TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 245

Sucre, 16 de mayo de 2019


DATOS GENERALES DEL PROCESO:

Expediente                        : 152/2018

Demandante        : Yerko Arza Chaurara

Demandado        : Ángel Freddy Maymura Reyna

Materia        : Social (Beneficios Sociales).

Distrito                        : Beni.

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Ángel Freddy Maymura Reyna cursante a fs. 486 a 493 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 05/2018 de 16 de febrero, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; el Auto de 09 de abril de 2018 cursante a fs. 511 a 511 vta., que admitió el recurso, lo obrado en el proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES:

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales seguido por Yerko Arza Chaurara, contra Ángel Freddy Maymura Reyna; la Juez Publico  Mixto de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Nº 1 de la ciudad de Guyaramerín, emitió la Sentencia Nº 05/2017 de 30 de marzo, cursante de fs. 441 a 445, declarando probada en parte la demanda, determinando que el demandado Ángel Freddy Maymura Reyna, cancele a favor del demandante conforme al siguiente detalle: Indemnización, desahucio, aguinaldos, vacaciones, bono de antigüedad, subsidio de frontera y multa del 30 %, la suma total de Bs123.543.-, (Ciento veintitrés mil quinientos cuarenta y tres 00/100 Bolivianos).

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 451 a 458, por Ángel Freddy Maymura Reyna, Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 05/2018 de 16 de febrero, cursante a fs. 478 a 483 vta., que confirma la sentencia apelada Nº 05/2017 de 30 de marzo.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandante Ángel Freddy Maymura Reyna, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, con la contestación de la parte demandante, el Tribunal de alzada emite el Auto de 16 de marzo de 2018, concediendo el recurso de casación interpuesto.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, se tienen los siguientes argumentos:

En El fondo:

1.- El recurrente en el fondo, acusa la violación del art. 167 del Código Procesal del Trabajo, error de hecho y derecho en la apreciación de las literales de fs. 10, 11, 33, 34 y 56 vta., y violación del principio de verdad material y de primacía de la realidad previstos en el art. 180.I de la CPE; al afectó argumenta que el Tribunal de alzada hubiera tergiversado los antecedentes procesales al afirmar en la resolución impugnada, que su persona no hubiera negado la relación laboral demandada, cuando en su contestación, como en el acta de confesión provocada, se tiene que su persona ha negado la existencia relación laboral; por lo cual lo que se asevera en el Auto de Vista, resulta no ser cierto.

A su  vez afirma, que además de negar la relación laboral demandada en su contra, identificó a la persona con la cual el demandante tenía una verdadera relación laboral, que fue con la Sra. Darci Dorado Guacama, aspecto que fue reconocido por el demandante en su confesión provocada, en donde aceptó que inicio su relación laboral como chofer con la persona nombrada; por tal motivo acusa la violación del art. 167 del CPT, que señala que el hecho admitido en confesión no requiere más prueba, fundamentando dicho reclamo en el Auto Supremo Nº 405/2014 de la Sala Social I del TJS, citado como jurisprudencia.

Por otro lado, afirma que negó el valor legal del certificado de trabajo adjuntado como prueba, porque el mismo no demuestra la verdad material del mismo, sino la verdad formal, ya que dicho documento fue expedido a pedido del demandado, con la finalidad de colaborarle para que el mismo pueda acceder a un crédito bancario, aspecto que fue aclarado por su persona bajo el principio de verdad material y primacía de la realidad, por lo cual también se violaron dichos principios procesales.

2.- Nuevamente el recurrente acusa error de hecho y derecho en la apreciación de los antecedentes del proceso y las pruebas cursantes a fs. 10, 11 y 56 de obrados; ya que precisa que su persona negó del monto de salario que percibía el actor, pues siempre negó tener relación laboral con el actor, aspecto consignado tanto en su contestación como en la confesión provocada prestada en el proceso, por lo cual el Tribunal de alzada no puede aseverar que no negó dicho extremo.

