TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 258

Sucre, 16 de mayo de 2019


DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                        : 179/2018

Demandante                        : Servicio Nacional de Caminos en Liquidación

Demandado                        : Carlos Luis Klinsky Capdevilla

Proceso                                : Coactivo Fiscal

Departamento                : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 654 a 658, interpuesto por Carlos Luis Klinsky Capdevilla por intermedio de su representante Alejandro Tudela Gutiérrez, impugnando el Auto de Vista 178/2017 de 13 de julio, cursante de fs. 650 a 652, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos en Liquidación, actual Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda contra el recurrente; el Auto de 5 de abril de 2018 de fs. 660  que concedió el recurso de casación; el Auto de 24 de abril de 2018 cursante de fs. 669 vta., que admitió el señalado recurso, los antecedentes del proceso; y,

I.        ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Cuarto del departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 015/2015 de 5 de noviembre, cursante de fs. 610 a 614, que declaró probada la demanda de fs. 377 a 378 interpuesta por el SNC-L, e improbada la excepción de prescripción planteada por el coactivado Carlos Luis Klinsky Capdevilla -ahora recurrente-, y dispuso girar el pliego de cargo en su contra, en forma solidaria con Oscar Valentín Pasten Molina, por la suma de Bs.346.687,47 (trescientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete 47/100 bolivianos), equivalente a $us.61.751,17 (sesenta y un mil setecientos cincuenta y uno 17/100 dólares estadounidenses); manteniendo todas las medidas precautorias adoptadas contra los coactivados mediante Auto Interlocutorio 120/2009 de 4 de diciembre.

Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el hoy recurrente, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 178/2017, que confirmó en su integridad la Sentencia apelada, consiguientemente, firme y subsistente el Pliego de Cargo 018/2015 de 5 de noviembre.

Argumentos del recurso de casación

El recurrente, manifiesta que el Auto de Vista 178/2017, ahora impugnado, violentó y aplicó indebidamente normas expresas, e incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas, por las siguientes razones:

a) Aplicaron indebidamente el art. 1503 del Código Civil, para rechazar la prescripción invocada, toda vez que esta figura jurídica se computa desde el día en que sucedió el hecho generador, conforme lo previsto por el art. 40 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990- , que en el caso presente acontecieron en el periodo octubre de 1998 a enero de 1999, siendo la última autorización el pago de planillas de pago al personal del entonces Servicio Nacional de Caminos, por horas extras, hasta enero de 1999, año desde el cual  hasta la fecha de presentación del memorial de excepciones y justificativos, transcurrieron más de diez años, siendo que durante ese lapso, hasta la citación con la demanda, no fue objeto de ninguna acción coactiva por los conceptos que sustentan el referido proceso.

El art. 40 de la Ley N° 1178, prevé que las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, prescriben en 10 años, computables a partir del hecho que da lugar a la acción, o desde la última actuación procesal; en el caso presente, los actos acusados son los pagos de las horas extras, cuando ejercía el cargo de Director del Servicio Nacional de Caminos, hasta abril de 1999, y las autorizaciones para dicho pago se realizaron de septiembre a diciembre de 1998 y enero de 1999, siendo que desde entonces, hasta la presentación de descargos,  el 19 de marzo de 2010 -tiempo en el que le notificaron con la demanda coactiva fiscal y la Nota de Cargo 122/2009-, transcurrieron más de diez años, tiempo en el que no fue objeto de ninguna acción coactiva.

Por otro lado, el art. 1503.1 del Código Civil (CC), en relación con lo previsto por el art. 40 de la Ley N° 1178, determina que el plazo de prescripción se interrumpe por actos judiciales, no administrativos; por lo que, pretender aplicar en el caso presente, el art. 1503.2 del referido Código, para forzar la interrupción de la prescripción, resulta ser una aberración jurídica, en el entendido que dicha norma refiere que la prescripción se interrumpe también por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor; sin embargo, la supuesta notificación con el dictamen de responsabilidad civil y la publicación realizada en el periódico La Razón -que no fueron mencionados en la Resolución impugnada-, no son actos idóneos para constituirlo en mora, toda vez que de acuerdo a la disposición del art. 340 del CC, se constituye en mora al deudor, mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente, lo que no existió en el caso de autos; al margen que la señalada publicación es genérica, pues no menciona su nombre como deudor del Servicio Nacional de Caminos, constituyéndose este en un argumento falso, empleado para rechazar injustamente la prescripción solicitada.

