TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 336

Sucre, 14 de junio de 2019

Expediente                        : 084/2018-S

Demandante                : Jhanet Gorena Barrios y otros

Demandado        : ONG AVIDA y/o OSAID

Materia        : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                        : Chuquisaca

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 318 a 320 y vta., interpuesto por Roberto Quispe Puma, en representación de la Fundación AVIDA, contra el Auto de Vista Nº 035/2018 de 17 de enero de fs. 312 a 314 y vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido a demanda de Jhanet Gorena Barrios y otros, contra la entidad que representa el recurrente, el Auto Nº 112/2018 de 27 de febrero de fs. 338, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 190 de 22 de abril de 2019 de fs. 348 a 350, que admitió el recurso y cuanto ver convino y se tuvo presente:

I.- ANTECEDENTES PROCESALES:

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales y derechos laborales, la Juez de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 81 2016 de 20 de julio de fs. 257 a 266 y vta., por la que declaró:

PROBADA en parte la demanda con relación a Jhanet Gorena Barrios, Mildrid Damitza Barriga Céspedes y Maribel Martínez Rodríguez, sin costas;

PROBADA en parte la excepción perentoria de pago respecto a Maribel Martínez Rodríguez;

PROBADA en su integridad la excepción perentoria de pago respecto a Enrique Edgar Guillen Pérez.

Consiguientemente, ordenó que la entidad demandada, cancele a favor de:

a) Jhanet Gorena Barrios la suma de Bs4.741,66.- por concepto de aguinaldo de navidad 2013 (duodécimas de 6 meses y 27 días de trabajo), multa aguinaldo de navidad 2013 (duodécimas de 6 meses y 27 días de trabajo), aguinaldo esfuerzo por Bolivia 2013 (duodécimas de 6 meses y 27 días de trabajo) y multa por aguinaldo esfuerzo por Bolivia 2013 (duodécimas de 6 meses y 27 días de trabajo).

b) Mildrid Danitza Barriga Céspedes la suma de Bs5.305,76.- por concepto de indemnización por 3 años, 8 meses y 15 días de trabajo, vacaciones 2011-2012 (duodécimas 8 meses y 15 días de trabajo) y bono de antigüedad del 2012 al 2015.

c) Maribel Martínez Rodríguez la suma de Bs12.868,04.- por concepto de aguinaldo de navidad 2011 (duodécimas 10 meses de trabajo), multa aguinaldo navidad 2011 (duodécimas 10 meses de trabajo), aguinaldo navidad 2012 (duodécimas 1 año de trabajo) y multa aguinaldo navidad 2012 (duodécimas 1 año de trabajo), monto final descontando el pago del finiquito de la gestión 2012.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación promovido por el representante de la entidad demandada, conforme consta en el escrito de fs. 270 a 273 y vta., el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 35/2018 de 17 de enero, CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

Recurso de casación, concesión y admisión:

Contra el indicado Auto de Vista, el representante de la entidad demandada, Roberto Quispe Puma, interpuso recurso de casación, conforme consta del escrito de fs. 318 a 320 y vta.; por su parte, Edwin Tárraga Gutiérrez y Humberto Cueto, apoderados de los demandantes, interpusieron recurso de casación, conforme consta del escrito de fs. 323 a 333 y vta., que fueron concedidos por el Tribunal de alzada mediante Auto Nº 112/2018 de 27 de febrero de fs. 338; por lo que radicado el expediente en este Tribunal Supremo, se admitió ambos recursos, por Auto de 6 de marzo de 2018 de fs. 345.

Posteriormente, mediante Auto Supremo Nº 190 de 22 de abril de 2019 de fs. 348 a 350, este Tribunal anuló obrados hasta el Auto de 6 de marzo de 2018 y dispuso la improcedencia del recurso de casación interpuesto por los apoderados de los demandantes, toda vez que al no haberse interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia Nº 81 2016 de 20 de julio, que fue confirmada por el Auto recurrido de casación, carecen de legitimación para interponer el recurso de casación; por otra parte, admitió el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, que se resuelve conforme a los fundamentos que siguen:


II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Con relación a Maribel Martínez Rodríguez, Jhanet Gorena Barrios y Mildrit Danitza Barriga Céspedes, alegó que la fundación AVIDA es una institución con patrimonio propio; por tanto, diferente a la fundación OASID, que nace como una nueva institución el 9 de junio de 2012; por lo que la resolución recurrida, incurrió en error de derecho en la apreciación de las pruebas, estableciendo el pago de derechos y beneficios sociales de las prenombradas, bajo la figura jurídica de sustitución de patronos.

2. Con relación a Maribel Martínez Rodríguez y Jhanet Gorena Barrios, aseveró que, si bien es cierto que de acuerdo al art. 11 de la Ley General del Trabajo (LGT), la sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos existentes, no es menos cierto que en el caso de autos, no existió la sustitución de patronos, toda vez que las fundaciones OASID y AVIDA, son instituciones diferentes y con patrimonios propios; por lo que la resolución recurrida incurrió en aplicación indebida del art. 11 de la LGT, que tuvo relevancia en la decisión asumida.

