TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 342-1

Sucre, 14 de junio de 2019


DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                        : 194/2019

Demandante                : Lucia Janeth Rospilloso Murillo

Demandado        : Empresa Consultora Barrero y Asociados

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Chuquisaca

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 107 a 113 interpuesto por Edwin Tarraga Gutierrez y Humberto Cueto en representación de Mariano Barrero Canllahua, impugnando el Auto de Vista Nº 270/2019 de 6 de mayo de 2019, de fs. 102 a 104, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral seguido por Lucia Janeth Rospilloso Murillo contra la Empresa Consultora Barrero y Asociados; el Auto Nº 396/2019 de fs. 115 que concedió el recurso; los antecedentes procesales; y;

I. CONSIDERACIONES LEGALES.

En virtud a la facultad remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en materia laboral, en tanto no se tenga regulación específica, se aplica supletoriamente lo dispuesto en el adjetivo civil.

Al presente, estando en vigencia plena la Ley 439 Código Procesal Civil (CPC), corresponde aplicar lo determinando en su Disposición Transitoria Sexta, que señala: “Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y  en casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”.

En mérito a ello corresponde aplicar al caso de autos, el art. 274 en relación al art. 277-I del CPC, para realizar el examen de admisibilidad, respecto del recurso de casación objeto de análisis.

II. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD.

Revisado el recurso, en aplicación de la norma citada se establece que:

1.- El recurso fue presentado dentro el plazo previsto por ley, es decir dentro de los ocho días previstos por el art. 210 del Código Procesal del Trabajo, cumpliendo a cabalidad el art. 274-I-1 del CPC.

2.- Identifica como resolución recurrida al Auto de Vista Nº 270/2019 de 6 de mayo de 2019, cursante de fs. 102 a 104, cumpliendo el art. 274-I-2 del CPC.

3.- Revisado cuidadosamente el contenido del recurso, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 274.I.3 del CPC, se advierte previamente que el recurrente en su memorial señala que “Formula Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo”, empero, en su contenido de forma general expone una serie de argumentos bajo el título “B) Fundamentos de hecho y de derecho del recurso presentado.”, sin determinar con precisión cuales fundamentan la casación en la forma y cuales a la casación en el fondo, omitiendo considerar que estos representan dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica, pues a través del primero se impugna el error "in procedendo" , esto es, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público; en cambio el segundo, recae sobre el   error "in judicando", que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales.

Asimismo, en virtud a la formulación del recurso de casación, la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada en cada uno de ellos, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establece el art. 220.IV del CPC, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como dispone el art. 220.III del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado; evidenciándose a partir de ello, incongruencia en el petitorio formulado en el recurso, cuando el recurrente solicita se conceda su recurso en ambos efectos (tanto en la forma como en el fondo), para que posteriormente se proceda a anular el Auto de Vista impugnado (efecto emergente de una casación solo en la forma) y que además se confirme la Sentencia Nº 51/2018, cuando el Auto de Vista impugnado ya la confirma.

En este entendido, la omisión en la que incurre el recurrente, al no identificar de forma clara y precisa los argumentos que sustentan su recurso de casación en la forma y los que lo hacen en el fondo, no permite que este Tribunal pueda efectuar una revisión individualizada e independiente de los requisitos de admisibilidad en cada uno de los efectos planteados en el recurso; sin embargo, en resguardo del principio constitucional de acceso a la justicia que rige la jurisdicción ordinaria, se procederá a verificar si los argumentos del recurso, expuestos como están, cumplen con los referidos requisitos de admisibilidad.

De forma previa corresponde señalar que el art. 274 I. 3 exige del recurrente la cita en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos, debiendo además especificarse en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error en el que hubiere incurrido el ad quem, y proponiendo la solución jurídica pertinente, no siendo suficiente la simple expresión de la voluntad de impugnar al acto recurrido.

Analizados los argumentos del recurso de casación, se evidencia que en su contenido inicialmente expone una serie de consideraciones doctrinales acerca de las características del trabajo subordinado o dependiente y el trabajo autónomo o independiente, afirmando seguidamente que no corresponden la fecha de ingreso, la fecha de salida, los beneficios y derechos sociales y el sueldo convenido determinados en el Auto de Vista, manifestando su inconformidad con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, pero sin efectuar denuncia de violación, indebida aplicación o errónea interpretación de norma adjetiva o sustantiva alguna.

