TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 302

Sucre, 14 de junio de 2019

Expediente

:

189/2019-S

Demandante

:

Helen Liliana Huayta Mayda

Demandado

:

ALVEN CONSULTORÍA S.R.L.

Proceso

:

Pago de beneficios sociales

Distrito

:

La Paz

Magistrado Relator

:

Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 222 a 226 y vta., interpuesto por César Augusto Enrriquez Mendoza representante de ALVEN CONSULTORÍA S.R.L., contra el Auto de Vista A.V. Nº 133/2018-SSA-I de 8 de noviembre de fs. 219 a 220, emitido por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales, seguido a demanda de Helen Liliana Huayta Mayda, contra la empresa ALVEN CONSULTORÍA S.R.L., la respuesta de fs. 229 y 231, el Auto A. Nº 45/2019 de 21 de marzo de fs. 232, por el que se concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y

I.- CONSIDERACIONES LEGALES:

El Código de Procedimiento Civil de 6 de agosto de 1975, (CPC-1975) elevado a rango de Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, se aplica en materia laboral, en mérito a la facultad remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Al presente, estando en plena vigencia el Código Procesal Civil (CPC-2013), que estableció en su Disposición Segunda, la abrogatoria del citado CPC-1975, determinando en su Disposición Transitoria Sexta, que: “Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código; corresponde aplicar los arts. 274 y 277-I del CPC-2013, para realizar el examen de admisibilidad respecto al recurso de casación, objeto de análisis.

II. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD:

1.- Se verifica ciertamente que el recurso, fue presentado ante el mismo Tribunal que emitió la resolución de vista y dentro el plazo de ocho días, previsto por el art. 210 del CPT, toda vez que, notificada la empresa recurrente el 12 de febrero de 2019, de acuerdo a la diligencia de notificación de fs. 221, con el Auto de Vista ahora impugnado, presentó el recurso de casación el 22 de febrero del 2019, conforme a la certificación emitida por Secretaría de dicha Sala de fs. 226 vta., cumpliendo el art. 274 parágrafo I núm. 1) del CPC-2013.

2.- Se identificó la resolución pronunciada por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora recurrida, cumpliendo el art. 274 parágrafo I núm. 2) del CPC-2013.

3.- Por último, examinando detenidamente el recurso de casación de fs. 222 a 226 y vta., de obrados, se tiene a bien realizar las siguientes consideraciones previas:

De los requisitos para interponer el recurso de casación:

Conforme al art. 271 del CPC-2013, cuando el recurso de casación se plantea en el fondo; esto es por errores en el fondo de la resolución, los hechos denunciados por el recurrente deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el adjetivo civil, siendo su finalidad la modificación total o parcial del Auto de Vista; en tanto que si se plantea reclamos en la forma, la fundamentación debe adecuarse a la identificación de vicios de procedimiento en sujeción de los principios que rigen las nulidades procesales (legalidad, trascendencia, finalidad del acto y convalidación), siendo su objeto determinar la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo.

Por su parte, el art. 274 parágrafo I núm. 3) del CPC-2013, describe los requisitos para presentar el recurso de casación, de acuerdo a lo siguiente: “Expresará, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente” (Resaltado añadido).

La exigencia descrita precedentemente obedece, a la tesis de que el recurso de casación es asimilable a una nueva demanda de puro derecho; es decir, que en el recurso debe identificarse en qué medida el Tribunal de alzada hubiera errado y como debe sanearse el error, de esa manera se cumple con la exigencia del art. 274 parágrafo I núm. 3) del CPC-2013.

Sobre este aspecto la jurisprudencia asumida por éste Tribunal Supremo de Justicia, refiere que los errores que dan lugar al recurso de casación pueden ser de naturaleza sustancial o formal; por ello, se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser in procedendo o in judicando.

Respecto del primero, el error procesal, se presenta cuando dentro de un proceso se afecta la aplicación de una norma que asegura el desarrollo armónico, equitativo y justo del íter procesal; por su parte el error material ocurre cuando en la resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que conduce a una decisión que no es correspondiente con el sistema jurídico previsto para el caso concreto.

