TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 322

Sucre, 14 de junio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                        : 230/2018

Demandante                : Oscar Cueto Acebedo

Demandado        : Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”

Materia        : Laboral (Beneficios sociales)

Distrito                        : Chuquisaca

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA: El recurso de casación cursante de fs. 75 a 77 vta., interpuesto por el Gral. Brig. Gherson Osvaldo Peñaloza Cordova en representación legal de la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, que impugna el Auto de Vista Nº 238/2018 de 12 de abril de fs. 64 a 66, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral sobre beneficios sociales, seguido por Oscar Cueto Acebo contra el recurrente; contestación de fs. 80 a 82; Auto de fs. 83, que concede el recurso; Auto de fs. 89 y vta. que admite el recurso; los antecedentes procesales, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 063/2017 de 21 de agosto

Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emite la Sentencia Nº 063/2017 de 21 de agosto, cursante de fs. 40 a 43, que declara probada en parte la demanda, sin costas; ordenando a COSSMIL, el pago de Bs175.800,76.- (ciento setenta y cinco mil, ochocientos 76/100 bolivianos), por concepto de indemnización, con un promedio indemnizable de Bs7.824,96.- (siete mil, ochocientos veinticuatro 96/100 bolivianos) y vacaciones, más actualización y multa del 30% conforme al Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que se calificará en ejecución de Sentencia.

Auto de Vista Nº 238/2018 de 12 de abril

Interpuesto el recurso de apelación por COSSMIL (fs. 46 a 52), la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 238/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 64 a 66, confirma la Sentencia impugnada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

El Gral. Brig. Gherson Osvaldo Peñaloza Cordova en representación legal de COSSMIL, interpone recurso de casación en el fondo contra el Vista Nº 238/2018 de 12 de abril, con los siguientes argumentos:

1. No corresponde el pago de beneficios sociales. Oscar Cueto Acebedo trabajó como médico traumatólogo en la Agencia Regional COSSMIL de Sucre y presentó su renuncia el 4 de octubre de 2016; COSSMIL tiene como función y premisa la atención en los servicios de salud, constituyéndose en una responsabilidad del Estado, en procura de afianzarla como condición intrínseca o esencial de los servicios de salud que se traduzcan en la satisfacción de la población con la atención médica pronta y oportuna, sin agraviar los derechos de los funcionarios y personal que cumple funciones en la Corporación.

La característica fundamental de COSSMIL es la de brindar seguridad social militar a través de una atención médica ininterrumpida a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sus esposas, hijos y dependientes; además, preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y de su equilibrio presupuestario cuando se vean afectadas por las contingencias sociales y económicas previstas en la Ley Nº 11901, dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y en general promover el mejoramiento permanente de su nivel de vida; por lo que el demandante pretende confundir la buena fe del órgano jurisdiccional porque COSSMIL es una institución pública descentralizada dependiente del Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia; en consecuencia, no corresponde el pago de beneficios sociales.

En ese sentido, el art. 3.II y IV de la Ley Nº 2027, denominada Estatuto del Funcionario Público (EFP), establece que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Estatuto, los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas, autárquicas y descentralizadas, detallando que los dependientes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título V del Estatuto. Por su parte, el art. 2 del Decreto Ley Nº 07375 de 5 de noviembre de 1965, que aprueba el EFP, prevé que es funcionario público todo aquel que es investido por un cargo público creado por Ley y remunerado con fondos del Estado.

Además, el art. 123 de la Ley Nº 1405, denominada Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), determina que el Estado reconoce a favor del personal militar asegurado de las Fuerzas Armadas y sus beneficiarios, los derechos correspondientes a la Seguridad Social Integral y que la Seguridad Social Militar está organizada y administrada a través de COSSMIL, como institución pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión y régimen especial de aportes, conforme a su Ley específica y Reglamento; normativa concordante con el art. 6 del Decreto Ley Nº 11901 de 21 de octubre de 1974, de creación de COSSMIL.

