TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 270

Sucre, 3 de junio de 2019

Expediente                  : 139/2018

Demandantes                   : Maricel Olivia Viscarra Barrientos y otros

Demandados                    : Instituto Técnico “Señor de Mayo”

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 1664 a 1670, interpuesto por el Instituto Técnico “Señor de Mayo”, a través del apoderado Eloy Rodríguez Troncoso; y el recurso de casación, de fs. 1686 a 1689, formulado por Maricel Olivia Viscarra  Barrientos, Edgar Cordero Valero y Marco Antonio Montesinos López; ambos contra el Auto de Vista N° 131/2017 de 1 de diciembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 1629 a 1634; dentro de proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Maricel Olivia Viscarra  Barrientos, Edgar Cordero Valero y Marco Antonio Montesinos López, contra el Instituto Técnico “Señor de Mayo”; los memoriales de respuesta a cada uno de los recursos, de fs. 1688 vta. a 1689 y de  fs. 1692 a 1693; el Auto 40/2018 SSA.II de 12 de marzo, que concedió ambos recursos (fs. 1694); el Auto de 5 de abril de 2018 (fs. 1704), por el cual se declaran admisibles los recursos de casación; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

El Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 173/2016 de 28 de noviembre, de fs. 1236 a 1260, declarando probada en parte la excepción perentoria de pago y de prescripción opuesta; y, 

Declara probada en parte la demanda formulada por Maricel Olivia Viscarra BarrientosMarco Antonio Montesinos López; e improbada la demanda en cuanto a Edgar Cordero Valero; disponiendo que el instituto demandado, cancele a favor de Maricel Olivia Viscarra Barrientos, la suma de Bs.28.733,43.- (veintiocho mil setecientos treinta y tres 43/100 bolivianos), y a favor de Marco Antonio Montesinos López, la suma de Bs.19.239,12.- (diecinueve mil doscientos treinta y nueva 12/100 bolivianos); por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en la Sentencia; en las que se incluye la multa del 30% prevista en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, y los descuentos de los pagos demostrados.

Auto de Vista.

Eloy Rodríguez Troncoso en representación del Instituto Técnico “Señor de Mayo”, formuló recurso de apelación, de fs. 1264 a 1267; por su parte los demandantes, interpusieron recurso de apelación, de fs. 1270 a 1278; resueltos por el Auto de Vista 131/2017 de 1 de diciembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 1629 a 1634; confirmando la Sentencia emitida en primera instancia.

II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:

Recurso de casación del  Instituto Técnico “Señor de Mayo”.

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el instituto demandando representado por Eloy Rodríguez Troncoso, formuló recurso de casación, señalando lo siguiente:

1.- En cuanto a la demandante Maricel Olivia Viscarra Barrientos:

a) El Tribunal de alzada incurrió en error de hecho en la valoración de la prueba, respecto de su confesión provocada de fs. 1163 a 1164, porque ésta se rehusó a responder las preguntas del interrogatorio presentado (fs. 1160 a 1162), omitiendo referirse sobre los actos inmorales que mantuvo en el Instituto, alegándose que es privado y personal; hechos que se encuentran sancionados por el art. 9 inc. h) del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), y conforme al art. 165-IV del Código Procesal Civil (CPC-2013), la evasión a responder al interrogatorio, se tiene por afirmativo el hecho averiguado; en consecuencia, no correspondería el pago del desahucio, porque se entiende que no hubo retiro intempestivo.

b) También, se ha demostrado mediante pruebas de descargo, la existencia de imputaciones y acusaciones formales contra Maricel Olivia Viscarra Barrientos, por los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y hurto agravado, con una resolución de medida cautelar que determinó un arresto domiciliario; así como, la Sentencia Nº 47 de 4 de diciembre de 2017, emitida por el Tribunal de Sentencia Nº 9 (no se señala de donde), condenando a la actora por el delito de uso de instrumento falsificado de bajas médicas, habiendo incurrido la demandante en infracción del inc. g) del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), dando lugar a la pérdida del desahucio, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de apelación. 