Petitorio:

Concluyó solicitando que previo traslado, se conceda el recurso interpuesto, para que este Tribunal, constatando los errores incurridos, CASE el Auto de Vista, conforme a los puntos alegados.

III.- FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso:

Conforme el art. 48 parágrafo III de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 4 de la LGT y la amplia jurisprudencia emitida por este Tribunal; los derechos y beneficios reconocidos a los trabajadores son irrenunciables, siendo nula cualquier convención o acuerdo en contrario o que tienda a burlar sus efectos.

De tal forma, encontrándose el trabajo tutelado por el Estado, la normativa que rige en materia laboral, debe ser interpretada y aplicada bajo los principios protectores de los trabajadores, instituidos en el art. 48 parágrafo II de la CPE.

Así, en resguardo de los derechos de los trabajadores y tomando en cuenta su desproporcional situación con relación al empleador, se aplica el principio de inversión de la prueba, que traslada la carga de la prueba al empleador, en el marco de los principios previstos en los arts. 48 parágrafo II de la CPE (antes citado), 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT); es decir, el empleador demandado tiene la obligación de desvirtuar, por todos los medios legales, los fundamentos de la acción, sin perjuicio que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.

Asimismo, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, en la jurisdicción ordinaria, prevalece el principio de verdad material sobre la verdad formal; así establecen los arts. 180 parágrafo I de la CPE y 30 núm. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), esto a fin que, toda resolución exponga cómo ocurrieron los hechos, cumpliendo las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Lo anterior guarda relación estricta con la primacía de la realidad; en cuya virtud, la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, debe considerar lo que sucedió en la realidad y no solamente, lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente.

Bajo este principio, no es relevante el formalismo, sino la realidad ocurrida en la relación laboral; de tal forma que, si el empleador y el trabajador acuerdan cierto hecho y la realidad demuestra otro distinto, este último tiene efectos jurídicos; consiguientemente, la realidad determina la naturaleza de la relación laboral y no así su formalismo.

En materia laboral, conforme los arts. 3 inc. j) y 158 del CPT, el juzgador emite su decisión en base a la libre apreciación de la prueba, valorándolas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios laborales, sin estar sometido a la tarifa legal de pruebas; por lo tanto, forma su convencimiento libremente, asumiendo los principios que orientan la crítica de la prueba, observando las circunstancias relevantes del caso y la conducta procesal de las partes.

Resolución del caso concreto:

El primer argumento del recurso de casación, refiere que el Auto de Vista Nº 035/2018 de 17 de enero, incurrió en error de derecho en la apreciación de pruebas que demostrarían que OASID y AVIDA, son fundaciones diferentes; sin embargo, corresponde hacer notar que el representante de la institución demandada no señaló qué pruebas habrían sido erróneamente apreciadas por el Tribunal de alzada y tampoco identificó a que fojas del expediente cursarían; omisión que impide a este Tribunal verificar materialmente, si es cierta o no la errónea apreciación de la prueba, denunciada por el recurrente.

El segundo argumento del recurso, acusó la indebida aplicación del art. 11 de la LGT, toda vez que en la relación laboral entre la actora Jhanet Gorena Barrios y las fundaciones OASID y/o AVIDA, no existiría la sustitución de patronos; sin embargo, corresponde advertir que de acuerdo con la prueba consistente en: a) la fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa Gubernamental CH/N°140 de 9 de julio de 2012, que otorgó personalidad jurídica a la fundación AVIDA (fs. 4, 1er Cuerpo), b) las “Notas” y “Recibos de Egreso”, emitidas por la fundación AVIDA (fs. 41 a fs. 60, 1er Cuerpo) y c) la Certificación de 30 de junio de 2014, emitida por la fundación AVIDA cursante (fs. 178, 1er Cuerpo); se constata que la prenombrada sostenía una relación laboral, solo con la fundación AVIDA, no así con la fundación OASID, quedando desvirtuada, la referida acusación.

En consecuencia, con relación a estos dos argumentos se los desestima por ser manifiestamente infundados, correspondiendo ahora resolver el recurso de casación en el fondo, respecto a la indebida aplicación de la sustitución de patronos prevista en el art. 11 de la LGT, con relación a la actora Maribel Martínez Rodríguez.

El representante de la institución demandada, aseveró que las fundaciones OASID y AVIDA, son diferentes y con patrimonios propios, por lo que alegó que el Tribunal de alzada aplicó indebidamente el art. 11 de la LGT, determinando la sustitución de patronos al momento de emitir su determinación ahora cuestionada.

