrará en vigencia plena 90 días después de la posesión del Superintendente del Servicio Civil, posesionándose la referida autoridad, el 21 de marzo de 2001, sumados los 90 días, se concluye que la Ley Nº 2027 entra en vigencia plena y es de cumplimiento obligatorio a partir del 19 de junio de 2001 y no antes como erradamente sostiene el Tribunal de apelación.

Además, dicha Ley no puede cobrar vigencia a partir de su publicación, por cuanto el art. 81 de la Constitución Política del Estado de 1967 (CPE-1967), vigente a momento del ingreso de la demandante, establecía que la Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma ley, concordante con el art. 164.II de la misma CPE-1967. En este caso, la salvedad o excepción está contenida en el art. 77 de la Ley Nº 2027 y el art. quinto de la Ley Nº 2104.

e) El Auto de Vista refiere que la demandante fue designada el 9 de marzo de 2000 y que, si bien no estaba vigente la Ley Nº 2027, sí lo estaba la Ley Nº 2028, desde el 28 de octubre de 1999, motivando que los trabajadores del sector municipal salgan del campo de aplicación de la LGT y se sometan a la Ley Nº 2028; este razonamiento omite pronunciarse sobre el Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos (Reglamento Interno de Personal) aprobado por Resolución Concejal Nº 068/98 de 11 de mayo de 1998, que regula las relaciones laborales en concordancia con la CPE, LGT y otras disposiciones conexas.

f) Pese a que el ingreso a la fuente laboral en el municipio data de antes de la vigencia plena del EFP, debió incorporarse paulatinamente a las categorías de empleados municipales, conforme a los arts. 59, 61, 64 y 75 de la Ley Nº 2028, arts. 3 y 69 de la Ley de Municipalidades y NBSABS, contenidas primero en la Resolución Suprema Nº 217064 de 23 de mayo de 1997 luego abrogada por el DS Nº 26115 y arts. 1, 6, 39, 100, 106, 125, 126 y 132 del Reglamento Interno de Personal vigente, normativa que el Auto de Vista no analiza ni fundamenta.

g) Los derechos sociales son irrenunciables; son reconocidos y precautelados por la CPE y el Estado tiene el deber de brindar tutela efectiva a través de la legislación laboral y en observancia de los principios proteccionistas; aplicando los principios de primacía de la realidad y de continuidad de la relación laboral.

Petitorio.- La demandante solicita que se “modifique la resolución judicial impugnada” (sic).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por la institución demandada y por la demandante, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco, caben las siguientes consideraciones de orden legal.

Principio de inversión de la prueba en materia laboral

La Constitución Política del Estado, establece fundamentos laborales y de protección al trabajador; en ese sentido el art. 48.I señala: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”, en su parágrafo II establece “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

El principio de inversión de la prueba, contenido en la norma constitucional citada, establece que la carga de la prueba le corresponde al empleador. Este principio en materia laboral, es contrario a la regla general de principio de aportación de prueba, que establece “quien afirma un hecho debe probarlo”; en el proceso laboral se traslada esa responsabilidad al empleador.

Conforme al principio laboral constitucional, el art. 66 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece que, en todo juicio social, incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes. A su vez el art. 150 de la misma Ley procesal laboral, establece que en esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.

Consiguientemente, le corresponde al empleador la obligación de proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material.

La inversión de la prueba en materia laboral goza de una presunción de veracidad respecto a la demanda del trabajador, presunción “juris tantum”, que debe ser destruida por el empleador con las pruebas que éste aportara en su defensa.

Derechos adquiridos de trabajadores municipales

El Auto Supremo N° 61 de 24 de febrero de 2014, establece: “De otro lado, el segundo periodo de trabajo reconocido a favor del actor desde junio de 2005 hasta agosto de 2010, no puede ser considerado como una relación laboral amparada por la Ley General del Trabajo; por el contrario, como determinó el ad quem, la misma se encontraba enmarcada bajo las normas contenidas en la Ley 2028 de Municipalidades (…) consecuentemente, el actor al no haber desempeñado su labor en empresas municipales públicas o mixtas, no puede estar sujeto a la Ley General del Trabajo, presupuesto concordante con el artículo 1 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo que prevé: “No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del Ejército”;  siendo las alcaldías municipales, actualmente gobiernos autónomos municipales, entidades del Estado según el artículo 3 de La Ley SAFCO (…)  por lo que, los trabajadores de las Alcaldías Municipales, no gozan de beneficios sociales; empero, sí de los derechos adquiridos por los trabajadores de los sectores públicos, como determinó el Tribunal de Segunda Instancia al otorgar al actor el pago de sueldos devengados, bono de antigüedad, duodécimas de vacaciones y aguinaldo”.