c) No se consideró que Maricel Olivia Viscarra Barrientos, empezó a trabajar en el Instituto Técnico “Señor de Mayo” a partir del 1 de enero de 2006, toda vez que, anteriormente trabajó en el “Instituto Señor de Mayo  SUCURSAL” (textual), por lo cual solo cuenta con una antigüedad de 8 años, 1 mes y 9 días; no los más de 12 años solicitados y reconocidos por los de instancia, aplicando erróneamente el art. 11 de la LGT. 

d) En cuanto al subsidio prenatal y subsidio de lactancia, no existe prueba objetiva que demuestre que el Instituto, hubiese tenido conocimiento del estado de embarazo de la actora, quien tenía obligación de comunicar estos hechos  a fines de hacer efectivos esos supuestos derechos; que al no ser de conocimiento del empleador, no tiene por qué responder al descuido de la gestante, incurriendo el Tribunal de apelación, en error  al confirmar estos reconocimientos, en infracción de normas laborales vigentes; también, alega que se infringió el art. 120 de la LGT, respecto de estos derechos, al intentar cobrarlos después de haber concluido su relación laboral, cuando durante la misma, no se puso a conocimiento del Instituto, su condición.

2.- En cuanto a los supuestos derechos de Marco Antonio Montesinos López; a fs. 940 cursa la planilla de sueldos de octubre de 2001 del Instituto Técnico “Santa Rita”, de fs. 954 a 955, aportes a la AFP y papeletas de pago que pertenecen a ese Instituto, empresa diferente en la que trabajaba el indicado demandante; quien, prestó servicios en forma eventual en abril, mayo y junio de 2011 para el Instituto Técnico “Señor de Mayo” (fs. 937 a 939 y 943); con un contrato regular y permanente, a partir de 1 de agosto de 2013 hasta el 25 de agosto de 2014; con un total de 10 meses y 24 días, como se demostró en la documental de fs. 930 a 933, y no el tiempo de servicios irreal determinado en la Sentencia y ratificado en el Auto de Vista de 3 años, 2 meses y 24 días.

Se ha demostrado también, de manera objetiva en la prueba de fs. 936, 940, 954 y 955, que Marco Antonio Montesinos López trabajaba en otra institución las gestiones de 2011 y 2012, por lo que no le corresponde el pago de aguinaldo en los mencionados años; y a fs. 934, cursa el pago del aguinaldo en duodécimas de 5 meses y 25 días de las gestión 2014, documento que no fue tomando en cuenta por los jueces de instancia, infringiendo los arts. 66 y 150 del CTP, al existir suficiente prueba que desestime las pretensiones de los actores.

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista recurrido, en la forma impetrada.

Recurso de casación de los demandantes.

En conocimiento del Auto de Vista 131/2017 de 1 de diciembre, los actores a su turno, interpusieron recurso de casación, de fs. 1686 a 1689, señalando lo siguiente:

1.- Respecto al co-demandante Edgar Cordero Valero, el Tribunal de alzada, apartándose de la normativa, manifestó que la relación laboral que sostuvo con el Instituto, es de carácter eventual y no cumple con las características establecidas en el art. 2 el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin considerar que no rige la eventualidad en tareas propias de la empresa, los contratos a plazo fijo, deben ser necesariamente pactados en forma escrita, hecho que no ocurrió; estando los derechos reclamados respaldados mediante los certificados de fs. 422 a 423, demostrando una irrefutable relación laboral.

2.- En cuanto a la co-demandante Maricel Olivia Viscarra Barrientos, el sueldo que percibía asciende a la suma de Bs.4.386,95, como se acreditó por planillas de fs. 2, 3 y 963; y no así Bs.1.764.- como se determinó en Sentencia y se confirmó por el Tribunal de alzada, debiendo tenerse presente lo previsto en el D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, sobre la inclusión al salario indemnizable, todos los pagos que revistan carácter de regularidad; aspecto que afecto al pago del aguinaldo, que no fue liquidado sobre el total ganado.

