TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 327

Sucre, 14 de junio de 2019


Expediente                        : 259/2018

Demandante                : Enrique Enríquez Guzmán

Demandado                : Sindicato Mixto de Transportistas “16 de julio

                                 KAMI”

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento                : Cochabamba

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 85 a 86 vta., interpuesto Guido Cortéz Canaviri, representado por Marlon Fredy Zambrana Torrico y Edwin René Tapia Rojas, impugnando el Auto de Vista 056/2017 de 24 de mayo, cursante de fs. 81 a 82 vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso por pago de beneficios sociales seguido por Enrique Enríquez Guzmán contra el Sindicato Mixto de Transportistas “16 de Julio” KAMI, representado por el recurrente; el Auto de 4 de mayo cursante a fs. 89  que concedió el recurso de casación; el Auto de 12 de junio de 2018 de fs. 97, que admitió el señalado recurso; los antecedentes del proceso; y

I.        ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del departamento de Cochabamba, pronunció la Sentencia 54/2014 de 26 de junio, cursante de fs. 51 a 53, que declaró probada en parte la demanda de fs. 25 a 26 y 29, en lo que respecta al pago de beneficios sociales de desahucio, indemnización y derechos laborales de vacaciones, aguinaldo y pago de salario devengado, conminando al Sindicato Mixto de Transportistas “16 de Julio” KAMI, representado por Guido Cortéz Canaviri, que dentro de tercer día de ejecutoriada la Sentencia, pague a favor de Enrique Enríquez Guzmán, la suma correspondiente a la liquidación efectuada, de Bs. 12.569,79 (doce mil quinientos sesenta y nueve 79/100 bolivianos), debiendo en ejecución de sentencia, aplicarse lo dispuesto por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista

En grado de apelación deducido por Guido Cortez Canaviri, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 056/2017 de 24 de mayo, que confirmó la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Argumentos del recurso de casación

El recurrente, por intermedio de sus representantes legales, manifiesta que el Auto de Vista impugnado, contiene interpretaciones erróneas y aplicación indebida de ley, además de errores de hecho y de derecho, por los siguientes motivos:

a) Recurso de casación en la forma

Alega que nunca fue citado al proceso y la fotocopia simple de la cédula judicial con la que supuestamente le notificaron, no tiene valor legal; empero, no fue considerado de esa manera por el Tribunal de alzada; además que le notificaron como representante del Sindicato Mixto de Transportistas “16 de Julio KAMI”, en el domicilio de la Av. Albina Patiño esq. Constantino Morales, correspondiente a la ubicación del señalado Sindicato; sin embargo, al no ser suyo el referido domicilio, y siendo que nuca fue directivo del referido Sindicato, no pudo tener conocimiento de la demanda para contestar u oponer excepciones.

La demanda por pago de beneficios sociales, está dirigida contra el Sindicato Mixto de Transportistas “16 de Julio KAMI”, entre los que se encuentra Elías Zárate Franciscano, que coincide con la copia del Acta de elección y posesión cursante en obrados, lo que ratifica que su persona no fue notificado con la demanda.

Finalmente, sin fundamento alguno, la Resolución impugnada hace referencia a la excepción de impersonería, siendo que en ningún momento planteó dicha figura legal.

b) Recurso de casación en el fondo

Citado el Auto Supremo (AS) 445/2014 de 15 de agosto y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0112/2012, refiere que el Auto de Vista recurrido, no tomó en cuenta que, en materia laboral se debe aplicar los principios ético morales por la jerarquía de la Norma Suprema, por lo que no es admisible que una persona que dice ser trabajador, pueda demandar por simple capricho.

Asimismo, la aludida Resolución desconoció que la demanda se instauró el 13 de febrero de 2014, es decir, un mes después de la posesión del nuevo Directorio del Sindicato, por lo que mal podía el demandante acusar desconocimiento de sus miembros.

Por otro lado, omitieron considerar el art. 110 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y la documentación acompañada que acredita que su persona, no tiene capacidad para ser demandado en la presente causa; consiguientemente, resulta procedente la impersonería alegada, toda vez que el demandante debió dirigir su acción, contra quien supuestamente lo contrató; es decir, contra el Sindicato Mixto de Transportistas “16 de Julio KAMI”.