Trabajadores de los Gobiernos Autónomos Municipales que se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo

Con el propósito de establecer el régimen legal laboral aplicable al caso concreto, se tiene que:

De conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 77 del EFP, Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 y 5 de la Ley Nº 2104 de 21 de julio de 2000 que modifica el citado art. 77 al disponer que: “La Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, entrará en vigencia plena 90 días después de la posesión del Superintendente del Servicio Civil”, la vigencia del Estatuto del Funcionario Público, es desde el 23 de junio de 2001, por cuanto dicha posesión al Superintendente de Servicio Civil se efectivizó el 23 de marzo de 2001.

Por su parte, la Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999 denominada Ley de Municipalidades (LM), entró en vigencia desde el 8 de noviembre de 1999, al haber sido publicada en tal fecha. Dicha Ley, realiza un corte en cuanto se refiere al régimen laboral de los servidores públicos municipales; así, el art. 59 prevé tres categorías:

1. Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la carrera administrativa municipal descrita en dicha Ley y las disposiciones que rigen para los funcionarios públicos.

2. Los funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal compuesto por los oficiales mayores y los oficiales asesores del Gobierno Municipal, que no son considerados funcionarios de carrera y tampoco se encuentran sujetos a la Ley General del Trabajo ni el Estatuto del Funcionario Público; y,

3. Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, quienes sí se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo.

En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley Nº 2028 (8 de noviembre de 1999), todo trabajador que ingresa a prestar servicios en los Gobiernos Municipales, adquiere una de las categorías anotadas y únicamente la última categoría, vinculada a las prestaciones directas de servicios públicos, se encuentra sujeta a régimen laboral de la Ley General del Trabajo. Además, el art. 61 de la citada Ley Nº 2028, establece la carrera administrativa con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral y su permanencia dependerá de su desempeño; por otra parte, la carrera administrativa presupone el reclutamiento y selección de personal, conforme al art. 64 del mismo texto normativo.

Irretroactividad de la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012

El art. 123 de la CPE, establece que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores…”.

En ese línea, el art. 1.I de la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012 determina que: “Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de EI Alto de La Paz, quienes gozaran de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo”.

Con base a lo anotado, podemos establecer que, no obstante que la Ley Nº 321 resulta ser más favorable a los trabajadores y trabajadoras municipales, ésta Ley no puede ser aplicada de manera retroactiva; por cuanto conforme lo establece el art. 123 de la CPE, esta retroactividad de la Ley especial debe estar autorizada de manera expresa en la norma, lo que no acontece en el caso de la Ley Nº 321 que al contrario, de manera expresa, determina que no tiene carácter retroactivo, rigiendo solo para lo venidero.

Sobre el derecho a las Vacaciones

En aplicación del art. 48.III de la CPE y el DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, después del primer año de antigüedad, los que sean retirados o se acojan al retiro voluntario, tendrán derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas; el tratadista Guillermo Cabanellas que en su Tratado de Derecho Laboral - 1998, Tomo II, Volumen 2, Págs. 494 a 495, señaló:  “Es norma establecida en la legislación positiva iberoamericana, que las vacaciones no son compensables en dinero. No se trata de aceptar la posibilidad de que el patrono compense en dinero las vacaciones de acuerdo con el trabajador, sino el caso de que el trabajador no haya tenido vacaciones en la oportunidad que le correspondía, y por lo tanto debe establecerse la compensación por un beneficio establecido en la Ley que le ha sido negado por el patrono o empresario”.

El art. 7.I inc. d) del EFP, establece que los servidores públicos tienen derecho al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente Estatuto y los Reglamentos respectivos, constituyéndose la vacación, en el descanso que ofrece la posibilidad al trabajador, de renovar la fuerza y la dedicación para el mejor desempeño de sus actividades laborales. Por su parte, el art. 50 del citado EFP, establece que: “La vacación no será susceptible de compensación pecuniaria y deberá ser obligatoriamente utilizada por el servidor público. No será permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas”.

La Disposición Segunda de la Ley Nº 233 de 13 de abril de 2012, que modifica el art. 12 de la Ley N° 211 del 23 de diciembre de 2011, prevé: "Artículo 12. (RÉGIMEN DE VACACIONES). I. El uso de vacaciones de los servidores públicos contemplados en el régimen de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, no podrá acumularse por más de dos gestiones consecutivas; excepcionalmente, la compensación económica de la vacación procederá en los casos de fallecimiento del servidor público a favor de sus herederos, por motivos de extinción de la entidad, por destitución del funcionario o renuncia al cargo, y cuando exista fallo judicial o sentencia ejecutoriada”.

