TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 360

Sucre, 31 de julio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                        : 287/2018

Demandante                : Oscar Bismark Menacho

Demandado                : Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir,

  provincia Nicolás Suarez

Materia                        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 289 a 291, interpuesto por Jacinto Condori Torrez en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, que impugna el Auto de Vista Nº 56/18 de 12 de marzo de 2018, de fs. 280 a 282, pronunciado por la Sala Penal, Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral sobre pago de beneficios sociales y otros, seguido por Oscar Bismark Menacho contra la institución recurrente; traslado de fs. 291 vta.; Auto que admite el recurso de fs. 306 y vta.; antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 382 017 de 20 de septiembre de 2017

Tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales y otros por Oscar Bismark Menacho contra el Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió la Sentencia Nº 382 017 de 20 de septiembre de 2017, cursante de fs. 228 a 230 vta., declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria, sin costas; determinando el tiempo de trabajo de 9 años y 11 meses, con un total a pagar por el demandado, de Bs48.807.- (cuarenta y ocho mil ochocientos siete 00/100 bolivianos), y el pago de aguinaldo doble, vacación (30 días) y subsidio de frontera (11 meses de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016).

Auto de Vista Nº 56/18 de 12 de marzo de 2018

Interpuestos los recursos de apelación por Oscar Bismark Menacho (fs. 234 a 235) y por Jacinto Condori Torrez, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando (fs. 239 a 240 vta.), la Sala Penal, Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronuncia el Auto de Vista Nº 56/18 de 12 de marzo de 2018, de fs. 280 a 282, que confirma la Sentencia impugnada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

Jacinto Condori Torrez, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista Nº 56/18 de 12 de marzo de 2018, bajo los siguientes argumentos:

1. Violación del art. 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación a los arts. 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 26 del Código Procesal Civil (CPC). El Auto de Vista no ha sido pronunciado valorando y velando la norma contenida en el art. 108 num. 1 y 14 de la CPE, al contrario, afecta los intereses de la institución demandada, incurriendo en responsabilidad prevista en los arts. 8 de la LOJ y 26 del CPC; además, aplican el art. 48 dela CPE, de manera general y no especifica, por cuanto no se refiere a servidores públicos, por lo tanto las autoridades jurisdiccionales no deben confundir ni mezclar cuando existen diferentes clases de servidores públicos sujetos a la Ley Nº 2027, denominada Estatuto del Funcionario Público (EFP), al Decreto Supremo (DS) Nº 0181 y otras Leyes administrativas, que regulan la forma de contratación y conductas, sin confundir con obreros o trabajadores sujetos a la LGT y la Ley Nº 321, como el caso de los Municipios capitales del país incluyendo al Municipio de El Alto de La Paz; no es posible aplicar la CPE a todos los casos, existen normas especiales que imposibilitan su aplicación de manera general al presente caso, en que corresponde aplicar el EFP y la Ley Nº 482.

2. Violación del art. 43 de la Ley General del Trabajo (LGT). Dicha norma no establece la competencia de los jueces de trabajo y seguridad social, para atender cuestiones o demandas de servidores públicos sujetos al EFP y no a la materia laboral; admitieron vanamente la demanda de beneficios sociales y otros dentro de la materia laboral.

3. Violación del art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP). No están sometidas al EFP ni a la LGT aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculan contractualmente con la institución pública, sus derechos y obligaciones están regulados por el contrato y los procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación, se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS). El demandante es un funcionario público a contrato, por lo que no le corresponde ningún beneficio social al estar sujeto a la Ley Nº 2027, a las NBSABS (DS Nº 0181) y a un presupuesto fijo dentro de un programa y/o proyecto de la institución conforme a su contrato.

