TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 317

Sucre, 14 de Junio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                    : 216/2018

Demandante                 : Jorge Luis Flores Chavarría

Demandado                   : Universidad Mayor de San Simón  

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : Cochabamba

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 135 a 137 vta., interpuesto por la Universidad Mayor de San Simón, representada por Magdalena Fernández Gutiérrez, Asunción Verónica Rus Ledezma y Norma López Quiroz, quienes actúan en calidad de apoderados legales de Juan Alfonso Ríos Del Prado, impugnando el Auto de Vista Nº 071/2017 de fecha 14 de junio, cursante de fs. 124 a 126, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Jorge Luis Flores Chavarría contra el recurrente; el Auto de fs. 143 vta. que concede el recurso de casación; el Auto Supremo de fs. 151 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia N° 65/2014 de fecha 22 de agosto, cursante de fs. 88 a 90, declarando PROBADA en parte la demanda, determinando que el demandado proceda al pago de DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 12.685,00) a favor de Jorge Luis Flores Chavarría, por concepto de aplicación de la multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699, más actualización de valor a ser cuantificada en ejecución de sentencia.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado a fs. 95 y vta., ratificada con memorial cursante de fs. 105 a 106, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 071/2017 de fecha 14 de junio, cursante de fs. 124 a 126, que CONFIRMA en su totalidad la Sentencia apelada.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Universidad Mayor de San Simón, representada por Magdalena Fernández Gutiérrez, Asunción Verónica Rus Ledezma y Norma López Quiroz, quienes actúan en calidad de apoderados legales de Juan Alfonso Ríos Del Prado, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo cursante a fs. 151 y vta., de fecha 23 de mayo de 2018, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado violenta la normativa legal establecida, bajo los siguientes argumentos:

Se sanciona erróneamente el pago de la multa del 30% y actualización en UFV´s establecidas en el D.S. N° 28699, violentando lo establecido en los arts. 117, 118, 121, 122 y 202 del CPT y 190 del CPC, pues el demandante no pide en la demanda el pago de la multa como tal, pronunciándose en instancias de manera ultra petita, por lo tanto, no corresponde su pago, teniendo además que los beneficios sociales fueron cancelados oportunamente.

Los demás argumentos del recurso no se pueden considerar, por no contener fundamentos casacionales relevantes que afecten al fondo de la causa, ni las formalidades legales exigidas.

Por su parte, el demandante habiendo sido legalmente notificado, contesta el recurso, fs. 140 a 142, pidiendo se declare infundado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La normativa laboral boliviana establece varios principios en favor de los trabajadores, los cuales gozan de primacía constitucional, por lo tanto, son de aplicación preferente sobre cualquier otro tipo de normativa interna, lo cual se refleja también en lo que respecta a los beneficios laborales que corresponden a los trabajadores, como bien establece el art 48 de la CPE.

Al amparo de estos principios protectores, se promulga el D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006, que ratifica en su art. 4 la vigencia plena de los principios del derecho laboral y establece en el art. 9 las obligaciones que debe cumplir el empleador en el caso de la ruptura laboral, referido al pago de los beneficios sociales, en el entendido de que éstos son necesarios para la subsistencia del trabajador y su familia hasta que consiga un nuevo trabajo, de ahí deviene la importancia y necesidad en el pago pronto y oportuno de los beneficios sociales, por lo cual se establece el pago de una multa ante el incumplimiento.

Textualmente el art. 9 del D.S. N° 28699 expresa: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.

II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor. (negrillas y subrayado añadidos)

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los argumentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

Se indica que no debería pagarse la multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699, como tampoco correspondería la actualización de valor en UFV´s, por considerarse que el demandante no pidió en la demanda su pago, lo que se considera como un pronunciamiento ultra petita en instancias, teniendo en cuenta además que se pagó oportunamente los beneficios sociales.

En primer lugar, está claramente determinado que el trabajador dejó la fuente laboral en fecha 24 de octubre de 2012, como indica en su demanda y corrobora el demandado en el memorial de contestación a la demanda; así también, se puede evidenciar a fs. 66 y vta., el pago de los beneficios sociales que corresponden al actor, con el respectivo finiquito cursante en original, mismo que permite evidenciar que los pagos se hicieron efectivos en fecha 28 de julio de 2014, casi 2 años después de la ruptura de la relación laboral.

Lo que corresponde analizar es si dicho finiquito libera al empleador del pago de la multa del 30%, pues el demandado, además del argumento del cumplimiento en el pago de los beneficios sociales, indica que no se pidió en demanda la aplicación de la multa por el incumplimiento en el pago de los beneficios sociales, sin embargo, cursan a fs. 20 y 67, dos memoriales presentados por el actor, en los cuales se exige de manera expresa el pago de la multa y actualización de valor establecidos en el art. 9 del D.S. N° 28699, por lo que este Tribunal entiende que solamente se trata de argumentos dilatorios, que no resultan ser evidentes, como tampoco se considera que en instancias se haya resuelto de manera ultra petita como indica el recurso casacional, pues son derechos irrenunciables del trabajador, que han sido exigidos en el momento procesal oportuno.

En lo que refiere al finiquito cancelado, se debe comprender que la multa del 30% y la actualización de valor establecidos en el art. 9 del D.S. 28699, representan una sanción que se impone al empleador por el incumplimiento en el pago oportuno de los beneficios sociales, puesto que, se establece un plazo de 15 días para el pago de los beneficios sociales, con la finalidad de otorgarle al trabajador cesante, medios que le permitan la manutención de la familia hasta que pueda conseguir una nueva fuente laboral.

En consecuencia, el demandado al haber realizado el pago de beneficios sociales casi 2 años después de haberse retirado el trabajador, debe asumir su responsabilidad por el incumplimiento, considerando este Tribunal que no se debe generar al trabajador situaciones que le imposibiliten recibir el pago de sus beneficios sociales de manera oportuna, siendo la sanción aplicar el pago de la multa establecida, más la actualización de valor, como bien interpretó el Tribunal Ad-quem como el A-quo.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 135 a 137 vta., interpuesto por la Universidad Mayor de San Simón, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 071/2017 de fecha 14 de junio, cursante de fs. 124 a 126.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.