TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 309

Sucre, 14 de junio de 2019

Expediente                  : 233/2018

Demandantes                   : Armando Javier Flores Huanca

Demandados                    : “Club Nocturno OPUS”

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 114 a 116, interpuesto por Javier Alarcón Mattos en su condición de propietario del “Club Nocturno OPUS”, contra el Auto de Vista N° 12/18 de 12 de enero de 2018, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 109; dentro de proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Armando Javier Flores Huanca contra el recurrente; el memorial de respuesta, de fs. 118 a 119; el Auto Nº 153/2018 SSA-III de 14 de mayo, que concedió el recurso (fs. 119 vta.); el Auto de 1 de junio de 2018 (fs. 127), por el cual se declara admisible el recurso de casación; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

La Juez Segunda de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 232/2015 de 8 de octubre, de fs. 73 a 77, declarando probada la demanda; disponiendo que el “Club Nocturno OPUS”, cancele a favor del actor la suma de Bs.44.300,51- (cuarenta y cuatro mil trescientos 51/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en la Sentencia; incluida la multa establecida en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, monto que deberá ser actualizado de acuerdo a Ley, en ejecución de sentencia.

En conocimiento de la Sentencia, el demandante solicitó aclaración, complementación y enmienda, a fs. 83; la Juez emitió el Auto Complementario de 4 de enero de 2016, a fs. 84; enmendando que, en la Sentencia se consignó la Ley de 18 de diciembre de 1994, siendo lo correcto 1944.

Auto de Vista.

Javier Alarcón Mattos en representación del “Club Nocturno OPUS”, formuló recurso de apelación, de fs. 80 a 81; resuelto por el Auto de Vista N° 12/18 de 12 de enero de 2018, por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 109; confirmando la Sentencia emitida en primera instancia.

El demandante notificado con esta determinación, solicitó aclaración, complementación y enmienda, a fs. 110; el Tribunal de alzada emitió el Auto Complementario Nº 115/2018 de 9 de abril, de fs. 111; complementando la otorgación de costas, ante la confirmación de la Sentencia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el “Club Nocturno OPUS” a través de Javier Alarcón Mattos, formuló recurso de casación, exponiendo lo siguiente:

1.- Existe error en la valoración de la prueba, respecto de la Escritura Pública Nº 116/2007 de 16 de abril (fs. 46 a 47); porque se determinó equívocamente un tiempo de servicios de 8 años y 14 días (del 20 de abril de 2006 al 4 de mayo de 2014), pese a que por este documento, se demostró que la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada “Club Nocturno OPUS”, data del 13 de abril de 2007, fecha desde la cual empezó la relación laboral con el actor; en tal razón, solo acumuló un tiempo de servicios de 7 años, 21 días; vulnerándose el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en cuanto a la valoración probatoria, así como el principio de verdad material previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

2.- No corresponde el pago de aguinaldo de todas las gestiones; primero, el “Club Nocturno OPUS”, comenzó a funcionar el 13 de abril de 2007, hecho que desacredita la pretensión del demandante, que señala haber trabajado desde el 20 de abril de 2006; y segundo, conforme a lo previsto en el art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT), los derechos se extinguen en el término de dos años de haber nacido, por lo cual, solo corresponde el aguinaldo de las dos últimas gestiones 2013 y 2014. Por otro lado, la Sentencia hace referencia a la Ley  de 18 de noviembre de 1994, que nada tiene que ver con el pago de aguinaldo, sino prevé el mandamiento de apremio en materia familiar y social.

3.- No se valoró las pruebas testificales de fs. 59, 61 y 63, que demuestran que el demandante solo trabajaba viernes y sábado, violando lo previsto en el art. 169 del CPT, que establece que hace fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares; habiéndose otorgado por los de instancia, un sueldo promedio indemnizable alejado de la realidad.

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo se reconozca un tiempo de servicios de 7 años y 21 días, un sueldo promedio indemnizable por el trabajo viernes y sábado, el pago de aguinaldo solo de las gestiones 2013 y 2014.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el en base a los fundamentos siguientes:

1.- La materia laboral es distinta a las otras, conforme a los principios en los cuales se apoya su normativa sustantiva y se enmarca la tramitación de los procesos sociales; protegiendo al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador; previstos en el art. 48-II de la Constitución Política del Estado (CPE), por los cuales, el Estado a través de las autoridades, que imparten justicia, no se basa necesariamente en la paridad jurídica, sino, en la favorabilidad del trabajador; afirmando la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, respecto de este principio: “Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador.

