TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 292

Sucre, 3 de junio de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES:

Expediente:                193/2018

Demandante:        Vanesa Elizabeth Paz Saavedra

Demandado:        Banco “FASSIL” Sociedad Anónima

Materia:                        Laboral (Beneficios Sociales)

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS:

Vanesa Elizabeth Paz Saavedra, por memorial de fs. 298 a 299, interpone recurso de casación y nulidad, contra el Auto de Vista Nº 184 de 2 de agosto de 2017, cursante a fs. 294, dictado por la Sala en Materia del Trabajo, y Seguridad Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso Laboral que por Beneficios Sociales sigue la recurrente contra el Banco “FASSIL” Sociedad Anónima (SA), el memorial de respuesta de fs. 307 a 308, el Auto que concede el recurso de fs. 309, el Auto de admisión de fs. 319, antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES:

Sentencia Nº 476 de 7 de diciembre de 2016.

La demanda laboral de pago de beneficios sociales, incoada por Vanesa Elizabeth Paz Saavedra contra el Banco FASSIL SA, mereció la Sentencia Nº 476 de 7 de diciembre de 2016, cursante de fs. 272 a 275 de obrados, dictada por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró probada en parte la demanda; y probada en parte la excepción de pago documentado. Sin costas. Disponiendo que la empresa demandada cancele a favor de la actora, la suma de Bs64.679,47 (sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve 47/100 Bolivianos), por los conceptos de desahucio e indemnización, más la multa del 30% y actualización conforme previene el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista Nº 184 de 2 de agosto de 2017.

Interpuesto el recurso de apelación por la empresa demandada, el 13 de abril de 2017 (fs. 279 a 282), la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera, mediante Auto de Vista Nº 184 de 2 de agosto de 2017, de fs. 294, revoca la sentencia impugnada, declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago documentado.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El Auto de Vista, motivó que Vanesa Elizabeth Paz Saavedra, formule recurso de casación y nulidad, cursante de fs. 298 a 299 de obrados, expresando lo siguiente:

1. Sostiene que el Tribunal interpretó erróneamente el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), al manifestar que el despido no fue intempestivo, sino forzoso, resultado de un proceso administrativo interno y la aplicación del art. 16.e) de la LGT; consecuentemente, sin derecho a desahucio ni indemnización por tiempo de servicios.

2. Señala que, el contrato de fs. 47 a 48 presentado por el demandado, al no estar refrendado por ninguna autoridad competente, conforme lo prevé el art. 22 de la LGT, carece de eficacia jurídica.

Petitorio.

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista y ordene la nulidad de obrados hasta fs. 285 y declare probada en todas sus partes la demanda principal.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE:

Sobre el principio de primacía de la realidad.

Surge como consecuencia simultánea de la buena fe, de la desigualdad entre las partes, del repudio al fraude, de la simulación de ilícitos, y de la interpretación racional de la voluntad de las partes, en orden a cuál es el negocio jurídico laboral que concretaron. Según Américo Plá Rodríguez, este principio significa: en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. La consecuencia práctica es que comprobada la inadecuación documental o contractual a la realidad de la relación laboral de que se trate, son de directa aplicación las normas imperativas que la rigen, a despecho de la que se aparentó.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO:

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, deber ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

Es menester aclarar que, pese a que el recurso objeto de estudio, carece de técnica recursiva, se procede a resolver el mismo, en atención fundamentalmente al principio de acceso a la justicia, reconocido constitucionalmente; en consecuencia, previo análisis, se establece como objeto de casación, los siguientes puntos:

1. Si se interpretó erróneamente el art. 16 de la LGT, y

2. Si el incumplimiento del art. 22 de la LGT, ocasiona que el contrato de trabajo carezca de eficacia jurídica.

1. Con relación a la supuesta interpretación errónea del art. 16 de la LGT, se tiene:

El recurrente argumenta que su desvinculación fue intempestiva, ya que no correspondía la aplicación del art. 16 de la LGT, al respecto corresponde señalar:

En obrados cursa de fs. 58 a 82 el Informe de Auditoria No Programada Nº 64/2014 de 25 de marzo, relativo a la revisión de la cartera de crédito de la agencia mercado El Trompillo, elaborada por la Gerencia de Auditoría Interna del Fondo Financiero Privado FASSIL SA, cuya recomendación es la de aplicar las sanciones administrativas a los funcionarios que correspondan; recomendación con el que se dio inicio al sumario informativo contra la demandante y otros trabajadores del Banco demandado, que concluyó con la Resolución Nº 08/2014 de 5 de mayo, de fs. 83 a 96, donde el Presidente del Directorio de la empresa demandada determinó, proceder al despido forzoso de Vanessa Elizabeth Paz Saavedra (demandante), sin derecho al pago de beneficios sociales, conforme lo determinado en el art. 16.e) de la LGT, arts. 61.4 y 69.1 y 3 del Reglamento Interno de Trabajo de la Institución y Cláusula Décima Segunda del Contrato de Trabajo de 13 de julio de 2011; debiendo comunicarse el despido, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Por estos antecedentes, lo sostenido por la demandante no obedece a la realidad de los hechos, siendo evidente que su desvinculación laboral no fue intempestiva, sino resultado del sumario administrativo, seguido por el Banco FASSIL a la ahora demandante, que determinó su despido forzoso, sin derecho al pago de desahucio ni indemnización, por adecuar su conducta a lo determinado en el art. 16.e) de la LGT; es decir, “Incumplimiento total o parcial del convenio”, concretamente a los arts. 61.4 y 69.1 y 3 del Reglamento Interno de Trabajo de la Institución y Cláusula Décima Segunda del Contrato de Trabajo de 13 de julio de 2011.

En atención a éstos fundamentos, se arriba a la conclusión que no es evidente la argumentación de la demandante, referida a la errónea interpretación del art. 16 de la LGT.

2. Con referencia a que si el incumplimiento del art. 22 de la LGT, ocasiona que el contrato de trabajo carezca de eficacia jurídica.

Siguiendo el nuevo modelo de Estado, vigente desde el 7 de febrero de 2009, promulgación de la Constitución Política, basada en el respeto a la igualdad entre todos, dentro de los alcances de los principios de complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra y en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Basados en ese carácter axiomático de la Norma Suprema, opera el fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, no solo en relación a normas constitucionales positivizadas, sino también en cuanto a valores plurales supremos directrices del orden constitucional. En ese contexto, las directrices principistas y los valores supremos del Estado Plurinacional de Bolivia, irradian a todos los actos infraconstitucionales; es decir, a toda la vida social, que se integrará armoniosamente para solidificar las bases sociológicas de una sociedad plural, consolidando así una verdadera cohesión y armonía social.

Con ese antecedente, si bien el precepto del art. 22 de la LGT concordante con el 14 del RLGT, dispone, para que los contratos de trabajo escritos alcancen eficacia jurídica, requieren estar refrendados por la Autoridad del Trabajo, que sería el Inspector de Trabajo o, en su defecto, la autoridad administrativa superior del lugar; el análisis de esta norma debe ser realizada desde y a partir de la Constitución; es decir, bajo las directrices establecidas en el art. 48 de la Carta Magna, que entre otros aspectos establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; que, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador; que los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; que los salarios y sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles.

Como efecto de lo desglosado, en estricta aplicación del principio de primacía de la realidad, se tiene que, el argumento de la recurrente, referido a la falta de eficacia jurídica del Contrato de Trabajo de fs. 47 a 48, por no estar refrendado por autoridad competente, carece de sustento legal y no obedece a la realidad de los hechos; ya que, pese a no estar refrendado, su eficacia es evidente, al haberse establecido dentro del proceso, que entre Vanesa Elizabeth Paz Saavedra y Banco FASSIL SA, existió una verdadera relación laboral, desde el 13 de julio de 2011 hasta el 7 de mayo de 2014, por concurrir todas las características esenciales instituidas en los arts. 1 y 2 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, concordante con el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; es decir, relación de dependencia, subordinación y prestación de trabajo por cuenta ajena, así como la percepción de un sueldo o salario; relación laboral que al no ser objeto de impugnación, implica la eficacia jurídica del contrato de trabajo.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO:

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación, de fs. 298 a 299, interpuesto por Vanesa Elizabeth Paz Saavedra.

Con costas y costos.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs1000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.