4. Violación del art. 127 inc. a) del Código Procesal de Trabajo (CPT). El Municipio de Porvenir formuló oportunamente la excepción previa de incompetencia, fundamentando debidamente el hecho que el Juzgado en materia laboral carece de competencia para conocer procesos civiles y/o administrativos porque el demandante no está sujeto a la LGT, ni a la Ley Nº 321, sino a la Ley Nº 2027 y al DS Nº 0181, es un funcionario temporal a contrato y Porvenir no es capital de departamento para aplicar la Ley Nº 321.

5. Violación de los arts. 6 y 7 del DS Nº 0181. Las NBSABS y los instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y aplicación obligatoria por todas las entidades públicas señaladas en el art. 3 y 4 de la Ley Nº 1178, bajo responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, de acuerdo al Capítulo V de Responsabilidad por la Función Pública y sus Decretos Reglamentarios. En este caso, el Municipio no está obligado a pagar ningún beneficio social porque su proceso de contratación de funcionarios por categoría como tal, está sujeto al DS Nº 0181 y elaborado de forma interrumpida, de uno al otro contrato con varios días; en consecuencia, el Juez y los Vocales de segunda instancia, incurrieron en aplicación errónea del DS Nº 0110, DS Nº 2307 y art. 50 de la Ley 2027.

6. Incorrecta y errónea aplicación del art. 50 del EFP. No tienen derecho a las vacaciones los funcionarios que están sujetos a un contrato como el demandante.

Petitorio.- La institución pública demandada solicita que se resuelva “anulando obrados, casando o modificando el Auto de Vista” (sic), con todas las formalidades de ley.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por la institución recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal.

Principio de inversión de la prueba en materia laboral

La Constitución Política del Estado, establece fundamentos laborales y de protección al trabajador; en ese sentido el art. 48.I señala: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”, en su parágrafo II establece “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

El principio de inversión de la prueba, contenido en la norma constitucional citada, establece que la carga de la prueba le corresponde al empleador. Este principio en materia laboral, es contrario a la regla general de principio de aportación de prueba, que establece “quien afirma un hecho debe probarlo”; en el proceso laboral se traslada esa responsabilidad al empleador.

Conforme al principio laboral constitucional, el art. 66 del CPT, establece que, en todo juicio social, incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes. A su vez el art. 150 de la misma Ley procesal laboral, establece que en esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.

Consiguientemente, le corresponde al empleador la obligación de proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material.

La inversión de la prueba en materia laboral goza de una presunción de veracidad respecto a la demanda del trabajador, presunción “juris tantum”, que debe ser destruida por el empleador con las pruebas que éste aportara en su defensa.

Sobre los derechos adquiridos de trabajadores municipales

El Auto Supremo N° 61 de 24 de febrero de 2014, establece: “De otro lado, el segundo periodo de trabajo reconocido a favor del actor desde junio de 2005 hasta agosto de 2010, no puede ser considerado como una relación laboral amparada por la Ley General del Trabajo; por el contrario, como determinó el ad quem, la misma se encontraba enmarcada bajo las normas contenidas en la Ley 2028 de Municipalidades (…) consecuentemente, el actor al no haber desempeñado su labor en empresas municipales públicas o mixtas, no puede estar sujeto a la Ley General del Trabajo, presupuesto concordante con el artículo 1 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo que prevé: “No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del Ejército”;  siendo las alcaldías municipales, actualmente gobiernos autónomos municipales, entidades del Estado según el artículo 3 de La Ley SAFCO (…)  por lo que, los trabajadores de las Alcaldías Municipales, no gozan de beneficios sociales; empero, sí de los derechos adquiridos por los trabajadores de los sectores públicos, como determinó el Tribunal de Segunda Instancia al otorgar al actor el pago de sueldos devengados, bono de antigüedad, duodécimas de vacaciones y aguinaldo”.

Sobre el Subsidio Frontera

El art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Dicha norma transcrita, no hace diferencia entre servidores públicos eventuales, consultores en línea o permanentes, incluye a todos los funcionarios y trabajadores el sector público y privado cuyo lugar de trabajo esté dentro de los 50km lineales de las fronteras internacionales; para ello, las instituciones deben consignar en las papeletas, boletas, o comprobantes de pago de sueldos, el monto cancelado por concepto de dicho subsidio, correspondiente al 20% del salario mensual percibido por el trabajador.

