TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 243

Sucre, 16 de mayo de 2019

Expediente:                145/2018-S

Demandante:                Daniela Patricia Rodríguez Gil.

Demandado:        Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA)

Proceso:        Reliquidación de beneficios sociales.

Distrito:                        Cochabamba.

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación, de fs. 227 a 229 vta., interpuesto por Noel Fernández Saavedra, en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cochabamba (SEMAPA), en mérito al Testimonio de poder especial y bastante Nº 40/2017 de 14 de junio, otorgado ante la Notaría Nº 23 de la ciudad de Cochabamba, a cargo de la abogada Claudia Faviola Nogales Andrade de Ramírez, (fs. 220 a 226), contra el Auto de Vista Nº 069/2017 de 22 de marzo, de fs. 216 a 217 vta., emitido por la Sala Primera Social y administrativa, Contenciosa, Contencioso-Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso laboral de reliquidación de beneficios sociales, promovido por Daniela Patricia Rodríguez Gil, contra la entidad que representa el recurrente; el Auto de 19 de marzo de 2018 de fs. 233, que concedió el recurso; el Auto Supremo de 6 de abril de 2018 (fs. 241 y vta.), por el que se declaró admisible el recurso de casación interpuesto y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:

I.-ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia:

Tramitado el proceso social, de reliquidación de beneficios sociales a demanda de Daniela Patricia Rodríguez Gil, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia de 2 de octubre de 2013, de fs. 141 a 145, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 9-10, subsanada a fs. 44 e IMPROBADA la excepción perentoria de pago, ordenando a la entidad demandada SEMAPA, cancele a la actora la suma de Bs. 15.436,17.-, por concepto de reliquidación de la indemnización de 2 años y 2 meses de trabajo, desahucio, vacación (15 días), menos el pago a cuenta de fs. 2-2 vta.

Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Luis Aldo Omonte Rodríguez, en representación de la entidad demandada, por escrito de fs. 152 y vta., mediante el Auto de Vista N° 069/2017 de 22 de marzo, de fs. 216 a 217 y vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa, Contencioso-Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

II.- RECURSO DE CASACIÓN Y ADMISIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el representante de la entidad demandada SEMAPA, Noel Fernández Saavedra, interpuso recurso de casación, conforme consta en el escrito fs. 227 a 229 vta., en el que luego de efectuar un análisis de la parte resolutiva del Auto de Vista, alegó:

1.- En la forma:

Que en aplicación de los arts. 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), el Tribunal de alzada, tenía la obligación de revisar el expediente y verificar si existen causales de nulidad, para anular de oficio el expediente; en el caso presente consta que en aplicación del art. 197 del mismo Código Adjetivo, correspondía que se remita la Sentencia emitida contra una entidad dependiente del Estado, en consulta, incumpliendo además el art. 73 del Código Procesal del Trabajo, por lo que solicita que este Tribunal Supremo, repare esta infracción, más aún si con la demanda se citó al Presidente del Directorio de SEMAPA, aspecto que conlleva igualmente la nulidad de obrados, porque cuando se promovió el incidente, éste fue rechazado con costas y multa por la temeridad declarada, sin advertir que al tratarse de una entidad pública, ésta no puede ser sancionada con costas, conforme prevé el art. 39 de la Ley SAFCO y 52 del Decreto Supremo (DS) Nº 23215.

2.- En el fondo:

Afirma que no se ha considerado las pruebas documentales acompañadas por SEMAPA, de fs. 18 a 21, 86 a 94 y 98 a 115 que acreditan que se canceló la totalidad de los beneficios sociales a la actora.

Por otra parte, indica que se incurrió en contradicción en la página 6 de la Sentencia, porque consideró que la demandante prestó servicios desde el 11 de noviembre de 2006, hasta el 31 de diciembre del 2008, afirmando que fue intempestivamente despedida en esa fecha; sin haber considerado que en el caso, se suscribieron tres contratos de prestación de servicios a plazo fijo; por consiguiente, el motivo del retiro fue por finalización de los plazos de los contratos, no correspondiendo el pago del desahucio; más aún, si entre éstos existió una interrupción de un mes; es decir, no fue un trabajo ininterrumpido.