2. No corresponde el pago del bono de antigüedad. Se ordenó el pago del 4% anual por concepto de antigüedad, sin considerar el hecho que COSSMIL ya pagó este bono en Bs.175.540.- (ciento setenta y cinco mil, quinientos cuarenta 00/100 bolivianos) en demasía, sin considerar que correspondía pagar sólo Bs25.364,22.- (veinticinco mil, trescientos sesenta y cuatro 22/100 bolivianos); en consecuencia, se debe restar lo ya pagado de lo pretendido en la demanda.

Petitorio.- El demandado solicita que se dicte Auto Supremo revocando el Auto de Vista Nº 238/2018 de 12 de abril impugnado y se declare improbada la demanda en todas sus partes.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Sobre el debido proceso

Consagrado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el debido proceso constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

Sobre el derecho al pago de beneficios sociales a favor de los trabajadores de COSSMIL

El art. 1 de la Ley General del Trabajo (LGT), dispone que dicha Ley, determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo; por su parte el art. 3.IV del Estatuto del Funcionario Público, modificado por la Ley Nº 2104 de 21 de junio de 2000, prevé que los Servidores Públicos dependientes de las Fuerzas Armadas y Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II “Servidor Público Ética Pública” y Título V “Declaración de Bienes y Rentas” del presente Estatuto; en consecuencia, los trabajadores de las Cajas de Salud se encuentran sujetos a las disposiciones de la LGT y su Decreto Reglamentario.

El Estado, cumpliendo su deber de proteger el capital humano del país, concretamente de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, mediante el Decreto Ley (DL) Nº 11901 de 21 de octubre de 1974, crea COSSMIL como Institución Pública Descentralizada, encargada de la gestión y aplicación de la Ley de Seguridad Social Militar, bajo tuición el Ministerio de Defensa Nacional, pero con orientación y coordinación técnica dentro del Sistema Boliviano de Seguridad Social, ejercida por el Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS); es decir, tenía bajo su administración la seguridad social de corto y largo plazo.

Por su parte, el art. 3 de la Ley Nº 2027, en cuanto al ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, en el parágrafo I, incluye a todos los servidores públicos que presten relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración; y en el II, incluye puntualmente a los que presten servicios en las entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas; sin embargo, en el parágrafo IV, textualmente señala: “Los Servidores Públicos dependientes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título V del presente Estatuto”; en concreto, ésta normativa hace referencia, Título II “Servidor Público”, Capítulo III “Ética Pública” y el Título V “Declaración de Bienes y Rentas”; lo que nos lleva a concluir que, si bien COSSMIL es una Institución Pública Descentralizada, es también una institución que administra la seguridad social de corto plazo; ya que desde la Ley de Pensiones Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, a partir del 1 de mayo de 1997, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se encargan de la administración de la seguridad social de largo plazo (jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales); en consecuencia, aplicando la exclusión expresa del art. 3.IV de la citada Ley Nº 2027, COSSMIL se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LGT.

Sobre el cálculo del bono de antigüedad

La antigüedad laboral está definida como el conjunto de derechos y beneficios que el trabajador tiene en la medida en que se presta servicios cronológicamente continuos, a favor de un empleador específico; al efecto, la permanencia y continuidad se determina a partir del momento en que comienza a prestarse de manera efectiva el servicio.

El art. 60 del DS Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, prevé que, en sustitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad, se otorga una nueva escala única aplicable a todos los sectores laborales, aclarando así el DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, que la base para el cálculo del bono de antigüedad debe ser sobre el salario mínimo nacional mensual; esta normativa es concordante con el art. 3 del DS Nº 26450 de 18 de diciembre de 2001.