La jurisprudencia constitucional, mediante la Sentencia Constitucional (SC) 0612/2010-R de 19 de julio, entre otras, señala que: “En ese contexto, este Tribunal, se pronunció respecto a la aplicación del art. 50 del EFP, que dispone: 'La vacación no será susceptible de compensación pecuniaria y deberá ser obligatoriamente utilizada por el servidor público; en un caso análogo sobre negativa de la gratificación pecuniaria de la vacación no gozada, por haberse disuelto la relación funcionaria, la SC 1869/2004-R de 6 de diciembre, expresó que: las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, por cuanto, el descanso es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades; consiguientemente, las vacaciones no constituyen un sobre sueldo, sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación de las vacaciones está prohibida por ley, salvo algunas excepciones previstas por ley o que sin estar se presentan en la actividad laboral; tal el caso, por ejemplo, cuando un trabajador se desvincula del servicio o de su fuente de trabajo, por causas ajenas a su voluntad, sin haber gozado de su derecho a la vacación remunerada”.

Antes del 7 de febrero de 2009, fecha de promulgación de la Constitución Política del Estado, cuando los derechos laborales prescribían a los dos años, se entendía que, en aplicación de la prescriptibilidad de los derechos laborales, se podía acumular hasta dos vacaciones cabe decir, dos gestiones, debiendo hacer uso de una vacación antes de cumplir una tercera gestión; sin embargo, ello ocurría antes de la Constitución Política del Estado vigente, ahora éste derecho al uso de las vacaciones, al ser imprescriptible, puede ser ejercido durante la relación laboral.

Ahora bien, con relación al pago de vacaciones no gozadas en caso de ruptura de la relación laboral, la situación jurídica es diferente, por cuanto éste pago implica un reconocimiento excepcional del derecho al uso del descanso, precisamente por la ruptura de la relación laboral y consiguiente imposibilidad de hacer uso de las vacaciones pendientes; en este caso, si son más de dos vacaciones se pierde el derecho al pago de la tercera o antiguas, es decir, si antes de la extinción de la relación laboral se tiene más de dos vacaciones pendientes de hacer uso, al no poder acumular más de dos vacaciones y en caso de no existir un documento escrito que acuerde la imposibilidad del uso de la vacación oportunamente, sólo procede el pago por las dos últimas vacaciones como prevé la parte considerativa del DS Nº 12058 y las duodécimas pendientes, salvo que exista un convenio en el que se acuerde lo contrario, o sea la acumulación y derecho al pago por más de dos vacaciones en caso de conclusión de la relación laboral.

Sobre la indemnización

El derecho a la indemnización, está previsto en el art. 48. I, II y II de la CPE; consiste en la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral que se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. En ese sentido, el art. 13 de la LGT, establece que cuando fuere retirado el empleado u obrero, por causa ajena a su voluntad, el patrono estará obligado a indemnizarle por tiempo de servicios.

Por su parte el art. 1 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, prevé que: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”.

Sobre el desahucio

En cuanto al desahucio, el art. 16 de la citada LGT, determina las causales por las que procederá el despido de un trabajador, no debe perderse de vista que la norma citada señala claramente que si el trabajador incurre en una de sus previsiones “No habrá lugar a desahucio ni indemnización...”. Por otra parte, dicha disposición debe ser interpretada en relación con el art. 13 del mismo texto legal, que establece que “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios...".

Si bien la normativa laboral protege y tutela las relaciones de trabajo y al trabajador, no impone al empleador la permanencia de un trabajador o empleado en contra de su voluntad, la relación de trabajo supone la existencia de dos voluntades con un objetivo común, cual es el producto derivado de las acciones de ambas partes, y es por esta razón que se introdujo la previsión contenida en los arts. 13 y 16 de la LGT, concordantes con los arts. 8 y 9 de su Decreto Reglamentario y las Leyes de 8 de diciembre de 1942 y de 23 de noviembre de 1944, que determinan un freno a los abusos en que el empleador pudiera incurrir al despedir a un trabajador sin causa justificada, instituyéndose por esta razón el derecho del trabajador al cobro del desahucio, consistente en el pago del equivalente de 3 meses de sueldo o salario.

IV. ANALISIS DEL CASO CONCRETO

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una aplicación indebida o errónea de las Leyes Nº 2027, Nº 2028 y LGT al ordenar el pago de las vacaciones como derecho adquirido; y, si corresponde o no el pago de beneficios sociales a favor de la demandante; al respecto se tiene lo siguiente:

No todos los trabajadores municipales gozan de beneficios sociales, sino los trabajadores de los Gobiernos Autónomos Municipales de cada Departamento y de la ciudad de El Alto de La Paz, desde el 18 de diciembre de 2012 que se encuentra vigente la Ley Nº 321, misma que no se aplica retroactivamente; empero, todos los trabajadores municipales, gozan de los derechos adquiridos como trabajadores del sector público. Para el presente caso, corresponde reconocer el pago únicamente de derechos adquiridos, conforme se dirá a continuación.

