TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 257

Sucre, 16 de mayo de 2019

Expediente                  : 177/2018

Demandante                   : Juan Gabriel Antelo Molina  

Demandado                    : Gerenciamiento de Manejo de Desecho Consultoría en

                                           Fluido de Perforación y Complementación S.R.L.      

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 133 a 135, interpuesto por la empresa “Gerenciamiento de Manejo de Desecho Consultoría en Fluido de Perforación y Complementación” (PFM) S.R.L., representada por Mirian Lourdes Vaca Vda. De Salinas, contra el Auto de Vista Nº 143 de 22 de noviembre de 2017, emitido por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 129 a 130; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Juan Gabriel Antelo contra la empresa recurrente; el memorial de respuesta al recurso, de fs. 138 a 139; el Auto de 20 de febrero de 2018, que concedió el recurso (fs. 140); el Auto de 20 de abril de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 148), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Juan Gabriel Antelo Molina, y tramitado el proceso, la Juez Cuarta del Trabajo, Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia de 3 de abril de 2017, cursante de fs. 101 a 105, declarando probada la demanda; disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs.68.791,47.- (sesenta y ocho mil setecientos noventa y uno 47/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales detallados en dicho fallo, incluida en la indicada suma la multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, la empresa PFM S.R.L., formuló recurso de apelación, de fs. 113 a 114; que fue resuelto por el Auto de Vista Nº 143 de 22 de noviembre de 2017, emitido por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 129 a 130, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Notificada con dicha determinación, la indica empresa formuló recurso de casación, de fs. 133 a 135, señalando lo siguiente:

La Juez de la causa, señaló audiencias de recepción de testigos de cargo y de descargo para el 16 de agosto de 2016; estas fueron suspendidas al no encontrarse legalmente notificadas las partes, como se afirma en los informes de Secretaría del Juzgado (fs. 75 y 76), posteriormente la Juez de instancia, señaló audiencia para la recepción de prueba testifical de cargo para el 30 de noviembre de 2016, incurriendo en una falta de equidad procesal, al no haberse señalado nuevamente la audiencia para la recepción de testigos de descargo, tomando en cuenta que la suspensión efectuada el 16 de agosto de 2016, no fue atribuible a la parte demandada; y el art. 56 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece que el impulso y la dirección procesal corresponde al Juez quien debe cuidar la tramitación rápida del proceso. 

El Auto de Vista recurrido, señala que en el recurso de apelación presentado contra la Sentencia, no se establece con claridad fundamentos del derecho vulnerado y no se hubiese indicado cual es la norma vulnerada; sin embargo, en el aludido recurso de apelación, claramente y de manera expresa se fundamenta el derecho vulnerado con indicación de la normativa, el art. 56 del CPT, referido al derecho a la defensa durante la tramitación del proceso, garantía establecida en el art. 115 - III y IV de la Constitución Política del Estado.

El Tribunal de alzada, afirmó que no se presentaron pruebas que desvirtúen el motivo del recurso de apelación que se interpuso, y que las partes tienen la obligatoriedad de producir sus pruebas conforme a las normas vigentes; pero, cómo coherentemente se puede exigir que el apelante presente prueba para desvirtuar su propio recurso; este fundamento del Auto de Vista, carece de toda lógica y racionalidad; además, no se menciona conforme a qué norma legal aplicable, se tiene la obligatoriedad producir las pruebas que refiere, simplemente se efectúa una frase genérica “conforme a la normativa vigente”, que no constituye fundamento alguno.

Por otra parte, el Auto de Vista realiza una cita confusa del art. 205 del CPT, que solo establece que las apelaciones deben ser fundamentadas, no tiene contenido una exigencia  “establecer con claridad el hecho violentado que ha causado la resolución del inferior, la norma en que se basa y las pruebas a las que se refiere no han sido valoradas”, como se afirma por el Tribunal de alzada.