Finalmente, de la consideración de los arts. 1501 al 1506 del sustantivo Civil, se tiene que en el caso presente, no aconteció ninguna de las causales previstas en el art. 1502 del referido Código, es decir, no se interrumpió el plazo de la prescripción, pues jamás fue objeto de acto alguno que lo constituya en mora, consiguientemente nunca tuvo ninguna obligación.

b) Si bien es cierto que los informes de auditoría, emitidos por la Contraloría General del Estado, tienen fuerza coactiva, estos no constituyen verdades irrefutables, pues deben estar sujetos a la valoración jurisdiccional y a su determinación en proceso; aspecto que fue desconocido por el Tribunal de alzada, no obstante haber demostrado que dichos informes adolecían de legalidad en su elaboración, y al estar estos además incompletos, no pueden ser considerados documentos con fuerza coactiva de manera irrefutable, por lo que debieron aplicar la línea jurisprudencial establecida en el Auto Constitucional Nº 22/2001, concordante con la Sentencia Constitucional 1591/2005-R; asimismo, los Autos Supremos 116 de 4 de octubre de 1997, 227 de 22 de octubre de 1997, 174 de “29/20/97”, y 168 de 12 de enero de 1998, que previeron que, en el caso de identificarse una indebida o errónea aplicación de las normas legales o en la compulsa de la prueba, los dictámenes pueden quedar sin efecto; por ello, al haber sido obviados estos aspectos en la Resolución impugnada, mismos que demuestran que los informes de auditoría son incompletos, violaron el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, elevado a rango de ley por el art. 52 de la Ley N° 1178, pues lo correcto debió ser que se revoque el fallo del Juez a quo, y declarar improbada la demanda. 

Asimismo, el Tribunal ad quem incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas, pues sin compulsar antecedentes refirieron equivocadamente que su persona, en su condición de Jefe del área administrativa del Servicio Nacional de Caminos, durante los periodos octubre de 1998 a abril de 1999, autorizó el pago de horas extraordinarias, contraviniendo las previsiones del Reglamento Interno de la señalada entidad, que prevé que las únicas autoridades habilitadas para disponer el pago de horas extraordinarias, son el director y subdirector a solicitud de los jefes de departamento, sin considerar que cuando su persona autorizó los referidos pagos, ejercía el cargo de Director Ejecutivo de la aludida entidad caminera, hasta abril de 1999, y los mismos se realizaron en los meses de septiembre a diciembre de 1998 y enero de 1999, por lo cual, no es evidente que haya contravenido o vulnerado alguna norma del Reglamento interno, más al contrario, en aplicación del aludido Reglamento, autorizó el referido pago, por lo que su actuación estuvo enmarcada en norma legal.

Petitorio

En base a lo expuesto, solicitó a este Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo, declare probada la prescripción e improbada la demanda, con la imposición de costas en todas las instancias.

II.        FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES APLICADOS AL CASO CONCRETO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; bajo ese marco, caben las siguientes consideraciones:

1. El recurrente acusa que el Tribunal de alzada, aplicó indebidamente el art. 1503.2 del CC, para rechazar la prescripción invocada, en el entendido que esta -de acuerdo al art. 40 de la Ley N° 1178- es de diez años y se computa desde el día de ocurrido el hecho generador, que en el caso presente está referido al pago de horas extra acontecido en el periodo octubre de 1998 a enero de 1999, cuando ejercía el cargo de Director del Servicio Nacional de Caminos, y que desde esa fecha hasta la presentación del memorial de excepciones y justificativos, transcurrieron mas de diez años, sin que durante ese tiempo se hubiese efectuado ninguna acción coactiva por los conceptos que sustentan el proceso; toda vez que de acuerdo a las normas citadas, el plazo de prescripción se interrumpe por actos judiciales y no administrativos; de ahí que, la supuesta notificación con el dictamen de responsabilidad civil y la publicación realizada en un medio de comunicación escrito, no sean actos idóneos para constituirlo en mora, en virtud de lo establecido por el art. 340 del CC; consiguientemente, de acuerdo a lo previsto por los arts. 1501 a 1506 del citado Código, no se activaron las causales de interrupción de la prescripción.