En la Sentencia, en momento alguno se afirmó que SEMAPA, hubiese incurrido en la prohibición contenida en el art. 2 del Decreto Ley (DL) Nº 16187, pero de manera indebida el Tribunal ad quem, estableció que se incurrió en esa prohibición, convirtiendo los contratos en indefinidos, incurriendo en un “per saltum”, estableciendo una posición sin haber pasado por los puestos o grados inferiores, conforme el orden establecido, incurriendo por ello, en interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, incumpliendo las previsiones del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, que obliga a los Tribunales de segunda instancia, revisar de oficio el expediente.

Petitorio:

Por lo fundamentado, argumentó que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, solicitando este Tribunal, anule obrados hasta el vicio más antiguo; o en su caso se emita “…AUTO SUPREMO REVOCATORIO TOTAL de la Sentencia y Auto de Vista…”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos los fundamentos del recurso de casación, corresponde verificar si lo denunciado es o no evidente, de cuyo análisis y compulsa, se determina lo siguiente:

Doctrina aplicable al caso:

Respecto de la aplicación del art. 197 del CPC-1975, este Tribunal en un proceso similar tramitado contra SEMAPA, estableció:

“…de la revisión de los antecedentes se advierte que este aspecto no fue reclamado en su oportunidad, es decir al momento de presentarse el recurso de apelación o cuando se dictó el auto de concesión del recurso, asimismo tampoco fue reclamado en instancia de apelación para dar oportunidad al Tribunal de Alzada para pronunciarse al respecto; en consecuencia al no haber reclamado esta observación en las instancias correspondientes se hace aplicable el principio de preclusión contenido en el art. 3.e) del CPT, puesto que este Tribunal Supremo de Justicia no puede emitir pronunciamiento alguno sobre nulidades que no hayan sido reclamadas en su oportunidad tal como señala el art. 17.II y III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) obstante de ello, solo a los fines ilustrativos, se tiene que este Tribunal Supremo de Justicia ya estableció un criterio sobre la aplicación del art. 197 del CPC-1975, mediante el Auto Supremo Nº 379/2014 de 10 de octubre, señaló que“…la finalidad de la aplicación de esta norma es obtener la revisión integral del procedimiento en pos de una mayor protección y garantía de los intereses del Estado cuando éste actúa como litigante en un proceso, independientemente de los recursos de apelación que puedan ser interpuestos; empero debe tenerse presente, que en el ordenamiento normativo regulador de los procesos laborales, no se incluye una norma que imperativamente estipule tal situación; vale decir, que las Sentencias dictadas en estos procesos y que sean desfavorables a los intereses del Estado, inexcusablemente deban ir en consulta ante el superior en grado, toda vez que, estos procesos tienen su normativa propia de aplicación preferente; por lo que se sustancian y resuelven de acuerdo a los principios y normas señalados en el Código Procesal del Trabajo y, únicamente, con carácter supletorio, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y Código de Procedimiento Civil”.

“Si bien es cierto que por mandato del art. 252 del CPT, en materia laboral, se pueden aplicar supletoriamente las normas del Código Procesal Civil (anteriormente las del Código de Procedimiento Civil), su aplicación está limitada a aquellos casos en los que no se vulneren los principios generales del Derecho Procesal Laboral, es decir, dada el especial espacio que posee el Derecho Laboral dentro de la macro esfera del derecho público, y teniendo fines y principios procesales especiales que rigen su eminente carácter protector, mal puede comprenderse la aplicación de una norma que no tenga precisamente carácter supletorio, ante un vacío manifiesto en el procedimiento laboral, en conclusión, no todas las normas del Código Procesal Civil son aplicables al proceso laboral.”

“En tal sentido, se tiene que el art. 1 del CPT, prevé: "El Código Procesal del Trabajo regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la judicatura del Trabajo y de Seguridad Social", así también el art. 2, refiere "Este Código dará autonomía a los procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos...".

“De lo que se concluye, que el art. 197 del CPC-1975, que prevé la consulta de oficio de aquellas sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas, no es aplicable en los juicios laborales que, según se desarrolló, tienen sus propias normas procesales. En ese entendido, no existiendo una sanción de nulidad en el Código Procesal Laboral, ante la inobservancia de lo prescrito en el art. 197 del CPC-1975, no corresponde determinar ninguna nulidad, por lo que más allá de la aplicación del principio de preclusión en este agravio, se tiene que el mismo no es procedente como planteó la empresa recurrente.”1

Por otra parte, se debe recordar que en materia laboral, también rige el principio de preclusión, previsto por los arts. 3 inc. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en mérito al cual, “·…no cumplido por la parte una acto procesal, dentro del tiempo conferido por la Ley, determina la clausura de la etapa procesal respectiva”, esto en virtud a que se considera que el proceso, se desarrolla en etapas de forma sucesiva, “…mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a los momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por la Ley, para la realización de una acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al secretario ni otro trámite”.