No se subsanó por el Tribunal de apelación, el error cometido por el Juez de la causa, que reconoció 12 años, 3 meses y 27 días de tiempo de servicios, pero en la liquidación solo se efectuó un reconocimiento de derechos de 7 años, 3 meses y 27 días; olvidando que para realizar el descuento de los supuestos pagos, debió tomarse en cuenta el tiempo de servicios “record”, vulnerándose el art. 48 de la CPE y el art. 13 de la LGT.

3.- En cuanto a la co-demandante Marco Antonio Montesinos López, al haberse reconocido un tiempo de servicios de 3 años, 2 meses y 24 días, corresponde el bono de antigüedad a partir de los 2 años, conforme la escala establecida en el D.S. Nº 21060, pero no existe pronunciamiento sobre su procedencia por parte del Juez de instancia.

Petitorio.

Solicita se case en parte el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo se declare probada la demanda en todas sus partes, respecto de Edgar Cordero Valero; se reconozca el total ganado de Maricel Olivia Viscarra Barrientos; y el pago de Bono de antigüedad de Marco Antonio Montesinos López.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los argumentos de ambos recursos de casación, se pasa a resolver en base a los fundamentos siguientes:

Respecto al recurso de casación del Instituto Técnico “Señor de Mayo”.

1.- Sobre las acusaciones realizadas en relación a la co-demandante Maricel Olivia Viscarra Barrientos:

a) No se evidencia, una errónea valoración de la confesión provocada de la actora Maricel Olivia Viscarra Barrientos (fs. 1163 a 1165); en razón a que, en las respuestas a las preguntas 22 y 23 del interrogatorio, que fueron evadidas por la demandante con el argumento de ser personales (asumiendo este Tribunal, que el Instituto recurrente se refiere a estas, porque no especifica en el recurso que preguntas), no están dirigidas a la averiguación de algún “acto inmoral” que se haya podido dar en instalaciones del Instituto, por parte de la actora, para así demostrar una conducta que se adecue al inc. h) del art. 9 del DRLGT, como causa justificada de retiro; sino, estas preguntas pretenden hacer conocer quiénes son los progenitores del tercer y cuarto embarazo de la demandante, mismas que a disposición del Juez de la causa, tuvieron que ser reformuladas, al no tener incidencia en el proceso; en ese entendido, las afirmaciones del Instituto recurrente en este punto, no acreditan que la actora incurrió en la causal del inc. h) del art. 9 del DRLGT: “Vías de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajo; toda vez que debe hallarse una conducta inmoral durante la jornada laboral, debiendo ser demostrada con prueba idónea, mediante un proceso interno o sumario; por lo cual, no existe un vulneración al art. 165-IV del CPC-2013. 

b) En los antecedentes procesales, no se evidencia la existencia de la Sentencia Nº 47 de 4 de diciembre de 2017, emitida por el Tribunal de Sentencia Nº 9, que indica la Institución demandada en su recurso, sin señalar en que fojas cursaría; en las literales de fs. 361 y siguientes, del anexo I, se constata la existencia de imputación y acusación formal que pesan contra Maricel Olivia Viscarra Barrientos, por los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y hurto; pero, si bien la ley sustantiva de la materia, establece causales justificadas para la desvinculación laboral, en los arts. 16 de la LGT y 9 del RLGT, estas deben ser probadas y no simplemente señaladas de infringidas, con respeto de las garantías de las que goza toda persona a la cual se le acusa de algún hecho; por lo cual, para llegar a determinar esa conducta debe someterse al trabajador a un proceso en la vía que corresponda, y cuando se acusa de la comisión de un delito, debe ser dilucidado en un proceso penal, en función a la garantía de presunción de inocencia, garantía jurisdiccional y derecho humano previsto en los arts. 115-II y 117-I de la CPE, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); por lo cual, el inicio del proceso penal o requerimientos conclusivos en las diferentes etapas del proceso penal instaurado, no acreditan la culpabilidad del trabajador, solo una determinación judicial ejecutoriada, constituye un respaldo, para acreditar el retiro con causa justificada alegado, previsto en el inc. g) del art. 16 de la LGT, por tratarse de la acusación de delito. 