3.- Acusa la violación del art. 149 del CPT, la indebida aplicación e interpretación errónea del art. 137 de la misma Ley Adjetiva Laboral y por tercera vez acusa error de hecho y derecho en la apreciación de la literal de contestación de fs. 10, 11 y confesión provocada de fs. 56 de obrados; en esa línea arguye que conforme señala el art. 149 del CPT, con la contestación negativa a la demanda se constituye la relación jurídico procesal, para lo cual se fijan en forma precisa los puntos de hecho a probar, de lo que se concluye que si los puntos de hecho a probar no fueron objetados ni apelados, nadie puede incluir, que se aporten pruebas o resuelven los puntos no establecidos en la relación jurídico procesal, pues es una relación inmodificable en el proceso, por lo cual no es aceptable el criterio expedido en alzada, que establece que porque se demandaron esos puntos, la juez debe resolverlos y pronunciarse al respecto, ya que lo que no se incluyó a probar no se puede resolverse; en tal sentido si el Auto de Vista reconoce que no se establecieron esos puntos a probar, no se puede resolver sobre esos puntos no establecidos, por ello se violo el art. 149 del CPT.

A su vez precisa que el Tribunal de alzada, señala que dichos puntos se consideraron conforme establece el art. 137 del CPT; sin embargo, este precepto no tiene ninguna correspondencia con la relación jurídica procesal y los puntos de hecho a probar.

Agrega que nuevamente se incurre en error de hecho y derecho en la apreciación de la literal de contestación y confesión provocada, recalcando que su persona en todo momento negó que le correspondían beneficios sociales a favor del actor, negando que existía la relación laboral demandada, incurriendo en error nuevamente el Tribunal de alzada, al aseverar que su persona no negó ni rechazo los puntos que ahora son objeto de impugnación.

En la forma:

1.- El recurrente, alega la violación del derecho y garantía constitucional del debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en su vertiente de motivación y fundamentación de la resolución de vista; además acusa la vulneración del principio de libre apreciación de la prueba previsto en el art. 3.j) del CPT; en ese sentido sostiene que, el Tribunal de alzada al momento de señalar que no se ha desvirtuado que la desvinculación laboral se hubiera producido por despido, ha dado por bien hecho la fundamentación realizada por la Juez de instancia, señalando que se realizó una adecuada valoración y compulsa de la documentación de fs. 45 a 49 de obrados, pero el Tribunal de alzada no emite criterio propio fundamentado, por qué lo resuelto en primera instancia cumple con la debida fundamentación y motivación. Con ello a decir del recurrente, también se vulnera el principio de libre apreciación de la prueba previsto en el art. 3.j) del CPT, pues si bien el juzgador para apreciar y valorar las pruebas, puede formar libremente su convicción, pero se obliga a establecer los fundamentos de la misma, entendimiento señalado en el A.S. Nº 188/2014 del 26 de junio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

2.- En este punto, nuevamente el recurrente acusa con los mismos fundamentos expuestos en el numeral primero del recurso de casación en la forma, la vulneración del derecho y la garantía constitucional del debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en su vertiente de motivación y fundamentación de la resolución de vista, además acusa la vulneración del principio de libre apreciación de la prueba previsto en el art. 3.j) del CPT; precisando que el Tribunal de alzada, indica que la juez de instancia ha valorado correctamente la prueba, sin exponer otro fundamento del por qué asumieron dicho criterio.

Para finalizar el recurrente cita la siguiente jurisprudencia: Auto Supremo Nº 260 de 2 de junio de 2014 de la Sala Civil Liquidadora, Auto Supremo Nº 188/2014 de 26 de junio y Auto Supremo Nº 130 de 14 de junio de 2017, ambos de la Sala Social y Administrativa Primera y todos del Tribunal Supremo de Justicia.

