TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 260

Sucre, 16 de mayo de 2019

Expediente                  : 189/2019

Demandante                   : Jorge Ronald Aguilera Barrón  

Demandado                    : Sociedad Boliviana de Cemento S.A.

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales  

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 274 a 275, interpuesto por la empresa Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) S.A., a través de Felix Alberto Salek Canido, contra el Auto de Vista N° 153 de 31 de octubre de 2018, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 269 a 271; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales, interpuesto por Jorge Ronald Aguilera contra la empresa recurrente; el Auto de 5 de febrero de 2019, que concedió el recurso (fs. 280); el Auto de 29 de marzo de 2019 (fs. 289), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Jorge Ronald Aguilera Barrón, y tramitado el proceso, la Juez Segunda del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 54/14 de 11 de septiembre de 2014, de fs. 138 a 142, declarando probada la demanda, con costas; disponiendo que la empresa demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs.79.978,41.- (setenta y nueve mil novecientos setena y ocho 41/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en ese fallo, incluida en dicha suma, la multa prevista por el art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; correspondiendo en ejecución de sentencia, la actualización prevista por ley.

En conocimiento de la Sentencia, el actor a través de su apoderada Viviana Vaca Pardo, solicitó aclaración, complementación y enmienda, a fs. 144, que considerada por el Juez, pronunció el Auto Complementario Nº 258/14 de 25 de septiembre de 2014, a fs. 145; complementado que debe incluirse a la parte resolutiva de la Sentencia la suma de Bs.36.469.-, que sumados a los beneficios, asciende a un total de Bs.116.447,41.- (ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y siete 41/100 bolivianos), que deben pagarse a favor del demandante.

Auto de Vista.

Notificada SOBOCE S.A. con la Sentencia y el Auto Complementario, interpuso recurso de apelación, de fs. 159 a 162; emitiéndose el Auto de Vista Nº 154 de 15 de mayo de 2015 (fs. 175 a 176), que impugnado mediante recurso de casación, se emitió el Auto Supremo Nº 243 de 17 de agosto de 2016 (fs. 204 a 206), por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, anulando obrados; pronunciándose en cumplimiento de esta determinación, el Auto de Vista Nº 155 de 1 de noviembre de 2016 (fs. 214 a 215), que recurrido en casación, se emitió por esta Sala, el Auto Supremo Nº 422 de 17 de agosto de 2018 (fs. 255 a 260), disponiendo anular obrados, para el pronunciamiento de una nueva resolución de vista, conforme a las consideraciones del indicado Auto Supremo.   

La Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cumpliendo con la decisión suprema asumida, resolviendo el recurso de apelación fs. 159 a 162, emitió el Auto de Vista N° 153 de 31 de octubre de 2018, de fs. 269 a 271; revocando parcialmente la Sentencia de primera instancia, determinando que la empresa demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs.19.430,44.- (diecinueve mil cuatrocientos treinta 44/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y derechos laborales detallados en ese fallo, incluida en dicha suma, la multa prevista por el art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; más la actualización prevista por ley.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, SOBOCE S.A. representada por Félix Alberto Salek Canido, formuló recurso de casación, de fs. 274 a 275, señalando lo siguiente:

No procede el pago de la indemnización, cuando la desvinculación laboral se produce por las causales establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo cual, al haberse evidenciado que el actor, fue desvinculado legalmente de su fuente laboral, en razón a que en su calidad de mecánico en el área de logística de la empresa, incumplió con sus responsabilidades y obligaciones, infringiendo con su conducta el art. 34 num 32) del Reglamento Interno de SOBOCE S.A., no le corresponde el pago de sus derechos y beneficios sociales, por haber incurrido en causal legal de despido, conforme prevé el art. 16 inc. e) de la LGT, art. 9 del su Decreto Reglamentario (DRLGT) y el art. 5 del D.S. Nº 12 de 19 de febrero de 2009.

Si bien, el art. 2-II del D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, determina que un trabajador tiene derecho a la indemnización por tiempo de servicios, esta regulación no es contraria a lo establecido en el art. 16 de la LGT, que señala en qué circunstancias un trabajador pierde este beneficio; razonamiento asimilado en el Auto Supremo Nº 1003 del 11 de octubre de 2006 (no señala que Sala emitió el auto); existiendo en consecuencia una violación de los arts. 3 inc. f) y 60 del Código Procesal del Trabajo (CPT), respecto del principio de lealtad procesal. También, se hace referencia al Auto Supremo Nº 320 de 20 de junio de 2006 (no precisa la Sala que emitió el Auto), añadiendo parte de su texto.


Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista recurrido, revocando el mismo, de conformidad a derecho.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

El nuevo escenario constitucional instaurado a partir de 2009, amplía el espíritu de protección del trabajador, constitucionalizando determinados principios, establecidos en el art. 48-II de la CPE, dotando de características a los derechos laborales, como la irrenunciabilidad, la inembargabilidad y la imprescriptibilidad, además de otras medidas que tienden a proteger al trabajador como el sujeto más débil de la relación laboral; estos principios son: el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; el de continuidad o estabilidad de la relación laboral; el de primacía de la realidad; el de no discriminación; y, el principio de inversión de prueba, debiendo aceptarse que el Estado a través de los administradores de justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino una preferencia a favor del trabajador bajo estos principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; conceptualizando los principios informadores del derecho del trabajo la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, que señala en cuanto al principio de proteccionismo, que: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección , de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador; principios establecidos y conceptualizados también, en el art. 4 del el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Conforme lo señalado precedentemente, dentro del principio protector, se encuentra la “condición más beneficiosa” para el trabajador, debiendo ser materializada en las determinaciones asumidas a momento de resolver conflictos laborales, estableciéndose la medida que sea más favorable al trabajador, cuando se efectué la valoración de la prueba por parte del administrador de justicia; y también está, el “In Dubio Pro Operario”, referido a que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador.

Ahora, de acuerdo al art. 16 de la LGT y el art. 9 de su Decreto Reglamentario, el trabajador será retirado de su fuente de trabajo, sin derecho a desahucio, ni a indemnización (solamente quinquenios consolidados), cuando incurra en las faltas establecidas en los mencionados preceptos legales; pero, el D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de los trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, considerando dicha normativa en su art. 1, a la indemnización como un derecho adquirido por el tiempo de servicios prestado; señalando en su art. 2 parágrafos I y II, que:  “I.         Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año.

II. La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, por lo cual, la normativa que regula el pago de indemnización, prevé que este beneficio se consolida después de haber cumplido 90 días de trabajo continuo; decreto supremo, que en las consideraciones para su promulgación señala: “Que el desgaste físico y psíquico de la trabajadora y del trabajador en la prestación de servicios se produce desde el inicio mismo de la prestación laboral, por lo que la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido de las trabajadoras y trabajadores que debe ser reconocido como corresponde, afirmándose también, que: “Los Parágrafos I y II del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado, establecen que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de las trabajadoras y los trabajadores.

Por lo cual, conforme a la norma suprema vigente y lo señalado líneas arriba, se deben aplicar los principios instituidos en nuestra Constitución, reflejándolos al momento de impartir justicia, aplicándose de manera preferente la Constitución Política del Estado, conforme prevé el art. 410-II; en ese sentido, el art. 15-I de la Ley del Órgano Judicial, señala: “El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución. En materia judicial la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. La ley especial será aplicada con preferencia a la ley general.

Conforme se determinó por los de instancia, el art. 2 del D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, determina una consolidación del beneficio de la indemnización por tiempo trabajado, después de haber cumplido más de noventa días de trabajo continuo, derecho que está revestido de protección constitucional de imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, inembargabilidad, entre otros, a partir de la vigencia de la carta magna de 2009; razón por la cual, conforme a la aplicación preferente de la Constitución, el principio in dubio pro operaio y la condición más beneficiosa para el trabajador, como reglas del principio protector; debe reconocerse que la indemnización por tiempo de servicios, se consolidada en favor del trabajador después de los noventa días continuos trabajados, y la aplicación del art. 16 de la LGT y art. 9 del DRLGT, regula la pérdida del beneficio del desahucio, no así, de la indemnización por tiempo de servicios, que tiene una normativa específica distinta, como es el D.S. Nº 110, que fue concebida desde y conforme a la visión de la ley fundamental vigente, tomando en cuenta que la norma sustantiva laboral (LGT), data de hace más de 50 años y no armoniza, con los preceptos constitucionales vigentes.

En ese entendido, no se evidencia una errónea aplicación del art. 2 del D.S. Nº 110 del 1 de mayo de 2009, ni de los arts. 16 de la LGT y 9 del DRLGT, por parte de los de instancia, quienes en aplicación correcta de los principios expresados, determinaron el pago de la indemnización por tiempo de servicios que le corresponde al trabajador demandante; beneficio que no se pierde bajo las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, toda vez que, este pago se constituye en un derecho adquirido, conforme prevé el art. 1 del D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, normativa que debe ser aplicada al ser la más  más favorable al trabajador.

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, con la permisión de la norma prevista en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por SOBOCE S.A., a través de Felix Alberto Salek Canido, de fs. 274 a 275; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista N° 153 de 31 de octubre de 2018. Con costas.

No se regula honorario profesional, por no haberse respondió el recurso.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-