c) El art. 11 de la LGT, en lo concerniente a la sustitución de patronos, dispone: “La sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos existentes; para sus efectos, el sustituido será responsable solidario del sucesor hasta 6 meses después de la transferencia"; conforme a ésta definición, la sustitución de patrón o patronos, se realiza cuando la empresa o unidad productiva, se transmite de una persona o personas a otra u otras, de forma tal que todo el patrimonio de una empresa o entidad o parte de éste, pasá a otra persona o personas, sin alterar la unidad de ese patrimonio. Esta sustitución es la transferencia de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones inherentes entre sí, dispuestos de un dominio a otro, con la característica del mantenimiento de su condición de unidad económica y productiva; tomando en cuenta, este criterio, y lo previsto por el art. 11 de la LGT, hace entender que las relaciones laborales y los derechos emergentes de ésta permanezcan incólumes.

En autos, de la certificación que cursa a fs. 1136, emitido como informe por parte del Registro de Comercio de Bolivia, se evidencia la transferencia efectuada, por Silvia Beatriz Estrada Barba de la empresa unipersonal Instituto Técnico “Señor de Mayo”, en favor de María del Rosario Revollo Paz; en ese entendido y conforme lo desarrollado respecto a la sustitución patronal, el argumento de que la actora Maricel Olivia Viscarra Barrientos trabajó anteriormente para Silvia Beatriz Estrada Barba, no tiene fundamento válido, para desconocer el tiempo de servicios prestados por la actora, durante 12 años, 3 meses y 27 días para el Instituto Técnico “Señor de Mayo”, más allá del cambio de representante legal de la empresa unipersonal.

Tomando en cuenta además, el principio de la continuidad o estabilidad de la relación laboral, que está definido de manera general, en el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4-I: “Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral: (…) b) Principio de Continuidad de la Relación Laboral, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración, imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador(la negrilla es añadida), principio que tiene carácter constitucional, previsto en el art. 48-II de la CPE, reconocido como un derecho de toda persona, como reza el art. 46-I-2 de la norma suprema: “A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

d) El art. 48 de la norma fundamental, establece imperativamente que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las que deben aplicarse bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores, el principio de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación, inversión de la prueba a favor del trabajador; por su lado, los arts. 3 del CPT y 4 del D.S. N° 28699, en relación a los procedimientos y trámites laborales, establecen los principios de gratuidad, inmediación, publicidad, preclusión, lealtad procesal, proteccionismo; siendo la finalidad de todos ellos, buscar la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores, de modo que se logre su real materialización.

Es menester señalar que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, no es condicionante para otorgar el subsidio prenatal, natalidad y/o de lactancia, que la trabajadora o el progenitor trabajador, efectivice el aviso correspondiente al empleador sobre el estado de gestación; la SC 1750/2011-R de 07 de noviembre, señaló: “…la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, determinó que la tutela: no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. Norma que, es directamente aplicable, en virtud a lo expresamente dispuesto por el art. 109.I de la CPE, que refiere que: «I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección». Bajo ese razonamiento, debe entenderse que la tutela que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer embarazada y con hijos menores a un año, y a los progenitores, es más amplia y, por lo mismo, no se puede aplicar la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1416/2004-R citada precedentemente, al haber realizado una interpretación restrictiva de la Ley 975. Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos(las negrillas son del texto original).