Empero, esta favorabilidad debe ser armonizada con la equidad procesal, de ningún modo supone una parcialización en favor del trabajador; no puede otorgarse al trabajador bajo este principio, aspectos irracionales o fuera del margen de lo posible, debiendo tomarse en cuenta también la verdad material, principio procesal establecido en el art. 180 de la ley fundamental, que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales.

En el caso de autos, el “Club Nocturno OPUS” presentó prueba de descargo, entre la cuales está la Escritura Pública Nº 116/2007 de 16 de abril, cursante de fs. 46 a 47, documento mediante el cual, se acredita la fecha de constitución de la empresa demandada, como una sociedad de responsabilidad limitada; con lo cual,  contradice la afirmación del demandante, de haber trabajado para el “Club Nocturno OPUS”, desde abril de 2006, puesto que la empresa demandada, se inició el 13 de abril de 2007, entonces no es coherente reconocer en favor del demandante, tiempo de trabajo anterior a esta fecha, solo con base de la presunción de favorabilidad que rige en la materia, por haberse desacreditado con prueba idónea de descargo.

Si bien, el nuevo escenario constitucional, contiene una mayor protección de los derechos del trabajador; también, una de las prioridades de la justicia, es la búsqueda de la verdad material, debiendo primar en las autoridades jurisdiccionales, razonamientos que permitan garantizar una efectiva y eficaz justicia material, garantizada por nuestra norma suprema, infiriendo al respecto la SCP 1093/2013 de 16 de julio: “En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, (…) al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales… (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

Conforme a lo expuesto, el valor superior «justicia» obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones… (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre)”.

En ese entendido, teniendo presente la protección reforzada en favor del trabajador; se debe realizar y profundizar un análisis de cada controversia particular, de modo que permita al juzgador, arribar a una conclusión fáctica lo más cercana posible a la verdad histórica de los hechos (verdad material), para luego aplicar a ella la norma correspondiente; de tal modo, como señala la sentencia constitucional plurinacional antes indicada, se debe efectuar un proceso justo, teniendo como objetivo la realización de la justicia material, sin apartarse de los principios que rigen la materia; analizado bajo este razonamiento el caso, el demandado en base a la Escritura Pública Nº 116/2007 de 16 de abril, cursante de fs. 46 a 47, desvirtuó la fecha de inicio de la relación laboral sostenida por el actor.

2.- Para resolver el reclamo efectuado en este punto, respecto de la prescripción de los derechos sociales y beneficios sociales, se debe tener en cuenta que el art. 120 de la LGT, señala: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido ellas, pero, tomando en cuenta que a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, por mandato de su art. 48-IV los beneficios y derechos sociales son imprescriptibles, siendo de aplicación preferente la Constitución ante otra disposición normativa, conforme lo dispone el art. 410-II de esta ley fundamental; por lo que, antes de la vigencia de la actual norma suprema, que data del 7 de febrero de 2009, se aplicaba el art. 120 del sustantivo laboral, en ese entendido, la lógica jurídica y la jurisprudencia determinó que en los casos en que el cómputo de los 2 años se haya cumplido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, se aplicará lo dispuesto por el art. 120 de la LGT y el art. 163 de su Decreto Reglamentario, pero si este cómputo de 2 años no llegó a concluir, este plazo se interrumpe por mandato de la Constitución, que determina la imprescriptibilidad de estos derechos; afirmando y sentando esta posición los Autos Supremos Nº 302 de 22 de agosto de 2012 y Nº 334 de 28 de agosto de 2012, de la Sala única de esa gestión, entre otros Autos Supremos que siguieron esa línea, señalando el primero que: “En referencia a la extemporaneidad de la demanda, toda vez que se habría consolidado la prescripción en la gestión 2010, cabe señalar previamente, que producida la desvinculación entre el trabajador y su empleador de forma anterior a la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, independientemente que dicha desvinculación se haya originado de forma intempestiva por despido o por retiro voluntario del trabajador, queda aperturado el cómputo del plazo de 2 años establecido por el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, en concordancia con el artículo 163 de su Decreto Reglamentario, para reclamar las acciones y derechos fruto de la relación laboral.  Sin embargo, si el cómputo del plazo de los 2 años no llegó a su término antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, dicho plazo se interrumpe en cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV de su artículo 48, que dispone ...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles..., es decir que por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, siendo que la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al encontrar contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el artículo 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado.