Petitorio

En base a lo expuesto, concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con la demanda al representante legal del señalado Sindicato de transporte, por la evidente violación de normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, así como de garantías constitucionales.

II.        FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES APLICADOS AL CASO CONCRETO

En consideración de los argumentos expuestos por la entidad recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; bajo ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

1) En cuanto al recurso de casación en la forma

La parte recurrente, acusa que no habría sido citada con la demanda por pago de beneficios sociales incoada por Enrique Enríquez Guzmán, y que sin embargo, la fotocopia de la cédula judicial, señala que le notificaron en calidad de representante del Sindicato Mixto de Transportistas “16 de Julio KAMI”, en un domicilio distinto al suyo y sin que su persona fungiera como directivo del referido Sindicato; por lo que, al no tener conocimiento de dicha demanda, no pudo contestar u oponer excepciones.

Al respecto corresponde previamente puntualizar que, el Tribunal Supremo de Justicia, en observancia de los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos inherentes a las nulidades procesales, superando la antigua concepción que consideraba la nulidad procesal como el simple alejamiento de las formalidades o la existencia de un vicio procesal, en resguardo de las formas establecidas por la ley procesal, ha considerado que en definitiva debe resaltarse la protección de las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio, justificando las nulidad procesal, solo en los casos en la que una situación de injusticia, no pueda ser remediada de algún otro modo, a fin de que las partes en conflicto, hagan valer sus derechos en el marco del debido proceso y en condiciones de igualdad, ante un juez natural y competente, siempre y cuando ese estado de indefensión no sea atribuible a la parte que reclama dicha nulidad, así lo establece en cuanto a las causales de casación, de manera clara el art. 271.II del Código Procesal Civil en vigencia (CPC), que prevé: “En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal de infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores”; postura que de ninguna forma implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación, entre otros.

Así, la jurisprudencia constitucional en cuanto a las nulidades procesales, se ha referido a través de reiterados fallos, verbigracia  la SCP 0876/2012 de 20 de agosto y complementado el razonamiento en la SCP 0376/2015-S1 de 21 de abril de 2015; en esta última se estableció presupuestos específicos para la procedencia de la nulidad de los actos procesales exponiendo el siguiente criterio: “En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: …el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.

Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer la resolución”.

En ese sentido, en aplicación del principio de trascendencia, la nulidad se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y restablezca los derechos procesales que pudieron haberse lesionado.

Por otra parte, de acuerdo al principio de convalidación, toda nulidad se convalida por el consentimiento, si no se observa en tiempo oportuno, operándose la preclusión del acto, lo que significa que si la parte que se creyere afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados.

En ese contexto, de la revisión de obrados se observa que si bien el demandante inicialmente dirigió su demanda por cobro de beneficios sociales contra cuatro miembros del directorio del Sindicato de Transportistas “16 de julio KAMI”; mediante un posterior memorial, alegando que los mencionados ya no eran miembros de dicha directiva, dirigió la demanda contra Guido Cortez Canaviri -ahora recurrente-, en su condición de dirigente del aludido Sindicato, señalando como domicilio para efectos de su notificación, la sede de la señalada asociación.

En mérito a lo anterior, el juez de la causa, ordenó la notificación del ahora recurrente, quien al no haber sido encontrado en el domicilio señalado, fue notificado mediante cédula judicial (fs. 38); empero, pese a ello, no respondió a la demanda, prosiguiendo la causa en su rebeldía, respecto a lo cual también consta notificación cedularia (fs. 42); emitiéndose posteriormente Sentencia, que declaró probada en parte la demanda. 

Ahora bien, el demandando, al haber sido notificado con la demanda, bien pudo responder a la misma, y desvirtuar los argumentos expresados en ella; sin embargo, pese a su legal notificación no lo hizo y dejó que prosiguiera la causa, y se dictara sentencia. Al respecto, el art. 124 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en cuanto al término para la contestación de la demandada, refiere que: “…el Juez dará traslado de ella al demandado con cinco días de término para contestarla, acompañando copia de la misma y apercibimiento de que si no la contesta dentro del término, el proceso seguirá en los estrados del Tribunal. La falta de contestación constituye un grave indicio en contra del demandando”.