También en el Auto de Vista, se señaló que durante el proceso la parte demandada se hizo declarar rebelde, demostrando poco interés en defenderse y proponer medios probatorios; cuando en el presente proceso, no ha existido la supuesta declaratoria en rebeldía; asimismo, el Tribunal de alzada en sus fundamentos afirma que el apelante no hizo uso del art. 261-III del Código Procesal Civil (CPC-2013), solicitando diligenciamiento de pruebas de segunda instancia; con una total contradicción en los argumentos del Auto de Vista, cuando debió evaluarse si existió o no la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso alegados en la apelación, solo se expreso genéricamente, que no existieron fundamentos claros de los agravios sufridos, sin sustento alguno.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita se la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, la producción de la prueba testifical de descargo.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

Debe tomarse en cuenta, que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, y dirigido a lograr que el máximo Tribunal ordinario, revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación, que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; la legislación prevé en el art. 270-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, así también, el Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) en su art. 255, disponía contra que resoluciones procedía el recurso de casación, refiriéndose en sus numerales a Autos de Vista, norma adjetiva aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del CPT.

En tal razón, conforme estas disposiciones se puede colegir que el recurso de casación tiene como finalidad la objeción de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista, no así, reclamos sobre decisiones asumidas por el Juez a quo, para ello la normativa procesal prevé otro tipo de mecanismos; en ese entendido, corresponde al recurso de casación orientar sus argumentos a invalidar el Auto de Vista, cuestionado fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada, respecto del agravio efectuado en apelación, y no enfocar los argumentos del recurso de casación, de manera directa sobre consideraciones o determinaciones asumidas por el Juez de primera instancia.

En el caso, si bien se cuestiona en el recurso de casación, algunos argumentos del Auto de Vista recurrido (que se analizarán más adelante), se está acusando directamente el actuar de la Juez de la causa, y no así los fundamentos expresados por el Tribunal de alzada respecto del único punto del recurso de apelación (la supuesta falta de equidad procesal, en la recepción de pruebas testificales); debiendo tenerse presente, que el Tribunal ad quem, fundamentó resolviendo este agravio, que la ahora empresa recurrente no solicitó el señalamiento de otra audiencia testifical de descargo; debiendo exigirse este pretensión de la empresa demandada, ante la Juez de la causa y en su oportunidad (no efectuar un reclamo, ante un descuido de su parte, recién en apelación y en casación); en razón a que, en conocimiento de las Actas de Suspensión de Audiencia testifical de descargo  (fs. 75) y de cargo (fs. 76), mediante memorial de fs. 82, el actor solicitó nueva audiencia para la recepción de los testigos de cargo; empero, la empresa PFM S.R.L., no efectuó ninguna solicitud, quien debía en forma oportuna, hacer conocer su a la Juez de la causa la pretensión que ahora se reclama en otras instancias, consecuentemente, se activa la preclusión procesal prevista en los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT; tratándose de un reclamo sobre una determinación en la tramitación del proceso, respecto a la recepción de testifical de descargo, cuando nunca se realizó tal solicitud por la parte interesada, como ocurrió con la contra parte. Este principio de preclusión rige el proceso laboral, y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud de que queda extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, una solicitud o un reclamarlo; por lo que, conforme expresó el Tribunal de alzada, no se puede reclamar un aspecto que no se solicitó, al no haberse dado a conocer mediante algún memorial de la parte demandada (ahora recurrente), una solicitud para señalamiento de audiencia para recepción de los testigos de descargo, teniendo conocimiento de la suspensión efectuada en Acta de fs. 76, así tampoco cuestionó la decisión asumida en dicha Acta.

Ahora debe entenderse que, en mérito al principio dispositivo, corresponde a las partes la activación del proceso y la especificación de sus pretensiones, por ello, no se puede pretender la nulidad en el recurso de casación presentado, hasta la producción de la prueba testifical de descargo; cuando las partes deben realizar en el transcurso del proceso y durante el periodo probatorio, las solicitudes que consideren necesarias, para demostrar o desacreditar una pretensión; si la parte interesada no ejerció ese derecho, no puede acusar la existencia de violación a la equidad procesal aludida, porque la nueva audiencia para recepcionar la testifical de cargo, no fue efectuada de oficio, sino a pedido de la parte actora, en memorial (fs. 82), solicitud que no fue realizada por la parte demandada.