En conclusión, el recurrente solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que CASE el Auto de Vista y deliberando en el fondo se revoque la Sentencia Nº 05/2017 de 16 de marzo, que declara probada parcialmente la demanda; y en la forma solicito que ANULEN obrados reponiendo hasta el vicio más antiguo; es decir hasta el Auto de Vista Nº 05/2018 y sea con costas.

La parte demandada, contesta el recurso de casación interpuesto conforme cursa a fs. 500 a 500 vta.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Principio de verdad material.-

El art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el art. 30.11 de la Ley N° 025, establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto  cumplimiento con las garantías procesales. 

En ese contexto la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”

Principio de inversión de la prueba en materia laboral

La Constitución Política del Estado, establece fundamentos laborales y de protección al trabajador; en ese sentido el art. 48 de la ley fundamental en  su parágrafo I señala “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”, en su parágrafo II establece “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

El principio de inversión de la prueba, contenido en la norma constitucional citada, establece que la carga de la prueba le corresponde al empleador. Este principio en materia laboral, es contrario a la regla general de principio de aportación de prueba, que establece “quien afirma un hecho debe probarlo”; en el proceso laboral se traslada esa responsabilidad al empleador.

Conforme al indicado principio laboral constitucional, el Art. 66 del Código Procesal del Trabajo establece que: “En todo juicio social, incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes.” A su vez el Art. 150 de la misma ley procesal laboral establece que: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.”

De conformidad a las normas jurídicas citadas, se concluye que en material laboral, corresponde al empleador la obligación de proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por el trabajador en su demanda y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, todo basado en el principio de verdad material.

La inversión de la prueba en materia laboral goza -por así decirlo- de una presunción de veracidad respecto a la demanda del trabajador, “presunción juris tantum”, que debe ser destruida por el empleador con las pruebas que éste aportara en su defensa.

La base esencial del principio recae en el hecho que es el empleador quién genera y tiene en su poder la prueba, custodia, archiva y lo tiene bajo su administración de manera discrecional, a la que el trabajador no tiene acceso.

En muchos casos no cuenta con una copia de su contrato, ni de su boleta de pago, no se le proporciona el seguro social obligatorio, no cuenta con aportes previsionales; consiguientemente, el trabajador no podría probar una relación laboral, si se le obliga a otorgar la prueba.

Por ello, este principio a fin de equilibrar la vulnerabilidad a la que está sujeto el trabajador, no le obliga a proporcionar las pruebas, sino es a través de su palabra que pre-constituye la presunción de los derechos que demanda de plantea el proceso, obligándose al empleador probar lo contrario.

Error de hecho y derecho en la valoración de la prueba.

El autor Pastor Ortiz Mattos, en su obra, el Recurso de Casación en Bolivia, expresa "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

En base a lo anotado, si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta; ya que en el primer caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional, se proceda a una revaloración de esa prueba; y en el segundo caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del Tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la Sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.

En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas; sino, es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

Ese error de hecho por lo tanto requiere, ser ostensible y manifiesto lo que en palabras del autor René Parra significa “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se puedan efectuar elucubraciones o raciocinios complejos”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En atención al recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde ingresar a deliberar sobre el mismo, con la finalidad de establecer si los reclamos efectuados en el medio recursivo, son evidentes o no; en ese sentido se tiene lo siguiente:

En primer término, es necesario dejar establecido en la presente resolución,  que el recurso de casación que se resuelve ha sido interpuesto en la forma y en el fondo; sin embargo, el recurrente en un primer momento expone los fundamentos del recurso de casación en el fondo, para luego pasar a exponer sus reclamos en la forma; en esa situación, este Tribunal considera que por una cuestión didáctica, y para hacer comprensible el fallo, corresponde ingresar primero a considerar y resolver el recurso de casación en la forma; puesto que si logra establecer que los reclamos denunciados en el mismo son evidentes, el Tribunal de Casación se encuentra eximido de considerar y resolver el recurso de casación en el fondo, considerando la vocación anulatoria del recurso de casación en la forma; sin que dicha acción implique modificar los fundamentos del medio recursivo.

