TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 324

Sucre, 14 de junio de 2019

Expediente                  : 229/2018

Demandante                   : Richard Jhonny Delgadillo Sejas

Demandado                    : Cervecería Boliviana Nacional S.A.

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 244 a 249, interpuesto por Richard Jhonny Delgadillo Sejas, contra el Auto de Vista N° 261/2017 de 22 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 238 a 240; dentro de proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por el recurrente contra la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) S.A.; el Auto de 24 de abril de 2018, que concedió el recurso (fs. 252); el Auto de 29 de mayo de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación (fs. 260); los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

El Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció la Sentencia Nº 117/2015 de 8 de junio, de fs. 137 a 141, declarando probada en parte la demanda; reconociendo al demandante una indemnización de Bs.72.866, menos el monto ya pagado por la empresa (Bs. 55.245,48); correspondiendo que la CBN S.A. pague en favor del actor la suma de Bs.17.620,52 (diecisiete mil seiscientos veinte 52/100 bolivianos); más la multa establecida en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

Juan José Pimentel en representación de la CBN S.A., interpuso recurso de apelación, de fs. 143 a 146; y Richard Jhonny Delgadillo Sejas, formuló recurso de apelación de fs. 149 a 153; resueltos por el Auto de Vista 261/2017 de 22 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 238 a 240; revocando la Sentencia emitida en primera instancia, declarando improbada la demanda.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, Richard Jhonny Delgadillo Sejas, formuló recurso de casación, exponiendo lo siguiente:

1.- El Tribunal de apelación, aplicó erróneamente el art. 3 del D.S. Nº 522 de 22 de mayo de 2010, que establece un procedimiento propio para el pago de quinquenios; forzando la interpretación de esta normativa y supeditándola al art. 11 del D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, norma de 61 años atrás; desconociendo el sueldo total percibido en julio de 2013, que se acredita con la boleta de pago de fs. 5, para efectuar el cálculo del sueldo promedio indemnizable, en la suma de los tres últimos salarios; debiendo tomarse en cuenta el pago total, como realizó correctamente el Juez de la causa.

El Auto de Vista como otro referente normativo, señaló al D.S. 19464 de 15 de marzo de 1983, que regula el bono de producción, afirmando que este no debe ser afianzado al salario, y complementa su posición citando el art. 58 del D.S. Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, que exceptúa el bono de producción a la consolidación del sueldo básico, contrariando las previsiones de los art. 48-II de la CPE y 4 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; desconociéndose el D.S. Nº 522, que establece el procedimiento para el pago de quinquenios.

2.- Existe errónea aplicación de la RM 302/2014, como de la RM 839/14, que reglamentan el incremento salarial establecido para el año 2014 y  el pago del segundo aguinaldo de la misma gestión; por haberse determinado que por la condición de supervisor de producción, no le corresponden estos pagos, desconociendo los preceptos constitucionales 13-I y 14-II, que prevén que los derechos deben ejercerse sin discriminación alguna, son inviolables y progresivos; correspondiéndole el pago por estos conceptos.

3.- Se confunde el bono de producción, con la prima anual; la cual está relacionada con la obtención de utilidades; pero, el bono de producción contrario a lo afirmado por el Tribunal de alzada, es un derecho adquirido y su pago puede ser mensual, en periodos mayores o en forma anual, como se desprende del art. 3 del D.S. 19518, norma de la cual, solo se analizó el primer artículo, que define conceptualmente el bono de producción, sin haberse ingresado a considerar su art. 3 que regula esta bonificación de manera detallada; que no exige, a diferencia de la prima anual, los estados financieros o la obtención de utilidades; debiendo cancelarse el bono de producción por la gestión 2014.

Petitorio.

Solicita se “revoque” el Auto de Vista recurrido, y se ratifique su derecho al re cálculo de su quinquenio 2008-2013, aplicando el D.S. Nº 522; reconociéndose también, el incremento salarial, el segundo aguinaldo y bono de producción de la gestión 2014.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver en base a los fundamentos siguientes:

En materia laboral existen principios que enmarcan la tramitación de todos los procesos sociales, que no solo están establecidos en la norma procesal ateniente a la materia, sino que fueron elevados a rango constitucional a partir de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009, con la finalidad de proteger al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, previstos en el art. 48-II de la CPE: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; por los cuales, el Estado a través de las autoridades, que imparten justicia, no se basa necesariamente en la paridad jurídica, sino, en la favorabilidad del trabajador; como sostiene la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, respecto de este principio: “Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador.