En este orden, al haber entrado en vigencia la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, y estando previsto en el art. 120 del sustantivo laboral, la prescripción de los derechos laborales, en un término de 2 años a partir de su nacimiento, si este término no se cumpliere antes de entrar en vigencia la nueva Constitución, se interrumpe para dar aplicación a la imprescriptibilidad establecida en nuestra norma suprema; por lo que, debe entenderse que los derechos sociales nacidos antes del 7 de febrero de 2007, se extinguen conforme a lo establecido en el art. 120 de LGT, si no fueron reclamados oportunamente; pero, los derechos que nacieron después de esa fecha, son imprescriptibles.

En el caso de autos, debe procederse a la cancelación de los derechos sociales determinados; porque, conforme se determinó al resolver el anterior punto y como afirmó en su recurso el  “Club Nocturno OPUS”, el actor  inició su relación laboral el 13 de abril de 2007, cuando los derechos y beneficios que se puedan generar en una relación laboral, alcanzaron la cualidad de imprescriptibilidad, conforme se explicó en el anterior párrafo; correspondiendo, el pago del aguinaldo como se determinó en instancia, con la modificación afectada al tiempo de servicios, conforme se desarrolló en el análisis del primer punto del recurso.

3.- El art. 169 del CPT, señala: “Hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares, pero las atestaciones de descargo mencionadas, cursantes a fs. 59, 61 y 63, no pueden ser determinantes para definir el horario de trabajo del demandante; solo afirman que “eventualmente lo veían viernes y sábados”, que “no saben si trabajaba o si iba todos los días”; no pudiendo solo estas afirmaciones determinar la jornada laboral del actor; cuando el juzgador en la materia, no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, y puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando además en cuenta para ello, el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, conforme a lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del CPT, y en aplicación de los principios atenientes a la materia, como la sub regla del principio protector, la condición más beneficiosa” para el trabajador, que debe ser materializada en las determinaciones asumidas conforme a derecho, estableciéndose la medida que sea más favorable al trabajador, cuando se efectué la valoración de la prueba por parte del administrador de justicia; y ante la falta de una prueba idónea que desvirtúe la jornada laboral señalada en la demanda, se aplica la presunción prevista en el art. 182 del CPT, al ser obligación del empleador la carga probatoria conforme prevén los arts. 3 inc. h),  66 y 150 del CPT.

En mérito a lo expuesto y encontrándose fundado uno los motivos traídos en casación por la parte demandante, respecto al tiempo de servicios del trabajador,  corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA en parte, el Auto de Vista 12/18 de 12 de enero de 2018, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 109.

En consecuencia, los beneficios sociales y derechos laborales a cancelarse, son los mismos reconocidos en la Sentencia Nº 232/2015 de 8 de octubre, y ratificados en el Auto de Vista N° 12/18 de 12 de enero de 2018, con la diferencia del tiempo de servicios prestados por el actor; correspondiendo el siguiente cálculo:

Fecha de ingreso: 13 de abril de 2007.

Fecha de retiro: 4 de mayo de 2017.

Tiempo trabajado: 7 años y 21 días.

Sueldo promedio indemnizable: Bs.2.080.-

DESAHUCIO



SALARIO PROMEDIO

TIEMPO

IMPORTE

2.080,00

3 MESES

6.240.-

 

 

6.240.-



INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD



SALARIO PROMEDIO

TIEMPO

IMPORTE

2.080,00

7 años

14.560-

2.080,00

21 días

121,33.-

 

 

14.681,33.-


No se reconoció en la Sentencia, aguinaldos por las gestiones 2007 y 2008; derecho que al no haber sido impugnado por el actor, no corresponde modificar la liquidación por las mencionadas gestiones.

AGUINALDO



SALARIO PROMEDIO

TIEMPO

IMPORTE

2.080,00

2009

2.080.-

2.080,00

2010

2.080.-

2.080,00

2011

2.080.-

2.080,00

2012

2.080.-

2.080,00

2013

2.080.-

2.080,00

2014 (4 meses, 4 días)

716,44

AGUINALDO

 

11.116,44.-




Desahucio:             Bs.6.240.-

Indemnización:     Bs.14.681,33.-

Aguilando:             Bs.11.116,44.-

Total por pagar:  Bs.32.608,44.- (treinta y dos mil seiscientos dieciséis 44/100 bolivianos); más la multa del 30% prevista en el art. 9-II del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2016, a definirse en ejecución de Sentencia.

Sin costas. Sin multa, por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-