TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 331

Sucre, 14 de junio de 2019


Expediente                        : 239/2018

Demandantes                : Paulino Alcón Llusco, Edwin Celestino Avini Piluy,

Olga Noemi Abelino Cari, Advierta Julia Condori

Zapata y Adelio Edwin Ortiz

Demandado                : Gobierno Autónomo Municipal de Apolo

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Mario Vaquiata en su condición de Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo (fs. 285 a 289) en contra del Auto de Vista Nº 217/2017 de 27 de septiembre de 2017 (fs. 282 a 283 vta.) pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Auto Nº 09/18 de 16 de enero de 2018 (fs. 292) que concedió el recurso, el Auto Supremo de 4 de junio de 2018 (fs. 305) que admitió el recurso y lo obrado en el proceso.

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, seguido por Paulino Alcon Llusco y otros, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz emitió la Sentencia Nº 01/2017 de 12 de enero de 2017 (fs. 224 a 246), declarando Probada en parte la demanda, disponiendo la cancelación a favor de los demandantes de los beneficios sociales detallados en las liquidaciones expuestas en la parte resolutiva, para cada uno de los demandantes.



Auto de Vista.

Interpuestos los recursos de apelación por el demandado (fs. 265 a 268) y los demandantes (fs. 270 a 271), la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 217/2017 de 27 de septiembre de 2017 (fs. 282 a 283 vta.), resolvió Revocar Parcialmente la sentencia apelada, ordenando la exclusión del pago de aguinaldo de la gestión 2015 para los demandantes Paulino Alcón Llusco y Edwin Celestino Avini Piluy y manteniendo firme y subsistente lo dispuesto para los demás co demandantes.

Ante esta determinación, la entidad demandada interpuso recurso de casación, con la respuesta de la parte demandante, el Tribunal de Alzada emitió el Auto Nº 09/18 de 16 de enero de 2018, concediendo el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Mediante memorial presentado el 1 de diciembre de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de Apolo interpuso Recurso de Casación en el Fondo, exponiendo los siguientes agravios:

1.-  Error de hecho en la valoración de la Resolución Nº 114/2016 de 28 de octubre de 2016 (fs, 214 a 246) - que rechazó las observaciones de los demandantes y la prueba consistente en el certificado de nacimiento del hijo de Edwin Avini Piluy, por haber sido presentado de forma extemporánea por cuanto su falta de consideración generó que erróneamente se otorgue el beneficio de subsidio prenatal, natalidad y lactancia, pese a que el demandante no puso en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo el nacimiento de un hijo, pretendiendo introducir esta situación recién en el proceso laboral, cuando el pago de este beneficio no se realizó por su propia negligencia, al incumplir con la presentación de los requisitos de inamovilidad laboral establecidos en el DS Nº 012.

2. Error de derecho en la apreciación de los contratos de consultoría de línea de Paulino Alcón Llusco, Edwin Celestino Avini Piluy, Adelio Edwin Ortiz y Advierta Julia Condori Zapata, que no fueron valorados en su integridad en la Sentencia ni en el Auto de Vista impugnado, por considerar que al no encontrarse suscritos carecen del consentimiento de los demandantes, aspecto que se constituye en requisito esencial del contrato conforme al art. 452 del Código Civil (CC), sin embargo no se consideró que en virtud al art. 453 del CC, los demandantes otorgaron su consentimiento de forma tácita al haber hecho efectivo el cobro de la suma pactada en dichos contratos, habiendo la Sentencia y el Auto de Vista aplicado indebidamente el Código Civil en relación a los requisitos de los contratos, que en el presente caso fueron cumplidos.

Agrega que en mérito al análisis ambiguo y errado de dicha documentación, se determinó erróneamente el incremento salarial y vacaciones de la gestión 2015 a favor de los demandantes, cuando las fotocopias legalizadas de las planillas de honorarios de consultor en línea evidencian su condición de consultores, habiéndose desconocido la prueba aportada y otorgado mayor valor legal a las pretensiones de los actores, quienes no presentaron documentación idónea para acreditarlas, lo que constituye un error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, que le ocasiona una mayor erogación económica por derechos que no corresponden, vulnerando con ellos sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, materializados en la falta de valoración e indebida interpretación de la prueba y las leyes, en detrimento de su municipio.

Petitorio.

Solicita que se CASE en parte el Auto de Vista impugnado y en consecuencia se proceda a la liquidación del pago de derechos adquiridos con la reducción del subsidio prenatal, natalidad y lactancia, incremento salarial gestión 2015 y vacaciones 2015.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Y ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

En consideración a los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

A este efecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo, ha establecido que el Recurso de Casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como Recurso de Casación en el fondo, Recurso de Casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274.3 del Código Procesal Civil (CPC), en tanto se cumplan los requisitos establecidos, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, no siendo suficiente la simple expresión de la voluntad de impugnar.