Bajo esos antecedentes, considerando que, determinar si operó la prescripción reclamada, se constituye en concluyente en el derecho que le asiste al recurrente, se hace menester efectuar el siguiente análisis:

El art. 40 de la Ley N° 1178, establece que: “Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en las formas establecidas en el Código Civil. Para la iniciación de acciones por hechos o actos ocurridos antes de la vigencia de la presente ley, este término de prescripción se computará a partir de dicha vigencia”.

Bajo esas premisas, es pertinente  hacer referencia a lo dispuesto por el art. 1503 del Código Civil, al que nos remite el señalado art. 40 de la Ley 1178, que prevé: “I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”.

De lo anterior, se entiende entonces que existen dos posibilidades de interrupción de la prescripción en la vía judicial y extrajudicial; la primera mediante los actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales, aún sean estos incompetentes, y la otra, mediante cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor.

En coherencia con lo anterior, el art. 340 del CC establece que el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor; entendiéndose de lo anterior, que la constitución en mora puede ser mediante requerimiento extrajudicial por medio de un acto equivalente.

Respecto al requerimiento, según el criterio de Raúl Ferrero Costa (Curso de Derecho de las obligaciones, pag. 374), este “…puede ser judicial o extrajudicial, sin que se requiera formalidad específica alguna. Basta cualquier acto del acreedor del que se pueda inferir su intención de exigir el pago. La intimación de cumplimiento es una declaración de voluntad recepticia, por lo que produce sus efectos cuando llega a conocimiento del deudor destinatario de la misma”. En ese entendido y habida cuenta que nuestra legislación no define la forma del acto equivalente para constituir en mora al deudor, de lo manifestado se entiende que el requerimiento moratorio no está sujeto a una formalidad específica, por lo que bastará que el acto del acreedor, tenga la intención de exigir el cumplimiento de la obligación; de ahí que, el art. 1503.II del Código Civil, al establecer que la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, prevé que ese acto extrajudicial, sea el de exigir la obligación, sin importar la forma, interrumpiendo de ese modo, el plazo de la prescripción.

Bajo ese contexto, corresponde destacar las siguientes actuaciones suscitadas dentro del proceso coactivo fiscal, de donde emerge la controversia traída en casación:

i) La Gerencia de la Contraloría departamental de La Paz, en cumplimiento de su Programación Anual de Operaciones, efectuó el examen especial de gastos en el Servicio Nacional de Caminos, por las gestiones 1993, 1994, 1995 y el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1998 y el 31 de marzo de 1999, emergente de lo cual, emitió el Informe de Auditoria EL/EP13/F99 R1 y posteriormente, luego de la presentación y evaluación de descargos, el Informe Complementario AX/EP13/F99 C1, en los que se estableció indicios de responsabilidad civil contra servidores públicos de la referida entidad, por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado y percepción indebida de remuneraciones.

ii) Los referidos informes, puestos en conocimiento del Contralor General de la República -en ese entonces-, emitiendo en base a ellos, el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-056/2001 de 31 de julio, que determinó la responsabilidad civil de funcionarios de la entidad caminera aludida, entre ellos, de Carlos Luis Klinsly Capdevilla -hoy recurrente-, en forma solidaria con Oscar Valentín Pasten Molina, por la suma de Bs.346.687,47, equivalentes de $us.61.751,17, sujetos a la aplicación del art. 77 inc. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal; disponiendo asimismo su notificación e instruyendo que en caso de no procederse al pago en el plazo de 20 días de recibido el dictamen, el Servicio Nacional de Caminos, debía iniciar la acción coactiva fiscal, sobre la base de los informes de auditoria referidos.

iii) El recurrente fue notificado con el citado Dictamen de Responsabilidad Civil, el 10 de septiembre de 2001, tal cual se evidencia de la diligencia cursante a fs. 432 de obrados.

iv) Cursa asimismo, notificación a través de un medio de comunicación escrita, efectuada por el Servicio Nacional de Caminos, convocando a las personas a las que se adeuda y tienen obligaciones pendientes con la referida institución, a hacer llegar sus confirmaciones de saldos, nómina entre la que figura el nombre del recurrente.