Esta favorabilidad debe ser armonizada con la equidad procesal, de ningún modo supone una parcialización en favor del trabajador; debiendo tomarse en cuenta también la verdad material, principio procesal establecido en nuestra norma suprema en su art. 180; asumiendo también, que en materia laboral, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, y puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme a lo dispuesto por los arts. 3 inc. j) y 158 del CPT, aplicando los principios atenientes a la materia, como la sub regla del principio protector, la “condición más beneficiosa” para el trabajador, que debe ser materializada en las determinaciones asumidas, estableciéndose la medida que sea más favorable al trabajador, cuando se efectué la valoración de la prueba por parte del administrador de justicia; y ante la falta de una prueba idónea que desvirtúen las pretensiones de la demanda, se aplica las presunciones previstas en el art. 182 del CPT, al ser obligación del empleador la carga probatoria conforme prevén los arts. 3 inc. h),  66 y 150 del CPT.

En este marco se pasa a resolver las infracciones acusadas por el recurrente:

1.- El D.S. Nº 522 de 22 de mayo de 2010, regula el procedimiento para el pago obligatorio del quinquenio en el sector privado, a requerimiento de la trabajadora o el trabajador; el art. 3-III de esta norma, prevé: “La base de cálculo para el pago del o los quinquenios consolidados, será el promedio del total ganado de los tres (3) últimos meses anteriores a la solicitud de pago, estableciendo en forma clara que el sueldo promedio para tal efecto, es el resultado del total ganado en los últimos tres meses a la solicitud del trabajador; decreto supremo, que en las consideraciones para su promulgación señala la necesidad de tener un procedimiento para realizar estos pagos conforme a los alcance de la Constitución vigente.

Por otro lado, el art. 11 del D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, reza: “El sueldo o salario indemnizable comprenderá el conjunto de retribuciones en dinero que perciba el trabajador incluyendo comisiones y participaciones, así como los pagos por horas extraordinarias, trabajo nocturno y trabajo en días feriados siempre que unos y otros invistan carácter de regularidad dada la naturaleza del trabajo que se trate.

El sueldo o salario indemnizable no comprenderá los aguinaldos y primas anuales establecidos por Ley, ni los bagajes, viáticos y otros gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo”, determinándose, que conceptos ingresan a  formar parte del salario percibido, para efectuar el cálculo del sueldo promedio indemnizable, señalando en forma expresa los pagos que se exceptúan.

El art. 1 del D.S. Nº de 19464 del 15 de Marzo de 1983, señala: “Se define al bono de producción como una remuneración adicional, por un esfuerzo productivo también adicional, destinado a superar una determinada meta de producción. Este bono deberá ser pagado al margen del sueldo o salario y en ningún caso podrá ser consolidado a éste.

Conforme a esta normativa, el Tribunal de alzada determinó revocar la Sentencia de primera instancia, asumiendo que el bono de producción no puede formar parte del sueldo para el cálculo del sueldo promedio indemnizable; pero debe tener se presente que, con la finalidad de concretar la norma sustantiva de la materia con los alcances de la Constitución Política del Estado de 2009, se promulgó el D.S. Nº 522, para establecer un procedimiento de pago de los quinquenios, que en su art. 3-III, en forma expresa señala que se debe considerar el total ganado de los últimos tres meses, no determinándose en esta norma que conceptos se incluye o se excluyen para efectuar el cálculo; el art. 11 del D.S. Nº 1592, en su última parte, excluye los aguinaldos, primas anuales, bagajes, viáticos y otros gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo, sin especificar al “bono de producción”; pero, el art. 1 del D.S: Nº 19464, afirma que este bono, debe ser cancelado al margen del sueldo, sin que sea consolidado al mismo, en un ningún caso.

Si bien, debe aplicarse los principios instituidos en nuestra Constitución, la favorabilidad y condición más beneficiosa para el trabajador, en la aplicación normativa y su interpretación; no se puede desconocer normativa vigente, donde se prevé en forma expresa las características del “bono de producción”, que no puede estar consolidado al salario, no existiendo duda de la disposición legal o dar lugar a otra  interpretación, al ser precisa; norma que si bien data de muchos años atrás, goza la presunción de constitucionalidad y validez, en aplicación del art. 4 del Código Procesal Constitucional.