Sin embargo, el demandado, se apersonó al proceso apelando la sentencia de primera instancia, indicando que su persona era simplemente socio del referido Sindicato de transporte, y que no le correspondía soportar las obligaciones laborales que se habrían generado entre la entidad y el demandante, puesto que el es simplemente socio, y que por ello, no sería justo ni correcto pretender imponerle tal carga social.

Respecto a lo anterior, es importante tener en cuenta ciertos aspectos; por ejemplo, que el demandante no justificó su falta de apersonamiento y contestación a la demanda, pues si el consideraba que la demanda estaba interpuesta contra persona que no contaba con legitimación pasiva, debió interponer los mecanismos que la ley prevé; al respecto, el art. 127 CPC, establece que el procedimiento social, sólo admiten las excepciones: “a) Previas: de incompetencia, impersonería, conexitud de causas e imprecisión o contradicción en la demanda; y, b) Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada”. Por su parte, el art. 128 del mismo cuerpo normativo, establece de manera textual que: “Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda acompañando prueba preconstituida”; empero, no ocurrió de la forma señalada,  deviniendo en consecuencia, la preclusión del derecho del demandado, principio procesal entendido como el efecto de extinguir el derecho a realizar un acto procesal, tanto por prohibición legal, por haber dejado pasar la oportunidad de realizarlo o bien por ejecutar otro incompatible con aquél, que impide además su regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados, de tal forma que concluida la oportunidad procesal para realizar ese acto, y al no haberlo hecho, ha precluído este derecho, conforme lo señala el art. 3 inc. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo.

En base a lo señalado, y de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional precedentemente citada, en el caso presente no concurren los presupuestos necesarios para la nulidad de obrados, por cuanto: i) El recurrente no ha demostrado el perjuicio personal directo que le habría causado el proceso, toda vez que si bien el demandado es Guido Cortéz Canaviri, lo es en representación del Sindicato Mixto de Transportistas “16 de julio KAMI”, como tampoco acreditó no ser el representante de dicho sindicato “sector flotas”; ii) Nunca estuvo en estado de indefensión; al contrario, fue notificado con la demanda y demás actuados procesales, en el domicilio del referido sindicato, no siendo creíble que no hubiera tenido conocimiento de la misma, máxime si en el memorial de recurso de casación admite ser socio del referido Sindicato; iii) No existe perjuicio cierto, concreto, real, grave y demostrable; por el contrario, lo que existe es el deber de cumplir con las obligaciones provenientes de la ruptura de la relación laboral entre en referido Sindicato de transporte y el demandante; iv) El vicio procesal no fue reclamado en el término establecido por ley y en la etapa procesal correspondiente; y, v) Al no haber expuesto su reclamo de manera oportuna, se entiende convalidado todo lo obrado en el proceso. Todo ello sumado a que no demostró de forma alguna, haber sido privado de oponer los medios de defensa oportuno; no siendo suficiente la invocación genérica a la lesión del derecho a la defensa, sino que se debe probar dicha vulneración de manera cierta; lo que en el caso de autos no ocurrió.

De todo lo expresado, se llega a la conclusión que en el caso presente, no existen infracciones que interesen al orden público, tampoco se advierte actos y actuaciones procesales que dejen en indefensión al recurrente o conculquen sus derechos, máxime si este dejó precluir su derecho y dio lugar a la convalidación de los actos, por lo que no corresponde dar cabida a la reclamación en esta instancia; aspectos que llevan a este Tribunal a concluir que la determinación de los de alzada, de confirmar la Sentencia, fue correcta; correspondiendo por ello, declarar infundado el presente recurso de casación en la forma, toda vez que no existe fundamento suficiente que avale la nulidad impetrada por el recurrente.

b) Respecto al recurso de casación en el fondo

El recurrente alega que el Tribunal de alzada omitió considerar el art. 110 del CPT, y la documental adjunta que acredita que su persona no tiene capacidad para ser demandando; consiguientemente, resultaría procedente la impersonería alegada, dado que el  demandante debió dirigir su acción, contra quien supuestamente lo contrató; es decir, contra el Sindicato Mixto de Transportistas “16 de Julio KAMI”; al margen de ello, no se aplicaron los principios ético morales por jerárquica de la Norma Suprema, no siendo admisible que el trabajador demande por simple capricho.