Al respecto, verificados: a) el Memorándum N° D.E. 08/11 de 1ro de marzo de 2011 (fs. 203, 2do Cuerpo), b) el Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 2 de agosto de 2012 (fs. 204 a fs. 206, 2do Cuerpo), c) la Comunicación Interna de 23 de enero de 2013 (fs. 107, 1er Cuerpo) y d) la Declaración Testifical de 12 de enero de 2016 (fs. 225 a 226, 2do Cuerpo), se acreditó que: a) desde el 1ro de marzo de 2011 al 23 de enero de 2013, existió una relación laboral entre la actora Maribel Martínez Rodríguez y las instituciones OASID y AVIDA respectivamente; b) la actora Maribel Martínez Rodríguez cumplió las funciones de “Secretaria” en OASID y en AVIDA; c) el representante legal de las instituciones OASID y AVIDA, es Willer Edwin Téllez Gonzáles; y d) las instituciones OASID y AVIDA prestan el mismo servicio social; consiguientemente, observando los principios de la inversión de la prueba, verdad material y primacía de la realidad, estos hechos permiten concluir que la prenombrada, trabajó en relación de dependencia y subordinación, por cuenta ajena y percibió su remuneración tanto en OASID como en AVIDA.

El análisis precedente, es coherente con la fundamentación del Juez de instancia en la Sentencia Nº 81 2016 de 20 de julio de fs. 257 a 266 y vta., que estableció: “…el segundo período dela relación laboral inició a partir de 1 de marzo de 2011, como efecto del memorándum DE 08/11 (fs. 107), en el cargo de Secretaria, con una remuneración mensual de Bs. 2500.-, relación laboral que tuvo su continuidad hasta el 23 de enero de 2013, fecha en que la codemandante presentó su carta de renuncia a dicho cargo (fs. 107), lo que significa que la segunda relación laboral tuvo una vigencia de 1 año 10 meses y 23 días; sin embargo, durante la vigencia de ese segundo período de relación laboral, la ONG OASID, cambió su denominación por Fundación AVIDA, la que regularizó la prestación de servicios con Maribel Martínez Rodríguez a través de contrato de trabajo a plazo fijo, a partid del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre del mismo año (fs. 103 a 105) en el mismo puesto y nivel salarial.

Lo precedentemente señalado, advierte que Maribel Martínez Rodríguez mantuvo una relación de dependencia primeramente con OASID, y posteriormente con AVIDA, entidades cuya labor es la misma (prestación de servicios sociales), teniendo ambas como Director Nacional a Willer Téllez, y desarrollando los mismos programas de apoyo (ANNA, MARIPOSA), conforme se extrae de las declaraciones testificales de Olga Moreno Vedia (fs. 226); por lo que, el cálculo de sus beneficios sociales se realizará por el segundo período de trabajo” (Último subrayado añadido), ordenando que la entidad demandada, cancele a favor de Maribel Martínez Rodríguez, la suma de Bs12.868,04.- por concepto de los derechos adquiridos detallados en dicha sentencia.

Por ello es que, si bien el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista Nº 35/2018 de 17 de enero, fundamentó su determinación en base al art. 11 de la LGT; empero y aún con un fundamento diferente, confirmó la Sentencia Nº 81 2016 de 20 de julio, que, en un análisis acorde a los principios protectores desarrollados, resguardó los derechos adquiridos de Maribel Martínez Rodríguez; consiguientemente, este Tribunal no encuentra fundamento para casar la determinación del Tribunal de grado; por el contrario, la entidad demandada no ha demostrado con prueba pertinente y contundente, el extremo denunciado en el recurso de casación, limitando su argumentación a señalar que OASID y AVIDA, son diferentes y con patrimonios propios, sin mayor fundamentación de hecho o de derecho que apoye lo argüido.

Adicionalmente, corresponde hacer notar que la controversia sujeta a examen en la presente resolución, fue expuesta por la institución demandada a través de la excepción de imprecisión y contradicción en la demanda, bajo el argumento de encontrarse la fundación AVIDA en estado de indefensión, excepción que fue resuelta por la Juez de instancia, mediante el Auto N° 552 de 25 de noviembre de 2015 de fs. 165 a 166, que declaró improbada dicha excepción; porque la prueba aportada al proceso, demostró que Willer Edwin Téllez Gonzáles es el representante legal de las instituciones OASID y AVIDA.

Esta determinación fue apelada y el Tribunal de Alzada, la confirmó mediante el Auto de Vista Nº 035/2018 de 17 de enero de fs. 312 a 314 y vta., concluyendo así la fase recursiva respecto a este tema; por lo que es notorio que la entidad demandada, aún con argumentos distintos, reiteró la controversia esgrimida en anteriores etapas ya cerradas, aspecto que no corresponde en aplicación de los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT.

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación, corresponde aplicar el art. 220-II del CPC-2013, por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 318 a 320 y vta. de obrados, interpuesto por Roberto Quispe Puma, en representación de la Fundación AVIDA, contra el Auto de Vista Nº 035/2018 de 17 de enero de fs. 312 a 314 y vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, manteniéndolo subsistente con costas.

No se regula el honorario profesional por no haber sido contestado el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.