Sin embargo; más allá de la conclusión arrimada, la prueba valorada por el Tribunal de alzada para revocar la Sentencia, la papeleta de pago de fs. 5 y de fs. 48, no señala en forma expresa un pago por “bono de producción”, como se afirmó en el Auto de Vista; en la papeleta se indica “otros”, no existiendo otra prueba idónea que haga concluir que ese pago fue efectuado por ese concepto; y cuando se efectúa la valoración de la prueba en la materia, en caso de duda, debe aplicarse el principio de favorabilidad para el trabajador, como correctamente se hizo por el Juez de la causa; por lo cual, no acredita con la papeleta de pago referida, correspondiente al mes de julio de 2013, que el pago efectuado en la referencia “otros”, sea por concepto de “bono de producción”, en consecuencia de conformidad al art. 3-III del D.S. Nº 522, deben tomarse en cuenta para el cálculo del pago del quinquenio reclamado, el total pagado en mayo, junio y julio del 2013, conforme manifiestan las papeletas de pago de fs. 3, 4 y 5; como adecuadamente se determinó en Sentencia.

2.- La RM Nº 302/2014 de 8 de mayo, que reglamenta el incremento salarial dispuesto en el D.S. Nº 1988 de 1 de mayo de 2014, en su artículo segundo parágrafo III, señala: “El incremento no es obligatorio para el personal de la empresa o institución privada que ocupe cargos de: presidentes, vicepresidentes y miembros de directorios; directores, ejecutivos, gerentes, subgerentes, directores generales, directores y subdirectores ejecutivos; o de cargos de igual jerarquía, que tengan un nivel salarial acorde al cargo asignado; por otro lado, la RM Nº 839/14 de 5 de diciembre de 2014, que reglamenta el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” gestión 2014, en su artículo segundo parágrafo III, prevé: “Al ser el objeto del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” beneficiar principalmente a las trabajadoras y los trabajadores que no perciben salarios elevados y en procura de evitar la exclusión social y económica, el pago no es obligatorio para el personal de la empresa o institución privada que ocupe cargos de presidente, vicepresidente y miembros de directorio: director ejecutivo y sub director ejecutivo, gerente, sub gerente, director general, o de cargos de igual jerarquía que tengan un nivel salarial acorde al cargo asignado.

En ese marco, al haber ocupado el actor el cargo de “supervisión de producción”, la CBN S.A., no estaba obligada a incrementar el salario para la gestión 2014, por el cargo que desempeñaba el demandante; como tampoco, de cancelar el segundo aguinaldo denominado “Esfuerzo por Bolivia”, en la misma gestión; por que conforme los reglamentos que regulan estos pagos, desarrollados en el párrafo precedente, para los cargos jerárquicos de dirección, supervisión o similares, la cancelación del segundo aguinaldo y el incremento salarial de la gestión 2014, es opcional, no resulta obligación para el empleador efectuar dichos beneficios; en tal razón, la aplicación de la reglamentación de estos pagos, no genera discriminación ni vulnera los arts. 13-I y 14-II de la CPE; menos se puede alegar que esta normativa contradice a estos preceptos constitucionales; además que este Tribunal no tiene competencia para determinar esos aspectos, que deben ser dilucidados en la vía constitucional, con los mecanismos  previstos por Ley; por lo expresado no se encuentra fundamento valido, en la infracción acusada en este punto.

3.- Primero debe tenerse en cuenta, que el Tribunal de apelación en ningún momento hace referencia a la prima anual, en el entendido de que no es materia del litigio, como tampoco el Juez de la causa; el recurrente reclama el “bono de producción o de excedente”, por la gestión 2014, en la apelación que interpuso contra la Sentencia, por ello, el Tribunal de alzada, efectúa un análisis al respecto determinando que el A quo realizó una correcta valoración de las normas aplicables sobre este reclamo, no dando curso al agravio sostenido por el demandante.

La prima anual, se encuentra regulada por los arts. 57 de la LGT y 48 a 51 del DR-LGT, normativa que sufrió constantes modificaciones a través de decretos supremos o decretos ley; entre ellos, Decreto Ley Nº 6 de 27 de diciembre de 1943, la Ley de 18 de diciembre de 1944 reglamentada por el D.S. Nº 229 de 21 de diciembre de 1944, Ley de 22 de noviembre de 1945, Ley de 11 de junio de 1947, D.S. Nº 909 de 2 de octubre de 1947, Ley de 26 de octubre de 1949, D.S. Nº 1906 de 26 de enero de 1950 y D.S. Nº 3691 de 3 de abril de 1954; compilado normativo del que finalmente se extrae que la prima anual constituye una remuneración o pago adicional adquirida por los trabajadores, en reconocimiento a un esfuerzo adicional que se refleja en las utilidades obtenidas por la empresa; consiguientemente, constituye una gratificación para el trabajador y una carga inexcusable para el empleador, correspondiendo destinar a la empresa, al fin señalado, el 25% del total de sus utilidades, siempre y cuando el balance general de la gestión comercial o fiscal, aprobado legalmente establezca la existencia de utilidades, entendiéndose entonces, que la obligación de los empleadores queda exenta al acreditar debidamente la inexistencia de utilidades.