Con esta precisión, se pasa ingresar a considerar el recurso de casación interpuesto.

En la forma:

En el recurso de casación en la forma, se tiene que el recurrente en los dos reclamos del mismo, denuncia la violación del derecho y la garantía constitucional del debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en su vertiente de motivación y fundamentación de Auto de Vista; asimismo, acusa la vulneración del principio de libre apreciación de la prueba previsto en el art. 3.j) del CPT; para el efecto establece que el Tribunal de alzada, al dar por bien hecho la fundamentación realizada por la Juez de instancia, señala que se realizó una adecuada valoración y compulsa de las pruebas; sin embargo, no emiten un criterio propio fundamentado, del por qué consideran que lo resuelto en primera instancia cumple con la debida fundamentación y motivación; precisando que el primer reclamo lo hace en relación al fundamento que determina el motivo de la conclusión de la relación laboral, mientras que el segundo reclamo, ataca de manera general, a todas las conclusiones asumidas por el Tribunal de alzada; pero ambos reclamos tiene idéntico fundamentó.

De la revisión de antecedentes procesales, se observa que el Tribunal de alzada, se hubiera pronunciado en relación al motivo de la desvinculación laboral, precisando que la relación laboral concluyó como efecto de un despido, como afirma el actor en su demanda; asumiendo la convicción el Tribunal de alzada, que dicho extremo, no fue desvirtuado por el demandante, concluyendo que la multa del 30% establecida en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, fue correctamente aplicada por la juez de instancia, quién realizó una adecuada valoración y compulsa de la documentación aparejada cursante a fs. 45 y 49; en ese mismo sentido se tiene que el Tribunal de alzada, al momento de pronunciarse sobre el agravio referente a la errónea valoración de la comunidad de la prueba, realizó una introducción doctrinaria en relación a dicho tema, para concluir que la Juez de instancia hubiera aplicado correctamente los arts. 3.j) y 158 del CPT.

En mérito a ello, se puede constatar de manera inequívoca que el Tribunal de alzada, no vulneró el derecho y la garantía del debido proceso, en su componente de la debida fundamentación y motivación, por cuanto el Tribunal de apelación resolvió de manera fundada y motivada los agravios denunciados por el apelante en el recurso de apelación interpuesto; en tal sentido, este Tribunal considera que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales; sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello y es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones y determinaciones que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

En el caso, se plasmó la debida fundamentación y la motivación, como elemento componente del derecho al debido proceso, pues los Jueces de segunda instancia, expusieron los argumentos que sustentan la decisión, citaron las normas legales en las cuales se apoya su argumento y con este accionar, aseguraron que la resolución judicial que se emitió, no se constituya en una decisión de hecho; por lo cual el reclamo en la forma, deviene en infundado.

En el fondo.

1.- En el recurso de casación en el fondo, se acuso la violación del art. 167 del Código Procesal del Trabajo, error de hecho y derecho en la apreciación de las literales de fs. 10, 11, 33, 34 y 56 vta., y violación del principio de verdad material y de primacía de la realidad previstos en el art. 180.I de la CPE.

En ese sentido, en primer término debemos considera que el art. 167 del CPT, señala: “La confesión en material laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere más pruebas”, el recurrente con base a la normativa citada, acusa la violación de la norma, pues a decir del mismo, el actor hubiera reconocido en su confesión provocada, que la relación laboral que existía, la mantenía con la Sra. Darci Dorado Guacama y no con su persona.

Esta afirmación del recurrente, plasmada en el recurso de casación, no es evidente, puesto que de la revisión de la confesión provocada del demandante, que cursa a fs. 433 a 434, se tiene que el actor si bien reconoce haber trabajado con la Sra. Darci Dorado Guacama, quien era la propietaria de la camioneta que manejaba, también reconoce que dicho vehículo fue vendido a favor del recurrente, por lo cual el actor precisa que dejó de trabajar por el tiempo de 3 días, pero también establece que fue el ahora demandado, Ángel Freddy Maymura, quien con otro trabajador fueron a su casa a hablar con él y verbalmente lo contrató, precisando que empezó a trabajar en fecha 3 de agosto de 2009.