Sobre el Aguinaldo de Navidad

El art. 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, establece que la trasgresión o incumplimiento de esta Ley, será penada con el pago del doble de las obligaciones a que se refiere el art. 1, Aguinaldo de navidad; por lo que, en caso de incumplimiento del pago del Aguinaldo de Navidad, corresponde el pago doble del mismo.

Por su parte, el art. 2 del DS Nº 2317 de 29 de diciembre de 1950, prevé que el tiempo mínimo de servicios para acceder al pago del derecho al aguinaldo de Navidad, es de 3 meses para empleados, dentro del año correspondiente, aunque el trabajador hubiese sido retirado antes del 25 de diciembre del año respectivo, inclusive en caso de conclusión de la relación laboral por fallecimiento del trabajador.

La Resolución Ministerial Nº 712/03 de 20 de noviembre de 2003, establece el pago del beneficio, tanto en las empresas públicas como privadas, debe efectuarse hasta el 20 de diciembre como plazo máximo, norma que regula de forma permanente una sola fecha como máximo para el pago del Aguinaldo de Navidad, caso contrario, el empleador se hace pasible al pago del equivalente a un aguinaldo más, o aguinaldo doble.

Sobre las Vacaciones

En aplicación del art. 48.III de la CPE y el DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, después del primer año de antigüedad, los que sean retirados o se acojan al retiro voluntario, tendrán derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas; el tratadista Guillermo Cabanellas que en su Tratado de Derecho Laboral - 1998, Tomo II, Volumen 2, Págs. 494 a 495, señaló:  “Es norma establecida en la legislación positiva iberoamericana, que las vacaciones no son compensables en dinero. No se trata de aceptar la posibilidad de que el patrono compense en dinero las vacaciones de acuerdo con el trabajador, sino el caso de que el trabajador no haya tenido vacaciones en la oportunidad que le correspondía, y por lo tanto debe establecerse la compensación por un beneficio establecido en la Ley que le ha sido negado por el patrono o empresario”.

El art. 7.I inc. d) del EFP, establece que los servidores públicos tienen derecho al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente Estatuto y los Reglamentos respectivos, constituyéndose la vacación, en el descanso que ofrece la posibilidad al trabajador, de renovar la fuerza y la dedicación para el mejor desempeño de sus actividades laborales. Por su parte, el art. 50 del citado EFP, establece que: “La vacación no será susceptible de compensación pecuniaria y deberá ser obligatoriamente utilizada por el servidor público. No será permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas”.

La Disposición Segunda de la Ley Nº 233 de 13 de abril de 2012, que modifica el art. 12 de la Ley N° 211 del 23 de diciembre de 2011, prevé: "Artículo 12. (RÉGIMEN DE VACACIONES). I. El uso de vacaciones de los servidores públicos contemplados en el régimen de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, no podrá acumularse por más de dos gestiones consecutivas; excepcionalmente, la compensación económica de la vacación procederá en los casos de fallecimiento del servidor público a favor de sus herederos, por motivos de extinción de la entidad, por destitución del funcionario o renuncia al cargo, y cuando exista fallo judicial o sentencia ejecutoriada”.

La jurisprudencia constitucional, mediante la Sentencia Constitucional (SC) 0612/2010-R de 19 de julio, entre otras, señala que: “En ese contexto, este Tribunal, se pronunció respecto a la aplicación del art. 50 del EFP, que dispone: 'La vacación no será susceptible de compensación pecuniaria y deberá ser obligatoriamente utilizada por el servidor público; en un caso análogo sobre negativa de la gratificación pecuniaria de la vacación no gozada, por haberse disuelto la relación funcionaria, la SC 1869/2004-R de 6 de diciembre, expresó que: las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, por cuanto, el descanso es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades; consiguientemente, las vacaciones no constituyen un sobre sueldo, sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación de las vacaciones está prohibida por ley, salvo algunas excepciones previstas por ley o que sin estar se presentan en la actividad laboral; tal el caso, por ejemplo, cuando un trabajador se desvincula del servicio o de su fuente de trabajo, por causas ajenas a su voluntad, sin haber gozado de su derecho a la vacación remunerada”.

