TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 339

Sucre, 14 de Junio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                    : 241/2018

Demandante                 : Diego Andrés Miranda Gaite

Demandado                   : Editorial y Empresa de Comunicaciones

    “IDEA S.R.L.”  

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : Tarija

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 254 a 255 vta., interpuesto por la Editorial y Empresa de Comunicaciones “IDEA S.R.L.”, representada por Ricardo Javier Escobar Salguero, impugnando el Auto de Vista Nº 51/2018 de fecha 4 de abril, cursante de fs. 240 a 244 vta., pronunciado por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Diego Andrés Miranda Gaite contra el recurrente; el Auto de fs. 258 y vta. que concede el recurso de casación; el Auto Supremo de fs. 267 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la Ciudad de Tarija, pronunció la Sentencia de fecha 4 de junio de 2013, cursante de fs. 220 a 222, declarando PROBADA en parte la demanda, determinando que el demandado proceda al pago de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 BOLIVIANOS (Bs.- 31.333,33) a favor de Diego Andrés Miranda Gaite, por concepto de desahucio, indemnización, duodécimas de aguinaldo y vacaciones, más la aplicación de la multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699 y actualización de valor a ser cuantificado en ejecución de sentencia.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 224 a 226 vta., la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista Nº 51/2018 de fecha 4 de abril, cursante de fs. 240 a 244 vta., que CONFIRMA en su totalidad la Sentencia apelada.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Editorial y Empresa de Comunicaciones “IDEA S.R.L.”, representada por Ricardo Javier Escobar Salguero, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo cursante a fs. 267 y vta., de fecha 4 de junio de 2018, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado violenta la normativa legal establecida, bajo los siguientes argumentos:

No se consideran las características esenciales que debe tener una relación laboral, establecidas en el art. 2 del D.S. N° 28699, las cuales fueron desvirtuadas con la prueba de descargo ofrecidas.

Como se demuestra con la documental de fs. 32 a 34, no existió relación de dependencia y subordinación, pues el actor era independiente en su trabajo de captar clientes y beneficiarse con las comisiones que le correspondían, sin el aval ni respaldo del demandado para el efecto, pues las cartas que cursaba no llevaban sellos ni membretes de la empresa demandada, debido a que el actor ofertaba servicios publicitarios a terceros para que publiciten en páginas del Periódico “El Nacional”, trabajo para el cual tenía bajo su responsabilidad y dependencia a trabajadores como cobrador, mensajero, etc., por lo que, tampoco existió la prestación de trabajo por cuenta ajena, como se tiene demostrado con las declaraciones testificales cursantes de fs. 152 a 154, ni la percepción de remuneración o salario fijo a favor del actor.

Consecuentemente no existió relación laboral entre el demandante y demandado, por lo que se pide casar el Auto de Vista impugnado.

Por su parte, el demandante habiendo sido legalmente notificado, contesta el recurso, fs. 257 y vta., pidiendo se declare improcedente.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La normativa laboral es clara en referencia a la facultad de los jueces al momento de valorar y considerar las pruebas aportadas por las partes durante el desarrollo del proceso, por lo que, corresponde señalar que, en materia laboral, el art. 158. del CPT, expresa de manera clara que los juzgadores no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la misma y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, en relación con el art. 3. j) del mismo cuerpo legal, que dispone la libre apreciación de la prueba, pudiendo valorar las mismas con amplio margen de libertad y según los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas laborales, conforme a su sana lógica.

Es así que textualmente, los arts. 3.j) y 158 del CPT a la letra indican: 3.j) “Libre apreciación de la prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados” y 158 “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

La normativa laboral boliviana establece varios principios en favor de los trabajadores, los cuales gozan de primacía constitucional, por lo tanto, son de aplicación preferente sobre cualquier otro tipo de normativa interna, lo cual se refleja también en lo que respecta a los beneficios laborales que corresponden a los trabajadores, como bien establece el art 48 de la CPE.

Al amparo de estos principios protectores, se promulga el D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006, que ratifica en su art. 4 la vigencia plena de los principios del derecho laboral y establece en el art. 2 las características esenciales que deben concurrir para que se determine la existencia de una relación laboral.

Textualmente el art. 2 del D.S. N° 28699 expresa: “De conformidad al Artículo Primero de la Ley General del Trabajo, que determina de modo general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado, constituyen características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. b) La prestación de trabajo por cuenta ajena. c) La percepción de remuneración o salario., en cualquiera de sus formas y manifestaciones.”. (negrillas añadidas)

El art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el art. 30.11 de la Ley 025 establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento con las garantías procesales. 

En ese contexto la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los argumentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

Se denuncia que no se hubiera aplicado en instancias lo normado en el D.S. N° 28699, referente a las características esenciales que debe verificar una relación laboral, debido a la mala apreciación probatoria, por lo que, corresponde verificar el cumplimiento de estas características laborales, tomando en cuenta las pruebas de descargo ofrecidas, considerando el principio de inversión de la prueba que debe primar, contrastándolas con las pruebas de cargo o los argumentos establecidos en la demanda.