Posteriormente el recurrente acusa la vulneración al Principio Protector y la priorización de la interpretación personal del juzgador por sobre lo dispuesto en el DS Nº 23570 de 2 de julio de 1933 y el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 sobre la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, además de la omisión de consideración del Auto Supremo Nº 156, empero, en todos estos argumentos no precisa cual es el criterio expresado por el Tribunal Ad quem en el Auto de Vista, que configuraría el supuesto error de interpretación o inaplicación de la norma y jurisprudencia invocados, o en su caso el agravio que le ocasionaría en su condición de empleador la vulneración al Principio Protector, incumpliendo en este caso con la obligación que le asiste de determinar en qué consiste la infracción, violación o indebida aplicación de la norma, a efecto de que esta instancia en el marco de sus competencias, pueda ingresar a verificar la veracidad de sus denuncias en el contenido de la resolución impugnada.

Finalmente, en el recurso se introduce un acápite denominado “Normas Violadas por el Auto de Vista Nº 270/2019”, en cuyos incisos 1) y 2) hace referencia al Auto Supremo Nº 156 y al art. 732 del CC, que conforme se tiene expuesto, si bien fueron transcritos e invocados de forma previa en el contenido del recurso, no se establecieron argumentos que expliquen en qué consiste la violación o transgresión a dicha normativa y jurisprudencia, no siendo suficiente la simple acusación de su violación, sino que la denuncia debe recaer sobre lo dilucidado y resuelto en el Auto de Vista, vinculo que no se ha precisado en el recurso.

Asimismo en el inciso c) de este acápite, se acusa la falta de imparcialidad en la valoración y apreciación de la prueba, que además no estaría inspirada en ningún principio jurídico laboral, aspecto sobre el cual corresponde aclarar que la valoración de las pruebas es incensurable en casación, salvo que conforme lo dispuesto en el artículo 271 I. del CPC, en el recurso se acuse error de hecho o de derecho en su apreciación, entendiéndose conforme el criterio doctrinario del Dr. Pastor Ortiz Mattos en su libro "El Recurso de Casación en Bolivia", que: "El error consiste en creer verdadero lo falso o creer falso lo que es verdadero (...) el error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico. El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica.”. En virtud a ello, la observación genérica que se realiza a la valoración de la prueba contenida en el recurso, no expresa cuál el error material de hecho o cual la norma erróneamente interpretada en relación a la valoración probatoria que funde el error de derecho, en que hubiere incurrido el Tribunal Ad quem, como elemento esencial para la apertura de competencia de este Tribunal de casación, toda vez que este no se constituye en una instancia más de revisión del fallo de primera instancia.

En su inciso 5) acusa la falta de motivación en el auto por no sustentarse en verdad material, denuncia sobre la que no se desarrollan mayores argumentos en el recurso, omitiendo precisar que aspectos apelados no habrían sido respondidos de forma motivada en el auto de Vista, o en su defecto las razones por las que considera que la motivación expuesta sería insuficiente, ni sobre qué situaciones no se habría observado la verdad material, incumpliendo una vez más con su obligación de especificar en qué consiste la infracción o transgresión a los principios señalados.

Finalmente, argumenta que la valoración de la prueba esta viciada de falta de imparcialidad, empero no precisa a que prueba se refiere y si la valoración estaría viciada de error de hecho o de derecho, que permita aperturar la competencia de este Tribunal.

Conforme a ello, la deficiencia del recurso, no permite abrir la competencia de éste Tribunal para resolver en el fondo la controversia principal, ya que no existe norma alguna cuya vulneración hubiese sido acusada conforme las reglas establecidas para el recurso de casación en el art. 274.I.3 del CPC, así como tampoco se ha sustentando la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, que pudieran dar lugar a un pronunciamiento de este Tribunal, constituyéndose el recurso en una simple expresión de disconformidad con la resolución de alzada, donde no se identifica de manera clara y precisa en qué consiste la infracción, violación, errónea interpretación o indebida aplicación de normas, ni el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, siendo obligación del recurrente en la interposición del recurso el precisar tanto fáctica como jurídicamente la causal y fundamentos que hacen a su recurso de casación.

En este entendido, el recurrente Mariano Barrero Canllahua al no haber establecido con claridad cuáles los fundamentos que hacen a su recurso de casación en los términos establecidos en la norma, ni precisado además si este es de fondo o de forma, incumple con el requisito establecido en el art. 274 I. 3 del CPC, situación que no puede ser subsanada de oficio por este Tribunal, toda vez que de conformidad al art. 178.I. de la Constitución Política del Estado, la potestad de impartir justicia se sustenta en principios, entre los que se encuentra el de imparcialidad.

Por lo expuesto, corresponde resolver el recurso de casación conforme advierte el art. 271.1) concordante con el art. 277-I del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE, 42.I.1. de la Ley del Órgano Judicial y art. 220-I.4 del CPC, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación cursante de fs. 107 a 113, interpuesto por Edwin Tarraga Gutierrez y Humberto Cueto en representación de Mariano Barrero Canllahua.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-