Antes del 7 de febrero de 2009, fecha de promulgación de la Constitución Política del Estado, cuando los derechos laborales prescribían a los dos años, se entendía que, en aplicación de la prescriptibilidad de los derechos laborales, se podía acumular hasta dos vacaciones cabe decir, dos gestiones, debiendo hacer uso de una vacación antes de cumplir una tercera gestión; sin embargo, ello ocurría antes de la Constitución Política del Estado vigente, ahora éste derecho al uso de las vacaciones, al ser imprescriptible, puede ser ejercido durante la relación laboral.

Ahora bien, con relación al pago de vacaciones no gozadas en caso de ruptura de la relación laboral, la situación jurídica es diferente, por cuanto éste pago implica un reconocimiento excepcional del derecho al uso del descanso, precisamente por la ruptura de la relación laboral y consiguiente imposibilidad de hacer uso de las vacaciones pendientes; en este caso, si son más de dos vacaciones se pierde el derecho al pago de la tercera o antiguas, es decir, si antes de la extinción de la relación laboral se tiene más de dos vacaciones pendientes de hacer uso, al no poder acumular más de dos vacaciones y en caso de no existir un documento escrito que acuerde la imposibilidad del uso de la vacación oportunamente, sólo procede el pago por las dos últimas vacaciones como prevé la parte considerativa del DS Nº 12058 y las duodécimas pendientes, salvo que por convenio colectivo se acuerde lo contrario, o sea la acumulación y derecho al pago por más de dos vacaciones en caso de conclusión de la relación laboral.

IV. ANALISIS DEL CASO CONCRETO

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una aplicación indebida o errónea de los arts. 48 y 108 de la CPE, 8 de la LOJ, 26 del CPC, 43 de la LGT, 6 del EFP, 127inc. a) del CPT y arts. 6 y 7 del DS Nº 0181, DS Nº 21137, Ley Nº 321 y DS Nº 110, al ordenar el pago del subsidio frontera, aguinaldo de navidad y vacaciones, a favor del ex servidor público a contrato ahora demandante; por lo que, se tiene lo siguiente:

Los trabajadores de las Alcaldías Municipales, no gozan de beneficios sociales; empero, de los derechos adquiridos como todo trabajador del sector público; para el presente caso, corresponde del pago del subsidio de frontera, aguinaldo de Navidad y vacación conforme se dirá a continuación.

Sobre el derecho al pago de subsidio frontera

Con base en el análisis jurídico legal precedente, sobre el pago del subsidio de frontera ordenado en la Sentencia Nº 382 017 de 20 de septiembre de 2017 y confirmado por el Auto de Vista Nº 56/18 de 12 de marzo de 2018, este derecho está reconocido como derecho adquirido por el funcionario o servidor público, o trabajador privado, que desempeña sus funciones dentro de los 50km lineales de las fronteras internacionales, ello de conformidad con el art. 12 del DS Nº 21137, correspondiente al 20% del salario mensual. En merito a ello, se puede evidenciar que éste precepto establece que para beneficiarse del subsidio, el trabajador o trabajadora    independientemente del sector en el que desempeña su labor o la modalidad de su contratación, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los 50km lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción alguna sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos suscritos para la prestación de sus servicios, realizando una interpretación progresiva de la norma.

Es claro que el Juez y el Tribunal de apelación, realizaron una correcta ponderación de antecedentes y aplicación de la norma al caso concreto, pues conforme al citado art. 12 del DS Nº 21137, el derecho de recibir el subsidio de frontera es para todo trabajador, sin importar su rango, calidad o forma de contratación, ello adecuado al contenido de la propia norma y la los principios laborales previstos en la Constitución Política del Estado.