Es por ello que la forma de resolución del Recurso de Casación, dependerá del contenido de su formulación, pues si es interpuesto en la forma impugnando el error “in procedendo”, se entiende que la pretensión es la nulidad de obrados, en cambio cuando se interpone en el fondo impugnando el error “in judicando”, lo que se pretende es que el auto de vista se case, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

En este entendido, resulta pertinente resaltar que el recurso de casación no se constituye en una tercera instancia de revisión o una segunda apelación, toda vez que este Tribunal se encuentra limitado a examinar las cuestiones de derecho en el Auto de Vista, para determinar si a los hechos, tal cual están establecidos en la resolución recurrida, se les ha aplicado correctamente o no el derecho, pues la valoración de las pruebas es incensurable en casación, salvo que en el recurso se acuse y pruebe la existencia de error de hecho o de derecho en la misma, única posibilidad para que de manera excepcional se pueda revisar la valoración de la prueba identificada de manera clara y específica en el recurso, cumpliéndose con la regla que establece el art. 271-I de la Ley Nº 439 CPC.

En ese marco, revisado el recurso de casación, se advierte que la institución demandante interpuso recurso de casación en el fondo, acusando en su fundamentación al Tribunal de Alzada de valorar incorrectamente las pruebas presentadas en el proceso, incurriendo en error de hecho y de derecho en su apreciación, aspectos que hacen al fondo del proceso, por lo que se procederá a resolver conforme la norma dispone.

III.1. Del error de hecho  y de derecho en la apreciación de la prueba.

En virtud a que los agravios expuestos por el recurrente, refieren a la incorrecta o errónea valoración de diferentes pruebas en el proceso, acusando error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas invocadas, corresponde realizar las siguientes consideraciones de orden legal y jurisprudencial a efecto de verificar la veracidad de sus denuncias.

El art. 158 del Código Procesal del Trabajo, prevé: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.”

Al respecto, es oportuno precisar que la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y reiterada por este Supremo Tribunal de Justicia en diversas resoluciones, ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 1286 del CC y art. 397 del CPC-1975, estableciéndose específicamente que en materia laboral, los jueces y tribunales de instancia, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de las pruebas, debiendo formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que rigen la sana crítica, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o persigan un fin prohibido por la ley, pues el proceso laboral, tiene por objeto el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial, debiendo interpretarse en mérito a este criterio las disposiciones establecidas en los arts. 3 inc. j), 59, 50 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Por consiguiente, la valoración de las pruebas son incensurables en casación, salvo que en el recurso se acuse y pruebe la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, única posibilidad para que de manera excepcional se pueda volver a valorar la prueba identificada de manera clara y específica en el recurso, cumpliéndose la regla que establece el 271-I de la Ley Nº 439 CPC, que señala: “…cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”.

En este sentido, resulta pertinente considerar el criterio vertido por Pastor Ortiz Mattos, en su obra, “El Recurso de Casación en Bolivia”, cuando sobre el error de hecho y de derecho expresa: "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico"; y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto”.

III.2. Del error de hecho en la apreciación de la Resolución Nº 114/2016 de 28 de octubre de 2016.

El recurrente acusa la incorrecta valoración de la Resolución Nº 114/2016 de 28 de octubre de 2016, que habría rechazado la presentación del certificado de nacimiento del hijo de Edwin Celestino Piluy por haberse realizado de forma extemporánea, habiéndose considerado erróneamente esta prueba a efecto de otorgar el beneficio de subsidio prenatal, natalidad y lactancia. 

Revisados los antecedentes del proceso, se evidencia que en primera instancia los demandantes a través de su apoderado, presentaron memorial cursante de fs. 193 a 194 vta. en cuyo tenor principal observan y rechazan la prueba presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, señalando además en su Otrosí: “Adjuntamos copia del certificado de nacimiento del hijo del demandante Edwin Avini Piluy y del Decreto Supremo Nº 521.”; habiendo providenciado la Juez A quo este memorial mediante Decreto de 5 de octubre de 2016 (fs. 195) en el que además de instruir el traslado de la observación y rechazo de prueba, en relación al Otrosí dispuso: “Por adjuntadas las literales que indica.”, evidenciándose con ello, que la Juez A quo oportunamente admitió como prueba la copia del referido certificado de nacimiento.

Asimismo, de la revisión del contenido de la Resolución Nº 114/2016 se advierte que este analiza y resuelve la observación y rechazo de la prueba alegada por los demandantes, sin referirse en ningún momento en su parte considerativa al certificado de nacimiento presentado de forma adjunta al mismo memorial como prueba, habiendo resuelto en su por tanto, rechazar la observación a la prueba de contrario efectuada por la parte demandante mediante memorial de fs. 193 a194, y no así el rechazo de la prueba adjuntada en dicho memorial como argumenta el recurrente, resultando en consecuencia falsa la denuncia de error en la apreciación de la prueba, toda vez que no se tiene dispuesto en ningún actuado judicial el rechazo del certificado de nacimiento del hijo del demandante Edwin Avini Piluy por haberse realizado de forma extemporánea, no existiendo óbice alguno para que este sea considerado como prueba  por la autoridad jurisdiccional al momento de determinar la procedencia del subsidio prenatal, natalidad y lactancia.