Esto en razón a que están involucrados sobre todo, los derechos primarios del ser en gestación o ya nacido, como el derecho a la vida, la salud y la seguridad social, los mismos que se encuentran garantizados constitucionalmente; en el mismo razonamiento, tampoco está obligada la trabajadora o el trabajador progenitor, comunicar con anticipación su estado de embarazo. De modo que la falta de comunicación al empleador o la falta de presentación de los requisitos formales, no enervan la obligación legal y el derecho de la trabajadora a percibir las asignaciones familiares. Entendimiento que se sustenta en el art. 48-VI de la CPE cuando establece: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad; asimismo, el art. 45-I y II de ese mismo cuerpo legal señala, que todos las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la seguridad social, el mismo que cubre la atención, entre otras previsiones sociales, la maternidad, paternidad y las asignaciones familiares; en ese marco, el Tribunal Ad quem, obró correctamente al confirmar la Sentencia de primera instancia.

2.- Sobre las acusaciones realizadas en relación al co-demandante Marco Antonio Montesinos López:

En la respuesta dos de la declaración de Marco Antonio Montesinos López (fs. 1174 a 1175), afirmó haber sido contratado por el Instituto demandado, desde el 1 de marzo del 2011; existen planillas de pago de abril, mayo y junio del 2011 (fs. 937 a 939), donde figura el actor, y pese a la continuidad de los meses, las planillas fueron efectuadas de forma individual, mes a mes; también, a fs. 941, cursa planilla de pagos de octubre de 2011; por lo cual, en base a la presunción de favorabilidad, presente en la materia, establecido en el art. 182 del CPT, la “condición más beneficiosa” como regla del principio de protección, así como el principio de la inversión de la prueba, previsto por los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT; el tiempo de servicios reconocido a favor de Marco Antonio Montesinos López, por parte de los de instancia es el correcto, conforme a la valoración probatoria acorde a lo dispuesto por los arts. 3.j) y 158 del CPT. En ese entendido, pago del aguinaldo adeudado, debe ser calculado conforme al tiempo de servicios determinado correctamente por el Juez de la causa.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundado alguno de los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

Recurso de casación de los demandantes.

1.- El art. 2 de la Ley Nº 16187 del 16 de febrero de 1979, determina: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la Empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido.

Sobre la primera prohibición del indicado precepto, no es necesario su análisis por no ser objeto de la litis las contrataciones consecutivas; respecto de la segunda prohibición, esta Ley señala: “Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la Empresa, debiendo en consecuencia determinarse si las actividades que realizaba el actor, son tareas propias y permanentes del Instituto Técnico “Señor de Mayo”; en el caso, Edgar Cordero Valero, trabajó como docente en módulos de anatomía, nutrición y farmacología, epidemiologia, entre otros; es decir, realizaba labores propias de la entidad, ya que fungía el rol de docente, una actividad propia de una entidad que presta servicios de formación académica a nivel técnico superior; la Sentencia Constitucional Plurinacional 134/2014 de 10 de enero, respecto de la prohibición establecida, en la formas de contratación laboral, en una de sus sub reglas determina: “Cuando sean suscritos para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa, por lo que, a este efecto el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social antes del visado de los contratos de trabajo debe realizar la verificación correspondiente, conforme dispone la RA 650/007 de 27 de Abril de 2007, es decir verificar si en cada caso particular el contrato a plazo fijo suscrito, vulnera las disposiciones legales vigentes; toda vez que, según la Resolución mencionada, es factible la suscripción de contratos a plazo fijo en tareas propias pero no permanentes, consideradas como aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, señalándose las siguientes: a) Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias de comisión; b) Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187), exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación adicional de trabajadores; c) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada. Aclarándose que en estos casos si es factible suscribir los contratos a plazo fijo, puesto que, se tratan de tareas propias y no permanentes.