En ese contexto, no es correcta la argumentación expuesta por el representante legal de la institución demandada ahora recurrente, expuesta en sentido que la asimilación de un trabajo a una realidad contractual dentro del  servicio  público, exime de la obligación del pago del subsidio frontera, considerando que la configuración del mismo está vinculada por una parte, a las actividades realizadas en zonas fronterizas y por otra, constituye un derecho consolidado emergente de una situación específica como es la ubicación geográfica de la fuente laboral, sin que la norma reconozca  tratos discriminatorios sobre otras situaciones  y  menos que  su efecto pueda ser modificado por otras disposiciones de índole  administrativo, que tienen que ver con un diseño presupuestario y no con el reconocimiento de derechos laborales emergentes de cualquier relación laboral o del contrato  de trabajo, como lo son las normas que la entidad recurrente señala como inobservadas o inaplicadas.

En ese contexto, no existe posibilidad de incurrir en diferencias entre servidores públicos eventuales, a contrato, consultores en línea o permanentes respecto al subsidio frontera, al momento de contratar o designar personal para el desarrollo de las actividades de la institución pública demandada, en este caso del Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando y establecer montos diferenciados de los sueldos de personal contratado o designado con el de personal eventual o consultor en línea a efectos del pago del subsidio de frontera respectivo previsto en la Ley.

La entidad demandada, al desconocer este derecho adquirido del demandante, no consigna de manera desglosada y en todas las boletas o constancia de pago de sueldo, el concepto específico de subsidio frontera, conforme consta en las boletas de pago cursantes de fs. 1 a 52 de obrados y conforme al principio de inversión de la prueba desglosado precedentemente, correspondía a la institución pública demandada demostrar que dentro del salario que percibía el demandante se encontraba reconocido o pagado también el subsidio de frontera al cual tenía derecho, y con ello proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador, y que además le permita al Juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material, situación que en el presente caso, no aconteció, sin que ninguna situación administrativa o contable pueda evitar o perjudique el pago de dicho subsidio conforme a Ley; en consecuencia, el pago del subsidio frontera únicamente es demostrable a través del documento que así lo establezca expresamente.

Sobre derecho al pago de Aguinaldo de Navidad

En cuanto al pago del aguinaldo de Navidad,  conforme a lo desarrollado precedentemente, para tener derecho al pago del aguinaldo, mínimamente el trabajador debe prestar sus servicios durante tres meses, de lo que se advierte en el presente caso, y según la prueba cursante en obrados (boletas de pago y certificados de trabajo), el demandante trabajó más de tres meses, cumpliendo de tal manera el término correspondiente para ser acreedor al pago de dicho derecho laboral, con lo que es evidente que corresponde el pago por dicho concepto.

Sobre el derecho al pago de las vacaciones

Conforme se desglosó precedentemente, de conformidad con el art. 7.I inc. d) del EFP, art. 48.III de la CPE y el DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, después del primer año de antigüedad, los trabajadores tiene derecho a las vacaciones y los que sean retirados o se acojan al retiro voluntario, tienen derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas, en aplicación de la Disposición Segunda de la Ley Nº 233 de 13 de abril de 2012, que modifica el art. 12 de la Ley N° 211 del 23 de diciembre de 2011, en consecuencia, corresponde el pago de vacaciones a favor del demandante.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, carece de sustento legal, no se aplicó la LGT, la Ley Nº 321 ni el DS Nº 110 al ex servidor público municipal demandante, sino la normativa aplicable a sus derechos laborales adquiridos; en consecuencia, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la Disposición Transitoria Sexta del CPC.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, representado por Jacinto Condori Torrez, cursante de fs. 289 a 291, contra del Auto de Vista Nº 56/18 de 12 de marzo de 2018, de fs. 280 a 282, pronunciado por la Sala Penal, Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, manteniendo firme y subsistente el Auto de Vista impugnado.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.