TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 347

Sucre, 9 de jul io de 2019

Expediente

:

204/2019-CT

Demandante

:

Paolo César Matienzo Mercado

Demandado 

:

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales

Proceso 

:

Contencioso Tributario

Distrito 

:

Cochabamba

Magistrado Relator

:

Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 84 a 90, interpuesto por Álvaro Jorge Llanos Pereira, Gerente Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra el Auto de Vista 012/2019 de 8 de febrero, emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de fs. 76 a 80; dentro la demanda contencioso tributaria interpuesta por Paolo César Matienzo Mercado (contribuyente) contra la entidad recurrente; el Auto de 6 de junio 2019, que concedió el recurso de fs. 93; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES

El contribuyente por escrito de fs. 9 a 12, interpuso demanda Contenciosa Tributaria contra el SIN, impugnando la Resolución Sancionatoria 181830001263 de 28 de mayo de 2018, que sancionó al contribuyente con el 100% de la deuda tributaria por la contravención de Omisión de Pago.

Notificado con la demanda, el SIN por escrito de fs. 46 a 53 y vta., interpuso la excepción dilatoria de falta de competencia del Tribunal, señalando que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 31173004873 de 27 de septiembre de 2017 y la Resolución Sancionatoria 181830001263 de 28 de mayo de 2018: “… son actos administrativos emitidos en etapa de Ejecución Tributaria y/o Cobro Coactivo, en base a Declaraciones Juradas presentadas por el propio contribuyente, los cuales se constituyen en títulos de ejecución tributaria, conforme dispone el numeral 6. del Art. 108 de la Ley 2492, no siendo estos susceptibles de impugnación en la vía judicial.” (Textual).

Corrido el trámite, el juez de instancia por Auto de 3 de septiembre de 2018 de fs. 58 a 60, declaró IMPROBADA la excepción de falta de competencia del juez, toda vez que conforme a los arts. 182 de la Ley N° 1340, 157 de la Ley de Organización Judicial y la Ley N° 1455, la jurisdicción contenciosa tributaria fue creada para el conocimiento de las demandas interpuestas contra actos administrativos definitivos emitidos por el SIN.

En conocimiento del citado auto interlocutorio, el SIN interpuso recurso de apelación de fs. 63 a 66, que solicitó se declare probada la excepción y se anule obrados hasta el auto que admitió la demanda de la especie; siendo concedido en efecto devolutivo por el Auto de 26 de octubre de 2018 de fs. 69.

Radicada la causa, la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 012/2019 de 8 de febrero, que CONFIRMÓ el auto impugnado.

Contra el Auto de Vista 012/2019 de 8 de febrero, el SIN formuló recurso de casación de fs. 84 a 90, solicitando se case el auto de vista impugnado y se disponga la nulidad de obrados.

II. CONSIDERACIONES LEGALES

El art. 108 núm. 1) de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes (Textual), deber inexcusable, de toda autoridad judicial a tiempo de conocer y resolver cualquier causa que sea de su competencia; concordante con el art. 15 de la Ley 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial (LOJ).

En coherencia la ley 719, dispuso que la Ley 439,digo Procesal Civil (CPC-2013), entrará en vigencia plena a partir del 6 de febrero de 2016; en el caso de autos, el recurso de casación de fs. 84 a 90, fue presentado ante autoridad competente el 13 de mayo de 2019, es decir en plena vigencia del CPC-2013; esta norma se aplica a la materia contenciosa tributaria, en aplicación de los arts. 214 y 297 de la Ley N° 1340 y la Disposición Transitoria Sexta del CPC-2013.

Respecto a la excepción de incompetencia, conforme orienta la doctrina y la jurisprudencia construida por este Tribunal Supremo, el planteamiento de las excepciones previas y dilatorias, fundadas por su objeto, naturaleza y efecto, como medio de defensa en lo formal, tiende a corregir errores (defecto legal en la demanda), a evitar un proceso inútil (litispendencia), a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o impersonería), de manera que su finalidad es prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, pero nunca para retardar el proceso; de ahí que resultan de previo y especial pronunciamiento.