Por otro lado, el derecho reclamado en el presente proceso, el “bono de producción” es una remuneración adicional que supone un esfuerzo también adicional, destinado a superar una meta en la producción, concertada entre la empresa y los trabajadores o sindicato, cuya condición de pago está sujeta a rebasar la meta o límite de producción operativo previamente programado y concertado con los trabajadores; es decir, que su cumplimiento se encuentra sujeto a convenios; responde a un dictamen de auditoria externa a efecto de establecer los excedentes financieros e informe de las operaciones que certifiquen la cantidad producida con referencia al Programa Operativo Anual, respecto a otros.

El D.S. N° 19464 de 15 de marzo de 1983, en su art. 1 define al bono de producción como: “…una remuneración adicional, por un esfuerzo productivo también adicional, destinado a superar una determinada meta de producción. Este bono deberá ser pagado al margen del sueldo o salario y en ningún caso podrá ser consolidado a éste, por su parte, el D.S. Nº 19518 de 22 de abril de 1983, aclara que en su art. 1 que el bono de producción no se encuentra consolidado al sueldo, y en su art. 3, ampliando la definición señala: “El bono de producción, definido como una remuneración adicional por un esfuerzo productivo también adicional, supone una meta productiva también adicional, supone una meta productiva concertada entre la empresa y el sindicato, tomando en cuenta las peculiaridades del respectivo centro de trabajo. Esta meta de producción debe estar garantizada por la parte patronal, suministrando los equipos y materias primas necesarios al buen funcionamiento del sistema productivo; y por la parte laboral, mediante un esfuerzo productivo normal y una asistencia regular a la fuente de trabajo.

Se establece el principio de proporcionalidad para el pago del bono de producción, o sea que éste debe ser remunerado porcentualmente sobre el sueldo o salario en la misma medida en que la producción rebase la meta establecida. Por ejemplo: si la producción supera la meta en un 10 %, éste será el porcentaje del bono de producción calculado sobre la base del sueldo o salario.

De la normativa citada, se establece que el bono de producción no es un beneficio consolidado, sino se encuentra condicionado a: 1) La existencia de un acuerdo justo, real y previo entre el empleador y el sindicato, a falta de este último, entre el empleador y el trabajador; y, 2) El real cumplimiento de las metas productivas acordadas.

Por lo tanto, este bono no es un derecho adquirido, porque depende de que la meta de producción sea mayor a la de anteriores gestiones, que de no superarse, no permite se cubra dicho bono; además, debe ser concertado entre el empleador y trabajador, comprometiendo su pago si se superan las metas propuestas; solo resulta obligatorio cuando existiendo consenso se sobrepasó la meta trazada, constituyéndose en un derecho para el trabajador; mientras tanto está sujeto a la voluntad del empleador, sin que se constituye en una obligación sino en un incentivo para el trabajador.

Al respecto el Auto Supremo Nº 248 de 22 de agosto de 2016, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, señaló: “conforme señala el art. 1 del citado decreto supremo, concordante con los Decretos Supremos (DD.SS.) Nº 19463 art. PRIMERO, 19464  art. 1 (ambos de 15 de marzo de 1983), 21060 de 20 de agosto de 1985 art. 58, consiguientemente, éste debe ser pactado entre el trabajador y el empleador, aspecto que no se advierte del contrato de trabajo (…) Por lo señalado, al no formar parte de los derechos consolidados del salario, el bono de producción, y ante la evidencia de un contrato en el que no se pactó pago adicional alguno, se tiene que no se cumplieron las condiciones para que dicho beneficio le sea reconocido al trabajador, criterio que también fue sostenido en el Auto Supremo Nº 874 de 2 de diciembre de 2015, emitido por esta Sala.

Aclarado este aspecto, no se evidencia en los fundamentos del Auto de Vista, que exista una confusión por parte del Tribunal de alzada, entre el “bono de producción” y la prima anual, como afirma el recurrente; por lo cual, no resulta fundada la infracción acusada.

En mérito a lo expuesto y encontrándose fundado uno los motivos traídos en casación, respecto a la obtención del sueldo promedio indemnizable, para efectuar el pago del quinquenio reclamado; corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista 261/2017 de 22 de noviembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 238 a 240; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Sentencia Nº 117/2015 de 8 de junio, de fs. 137 a 141.

Sin costas. Sin multa, por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-