El trabajo realizado por el actor en la institución  demandada, no encaja en ninguna de las categorías explicadas en la Sentencia referida, ya que el trabajo que realizaba no solo es propio de la entidad demandada, sino además, es una labor permanente por el servicio que se presta en la docencia; y conforme al lineamiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional citada precedentemente, sus alcances y lo dispuesto en la parte in fine del art. 2 de la Ley Nº 16187 del 16 de febrero de 1979, que indica: “En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido, norma sustantiva que busca que, el empleador no pretenda evadir las obligaciones con sus trabajadores, a través de la relación laboral consolidada y continua, contratando empleados a plazos fijos y rompiendo la vinculación antes del tercer contrato para que el trabajador no adquiera derechos sociales, o encubriendo contrataciones con prorrogas u otros títulos, o en tareas propias y más aún permanentes de la entidad contratante, garantizando así la estabilidad laboral que establece la norma suprema, con la finalidad de precautelar su personalidad humana en las relaciones de trabajo y no sea objeto de abuso y arbitrariedades por parte del empleador, se llega a la convicción de una relación laboral regular, entre el actor y  el Instituido empleador  

Además, se demostró por los dos certificados de trabajo, cursantes a fs. 422 y 423, en el primero: un trabajo continuo y permanente desde agosto de 2010 al 24 de agosto de 2012, y en el otro certificado, que el actor presto servicios como docente en el horario de 8:30 a 12:30, de lunes a viernes; prueba que concuerda con la documental de fichas de control de asistencia, cursantes de fs. 910 a 913; donde se demuestra que el demandante sostuvo una relación laboral de manera continuada, con un horario establecido de media jornada, aspecto que no fue apreciado por los de instancia.

Demostrándose la prestación de un servicio efectivo realizado con regularidad, por parte del actor como docente, no pudiendo desconocerse el valor probatorio de los certificados de trabajo mencionados, que fueron omitidos en el análisis del Juez de la causa y el Tribunal de apelación; debiendo puntualizarse que la prueba en su sentido procesal se constituye en un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados, misma que debe ser valorada en su conjunto, debiendo además tomar en cuenta que en materia laboral el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, lo dispone el art. 158 del CPT.

Concluyendo, en ese sentido, válidamente que Edgar Cordero Valero prestó sus servicios para el Instituto demandado, no siendo evidente que el actor haya prestado sus servicios de manera eventual; correspondiendo también señalar que el art. 6 de la LGT, si bien autoriza que los contratos puedan celebrarse por escrito o verbalmente y que su existencia puede acreditarse por todos los medios legales; en su art. 12, señala que el contrato puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio; y el art. 1 del Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, reglamentando el art. 12 de la LGT, agrega: “A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario; asimismo, la Resolución Ministerial (RM) Nº 283/62 de 13 de junio de 1962, establece: “el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente suscrita en forma escrita y su duración no excederá de un año…” (las negrillas son añadidas); por lo cual, al haber pactado un contrato laboral en forma verbal, se deberá presumir que es indefinido, ello en el entendido de que el contrato indefinido es la regla y los de plazo o eventuales son la excepción; definición que también se encuentra recogida por la RM Nº 283/62.

De lo anterior queda claro que en el presente caso, la relación laboral tuvo origen en un contrato verbal, consiguientemente, a plazo indefinido y que si el demandado consideraba que la naturaleza de los servicios que requería estaban subordinadas a eventualidades futuras que ameritaban un contrato por cierto tiempo, debió pactarlo por escrito; al no haber obrado de ese modo en aquella oportunidad, se considera que el actor efectivamente prestó sus servicios de manera permanente e indefinida.

La acusación efectuada en el recurso, respecto del co-demandante Edgar Cordero Valero tiene fundamento; en consecuencia corresponde otorgarle los derechos que por Ley le corresponden, puesto que se evidencia la existencia de una relación laboral con el Instituto demandado; con un tiempo de servicios de 2 años y 23 días, de conformidad al certificado de trabajo de fs. 422; en media jornada laboral conformé al certificado de trabajo de fs. 423 y las fichas cursantes de fs. 910 a 913; en aplicación de las presunciones establecidas en el art. 182 del CPT, correspondiendo un sueldo promedio de Bs.1.000.- por media jornada trabajada, al haber afirmado el actor un salario percibido de Bs.2.000 por el tiempo de servicios prestados; reconociéndose a su favor la indemnización por tiempo de servicios, el desahucio y aguinaldos, toda vez que el Instituto demandado no presento prueba que desestime tales pretensiones; no corresponde la solicitud de vacaciones al constatarse en la ficha cursante de fs. 913, que hizo uso de las mismas. 