A decir de Palacio, las excepciones previas o dilatorias, “Son aquellas oposiciones que, en caso de prosperar, excluyen temporariamente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera que tan solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impiden que ésta sea satisfecha una vez eliminados los defectos de que adolecía. Al respecto, el art. 237m. 6) de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 Código Tributario (CT), considera la falta de competencia del tribunal como una excepción dilatoria, cuyo trámite se encuentra determinado en los arts. 238 y 239 del mismo texto legal; el auto que resuelve la excepción, podrá ser apelable sólo en el efecto devolutivo, dentro del plazo de tres días (art. 240 CT).

Si la excepción de falta de competencia del juez o tribunal se declara probada, la apelación debe concederse en el efecto suspensivo, sin perjuicio de plantearse recurso de casación, al tratarse de una resolución definitiva que suspende la competencia del Juez de la causa y pone fin al proceso.

Si la finalidad primordial de las excepciones previas es atacar el procedimiento, no la cuestión de fondo del litigio o del derecho controvertido, al ser declarada improbada por el juez de la causa, no pone fin al proceso, por eso es que su concesión debe ser en efecto devolutivo (art. 240 CT); porque la resolución tiene la calidad de auto interlocutorio, que a decir del art. 210 del CPC-2013, son los autos que resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso, que resuelven cuestiones accesorias, que si bien constituye, niega o modifica una pretensión, no resuelven la pretensión de fondo y tampoco pone fin a la causa; resoluciones que a diferencia de los Autos definitivos, que son aquellos que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa (art. 211 CPC-2013).

La razón por la cual se considera a la casación como un medio extraordinario de impugnación, es porque no todas las resoluciones judiciales que se emitan en segunda instancia pueden ser impugnadas vía casación o nulidad, únicamente llegan a casación los autos definitivos y las sentencia, no así las providencias y los autos interlocutorios, pues un auto definitivo y una sentencia se asemejan en cuanto a su alcance, porque ambas resoluciones, requieren sustanciación y lo más importante es que ambas ponen fin al proceso, pero la diferencia radica en que un auto definitivo no resuelve el fondo de la demanda principal, lo que sí ocurre con la sentencia.

En el caso, asumiendo que el origen de la controversia es una excepción, este instituto está regulado en el art. 338 y siguientes del CPC-2013, norma procesal que refiere: “Toda cuestión accesoria con el objeto principal del litigio y no sometida a un procedimiento especializado, se tramitará en la vía incidental (Textual). Respecto a los mecanismos de impugnación dispuestos contra la decisión judicial que resuelve un incidente, taxativamente el art. 344 del CPC-2013, no prevé la posibilidad de interponer contra el auto de vista que resolviere un incidente, recurso de casación, previsión legal que en concordancia con el art. 270 del mismo cuerpo legal, en la última parte de su parágrafo I refiere: “y en los casos expresamente señalados por Ley (Textual).

Todas estas previsiones legales hacen que este Tribunal llegue a la conclusión de que los autos de vista que resolvieran incidentes, dentro un proceso contencioso tributario, no pueden ser impugnados vía recurso de casación, en mérito a que un incidente, en esencia no pone fin al proceso, porque son resueltos mediante un auto interlocutorio y no así mediante un auto definitivo o una sentencia.

Un razonamiento contrario a lo manifestado; es decir, el permitir que un auto interlocutorio pudiera ser impugnado hasta el recurso de casación, implicaría vulnerar el principio de celeridad y economía procesal, toda vez que una cuestión accesoria a lo principal, que no tiene incidencia directa con el objeto de la Litis, no puede ser el motivo para mover toda la estructura procesal que se habría concebido para la resolución de los diferentes recursos de casación y nulidad, permitiendo de esta manera desnaturalizar la esencia misma del recurso de casación, que es un recurso extraordinario, sumándose a ello la posibilidad que surjan nuevos mecanismos de dilación que los diferentes sujetos procesales, pudieran utilizar con la única finalidad de dilatar los procesos contenciosos tributarios.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 220 parágrafo I núm. 3 y 277 parágrafo I del CPC-2013, por la permisión contenida en los arts. 214 y 297 segundo párrafo del CT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial; en aplicación  del art. 277-I del CPC-2013, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 84 a 90, interpuesto por Álvaro Jorge Llanos Pereira, Gerente Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Auto de Vista 012/2019 de 8 de febrero, emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarando su ejecutoria.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y del art. 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y mplase.