Sobre el particular, el art. 110 del CPC, citado como vulnerado, refiere: “Toda empresa tendrá un representante legal. Las personas jurídicas comparecerán en juicio por medio de él, apoderados generales, especiales o convencionales según el caso”. En ese entendido, la presente demanda fue interpuesta, contra el Sindicato Mixto de Transportistas 16 de julio KAMI”, en la persona de su representante Guido Cortez Canaviri, por lo tanto, no se advierte donde radicaría la infracción de la referida norma, pues incluso la parte resolutiva de la Sentencia, ordena al referido Sindicato, representado por el demandado, pague los beneficios sociales que le corresponden al trabajador demandante, pero en su calidad de representante, y no como persona natural individual; por lo tanto, las obligaciones corresponden ser asumidas por el sindicato en su conjunto, y no de manera individual por Guido Cortez Canaviri; en base a ello, no se advierte vulneración de la norma citada.

Por otro lado, respecto a la falta de aplicación de los principios ético morales, corresponde manifestar que dicha afirmación resulta carente de fundamento, más bien cargada de subjetivismo, resultando ser un criterio personal del recurrente el señalar que no es admisible que una persona que dice ser trabajador, demande por simple capricho, sin cumplir con la carga procesal de fundamentar tal afirmación, pues no puede este Tribunal suponer las pretensiones del recurrente al interponer el recurso de casación, lo que impide otorgar al recurrente una respuesta suficiente.

Sobre el particular, a mayor abundamineto, el recurrente se encuentra obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, no siendo suficiente la simple cita de normas legales, la relación de los hechos que se dieron a lo largo del proceso o verter criterios personales, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa.

No obstante, es preciso recordarle al recurrente que la Constitución Política del Estado, refuerza la protección al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador trabajador, a través de principios protectores en sus reglas: in dubio pro operario, de la condición más beneficiosa y de la norma más favorable, así como los de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de inversión de la carga de la prueba, de primacía de la realidad y de no discriminación, previstos en el art. 48 de la Norma Suprema; resaltando en particular -en el caso de autos- el de inversión de la carga de la prueba, pues de acuerdo a dicha regla, es el empleador quien tiene la obligación de desvirtuar lo acusado por el demandante, lo que no ocurrió en el caso presente, dado que el ahora recurrente, pese a su notificación con la demanda, no respondió a la misma dentro del plazo previsto por ley, no hizo uso de los mecanismos legales de defensa, y mucho menos presentó prueba que refute lo demando; sumado ello a que, de acuerdo a lo establecido en el art. 3 inc. j) del Código Procesal del Trabajo (CPT), de libre apreciación de la prueba, de acuerdo al cual, el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad, conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios que rigen la materia y con la facultad otorgada por el art. 158 del adjetivo laboral, que prevé la libertad del juez de formar libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, de acuerdo a las circunstancias relevantes del caso y a la conducta procesal observada por las partes, no estando en consecuencia sujeto a la tarifa legal de las pruebas.

De todo lo expresado y lo alegado por la parte recurrente, se concluye que no es evidente que la Resolución impugnada, vulnere alguna norma procesal, o que confluyan en ella, presupuestos que den lugar a la nulidad de obrados, entendiéndose claramente las razones que llevaron al Tribunal que la emitió, a confirmar la Sentencia de primera instancia; motivo por el que corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la CPE y 42.I numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 85 a 86 vta., interpuesto por interpuesto Guido Cortéz Canaviri, por intermedio de sus representantes legales Marlon Fredy Zambrana Torrico y Edwin René Tapia Rojas, contra el Auto de Vista 056/2017 de 24 de mayo, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.