De lo anotado podemos concluir, que el recurrente acusa la vulneración del art. 167 del CPT, faltando al principio de lealtad procesal, pues a su beneficio, solo expone parte de la confesión provocada del actor, sin considerar el tenor íntegro de la declaración realizada; por lo que al estar evidenciada el inicio de la relación laboral, la contestación es clara y no se evidencia violación del art. 197 del CPT, en su apreciación; más aún, si bien el recurrente acusa error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba consistente en la confesión provocada, el recurso de casación no fundamenta en qué consiste dicho error, y cuál es el documento autentico que lo evidencia objetivamente; pues al efecto, se debe considerar que el error de hecho y derecho, constituyen figuras procesales diferentes, conforme se señala precedentemente, pues se incurre en error de hecho o derecho, cuando en el primer caso el juez considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado, siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico, y el segundo caso se produce cuando el error recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica; es decir en relación a valor determinado que le asigna la norma a un determinado medio probatorio; sin embargo, el recurrente en ninguno de sus fundamentos, expreso si el error cometido por el Tribunal de alzada, es un error de hecho o derecho, por lo cual también este reclamo deviene en infundado.

Por otro lado, el recurrente nuevamente acusa error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, consistente en la contestación a la demanda y la confesión provocada prestada por su persona, por cuanto considera que el Tribunal de alzada no podía afirmar en el Auto de Vista impugnado, que nunca su persona hubiera negado la relación laboral que ha sido demandada; no obstante de ello, este fundamento incurre en el mismo defecto ya mencionado, no se identifica si existe error de hecho o derecho en la valoración de la prueba, pues no pueden existir ambos errores de apreciación en relación a una misma prueba valorada; más allá de ello, se debe puntualizar que si bien es evidente que el actor en todo momento desconoció la relación laboral demandada en su contra, la afirmación del Auto de Vista para sostener que el actor no negó la relación laboral y por el contrario la reconoció, está fundada en el certificado de trabajo expedido por el actor de fs. 45, es decir que el Tribunal de alzada, llega a esa afirmación de manera indirecta, cuando en el Auto de Vista recurrido afirma “…por el contario el demandando ha reconocido la existencia de la relación laboral con el actor tal como consta en el certificado de trabajo que cursa a fs. 45 de obrados.”, por lo cual la conclusión se da por un reconocimiento tácito que el demandado hace, al haber certificado la existencia de la relación laboral objeto del presente proceso, por tal motivo se estima que no existe error de hecho y derecho en la valoración de la prueba denunciada.

De igual manera, el recurrente acusa la vulneración del principio de verdad material y de primacía de la realidad, pues el actor precisa que en el desarrollo del proceso su persona negó todo valor legal al certificado de trabajo que cursa a fs. 45 de obrados, ya que dicho documento fue expedido con la única finalidad de colaborar al actor para que el mismo pueda acceder a un crédito bancario; a decir del recurrente esa es la verdad material del documento suscrito.