Adicionalmente a la normativa y fundamentos expuestos precedentemente, la interpretación de las normas en materia social debe partir del principio de inversión de la carga de la prueba, previsto en los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y los arts. 48 de la CPE y 4 de la LGT, con la aplicación del principio de protección con sus tres sub reglas: In dubio pro operario, condición más beneficiosa y norma más favorable.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

La controversia en el presente caso, radica en determinar si el Auto de Vista Nº 188/2017-SSA-I de 30 de agosto, cursante de fs. 153 a 154 vta., aplicó correctamente las normas y los principios vinculados a la valoración de la prueba para determinar el pago del desahucio, indemnización y el tiempo de trabajo y el consiguiente reconocimiento del pago de beneficios sociales y derechos laborales en el monto establecido, al momento de confirmar la Sentencia Nº 247/2016 de 4 de noviembre, cursante de fs. 120 a 127.

Conforme se tiene expresado en el análisis precedente y de la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que:

1. Sobre el derecho al pago de beneficios sociales del demandante

Respecto al argumento expuesto en sentido que no corresponde el pago de ningún beneficio social  a favor del demandante, por estar comprendido en el campo de aplicación del art. 3.II del Estatuto del Funcionario Público, por haber prestado servicio en COSSMIL, como institución pública descentralizada, conforme a la normativa desglosada precedentemente, art. 1 de la LGT, art. 3.IV del EFP, modificado por la Ley Nº 2104, la creación de COSSMIL mediante DL Nº 11901, como Institución Pública Descentralizada y el art. 3.IV de la Ley Nº 2027, en cuanto al ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, si bien COSSMIL es una Institución Pública Descentralizada, también es una institución que administra la Seguridad Social de corto plazo y con la Ley de Pensiones Nº 1732, a partir del 1 de mayo de 1997, la AFP se encarga de la administración de la seguridad social de largo plazo (jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales), por lo que en aplicación de la exclusión legal contenida en el citado art. 3.IV de la Ley Nº 2027, que señala que los Servidores Públicos dependientes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, estarán solamente sujetos al Capítulo III (Ética Pública), del Título II (Servidor Público) y al Título V (Declaración de Bienes y Servicios) de dicho Estatuto, se concluye que COSSMIL se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo; en consecuencia, corresponde el pago de beneficios sociales a favor del ahora demandante.

2. Sobre el bono de antigüedad

En el marco señalado precedentemente, el demandado está en obligación de reconocer el pago del bono de antigüedad del demandante, desde septiembre de 1995, hasta noviembre de 1996, considerando para ello los salarios mínimos nacionales mensuales que se encontraban vigentes en cada periodo reclamado; ahora bien, en el presente caso se advierte que, durante todo el periodo reclamado, el actor percibió el pago del bono de antigüedad, inclusive por un monto superior al señalado legalmente, porque el cálculo se hizo no sobre el salario mínimo nacional mensual, sino sobre el salario básico mensual; empero, ésta situación, de cálculo para el pago del bono de antigüedad entregado al ex trabajador ahora demandante, de forma mensual y durante más de 20 años, es atribuible únicamente al empleador y bajo ningún concepto puede generar un perjuicio al trabajador a momento del pago de sus beneficios sociales.

Además, resulta necesario considerar el contenido del art. 65 del CPT que, dada la naturaleza del presente proceso, determina que en los mismos no se admite reconvención o pretensión específica alguna por la parte demandada, salvo en los casos en que el demandante sea el empleador, situación que no acontece en el presente caso; en consecuencia, la petición de COSSMIL, de descontar el monto de dinero del bono de antigüedad pagado sobre el cálculo del salario básico mensual, al monto total establecido a pagar por concepto de beneficios sociales, pagado mensualmente al trabajador bajo responsabilidad exclusiva del mismo demandado, resulta inviable.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal Ad quem no incurrió en vulneración alguna y no es evidente la infracción acusada en el recurso de casación, por lo que corresponde aplicar el art. 220.II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, INFUNDADO el recurso de casación en el fondo formulado por el Gral. Brig. Gherson Osvaldo Peñaloza Cordova en representación legal de la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”; sin costos y costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.