v) El 1 de diciembre de 2009, Félix Carlos Jemio Bacarreza, en representación del Servicio Nacional de Caminos, interpuso demanda coactiva fiscal por apropiación y disposición arbitraria de bienes del Estado, previsto en art. 77 inc. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, contra los entonces coactivados, Carlos Luis Klinsky Capdevilla -ahora recurrente- y Oscar Valentín Pasten Molina. Admitida la misma, el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Cuarto del departamento de La Paz, emitió la Nota de Cargo 122/2009 de 4 de diciembre, contra los aludidos, para que paguen la suma establecida en el Dictamen de Responsabilidad Civil mencionado precedentemente. No pudiendo ser habido para su notificación, mediante decreto de 2 de marzo de 2010, el Juez de la causa, ordenó la notificación del ahora demandante, mediante edicto, no constando en obrados, copia del mismo.

vi) Mediante memorial presentado el 29 de marzo de 2010, el ahora recurrente, presentó justificativos y descargos a la Nota de Cargo referida en el punto anterior.

Ahora bien, en la especie, tomando en cuenta que el hecho generador de la obligación resulta ser el pago de horas extras en el periodo octubre de 1998 a abril de 1999, es a partir de dicha fecha que inicia el cómputo de la prescripción de 10 años, de acuerdo a la previsión del art. 40 de la Ley 1178; sin embargo, la institución demandante del proceso coactivo fiscal, luego de la emisión de informes de auditoria, concluyó evacuando el Dictamen de Responsabilidad Civil contra el hoy recurrente -entre otros-, mismo que le fue notificado el 10 de septiembre de 2001, acto que -se entiende- debe ser considerado dentro de la previsión contenida en el parágrafo II del art. 1503 del CC, como acto que interrumpe la prescripción, toda vez que, como se manifestó ut supra, si bien nuestra legislación establece que el deudor queda constituido en mora mediante intimación judicial u otro acto equivalente del acreedor, y habida cuenta que no establece de manera expresa la forma del “acto equivalente” para constituir en mora al deudor, se entiende que el requerimiento moratorio no está sujeto a una formalidad específica, y bastará por lo tanto que el acto del acreedor, tenga la intención de exigir el cumplimiento de la obligación; que es precisamente lo que ocurre en la especie, pues la finalidad del Dictamen de Responsabilidad Civil, era precisamente poner en conocimiento del funcionario, los cargos que se le acusan y exigir la obligación; por lo tanto, goza de eficacia interruptiva de la prescripción, por lo cual, haciendo el cómputo respectivo de la notificación con el referido Dictamen de Responsabilidad Civil momento en el que se reanudó el cómputo de 10 años-, hasta la presentación de la demanda el 1 de diciembre de 2009, su admisión y la emisión de la Nota de Cargo 122/2009 de 4 de diciembre, no trascurrieron los 10 años previstos por el art. 40 de la Ley N° 1178, es decir, no operó la prescripción; aspecto que fue apreciado correctamente por los Tribunales de instancia, por cuanto se aplicó la norma referida precedentemente, y lo prescrito por el art. 1503.II del Código Civil al caso concreto.

Que, así analizados los hechos, no resulta necesario emitir criterio respecto al efecto que pudo haber causado la publicación efectuada a través de un medio de comunicación escrito en relación a la prescripción, toda vez que cualquier análisis que se haga al respecto, no incidiría en lo concluido anteriormente.

Por lo señalado, se concluye entonces que no resulta ser cierta  la incorrecta aplicación del art. 1503.2 del CC, por parte del Tribunal Ad quem, tal como acusa el recurrente; consiguientemente, corresponde declarar infundado el recurso, en cuanto a la prescripción reclamada.

2. El recurrente acusa la violación del art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, porque considera que los informes de auditoria, si bien tienen fuerza coactiva, no constituyen verdades irrefutables, mientras tanto no se sean sujetos a valoración jurisdiccional, aspecto que a su criterio, fue desconocido por el Tribunal de alzada, no obstante haber demostrado que dichos informes adolecían de legalidad en su elaboración y estaban incompletos, por lo que no pueden considerarse documentos con fuerza coactiva. Incurrió además en error de hecho en la apreciación de las pruebas, pues sin compulsar antecedentes refirieron equivocadamente que su persona, autorizó el pago de horas extraordinarias en su condición de jefe del área administrativa del Servicio Nacional de Caminos, contraviniendo las previsiones del Reglamento Interno de la señalada entidad, sin considerar que en ese momento, ejercía el cargo de Director Ejecutivo de la aludida entidad caminera.