III.3. Del error de derecho en la apreciación de los contratos de consultoría en línea.

Reclamando la inobservancia del artículo 453 del CC que prevé que: “El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos; tácito, si resulta presumible de ciertos hechos o actos.”, el demandado acusa la errónea valoración de los contratos de consultoría en línea de Paulino Alcon Llusco, Edwin Celestino Avini Piluy, Adelio Edwin Ortiz y Advierta Julia Condori Zapata, que fueron desestimados en la Sentencia y el Auto de Vista por no encontrarse firmados por los actores, alegando que los demandantes habrían otorgado su consentimiento de forma tácita al haber hecho efectivo el cobro de la suma pactada en dichos contratos.

Al respecto, resulta menester considerar que el esquema y estructura de protección que la Constitución Política del Estado brinda al trabajo le otorga la calidad de un Derecho Fundamental y Garantía, encontrándose señalado en su art. 48  II. que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”; norma de la cual se desprenden los principios sobre los que el legislador constituyente sentó la protección del derecho al trabajo. De entre de ellos, el principio de la continuidad y estabilidad laboral, es el que -conforme la legislación y la doctrina en la materia- expresa que a la relación laboral se le atribuye la más larga duración imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador; asimismo, debe resaltarse que por este principio, se considera que toda relación laboral debe tener una duración más o menos permanente en el tiempo en función a la estabilidad que es requerida por todo trabajador para desarrollar en mejores condiciones su actividad de trabajo.

Bajo esta premisa y considerando que el consentimiento se constituye en  la manifestación de voluntad de las partes ante la concurrencia de la oferta y su aceptación, constituyéndose en uno de los requisitos esenciales para la formación del contrato, sin el cual este acto no puede nacer a la vida jurídica; debe entenderse que, en el ámbito laboral, el consentimiento manifestado por el trabajador en la suscripción del contrato laboral o en la aceptación de funciones, en los casos de designación, no se constituye en solo la aceptación del intercambio del trabajo por una determinada retribución económica, sino que implica la aceptación del trabajador de todo un régimen laboral, en el que deben encontrarse establecidas las condiciones de trabajo en las que se desarrollará la relación obrero patronal, como ser: horarios de trabajo, duración del tiempo de servicios, remuneración, cargo a ocupar, naturaleza del servicio, lugar donde se desarrollará el servicio, modalidad de contratación, entre otros. (art. 7 del RLGT)

En este marco, el hecho de que los demandantes hubieran realizado el cobro del importe establecido como remuneración en los contratos de consultoría individual en línea, no puede considerarse como una aceptación tácita del cambio en su modalidad de contratación, más aun cuando a través de estos contratos el empleador, vulnerando el principio de continuidad y estabilidad laboral, en perjuicio del trabajador, pretende excluirlos del régimen laboral y trasladar su relación con los trabajadores al ámbito administrativo; constituyéndose precisamente el hecho de que los trabajadores no hubieran suscrito los referidos contratos, una muestra de su rechazo al cambio en su modalidad de contratación, quienes además lo han manifestado de forma expresa en la demanda, donde acusan a esta documental de ser fraudulenta y no consentida, aspecto que no ha sido desvirtuado por el demandado, quien tampoco ha acreditado que estos tengan su origen en procesos de contratación de bienes y servicios, conforme lo establecido en el DS Nº 181, a los que los trabajadores se hubieran sometido voluntariamente, incumpliendo con el principio de inversión de la prueba.

En este sentido, se evidencia que no existe error de derecho en la valoración de los contratos de consultoría individual en línea, presentados como prueba de descargo por el ente demandado, ya que no resulta aplicable el art. 453 del CC en este caso, por no existir suficientes elementos que acrediten la manifestación tácita del consentimiento de los trabajadores sobre los referidos contratos, para que estos puedan ser considerados válidos por la autoridad jurisdiccional; consiguientemente, resulta legal la determinación del incremento salarial y vacaciones de la gestión 2015 a favor de los demandantes, establecidos en Sentencia por la Juez A quo y confirmados en el Auto de Vista por el Tribunal Ad quem, no existiendo vulneración a los derechos constitucionales del debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, como infundadamente manifiesta el recurrente.

En consecuencia, al no ser evidentes el error de hecho y de derecho acusados en el recurso de casación, corresponde fallar conforme lo establecido en el art. 220. II del Código Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 285 a 289, interpuesto por Mario Vaquiata en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, contra el Auto de Vista Nº 217/2017 de 27 de septiembre de 2017 emitido por la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario del abogado profesional de la parte actora en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.