El art. 56 del CPT, establece en su primera parte, que: El impulso y la dirección del proceso corresponde al Juez y al Tribunal, quienes cuidarán de su rápida tramitación, sin perjuicio del derecho de defensa de las partes, determinación que no implica que el impartidor de justicia, debe de oficio velar por los intereses de las partes; sino que debe cuidar la actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, adoptando medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso, para pasar de un acto procesal a otro; cumpliendo con las diligencias necesarias y la comunicación de los actuados a las partes de las decisiones que se vayan asumiendo, para que estas tengan la posibilidad de activar los mecanismos procesales que la ley les otorga.

Lo expuesto hace ver que, no se vulneró el indicado precepto, menos el derecho a la defensa, cuando todos los actuados fueron puestos a conocimiento de la empresa demandada, y fue esta, quien no efectuó la solicitud para el señalamiento de nueva audiencia testifical de descargo, y menos cuestiono la suspensión efectuada en el Acta cursante a fs. 76.

Por otro lado, se debe tener presente que para determinar nulidad, como solicita la empresa recurrente, existen principios a los cuales debe ceñirse para no retrotraer un proceso sin que sea necesario, afectando la celeridad y economía procesal que deben observarse en la tramitación de un proceso, estos principios son: el de especificidad o legal, referido a que para la procedencia de la nulidad, el acto procesal se haya realizado en violación de preceptos legales sancionadas con nulidad; es decir, que la omisión o defecto que origine la nulidad del acto o procedimiento, debe estar expresamente determinada por la Ley; el de trascendencia, este responde a que “no hay nulidad sin perjuicio”, significa que, quien solicita nulidad debe probar que el motivo de la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad del acto o procedimiento que hubiese causado el perjuicio; el de protección, que establece que la nulidad procede a consecuencia de una determinación o un procedimiento, por el cual quedan indefensos los intereses del litigante; y, el de convalidación, que refiere a que toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento; es decir, que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, esta no podrá ser declarada si es que, el afectado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada continua con la tramitación del proceso como si no hubiese existido un acto viciado, cuando este acto cumple con la finalidad procesal que tenía, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no impugna el mismo por medio de los mecanismos procesales para ello.

A esto debemos añadir, los requisitos que debe reunir la parte legitimada para solicitar la nulidad, entre los cuales esta: la existencia de un interés legítimo lesionado, que debe ser propuesta la nulidad por quien se vea perjudicado o a quien le efecto el acto o error procesal; la inexistencia de convalidación, cuando existe una renuncia tacita al reclamo, con la continuidad de los actuados sin efectuar reclamo alguno sobre los hechos, que luego pretende alegar su nulidad; y, no debe haber originado el acto irregular, quien solicita la nulidad, por lo que, no puede quien causo el acto o error, solicitar nulidad de ese actuado, propriam turpitudimen allegans non est adudiendus (no debe ser escuchado quien alega su propia tropeza), por lo cual, el hecho de que en el momento procesal oportuno, la empresa recurrente no haya solicitado señalamiento de nueva audiencia para la recepción de sus testigos de descargo, luego de tener conocimiento de la suspensión de fs. 76; no vulnera el principio de igualdad procesal, cuando tuvo la oportunidad para efectuar tal solicitud, como precisamente hizo su contraparte -el actor- en el memorial que cursa a fs. 82.

En mérito a lo expuesto y no encontrándose fundados los motivos traídos en casación por la parte demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa “Gerenciamiento de Manejo de Desecho Consultoría en Fluido de Perforación y Complementación” S.R.L., representada por Mirian Lourdes Vaca Vda. De Salinas, de fs. 133 a 135; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 143 de 22 de noviembre de 2017. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en Bs.1.000.- (mil 00/100 bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-