En el reclamo citado, este Tribunal no encuentra vulneración alguna a los principios procesales enunciados en el recurso de casación que se resuelve; pues si bien el recurrente en el desarrollo del proceso aclaró que dicho documento -es decir el certificado de trabajo-, si fue expedido por su persona, pero con un fin distinto, la sola negación del contenido del certificado, no resulta suficiente para restarle total o parcial credibilidad, en base a los siguientes argumentos: 1.- El documento observado por el demandado, no es negado en su expedición, lo que se niega en su contenido, el cual a decir del propio recurrente seria falso; 2.- Si como Tribunal de Casación, ingresamos a considerar la aclaración formulada por el recurrente, en sentido que el documento expedido a favor del actor, tenía la finalidad de demostrar una situación que en la realidad no existía; es decir, demostrar la existencia de un trabajo con la remuneración correspondiente, cuando el mismo, a decir del recurrente, no existía; por ello, la conclusión lógica y legal a la que a que el Tribunal va a llegar, es que existen serios indicios de la presunta comisión del delito de falsificación ideológica en documento privado previsto en el art. 200 del Código Penal, pues la aclaración formulada por el recurrente tiene la claridad para hacer ver que el documento expedido, tenía la finalidad de falsear la verdad, y hacer incurrir en error a terceras personas, si consideramos que el mismo fue expedido para que el actor pueda acceder un crédito bancario, con una información falsa, es la única conclusión lógica y legal a la que el Tribunal de cierre, puede llegar si se analiza la justificación del actor; 3.- El certificado de trabajo observado, no es el único documento que demuestra la existencia de la relación laboral, pues si contrastamos los antecedentes procesales, podemos establecer que conforme sostiene el demandado, su persona en la contestación a la demanda negó de manera categoría que el actor hubiera prestado trabajos a su favor; sin embargo, no sucede lo mismo en su confesión provocada, pues en dicho medio probatorio, el confesante reconoce que el actor trabajó para dicha empresa, con la aclaración que dichos trabajos eran temporales, extremo que se conoce, cuando el confesante sostiene: “…cualquier cancheo fue pagado por su jornal en el momento en el que prestaron algún servicio…”; en esa misma línea han declarado los testigos Roddy Añez Roca y Robert Roca Chávez ofertados por el propio demandado, quienes son uniformes y contestes en sostener que el actor trabajo en la empresa del demandado, pero como trabajador eventual; es más, el testigo Robert Rocha Chávez, ha  reconocido que el actor en algunas ocasiones le ha llevado pollo a su restaurant.

Otro medio de prueba que cursa en antecedentes, el cual no fue negado por el demandado, es un recibo de pago de aguinaldo del año 2016, emitido y firmado por Ana María Maimura, por el monto de Bs2.000.-, a favor del actor, documento el cual conforme se tiene expuesto no fue desconocido por el demandado; en ese sentido, se debe razonar que si bien no es posible determinar y establecer una vinculación directa entre esta persona y el demandado, el documento de prueba señalado, constituye un medio de prueba indirecto, pues aporta circunstancias relevantes para establecer la existencia de la relación laboral demandada, ya que la suma que se consigna en dicho documento, por concepto de pago de aguinaldo por la gestión 2016, es coincidente con el monto de dinero que percibía el actor como salario mensual, establecido en el certificado de trabajo cursante a fs. 45 de obrados; a su vez se puede establecer que la persona que cancela dicho concepto a través del referido documento, se identifica como Ana María Maimura, observando una similitud de su primer apellido, con el primer apellido del demandado Ángel Freddy Maymura Reyna; en tal sentido, conforme se indicó, si bien dicho documento no puede ser considerado como un medio de prueba directo, aporta circunstancias que tornan verosímil el certificado de trabajo emitido por el demandado a favor del actor, más aun si dicho documento en ningún momento fue observado o refutado por el demandado.

En base a los argumentos expuestos, este Tribunal una vez más concluye que la sola negativa al contenido del certificado de trabajo, no es suficiente para restarle toda credibilidad, pues conforme se expuso, existen otros medios probatorios que reforzaron la hipótesis de la demanda y el certificado de trabajo producido en el proceso, para llegar al convencimiento que la relación laboral si existió.

2.- Por otro lado, el recurrente nuevamente acusa error de hecho y derecho en la apreciación de los antecedentes del proceso y sus pruebas cursantes a fs. 10, 11 y 56; sin embargo, una vez más y conforme se tiene ya fundamentado, el recurrente no especifica si el error es de hecho o de derecho y limita solo a precisar que en dichos medios probatorios, su persona negó el salario que percibía el actor, señalando que el error de hecho y derecho, de manera general se da cuando el Tribunal de alzada, afirma que su persona no hubiera negado dichos extremos.