1. En cuanto al recurso de casación de la institución demandada

Sobre el derecho al pago de las vacaciones

Conforme se desglosó precedentemente, de conformidad con el art. 7.I inc. d) del EFP, art. 48.III de la CPE y el DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, después del primer año de antigüedad, todos los trabajadores tienen derecho a las vacaciones y los que sean retirados o se acojan al retiro voluntario, tienen derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas, en aplicación de la Disposición Segunda de la Ley Nº 233 de 13 de abril de 2012, que modifica el art. 12 de la Ley N° 211 del 23 de diciembre de 2011; el reconocimiento de la vacación y excepcionalmente el pago por éste concepto, corresponde a un derecho adquirido.

El argumento expuesto en sentido que durante el proceso y en las decisiones judiciales no se especifican las gestiones o periodos por los que corresponde el pago de la vacación, no es evidente, por cuanto la demanda claramente consigna 2 vacaciones completas y duodécimas por 2 meses y 7 días, y que el tiempo trabajado (12 años, 2 meses y 7 días), transcurrió desde el 9 de marzo de 2000 al 16 de mayo de 2012, y la Sentencia reconoce el pago de 2 vacaciones completas, precisamente por no ser acumulables más de 2, por lo que las partes tenían conocimiento preciso sobre qué vacaciones se pretendía el pago; al respecto corresponde aclarar que no son consideradas las duodécimas de vacación por cuanto aún no estaban consolidadas, es decir, aún no había transcurrido otro año de trabajo, por lo que resulta inviable y contradictorio con el principio de proteccionismo, desconocer una vacación completa para reconocer la última vacación que sólo transcurrió 2 meses y 7 días y correspondería únicamente por duodécimas, más aun cuando se trata de imposibilidad de uso de la vacación por conclusión de la relación laboral; en consecuencia, corresponde el pago excepcional de las últimas 2 vacaciones completas a favor de la demandante.

Además, la institución demandada, no demostró con prueba fehaciente el pago de dichas vacaciones, sin considerar el principio de inversión de la prueba en materia laboral, que obliga al empleador a desvirtuar los hechos contenidos en la pretensión. 

En ese contexto, se concluye que al no ser evidente la infracción denunciada en el recurso de casación del demandado, carece de sustento legal y, en consecuencia, corresponde resolver el mismo en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la Disposición Transitoria Sexta del CPC.

2. En cuanto al recurso de casación de la demandante

Todos los argumentos de la demandante, detallados en el punto II.2 del presente Auto Supremo, están vinculados al hecho que la misma considera que es trabajadora bajo la protección de la Ley General del Trabajo; por ello aclara los hechos que generaron la ruptura de la relación laboral y exige el pago de indemnización y desahucio; sin embargo, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento III, conforme a la Ley Nº 2028 vigente desde su publicación el 8 de noviembre de 1999, los trabajadores municipales que se encuentran bajo la Ley General del Trabajo, son las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos.

En el presente caso, la demandante ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, el 9 de marzo de 2000, mediante un proceso de selección y consiguiente examen de competencia, en el cargo de Secretaria dependiente del Despacho del Alcalde, por tanto, su forma de ingreso está vinculada a la carrera administrativa municipal y de conformidad con el art. 59 de la Ley Nº 2028, no está bajo la protección de la Ley General del Trabajo; en consecuencia, únicamente le corresponde el reconocimiento y pago de sus derechos laborales adquiridos. No es aplicable retroactivamente la Ley Nº 321, que además es posterior a la ruptura de la relación laboral y menos aún la Ley General del Trabajo, que por más favorable y proteccionista que sea, la demandante es una servidora pública de carrera administrativa y se encuentra sometida a la normativa establecida para el servidor público, mismo que no goza de beneficios sociales, sino únicamente de los derechos adquiridos por todos los trabajadores que desempeñan funciones a favor del Estado o servicio público, por lo que no le corresponde el pago de los beneficios sociales de indemnización y desahucio previstos en la Ley General del Trabajo.  

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en ambos recursos de casación, carecen de sustento legal, por cuanto la ex servidora pública municipal ahora demandante, no se encuentra bajo la protección de la Ley General del Trabajo y únicamente corresponde aplicar la normativa vinculada a los derechos laborales adquiridos.

En consecuencia, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición Transitoria Sexta del CPC.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 216 y vta., interpuesto por Alfredo Titirico Cahuaya en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, del departamento de La Paz y de fs. 219 a 226 interpuesto por Eloy Gumercindo Mamani Díaz en representación legal de Eliana Darcy Pérez Ramos, contra el Auto de Vista Nº 11/2018 SSA-I de 31 de enero, de fs. 200 a 201, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manteniendo firme y subsistente el Auto de Vista impugnado.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.