En lo referente a la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, se tiene que analizar la prueba documental y testifical producida durante la tramitación de la causa, tanto de cargo como de descargo, para averiguar la verdad material de los hechos; es así que se tiene, instrucciones escritas impartidas al actor, cursantes de fs. 4 a 6, las cuales básicamente refieren a las necesidades del demandado de contar con ingresos por publicidades y tarifarios de los costos por publicidad, lo cual no representa necesariamente relación de subordinación y dependencia laboral entre las partes, pues se trata simplemente de socialización de los costos publicitarios, para que el actor oferte dichos servicios, trabajo por el cuál percibía las comisiones pactadas.

Por otra parte, cursan de fs. 7 a 9, cartas del ahora demandante, dirigidas a la gerencia del periódico “El Nacional”, en las cuales solicita permiso a cuenta de vacaciones y cancelación de los incrementos salariales establecidos en el D.S. N° 0809, empero, las mismas no merecen respuesta alguna, por lo que no se podría descifrar que para el demandado existía relación laboral de dependencia, toda vez que, solamente se trata de exigencias del actor que aparentemente no fueron atendidas, pues no cursa documental que pudiera rebatir lo expresado; por lo que el análisis realizado hasta ahora, de la documental arrimada por las partes, resulta insuficiente para poder determinar si existió relación de dependencia y subordinación laboral, al igual que las declaraciones testificales, puesto que, los testigos de descargo, fs. 152 a 154 vta., indican que el actor no tenía un horario fijo de trabajo, que ingresaba a las oficinas del periódico solamente cuando llevaba alguna publicidad, declaraciones contradictorias con las de los testigos de cargo, fs. 155 a 158, quienes indican que sí existía un horario fijo de trabajo para el demandante, quién firmaba un libro de asistencia inicialmente y luego registraba en una computadora el ingreso y salida de la oficina.

En lo que respecta a la remuneración percibida, el actor indica que percibía un salario básico mensual de Bs. 1.000.- y comisiones por publicidad del 10% mensual, adjuntado de fs. 11 a fs. 28, planillas de la liquidación mensual de comisiones, montos que se supone recibió a conformidad, como se puede entender por la documental consistente en copias de planillas, cheques y recibos que presentó el demandado, cursantes de fs. 160 a 211, de lo que se piensa que el pago de comisiones estaba claramente acordado y determinado entre las partes; sin embargo, en lo que se refiere al pago del salario mensual indicado por el actor, existen discrepancias entre lo mencionado en la demanda y la prueba producida, puesto que, en las declaraciones testificales de cargo, cursantes de fs. 155 a 158, todos los testigos, quienes trabajaron en la parte administrativa, manifiestan que se abonaba dicho pago en la cuenta del Banco Ganadero, perteneciente al actor y que éste figuraba en las planillas de sueldos y salarios como trabajador permanente, lo cual no resulta evidente al verificar la certificación del propio Banco Ganadero, cursante a fs. 52, en la cual se manifiesta que la Empresa Editorial y de Comunicaciones “IDEA S.R.L.” cuenta con el servicio del Banco para el pago de sueldos y salarios, con débito directo de su cuenta, bajo lo cual, contrastando con las planillas de sueldos y salarios, adjuntas de fs. 60 a 110, se comprueba que el actor no figuraba en dichas planillas, considerando además, que el extracto de la caja de ahorro del Banco Ganadero de Diego Andrés Miranda Gaite, cursante a fs. 10, no reporta transferencias por concepto de sueldos o salarios, sino que indica depósitos en efectivo por Bs. 800.- en junio de 2011 y por Bs. 1000.- de julio a septiembre de 2011, de lo que se colige que no existía ningún tipo de remuneración mensual acordada entre las partes, hechos que son reconocidos igualmente con las cartas cursantes de fs. 29 a 31, principalmente la primera, por la cual el actor pide el pago de las comisiones por “Intercambio de Servicios”, de lo cual se razona que tampoco existía relación de subordinación o dependencia laboral, pues el mismo demandante es quién expresa que se trataba de una relación civil en la cual existía intercambio de servicios entre las partes, por los cuales se cancelaban comisiones por publicidad conseguida a favor del actor, refrendado también por las cartas que enviaba éste a potenciales clientes por cuenta propia, pues en las pruebas cursantes de fs. 32 a 34, se evidencia que las mismas no fueron instruidas por el demandado, sino simplemente suscritas y diligenciadas por el actor, en su afán de conseguir clientes nuevos y publicidad para el periódico.

Por lo que, aplicando el principio de verdad material de los hechos, éste Tribunal de Casación arriba a la conclusión de que los extremos denunciados en el recurso casacional son evidentes, pues en la relación entre las partes, no se configuraron las características esenciales que debe tener una relación laboral, establecidas en el art. 2 del D.S. N° 28699. 

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. IV del Código de Procesal Civil (CPC), aplicable por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 51/2018 de fecha 4 de abril, cursante de fs. 240 a 244 vta. y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.