TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 337

Sucre, 14 de junio de 2019

Expediente                  : 289/2018

Demandante                   : José Luis Medrano Flores

Demandado                    : “El Palacio del Parquet”

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Chuquisaca

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 890 a 895, interpuesto por la empresa “El Palacio del Parquet” de propiedad de René Huarita Salamanca, contra el Auto de Vista N° 025/2019 de 7 de agosto, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, de fs. 880 a 884; dentro de proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por José Luis Medrano Flores contra la empresa recurrente; el memorial de respuesta al recurso, de fs. 897 a 899; el Auto Nº 111/2019 de 26 de febrero, que concedió el recurso (fs. 900); el Auto de 23 de abril de 2019, por el cual se declara admisible el recurso de casación (fs. 906); los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

La Juez Tercero de Trabajo, Seguridad Social, Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 51/2017 de 31 de agosto, de fs. 816 a 824, declarando probada en parte la demanda; e improbada la excepción perentoria de prescripción. Debiendo la empresa demandada pagar en favor del actor la suma de Bs.489.798,34.- (cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y ocho 34/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales, detallados en dicho fallo; más la multa establecida en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, a calificarse en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.

René Huarita Salamanca representante de la empresa “El Palacio del Parquet”, interpuso recurso de apelación, de fs. 826 a 832; resuelto por Auto de Vista N° 025/2019 de 17 de enero, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, de fs. 880 a 884; confirmando la Sentencia emitida en primera instancia.

El demandado solicitó aclaración, complementación y enmienda a fs. 886; el Tribunal de alzada, no dió lugar, mediante  Auto Nº 050/2019 de 25 de enero, de fs. 887.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, René Huarita Salamanca por la empresa “El Palacio del Parquet”, formuló recurso de casación, exponiendo lo siguiente:

En la forma.

1.- En el punto II de la apelación, se acusó como agravio la prescripción, exponiendo los hechos y el derecho vulnerado por la Juez de instancia, demostrándose que hubo una interrupción laboral en el año 2007, como se evidencia de la prueba testifical, documental y la confesión, expuestas en la apelación, argumentando en forma clara el agravio; sin embargo, el Tribunal de alzada, no emitió pronunciamiento fundamentado al respecto.

2.- En cuanto a las apelaciones en efecto diferido, el Tribunal de alzada, interpreta erróneamente el art. 151 del Código Procesal del Trabajo (CPT), vulnerando el debido proceso y la verdad material, por considerar prueba irrelevante, las rechazadas injustificadamente por la Juez de instancia, consistentes en la solicitud de pericia y la petición de certificación a la Asociación de Futbol de Salón de Chuquisaca (A.D.F.S.CH.), con las cuales, se pretendía demostrar que el actor, tenía otro trabajo percibiendo otra remuneración desde la gestión 2009; debiendo subsanarse estos vicios procesales, que no fueron atendidos en alzada.

En el fondo.

1.- Existe errónea interpretación e indebida apreciación de la prueba, por parte del Tribunal de apelación; porque el aviso de afiliación y reingreso del trabajador a la Caja Nacional de Salud (CNS), de fs. 11, no es una prueba contundente que acredite la fecha de inicio de la relación laboral, por estar destinado este documento a certificar si el trabajador se encontraba afiliado al seguro de salud; y la certificación de fs. 224, no verifica el inicio de la relación laboral, al haberse puesto de favor la fecha de ingreso el año 1982, a pedido del trabajado, vulnerándose el art. 158 del CTP, existiendo un error de derecho respecto de la prueba referida.

2.- No se valoró correctamente las certificaciones de la comunidad de Pitantorita, de los colegios Eduardo Avaroa y Sagrado Corazón de Jesús, que demuestran que el demandante era estudiante en las gestiones de 1980 a 1982, del primero con un horario de clases de 14:00 a 18:00, y de 1983 a 1986 del segundo con un horario nocturno, por lo que no pudo haber trabajado en estas gestiones para la empresa demandada; tampoco se consideró la declaración testifical de María E. Téllez, que demuestra que el actor trabajó como chofer en las gestiones 1988 y 1989; aplicando incorrectamente el art. 178 del CPT, incurriendo en error de hecho en la valoración de la prueba, vulnerando el art. 158 del mismo cuerpo legal.

No se consideró la eficacia probatoria del documento privado de fs. 799, que demuestra que el único fin de la certificado de trabajo otorgado, es para acceder a un crédito en favor del actor, dejándose de lado la verdad material respecto de toda la prueba presentada.

3.- Por las atestaciones de Juan Javier Rosales Miranda (fs. 720), Juan Carlos León Paniagua (fs. 722) y Sara Ortega Téllez (fs. 723), se demostró que el actor a partir de la gestión 2007, trabajó en forma independiente, sin sostener una relación laboral con las características esenciales previstas en el art. 1 del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993; haciendo fe probatoria estas testificales en aplicación del art. 169 del CPT.

Petitorio.

En cuanto al recurso de casación en la forma solicita la nulidad del proceso; o conforme al recurso de fondo, casar el Auto de Vista recurrido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el en base a los fundamentos siguientes:

En la forma.