De lo anterior se observa que las expresiones del recurrente contienen un alto grado de subjetivismo que impiden efectuar un pronunciamiento efectivo al respecto; verbigracia, lo referido a la falta de legalidad de los informes de auditoria o que los mismos estarían incompletos; empero no sustenta de forma alguna sus afirmaciones; por lo que al no contar con mayores elementos al respecto, no merece pronunciamiento alguno.

Sin embargo, resulta evidente que el dictamen fiscal no es definitivo en cuanto a la determinación de la supuesta obligación; sin embargo, reviste facultad para ejercer un cobro, pudiendo discutirse la cuantía del mismo en el proceso; empero, el cobro ya fue efectuado, y como tal, ya operó la interrupción de la prescripción.

Debe señalarse además que, se entiende por error de hecho, cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no consta materialmente en el proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en autos, o en su caso, cuando el juez altera o modifica, restando o incrementando el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo que en el caso presente, visiblemente no ha ocurrido, o no ha sido demostrado por el recurrente, pues simplemente se limitó a referir que el Tribunal de alzada, sin compulsar los antecedentes, concluyó equivocadamente que autorizó el pago de horas extraordinarias, en su condición de Jefe del área administrativa, siendo que por el contrario, ejercía el cargo de Director Ejecutivo de la referida entidad, sin demostrar de manera objetiva el supuesto error de hecho

Se debe recordar además al recurrente, que la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que en aplicación del art. 1286 del CC, la apreciación y valoración de la prueba, constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, siendo incuestionable en casación; y que de manera excepcional podrá efectuarse una revisión o revaloración de ella, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho; en el caso del error de hecho, deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en la especie no aconteció; razón por la que no es posible analizar el error de hecho acusado, pues no se encuentra forma alguna de establecer la veracidad de sus afirmaciones,  debido a la falta de carga argumentativa en la que incurrió el recurrente, que no puede ser suplida por este Tribunal.

Finalmente, respecto a la cita de jurisprudencia, cabe señalar que sobre el Auto Constitucional Nº 22/2001, que a decir del recurrente, sería coherente con la SC Nº 1591/2005, y de acuerdo a lo transcrito en el memorial de recurso de casación, estaría referida a que los Informes de Auditoría, elaborados por la contraloría General de Estado, son opiniones técnico jurídicas que no constituyen verdades inamovibles; concuerda con lo manifestado en el caso de autos, toda vez que, precedentemente se concluyó señalando que no obstante que dichos informes no constituyen verdades definitivas, el dictamen fiscal emergente de los mismos, reviste facultad para ejercer un cobro, cuya cuantía, efectivamente podrá ser refutada en proceso; consiguientemente, los precedentes citados, no son contrarios a la presente Resolución.

En cuanto a los AASS 116 de 04/10/97, 227 de 22/10/97, 174 de “29/20/97” y 168 de 12/01/98, que según expone el recurrente, refieren que, en caso de identificare indebida o errónea aplicación de normas legales en la compulsa de la prueba, dentro del análisis de los indicios encontrados en los dictámenes de responsabilidad civil dentro de un proceso coactivo fiscal, dichos dictámenes podrían quedar sin efecto alguno; empero, el aludido, no precisa ni acredita de forma alguna la vinculatoriedad que podrían tener en el caso de autos, razón por la que no merece mayores consideraciones, en el entendido que este Tribunal Supremo de Justicia no está facultado para suplir las deficiencias de carga argumentativa en la que incurren las partes. 

Que así analizados los hechos, se concluye que el Auto de Vista impugnado, ajustó su decisión a las normas legales correspondientes y realizó la valoración y apreciación correcta del cuaderno procesal, efectuando una interpretación y aplicación correcta del art. 40 de la Ley N° 1178 y 1503 del CC; por lo que en este estado, no corresponde deferir favorablemente a lo solicitado en el recurso de casación, debiendo resolverse la causa en la forma prevista el art. 220. II del Código de Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la CPE y 42.I numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 654 a 658, interpuesto por Carlos Luis Klinsky Capdevilla, por intermedio de su representante Alejandro Tudela Gutiérrez, contra el Auto de Vista 178/2017 de 13 de julio, dictado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de La Paz. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.