De ello, se advierte que existe una diferencia fundamental entre la denuncia de vulneración de las normas procesales, formales o adjetivas y las normas sustantivas o materiales.

El art. 274 parágrafo I núm. 3) del compilado procesal civil, describe supuestos de violación (referido a la no aplicación de preceptos legales), interpretación errónea (infracción de normas a cuyos preceptos se otorga un sentido equivocado), aplicación indebida (endilgar o subsumir el precepto normativo a un hecho no regulado por aquello).

En el caso del error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas debe identificarse el error incurrido y la forma de su comisión, en el primer caso se cuestiona el valor otorgado a los medios de prueba y en el segundo caso, la asimilación efectuada por el juzgador en Sentencia respecto al medio de prueba, no condice con el contenido del medio probatorio en el cual se debe identificar el error (suposición, cercenamiento o confusión) que pueda dar lugar a modificar los hechos probados o no probados; empero, se deberá expresar siempre, con claridad y precisión la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, en dicho error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba incurrida.

Análisis del recurso:

Revisado el recurso de casación en el fondo de fs. 222 a 226 y vta., se advierte que el recurrente luego del apersonamiento y la relación de antecedentes, desde el parágrafo III al parágrafo VI, realizó una copia del recurso de apelación y solo en el parágrafo VII, denunció que el Auto de Vista A.V. Nº 133/2018-SSA-I de 8 de noviembre, vulneró: a) el debido proceso por falta de valoración de pruebas, motivación y fundamentación y b) los arts. 19 y 46 de la Ley General del Trabajo, por el cálculo inadecuado del sueldo promedio indemnizable y del tiempo de trabajo; señalando que: “…este auto de vista vulnera la Ley General del Trabajo y el debido proceso en cuanto a los agravios expresados precedentemente, aspecto que deberá será decusamente valorados por su tribunal a momento de revocar el auto de vista impugnado.” (el resaltado es añadido, por lo demás es copia textual).

Al respecto, conforme se resaltó precedentemente, el art. 274 parágrafo I núm. 3) parte final del CPC-2013, aclara que el cumplimiento de los requisitos del recurso de casación, serán expuestos en el mismo recurso y no fundarse en memoriales anteriores.

Consiguientemente, se observa que el recurso de casación en el fondo sujeto a examen, expresa que el Auto de Vista impugnado vulneró el debido proceso y los arts. 19 y 46 de la Ley General del Trabajo; empero, no describió con fundamento adecuado, cómo o de qué manera el Tribunal de alzada incurrió en esas infracciones legales; no señaló la forma en la que debió ser saneada la determinación de acuerdo a normativa vigente, limitándose a manifestar que “los agravios sufridos”, fueron expuestos “precedentemente”, refiriéndose a los fundamentos planteados en oportunidad de su recurso de apelación, copiados en el recurso de casación.

También se observa que, el recurso de casación en el fondo, denunció que la resolución de alzada, vulneró el debido proceso por carecer de valoración de la prueba, motivación y fundamentación; argumentos que, por su naturaleza deben resolverse dentro un recurso de casación en la forma; es decir, se da a entender que el recurso también se habría formulado en la forma, aspecto contradictorio con el propio recurso y su petitorio; no siendo suficiente la transcripción de los fundamentos que fueron expuestos en el recurso de apelación, para señalar que en base a dicha transcripción existe esa infracción.

Las observaciones y contradicciones advertidas, demuestran falta de técnica recursiva al momento de interponerse el recurso, aspecto que no puede ser suplido por este Tribunal e impiden su admisión, en razón a que no se ha cumplido los presupuestos exigidos por el art. 274 parágrafo I núm. 3 del CPC-2013, por parte del recurrente.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 220 parágrafo I núm. 4 y 277 parágrafo I del CPC-2013, por la permisión contenida en el art. 252 de CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial; en aplicaciódel art. 277-I del CPC-2013, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 222 a 226 y vta., interpuesto por César Augusto Enrriquez Mendoza representante de ALVEN CONSULTORÍA S.R.L., contra el Auto de Vista A.V. Nº 133/2018-SSA-I de 8 de noviembre de fs. 219 a 220, emitido por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declarando su ejecutoria; con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado de la parte actora en Bs1.000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos), que mandará pagar el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.