TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 319

Sucre, 14 de Junio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                    : 224/2018

Demandante                 : Miguel Ángel Vargas Castellón

Demandado                   : Universidad Pública de El Alto 

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 228 a 229, interpuesto por Franklin Reynaldo Rodríguez Coarite, en representación de Miguel Ángel Vargas Castellón, impugnando el Auto de Vista Nº 229/17 de fecha 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 223 a 225, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra la Universidad Pública de El Alto (UPEA); el Auto de fs. 231 que concede el recurso de casación; el Auto Supremo de fs. 239 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Jueza Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de El Alto, pronunció la Sentencia N° 213/2016 de fecha 30 de septiembre, cursante de fs. 197 a 203, declarando PROBADA en parte la demanda, determinando que el demandado proceda al pago de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE 44/100 BOLIVIANOS (Bs.- 259.099,44) a favor de Miguel Ángel Vargas Castellón, por concepto de indemnización, vacación, aguinaldo de navidad y aguinaldo esfuerzo por Bolivia, más multa y actualización de valor establecidos en el D.S. N° 28699.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado a fs. 205 y vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 229/17 de fecha 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 223 a 225, que REVOCA en parte la Sentencia apelada, determinando que el demandado proceda al pago de CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 93/100 BOLIVIANOS (Bs.- 109.956,93) a favor de Miguel Ángel Vargas Castellón, por concepto de indemnización, vacación, aguinaldo de navidad y aguinaldo esfuerzo por Bolivia, más multa y actualización de valor establecidos en el D.S. N° 28699.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandante Miguel Ángel Vargas Castellón, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo cursante a fs. 239 y vta., de fecha 28 de mayo de 2018, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en la forma, el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado vulnera las disposiciones legales vigentes, bajo los siguientes argumentos:

Solamente se realiza una relación de hechos, sin ningún tipo de fundamento jurídico, por lo que, al adolecer de falta de fundamentación limita al actor para objetar el fondo del fallo asumido, por contener simplemente un relato de hechos y meras deducciones.

Incurre en error de hecho y de derecho en la falta de apreciación de los fundamentos expuestos por el demandante y la prueba documental presentada, pues deduce que el actor ha prestado servicios en dos estamentos distintos, sin tomar en cuenta que mientras ejercía como Rector de la UPEA, también continuaba ejerciendo el cargo de docente universitario, como se verifica en las boletas de pago, en las cuales de igual manera, se evidencia el salario promedio indemnizable, dejando de lado inclusive los principios protectores del derecho laboral.

Igualmente indica que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) no goza de los mismos derechos laborales que otro trabajador, basando éste extremo solamente en una deducción que realiza por tratarse de un cargo jerárquico, sin considerar que de acuerdo con el art. 26 del Estatuto Orgánico de la UPEA, la máxima instancia de decisión es la Asamblea Docente Estudiantil, por lo que se puede evidenciar la existencia de estos aspectos que carecen de fundamentación legal.

Por lo tanto, pide anular el Auto de Vista recurrido en base a los argumentos expuestos, por carecer de fundamentación y análisis jurídico, debiendo emitirse nuevo Auto de Vista debidamente motivado y fundamentado.

Por su parte, el demandante, habiendo sido legalmente notificado, no ejerce su derecho a contestar el recurso.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La Ley 025 del Órgano Judicial, con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16 establece lo siguiente: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el Código Procesal Civil (CPC), Ley 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que rigen la administración de justicia conforme prevé la Constitución Política del Estado (art. 180), entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez,  y accesibilidad, que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley 025 y arts. 105 al 109 del CPC).

Por lo tanto, en referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado; es decir, que tenga incidencia en el derecho al debido proceso en su elemento defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que, el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades.

Precisamente por ello, es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho; y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

La normativa laboral es clara en referencia a los requisitos que debe cumplir la Sentencia, así como el Auto de Vista. Es así que tenemos el art. 202.a) y b) del C.P.T. que indican:La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados y constará de una parte considerativa y otra resolutiva, y se dictará conforme a las reglas siguientes: a) En la parte considerativa se indicará el nombre de las partes, la relación suscinta de la acción intentada y los puntos materia de la controversia. En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamente. Se hará referencia a las pruebas que obren en los hechos. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso. b) En la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno de los conceptos a que se refiera el auto de prueba previsto en el Artículo de este Código bajo responsabilidad”.

Por otra parte, de acuerdo con el mandato del art. 252. del mismo cuerpo legal, debemos aplicar el art. 218. del C.P.C., el cual en su parágrafo primero expresa: “El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente”.

El CPT en los arts. 3.h), 66 y 150, define y norma el principio de inversión de la prueba, pues en materia laboral corresponde al empleador demostrar, con todos los medios probatorios establecidos, haber actuado correctamente y bajo las disposiciones laborales vigentes, siendo el responsable de la carga probatoria; de lo que interpretamos que, para el trabajador será suficiente denunciar hechos, resultando facultativo presentar pruebas que considere necesarias, mientras que, para el empleador resulta obligatorio demostrar con pruebas fehacientes los extremos denunciados por ese trabajador o las consideraciones propias de defensa.