No obstante de ello, conforme se ya se tiene referido, el error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, constituyen realidades diferentes y por tal situación su configuración procesal es también diferente, el cual no ha sido atacado de manera correcta por el recurrente, pero más allá de ello, se tiene ya determinado que la conclusión a la que arriba el Tribunal de alzada, para sostener que el demandado no ha negado la existencia de la relación laboral, esta sostenida en el certificado de trabajo expedido por el demandado, por lo cual este reclamo también deviene de infundado.

3.- Para finalizar, el recurrente acusa la violación del art. 149 del CPT, la indebida aplicación e interpretación errónea del art. 137 del CPT y por tercera vez, acusa error de hecho y derecho en la apreciación de las literales de fs. 10, 11 y 56 de obrados; en lo principal del argumento recursivo corresponde considerar solo el reclamó vinculado a la vulneración y errónea interpretación de los arts. 137 y 149 del Código Procesal del Trabajo, por cuanto el tercer reclamó es reiterativo y este Tribunal ya se pronunció en relación al mismo.

En ese sentido, se tiene que el art. 149 del CPT, es la norma que define la calificación del proceso de hecho y donde se fijan los puntos de hecho a probar, actividad procesal que es ejercida por el juez de instancia y que debe ser congruente con las pretensiones fijadas por las partes.

En materia laboral, opera el principio de inversión de la prueba, por el cual le corresponde al demandado desacreditar las pretensiones del actor, por lo cual el auto que traba la relación jurídico procesal, está centrado en especial al demandado, quien tendrá la obligación de demostrar que lo demandado por el actor no es correcto,  sin perjuicio que el actor pueda aportar de igual manera prueba que la creyera importante y relevante.

En un proceso laboral lo primero que se discute, es la existencia de la relación laboral, pues depende de la demostración de la misma, para que el trabajador sea sujeto de derechos y beneficios sociales, por lo cual la primera idea que plantea el proceso contradictorio, es establecer si se dan las condiciones para establecer la relación laboral y si la misma esta sometida a protección de la Ley General del Trabajo.

En el caso de autos, los puntos de hecho a probar, para el demandante estaban dirigidos a probar la existencia de la relación laboral, los haberes percibidos, el tiempo de servicios, la causa del retiro y el monto de los beneficios sociales, sin desconocer que la pretensión o pretensiones del demandante, se encuentre sometidas a un presunción iuris tantum;  mientras que para el demandado los puntos de hecho a probar estaban expresados de manera negativa, es decir demostrar la inexistencia de la relación laboral, la no percepción de haberes, la no existencia del periodo de servicios, que no hubo causal de retiro y por ultimo le correspondía al demandado demostrar que no le correspondía beneficios sociales; es decir, si la resolución judicial que traba la relación jurídica procesal, debe ser congruente con las pretensiones de los sujetos procesales, dicho actuado procesal no puede ser analizado de manera aislada, sino que tendrá que ser estudiada de manera conjunta la demanda y la contestación a la demanda.

No obstante de ello, este Tribunal nuevamente considera que el argumento recursivo expuesto, vulnera el principio de lealtad procesal, pues el mismo esta direccionado a determinar que la sentencia de instancia hubiera resuelto aspectos que no fueron objeto de probanzas en el desarrollo del proceso; sin embargo, conforme se tiene a fs. 12, uno de los puntos de hecho a probar en el proceso por parte del demandado, era que no le correspondía beneficios sociales al actor, conforme a las pretensiones de la demanda, es decir que el demandado debió ofrecer y producir prueba en ese sentido, el no hacerlo es de su exclusiva responsabilidad, por lo cual este reclamo también debe ser declarado infundado.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Ángel Freddy Maymura Reyna cursante a fs. 486 a 493 de obrados, contra el Auto de Vista Nº 05/2018 de 16 de febrero, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Con costas y costos.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs1000.- (mil bolivianos) que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.