TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 351

Sucre, 9 de julio de 2019

Expediente

:

222/2019-S

Demandante

:

Milcoh Ramiro Choque Zenteno

Demandado

:

Empresa Minera Huanuni

Proceso

:

Pago de beneficios sociales

Distrito

:

Oruro

Magistrado Relator

:

Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 206 a 210, interpuesto por Saúl Marcos Flores Condori, apoderado del Gerente General de la Empresa Minera Huanuni, contra el Auto de Vista AV-SECCASA 45/2019 de 8 de mayo de fs. 133 a 142, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido a demanda de Milcoh Ramiro Choque Zenteno contra la Empresa Minera Huanuni, la respuesta de fs. 214 a 216, el Auto N° 57/2019 de 26 de junio de fs. 217, por el que se concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y

I.- CONSIDERACIONES LEGALES:

El Código de Procedimiento Civil de 6 de agosto de 1975, (CPC-1975) elevado a rango de Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, se aplica en materia laboral, en mérito a la facultad remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Al presente, estando en plena vigencia el Código Procesal Civil (CPC-2013), que estableció en su Disposición Segunda, la abrogatoria del citado CPC-1975, determinando en su Disposición Transitoria Sexta, que: “Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código; corresponde aplicar los arts. 274 y 277-I del CPC-2013, para realizar el examen de admisibilidad respecto al recurso de casación, objeto de análisis.

II. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD:

1.- Se verifica que el recurso, fue presentado dentro el plazo previsto por ley; es decir, los ocho días establecidos por el art. 210 del CPT, en concordancia con el art. 90 en sus parágrafos I-II-III del CPC-2013, aplicables por disposición del art. 252 de la norma adjetiva laboral; toda vez que, el Auto de Vista AV-SECCASA 45/2019 de 8 de mayo de fs. 133 a 142, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; fue notificado al representante legal de la institución demandada, el 28 de mayo de 2019, conforme la notificación de fs. 182 y el apoderado de éste, presentó oportunamente su recurso el 7 de junio de 2019, conforme acredita el timbre electrónico de fs. 206.

2.- Se identificó en el recurso la resolución pronunciada por Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ahora recurrida y los folios en los que se encuentra dentro del expediente, cumpliendo el art. 274 parágrafo I núm. 2) del CPC-2013.

3.- Por último, examinando detenidamente el recurso de casación de fs. 206 a 210 de obrados, se realizan las siguientes consideraciones previas:

De los requisitos para interponer el recurso de casación:

Conforme al art. 271 del CPC-2013, cuando el recurso de casación se plantea en el fondo; esto es por errores en el fondo de la resolución, los hechos denunciados por el recurrente deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el adjetivo civil, buscando la modificación total o parcial del Auto de Vista.

Por su parte, el art. 274 parágrafo I núm. 3) del CPC-2013, describe los requisitos para presentar el recurso de casación, de acuerdo a lo siguiente: Expresará, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente” (Textual).

La exigencia descrita precedentemente obedece, a la tesis que el recurso de casación es asimilable a una nueva demanda de puro derecho; es decir, que en el recurso debe identificarse en qué medida el Tribunal de alzada hubiera errado y cómo debe sanearse el error, de esa manera se cumple con la exigencia del art. 274 parágrafo I núm. 3) del CPC-2013.

Sobre este aspecto, la jurisprudencia asumida por éste Tribunal Supremo de Justicia, refiere que, los errores que dan lugar al recurso de casación, pueden ser de naturaleza sustancial o formal; por ello, se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser “in procedendo” o “in judicando”; éste último o error material, ocurre cuando en la resolución de la controversia, se afecta la norma jurídica sustancial que conduce a una decisión que no es correspondiente con el sistema jurídico previsto para el caso concreto.

El art. 274 parágrafo I núm. 3) del compilado procesal civil, describe supuestos de violación (referido a la no aplicación de preceptos legales), interpretación errónea (infracción de normas a cuyos preceptos se otorga un sentido equivocado), aplicación indebida (endilgar o subsumir el precepto normativo a un hecho no regulado por aquello).

En el caso del error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas, debe identificarse el error incurrido y la forma de su comisión, en el primer caso, se cuestiona el valor otorgado a los medios de prueba; y en el segundo caso, la asimilación efectuada por el juzgador en sentencia o en el auto de vista, respecto al medio de prueba que no condice con el contenido del medio probatorio en el cual se debe identificar el error (suposición, cercenamiento o confusión) que pueda dar lugar a modificar los hechos probados o no probados; empero, se deberá expresar siempre, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, en dicho error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba incurrida.

Análisis del recurso en el caso concreto:

Después de exponer los siete (7) argumentos esgrimidos en su recurso de apelación y la manera como estos fueron resueltos por el Tribunal de grado, denunció que el término “congruencia”, fue confundido por el Tribunal de alzada con el “principio de congruencia” que debe tener toda resolución, cuando dicho termino (congruencia) se utilizó en la apelación para demostrar que el Juez de instancia, realizó una “incongruente”, “errónea”, “sesgada”, “ilógica”, “subjetiva” y “no objetiva”, valoración de la prueba de cargo presentada por el demandante, en relación a la prueba de descargo presentada por la institución demandada, que demuestran que: a) el demandante tuvo conocimiento anticipado del cambio de su puesto y la rebaja de su salario; b) que el demandante desempeñó efectivamente su nuevo cargo; y c) que al haber ejercido un cargo jerárquico, no le correspondía preaviso para ser “retirados de manera directa”; aspectos que alegó, no fueron valorados por el Tribunal de alzada al confirmar la resolución del Juez de instancia.

Sin embargo, el recurso en el fondo objeto de análisis: a) no señaló en qué fojas del expediente, se encontrarían las pruebas valoradas de forma “incongruente”, “errónea”, “sesgada”, “ilógica”, “subjetiva” y “no objetiva”; b) omitió señalar cuál es la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas; c) no señaló que derechos y la forma en que se habrían conculcado, con la valoración de prueba denunciada.

Las observaciones advertidas precedentemente, demuestran falta de técnica recursiva al momento de interponerse el recurso de casación en el fondo, aspecto que, no puede ser suplido por este Tribunal e impiden su admisión, en razón a que no se ha cumplido los presupuestos exigidos por el art. 274 parágrafo I núm. 3 del CPC-2013, por parte del recurrente; es decir, expresar: “… con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error... (Resaltado y subrayado añadidos).

Por lo expuesto, en cuanto al recurso de casación en el fondo promovido por la parte demandada, corresponde a este Tribunal emitir resolución en la forma prevista por los arts. 220 parágrafo I núm. 4 y 277 parágrafo I del CPC-2013, por la permisión contenida en el art. 252 de CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial; en aplicación  del art. 277-I del CPC-2013, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 206 a 210, interpuesto por Saúl Marcos Flores Condori apoderado del Gerente General de la Empresa Minera Huanuni, contra el Auto de Vista AV-SECCASA 45/2019 de 8 de mayo de fs. 133 a 142, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declarando su ejecutoria sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.