Textualmente estos artículos del CPT señalan: artículo 3.h) “Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador”, artículo 66 “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes” y artículo 150 “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los argumentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

Los autos de vista pronunciados dentro de un proceso laboral, deben dar cumplimiento estricto a lo normado por el art. 218. del CPC aplicable por mandato del 252 del CPT, considerando una relación sucinta del problema jurídico y los puntos controvertidos a resolver, en el caso concreto se refiere a los agravios denunciados por la parte apelante, haciendo referencia a los hechos comprobados en base a las pruebas aportadas por los litigantes, citando las normas legales que se consideren aplicables al caso, fundamentando adecuadamente el razonamiento aplicado para asumir el decisorio, basados en el análisis fáctico y jurídico que se realiza de la causa.

Revisados los antecedentes procesales en base a la denuncia que realiza el recurrente, concretamente revisando el Auto de Vista recurrido, se verifica que el Tribunal Ad-quem diferencia dos estamentos distintos en los cuales desarrolló actividades laborales el actor, como Docente y como Rector de la UPEA, pero no aclara los periodos de trabajo en cada cargo, pues de acuerdo con la denuncia del recurrente, se desarrollaron los dos trabajos al mismo tiempo; por otra parte, realiza una afirmación indicando que el cargo de Rector se equipara a la MAE de una institución pública, por lo que, no le permite gozar de derechos laborales como cualquier otro trabajador dependiente, ni percibir el pago por beneficios sociales, al tratarse de un cargo jerárquico, sin motivar ni fundamentar jurídicamente dicha aseveración, sólo se remite al Estatuto Orgánico de la UPEA para revelar que se excluye del campo de aplicación de dicho Reglamento al Rector y haciendo una analogía jurídica interpreta que tampoco le corresponderían beneficios sociales, sin considerar que la discusión jurídica central refiere a que si al actor, en su condición de Rector de la UPEA, le corresponde estar amparado por la LGT o no, compulsa que no se realizó.

Para la determinación del salario promedio indemnizable, se remite a los estados de ahorro provisional cursantes a fs. 20 y 21 de obrados, tomando como los últimos 3 meses a promediar diciembre de 2013, enero y febrero de 2014, meses anteriores a la posesión del demandante como Rector, sin embargo, más adelante para valorar el tiempo de servicios y la causal de retiro, fundamenta su decisorio en la carta de renuncia del actor al cargo de docente, fs. 29, misma que data de fecha 29 de junio de 2015, lo que resulta totalmente incoherente e incongruente, pues no puede calificar de diferente manera la misma prueba, ya que al tomar en cuenta la carta de renuncia, también debería considerarse la fecha de la misma y no así, como se revela en el Auto de Vista recurrido, que se la considera válida para rechazar el pago del desahucio reclamado por el actor, pero no para calcular el salario promedio indemnizable ni el tiempo de servicios prestados, supuestamente como docente, pero tomando como salario promedio indemnizable un monto diferente para el cargo de Rector hasta mayo de 2015.

Por último, en el punto “desarrollo a la apelación de la parte demandante”, fs. 224 vta., manifiesta de manera textual: “…por cuanto el actor no ha demostrado consistentemente el adeudo por este concepto con prueba suficiente…”, desconociendo absolutamente el principio de inversión de la prueba, instituido constitucionalmente en el art. 48.II de la CPE, y los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, por el cual se entiende que para el trabajador será necesario simplemente argumentar violaciones a la normativa laboral para tomarlas como ciertas, correspondiendo al empleador desvirtuar todos los extremos que se denuncian, con el ejercicio de todos los medios probatorios que la ley le franquea, esto para equilibrar la asimetría de poder existente entre empleadores y trabajadores, aclarando que se le otorga igualmente al trabajador la posibilidad de presentar la prueba que considere conveniente, lo que no representa obligatoriedad.

Por lo tanto, resultando evidente la denuncia planteada por el recurrente, corresponde que el Tribunal Ad-quem realice una motivación y fundamentación jurídica precisa en su decisorio, coherente y congruente con los argumentos que pretende valorar al considerar el fondo de los puntos denunciados como agravios en los recursos de apelación, pues al no existir la fundamentación ni motivación requerida como requisito formal en el Auto de Vista, no podrán existir argumentos casacionales que permitan impugnar dicha resolución y por tanto tampoco abrir la competencia del Tribunal de Casación para considerar los supuestos perjuicios ocasionados, hecho que vulnera el derecho al debido proceso, tomando en cuenta que el recurso de casación se considera como una demanda nueva de puro derecho.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del CPC (2013), aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el Auto de Vista N° 229/17 de fecha 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 223 a 225 inclusive, debiendo la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictar nueva resolución, considerando los requisitos establecidos en el art. 202 del Código Procesal del Trabajo, tomando en cuenta las consideraciones expresadas, no siendo un error excusable, se impone una multa a los Vocales suscribientes de Trescientos bolivianos.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.