2.- En obrados cursa a fs. 5 una planilla de pago correspondiente al mes de abril de 2014, donde la actora Maricel Olivia Viscarra Barrientos, figura con un sueldo total de Bs.1596.-, así también, en las planillas cursantes de fs. 184 a 187 del anexo I, se verifica un sueldo de Bs.1596.-, que tienen relación y coinciden con la planillas de pago de fs. 302 a 304 del indicado anexo; estas corresponden al salario percibido en los últimos tres meses de trabajo; por lo cual, en aplicación del art. 19 de la LGT, se llegó a determinar, por los de instancia, el salario promedio -cuestionado por la recurrente- en apego a la normativa y las pruebas que demuestran en forma precisa cual el sueldo que percibía la actora.

En la liquidación efectuada, se reduce correctamente el pago de 7 años, 3 meses y 27 días, del tiempo de servicios reconocido a la actora (12 años, 3 meses y 27 días) al haber sido demostrado su pago en la excepción de pago opuesta, conforme la documental cursante a fs. 355, 356, 357 y 357 del anexo I, como las de fs. 570 y 571 del expediente principal; por lo cual, no se puede materializar una doble cancelación.

3.- No es evidente la infracción acusada, en relación a la falta de pronunciamiento por el Juez de la causa, sobre el bono de antigüedad respecto del co-demandante Marco Antonio Montesinos López, por el contrario, se reconoció este derecho en instancia, conforme al tiempo de servicios reconocido a su favor y la escala porcentual establecida en el art. 60 del D.S. 26060 de 19 de agosto de 1985; no siendo evidente, la omisión afirmada por el recurrente.  

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundado uno los motivos traídos en casación por la parte demandante, precisamente en cuanto al co-demandante Edgar Cordero Valero,  corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por el Instituto Técnico “Señor de Mayo”, a través del apoderado Eloy Rodríguez Troncoso, de fs. 1664 a 1670; y, resolviendo el recurso de casación en el fondo, interpuesto por los demandantes, en cuanto al actor Edgar Cordero Valero, de fs. 1686 a 1689, CASA en parte, el Auto de Vista 131/2017 de 1 de diciembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 1629 a 1634.

En consecuencia, los beneficios sociales y derechos laborales a cancelarse, son los mismos reconocidos en la Sentencia Nº 173/2016 de 28 de noviembre, y ratificados en el Auto de Vista 131/2017 de 1 de diciembre, con la diferencia que se reconoce la relación laboral sostenida con el co-demandante Edgar Cordero; correspondiendo para este actor, el siguiente cálculo:

Fecha de Ingreso:                         01/08/2010

Fecha de Salida:                         24/08/2012

Tiempo de Trabajo:                         2 años, 24 días.

Sueldo Promedio Indemnizable:        Bs.1.000.- (mil 00/100 bolivianos)


DESAHUCIO



SALARIO PROMEDIO

TIEMPO

IMPORTE

1.000,00

3 MESES

3.000,00

 

 

3.000,00


INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD


SALARIO PROMEDIO

TIEMPO

IMPORTE

1.000,00

2 años

2.000,00

1.000,00

24 días

66,67

 

 

2.066,67


AGUINALDO



SALARIO PROMEDIO

TIEMPO

IMPORTE

1.000,00

2010 (5 meses) 

416,67

1.000,00

2011 (12 meses)

1.000,00

1.000,00

2012 (7 meses, 24 días)

650,00

AGUINALDO

 

2.066,67

AGUINALDO DOBLE

 

4.133,33


DESAHUCIO


3.000.-

INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD

2.066,67.-

AGUINALDO


4.133,33.-

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Bs.9.200.-




(nueve mil doscientos 00/100 bolivianos); más la multa del 30% prevista en el art. 9-II del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2016, a definirse en ejecución de Sentencia.

Sin costas, al ser ambas partes recurrentes. Sin multa, por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-