El art. 265-I del CPC-2013, establece: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, norma aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del Código CPT; donde claramente se señala que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación debe ceñirse a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidas, como tampoco omitir el análisis y/o resolución de ningún agravio expuesto en apelación; además, la resolución de vista debe contener una debida motivación y fundamentación, respecto de la posición que asuma, más aún, si el Tribunal de segunda instancia se constituye en un Tribunal de conocimiento y no así de puro derecho, teniendo la potestad y obligación, de analizar todos los agravios expuestos en el o los recursos interpuestos contra la Sentencia.

La motivación en las resoluciones judiciales emitidas en revisión de un fallo impugnado, constituye un deber jurídico, consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía procesal para proteger la seguridad jurídica, misma que debe permitir vislumbrar con claridad las razones de decisión por las cuales se confirmó o se modificó el fallo de instancia; esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del cúmulo de pruebas, realizando una fundamentación legal citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, y en alzada se debe resolver todos los agravios expuestos en la apelación observando las reglas de congruencia, pertinencia y exhaustividad.

Consecuentemente, cuando un Juez o Tribunal omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan la viabilidad o no de sus pretensiones.

En ese orden de ideas, el Tribunal de alzada al resolver una apelación debe inexcusablemente cumplir con tres componentes, que son: exponer los hechos; efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva; a propósito, ese es el entendimiento sustraído de la SCP 0092/2012 de 19 de abril: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...”; por su parte, este Tribunal en los  Autos Supremos Nº 867 de 3 de marzo de 2015 (Sala Social Primera), Nº 245 de 27 de agosto de 2015 (Sala Social Segunda), entre otros, sostiene: “…la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado; quedando claro que los Tribunales de alzada, al conocer un recurso de apelación deben dar cumplimento al art. 265 parágrafo I del CPC-2013, fundamentado y motivando sus decisiones, labor que debe realizarse resolviendo en forma precisa todos y cada uno de los puntos expuestos, con argumentos específicos, otorgando seguridad jurídica a las partes.

Conforme a estas apreciaciones, este Tribunal, contrastando el recurso de apelación, de fs. 826 a 832, con los fundamentos vertidos en el Auto de Vista y las infracciones acusadas en el recurso de casación; advierte, que el Tribunal de apelación no hace un análisis motivado, razonado y con la debida fundamentación, sobre el agravio relacionado a la prescripción cuestionada en el recurso de apelación; en razón a que, luego de señalar en forma general que debe aplicarse el art. 48 de la CPE, que consagra la imprescriptibilidad de los derechos sociales, afirmó: “En todo caso, en el recurso de alzada que ahora se resuelve, no se formuló reclamo alguno sobre las decisiones asumidas por la juez de mérito en relación a la excepción de prescripción; de ahí por qué nos decantamos por confirmar lo determinado en dicho fallo (textual), sin efectuar una exposición justificable, en la que se explique a la parte apelante, por qué razón no son valederos sus argumentos, para confirmar la Sentencia; cuando, por el contrario a lo señalado por el Tribunal de alzada, el agravio expuesto en la apelación acusa una errónea aplicación de los arts. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, cuestionando una errónea apreciación de la prueba, sobre los dos periodos trabajados, y alegando la no correspondencia del bono de antigüedad al haber prescrito este derecho; incurriendo en una incongruencia omisiva.

Toda resolución que determine derechos o implique obligaciones, debe contener una debida motivación y fundamentación,  para que los sujetos procesales tengan certeza de que la decisión asumida es la correcta y se adecua a la normativa vigente; más aún, si es emitida en revisión de otra resolución que es cuestionada por el justiciable, mediante algún mecanismo procesal que la ley le otorga; al respecto la SCP 682/2014 de 10 de abril, señaló: “La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: «Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…» (las negrillas son agregadas).

Otra de las finalidades que hace a la exigibilidad de una resolución motivada en alzada, es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión, por los tribunales superiores que conozcan y resuelvan los correspondientes recursos; dicho de otro modo; el Tribunal de alzada, debe resolver de manera fundamentada todos los agravios expresados en la apelación, para que el Tribunal de casación, pueda revisar y expresar un adecuado criterio, sobre los argumentos de fondo que se llegaren a cuestionar vía casación.

Siendo evidente que el Tribunal de alzada incurrió en una falta de motivación y fundamentación por no absolver uno de los agravios expuestos en la apelación; la determinación  que debe asumir este Tribunal no puede ser otra que anular el Auto de Vista recurrido, para que el Ad quem adecue su resolución acorde a los principios previstos en la Constitución, y la norma procesal aplicable, garantizando el debido proceso; resultando atendible la primera acusación de forma, impide a este Tribunal analizar el los fundamentos del recurso de casación en el fondo; por lo que, corresponde fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220 parágrafo III num 1 inc. c) del CPC-2013, en concordancia con el art. 106-I del mismo cuerpo legal, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista N° 025/2019 de 7 de agosto, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, de fs. 880 a 884; disponiendo que el Tribunal de alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación respetando los principios de congruencia y observando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación. Sin multa por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-