Respecto de los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, en aplicación de los arts. 1 y 3 de la RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, “…adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trata de realización de labores propias del giro de la empresa”.

“El término máximo de cesantía que debe existir entre estos contratos para que sean considerados de plazo indefinido es de tres meses.”

Esta disposición legal se encuentra reiterada en el art. 2 del (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, que establece: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la Empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato a tiempo indefinido”.

Por otra parte, con relación al pago de la indemnización, ésta se realiza desde la primera contratación, incluyendo el periodo de prueba, conforme determina el art. 1º de la Ley de 23 de noviembre de 1944, que indica: “Para efectos de desahucio, indemnización, retiro forzoso o voluntario, el tiempo de servicios para empleados y obreros se computará a partir de la fecha en que éstos fueron contratados verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan de prueba y a los que se refiere el art. 1º del Decreto Ley de 24 de mayo de 1939, modificado por el art. 1º de la Ley de 8 de diciembre de 1942.”

Fundamentación del caso concreto:

1.- En la forma:

Conforme se refirió en la doctrina aplicable al caso, este Tribunal de manera consecutiva ha establecido que en materia laboral, no se encuentra prevista la “consulta” de las Sentencias emitidas contra el Estado, prevista en el art. 197 del abrogado Código de Procedimiento Civil, al tratarse de una norma civil que no se aplica al caso, en mérito a la  especialidad del ámbito de aplicación y la Autonomía que tienen las normas procesales del Código Procesal del Trabajo, conforme instituyen sus arts. 1 y 2.

Por otra parte, este reclamo incluido en el recurso de casación no fue alegado oportunamente por los representantes de la empresa demandada en el recurso de apelación, operándose además la preclusión de las mismas, no pudiendo ya sustentar la nulidad de obrados pretendida.

Respecto de la infracción del art. 73 del CPT por errónea citación con la demanda y presunta indebida sanción con costas y multa por temeridad, este aspecto ya fue resuelto por el Juez a quo, mediante el Auto de fs. 35 a 37 de 28 de octubre de 2009 y que fue impugnado vía recurso de apelación (fs. 51 a 53 vta.), habiéndose confirmado en alzada, mediante Auto de Vista Nº 089/2014 de fs. 211 y vta., de obrados.

En ese recurso se impugnó sólo la sanción por temeridad y no así las costas impuestas, (que ciertamente contravienen las previsiones de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS Nº 23215, al tratarse una empresa que presta un servicio público y que tiene tuición del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Cochabamba); sin embargo, en la resolución de alzada, se reconoció la existencia de esa temeridad, al promoverse un incidente de nulidad malicioso y al no haber sido objeto de impugnación, la sanción con costas, está se encuentra ejecutoriada; correspondiendo cumplirse esas resoluciones, pudiendo luego la empresa, mediante los mecanismos que correspondan y por la vía pertinente, solicitar la restitución de esos importes a ser cancelados, por parte de los funcionarios que provocaron las mismas; pero se concluye que este aspecto, de ninguna manera provoca la nulidad de obrados pretendida por el recurrente, al haber adquirido ejecutoria es resolución, en virtud del aludido principio de preclusión.

2.- En el fondo:

Respecto de la valoración de los documentos de fs. 18 a 21, 86 a 94 y 98 a 115 citados en el recurso de casación, que presuntamente habían acreditado la excepción de pago documentado de los beneficios solicitados en su reintegro y que por ello además se habría emitido fallos contradictorios, al momento de reconocer las fechas de inicio y conclusión de la relación laboral, estableciendo que ésta fue ininterrumpida, alegando -incluso- un presunto “per saltum”, respecto del sustento de la resolución de Vista, que se amparó en las previsiones del art. 2 del DL Nº 16187, norma que no habría sido -dice el recurrente- considerada ni aplicada en la Sentencia; corresponde efectuar las siguientes puntualizaciones:

a) Los documentos identificados por el recurrente, ciertamente evidencian el pago de beneficios sociales a la actora, respecto del periodo trabajado y conforme demuestra el finiquito de fs. 2; sin embargo, esta liquidación fue efectuada sin considerar que, entre los tres contratos, no hubo interrupción mayor a tres meses; entendiéndose en consecuencia que el contrato era indefinido, conforme refiere el art. 3 de la RM. Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972; aspecto que también fue reconocido por la empresa demandante al haber franqueado el certificado de trabajo ininterrumpido que cursa a fs. 8 de obrados y al haber ella aceptado la destitución, conforme alega en la demanda y permite el art. 10 del DS Nº 28699, correspondía el pago del desahucio; además, que en esa cancelación a cuenta, no se consideró la vacación que le correspondía a la demandante, conforme prevé el art. 44 de la LGT, complementados por los DS Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, 12058, 12059 de 24 de diciembre de 1974 y 17288 de 18 de marzo de 1980, que fueron citados en la Sentencia. Por otra parte, se ha identificado que el pago de ese finiquito fue realizado el mes de marzo de 2009; consiguientemente esa cancelación fue de manera extemporánea, luego de los 15 días dispuestos por el art. 9 del aludido DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, considerando que la desvinculación se realizó el 30 de diciembre de 2008, correspondiendo respecto de todos los beneficios sociales, cancelar la multa del 30%, prevista por la indicada norma.

Por lo que se concluye, conforme también afirmó el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, que no se acreditó la excepción perentoria de pago opuesta por la empresa demandada, estando correctamente apreciados los indicados documentos, conforme prevé el art. 158 del CPT.

b) Respecto a la relación laboral ininterrumpida, ya se ha sustentado ésta, en el inciso que precede, en aplicación de los arts. 1 y 3 de la RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, pues se constató que el primer contrato, concluyó el 31 de diciembre de 2006 y el segundo se inició el 1º de febrero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre del mismo año, iniciando el tercer contrato el 21 de enero de 2008, concluyendo el 31 de diciembre del mismo año, (conforme acreditan los documentos de fs. 19 a 21 presentados por la empresa demandada) los que demuestran que entre uno u otro contrato existe una interrupción menor a los tres meses determinados en la aludida norma, consiguientemente al existir más de dos contrataciones sucesivas en tareas propias de la empresa, se considera el contrato a plazo indefinido, desde la primera contratación y desde ésta se debe cancelar los beneficios sociales y derechos adquiridos, conforme prevé el art. 1º de la Ley de 23 de noviembre de 1944.

c) El “per saltum”, es un instrumento procesal que posibilita llegar a una instancia superior, saltando las instancias intermedias. Esta situación se da ante este Tribunal Supremo, cuando se pretende resolver una causa mediante el recurso extraordinario de casación, sin haber sometido la controversia al juzgamiento, en primera y/o en segunda instancia, pese a que estas se encuentran previstas por el procedimiento vigente, vulnerando de ésta manera, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

En el caso se argumenta que se hubiese incurrido en este “per saltum”, porque en el Auto de Vista, se habría aplicado las previsiones del art. 2 de DL Nº 16187, sin que esta norma hubiese sido considerada o aplicada en la Sentencia.

Este argumento, por sí, no evidencia un “per saltum”, porque no se suprimió una instancia, sino que se incluyó en el Auto de Vista, un argumento adicional al señalado en la Sentencia, que reconoció la contratación ininterrumpida, considerando el certificado de fs. 8 de obrados que fue franqueado por la misma empresa demandada, pues esta norma, es de aplicación general y no necesita ser enunciada de manera expresa en una resolución para aplicar la presunción prevista en su texto que fue desglosado líneas arriba en la doctrina aplicable al caso, más aún si ratifica las previsiones en una norma anterior, como es la RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972.

Bajo esos parámetros, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, al carecer de sustento legal, verificándose que se ajusta el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver el recurso en el marco de la disposición legal contenida en 220-II del CPC-2013, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184-1 de la CPE y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y forma de fs. 227 a 229 vta., interpuesto por Noel Fernández Saavedra, en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cochabamba (SEMAPA), contra el Auto de Vista Nº 069/2017 de 22 de marzo, de fs. 216 a 217 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa, Contencioso-Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Sin costas en todo el proceso, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



1 Auto Supremo Nº 425 de 5 de diciembre de 2016, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.