TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 310

Sucre, 14 de junio de 2019

Expediente                  : 226/2018

Demandantes                   : Wilfredo Quispe Alanoca y otros

Demandados                    : Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, a fs. 263, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto, representado por Carmen Soledad Chapetón Tancara en su condición de Alcaldesa, a través de su apoderado Alfredo Quintin Titirico Cahuaya contra el Auto de Vista N° 14/2018-SSA-I de 31 de enero, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 244; dentro de proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Wilfredo Quispe Alanoca, Javier Villalba Huanca, Víctor Chura Quispe y Francisca, contra la entidad recurrente; el memorial de respuesta, de fs. 266 a 267; el Auto 99/18 SSA-I de 11 de abril de 2018, que concedió el recurso (fs. 268); el Auto de 28 de mayo de 2018 (fs. 277), por el cual se declara admisible el recurso de casación; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

La Juez Primera de Trabajo y Seguridad Social de El Alto, pronunció la Sentencia Nº 76/2017 de 4 de mayo, de fs. 212 a 218, declarando probada en parte la demanda; disponiendo que el GAM de El Alto, cancele a favor de Wilfredo Quispe Alanoca la suma de Bs.26.322,82- (veintiséis mil trescientos veintidós 82/100 bolivianos); a favor de Javier Villalba Huanca la suma de Bs.15.755,92 (quince mil setecientos cincuenta y cinco 92/100 bolivianos); a favor de ctor Chura Quispe la suma de Bs.25.890,49.- (veinticinco mil ochocientos noventa 49/100 bolivianos); y a favor de Francisca Vallejos la suma de Bs.22.417,65.- (veintidós mil cuatrocientos diecisiete 65/100 bolivianos); por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en la Sentencia; más la multa y reajustes establecidos en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, a liquidarse en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.

El GAM de El Alto, formuló recurso de apelación, a fs. 220; resuelto por el Auto de Vista 14/2018-SSA-I de 31 de enero, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 244; confirmando la Sentencia emitida en primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el GAM de El Alto, formuló recurso de casación, señalando lo siguiente:

EL GAM de El Alto, cumplió con el pre-aviso de retiro de los trabajadores demandantes, en aplicación del art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), ante la imposibilidad de dar continuidad a sus servicios, por la reducción del presupuesto a los gobiernos municipales; debiendo aplicarse al caso, la modulación realizada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1262/2013 de 1 de agosto, que señaló que el trabajador despedido con pre-aviso, puede asentir la desvinculación o representarla, pero cuando sea aceptada corresponderá el pago de los beneficios sociales, exceptuando el desahucio; por lo cual, no debe reconocerse la cancelación de este beneficio, como erróneamente fue determinado por los de instancia.

Petitorio.

Solicita se “dicte nueva Sentencia” sin el pago del desahucio.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el en base a los fundamentos siguientes:

Este Tribunal de Justicia, no puede ingresar a analizar si es evidente o no, la vulneración de una norma que quedó apartada del ordenamiento jurídico del Estado, mediante la SCP Nº 0009/2017 de 24 marzo, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la LGT; precepto alegado en el recurso de erróneamente interpretado, por no haberse efectuado por los de instancia, los alcances establecidos en la SCP Nº 1262/2013 de 1 de agosto, para la aplicación del indicado precepto, respecto de la desvinculación con un pre-aviso, sin causa justificada.

No puede desconocerse, esta determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, así lo determinan los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE): “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP): “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; y, 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo): “I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.

Así también, el art. 78 del CPCo, respecto a los efectos de la Sentencia de la acción de constitucionalidad abstracta, en su parágrafo II inciso 2), determina: “La inconstitucionalidad de una norma tendrá valor de cosa juzgada y sus fundamentos jurídicos serán de carácter vinculante y general; en ese entendido, este Tribunal de ninguna manera puede considerar las modulaciones efectuadas en la aplicación del art. 12 de la LGT, por la SCP Nº 1262/2013 de 1 de agosto, cuando esta norma fue expulsada de la legislación nacional, al considerársela inconstitucional; siendo esta, la única infracción del recurso, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, con la permisión de la norma prevista en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto, representado por Carmen Soledad Chapetón Tancara en su condición de Alcaldesa, a través de su apoderado Alfredo Quintin Titirico Cahuay, a fs. 263; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista 14/2018-SSA-I de 31 de enero.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-