TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 240

Sucre, 16 de mayo de 2019.

Expediente                        : 140/2018-S

Demandante                : Fernan Alejandro Balbontin Saucedo.

Demandado        : Corporación de Aquino Bolivia SA.

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 360 a 361, interpuesto por Stefano Sebastián Calabi Tejada, en representación de la Corporación de Aquino Bolivia SA, contra del Auto de Vista Nº 91 de 10 de abril de 2017, emitido por la Sala Primera Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales y otros derechos seguido a demanda de Fernan Alejandro Balbontin Saucedo, contra entidad que representa el recurrente, el Auto Nº 27 de 26 de febrero de 2018, de fs. 366, por el que se concedió el recurso, el Auto de 5 de abril de 2018 de fs. 375 y vta., que admitió el recurso y cuanto ver convino y se tuvo presente:

I.- ANTECEDENTES PROCESALES:

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales y otros derechos, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 62 de 11 de octubre de 2013 de fs. 326 a 330, por la que declaró PROBADA en parte la demanda, sin costas, ordenando que la entidad demandada, cancele a favor del actor Fernan Alejandro  Balbontin Saucedo la suma de Bs. 85.554,57 por concepto de desahucio, indemnización por cuatro años y siete meses y 23 días de trabajo, aguinaldo doble del 2006, 20076 y duodécimas del 2008, vacaciones 2 años, siete meses y 23 días y bono de antigüedad por 27 meses y 23 días y las actualizaciones y reajustes dispuestos por ley.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación promovido el representante de la entidad demandada, conforme consta el escrito de fs. 344 a 345, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Primera Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 91 de 10 de abril de 2017, CONFIRMÓ la Sentencia apelada de 11 de octubre de 2013.

Recurso de casación, concesión y admisión:

Contra el indicado Auto de Vista, el representante de la entidad demandada, Stefano Sebastián Calabi Tejada, interpuso recurso de casación, conforme consta el escrito de fs. 361 a 361, que previo traslado y respuesta del actor, conforme consta el escrito de fs. 364 a 365, fue concedido por el Tribunal de alzada, mediante Auto Nº 27 de 26 de febrero de 2018 (fs. 366), por lo que radicado el expediente en este Tribunal Supremo, se admitió el recurso, mediante Auto de 5 de abril de 2018, analizando el mismo se resuelve conforme a los fundamentos que siguen:

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Reiterando íntegramente el recurso de apelación, el recurrente argumenta que se incurrió en infracción de leyes sociales, indicando que se acreditó la inexistencia de la relación de trabajo y otros conceptos, afirmando que no se valoraron los documentos de fs. 129 y 132, que demuestran que el actor prestó servicios para otras entidades educativas en el mismo tiempo que alega haber trabajado en la institución que representa el recurrente y que rompe uno de las características de la relación de trabajo, que es la exclusividad.

Por otra parte, afirma que en el supuesto no consentido que se dé por cierta la existencia de relación laboral; indica que el Tribunal no consideró, que la prestación de servicios de docencia está sujeta a una gestión académica; vale decir, que finalizado el semestre académico, finaliza y concluye la relación civil, por consiguiente, los servicios de docencia no son indefinidos, como erróneamente se calificó, pues éstos se encuentran sujetos a una programación y o periodo de clase que tiene una duración de más de cuatro meses y medio en el año, por lo que no corresponde el pago de beneficios sociales, si existe interrupción en cada gestión, pues el cálculo de liquidación corresponde por semestre y o gestión académica, de lo contrario se cancelaría al actor por periodos que no trabajó

Argumenta que no existe un despido, sino el cumplimiento del contrato y tampoco despido indirecto, pues la remuneración es considerando la carga horaria que puede variar en algunas gestiones académicas, por lo que no correspondía el pago del desahucio

Por el mismo motivo indica que no corresponde el pago del bono de antigüedad, que se genera cuando no existió interrupción de la relación, mientras que en el caso existe esa interrupción por meses inclusive entre semestre y semestre.

Respecto de las vacaciones, de igual manera no corresponden su pago, pues no se consideró que entre semestre y semestre académico, existe el descanso de los docentes, pues éstos no dictan clases 12 meses; además, de no haberse sujetado esta sanción, a las previsiones contenidas en el art 33 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (DRLGT).

Petitorio:

Concluyó solicitando que previo traslado, se conceda el recurso interpuesto, para que este Tribunal, constatando los errores incurridos, CASE el Auto de Vista, conforme a los puntos alegados.

III.- FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso:

La Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, modificó la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil (CPC-2013), con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes”; ahora, la Disposición Transitoria Sexta de este cuerpo adjetivo civil, establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; por consiguiente, a partir del 6 de febrero de 2016, corresponde aplicar en su integridad el CPC-2013 en los proceso en trámite del recurso de casación, incluidos los recursos de casación promovidos dentro de los procesos sociales en aplicación del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

El art. 277-I del CPC-2013), respecto del trámite de consideración de los requisitos de admisibilidad de los recursos de casación, determina: “Recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de diez días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el Artículo 274 del presente Código, y de no ser así, dictará resolución declarando improcedente el recurso…”; en consecuencia debe examinarse si el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos exigidos por el art. 274 del CPC-2013.

Entre estos requisitos, se encuentra el previsto en el Parágrafo I núm. 3 que instituye: “Expresar con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error; ya se trate de un recurso de casación en el fondo o en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores ni suplirse posteriormente.”

Resolución del caso concreto:

Conforme se refirió líneas arriba, el recurso de casación de fs. 360 a 361, constituye una repetición de los argumentos contenidos en el recurso de apelación y que fue absuelta por el Tribunal ad quem, en el Auto de Vista ahora impugnado, estableciéndose que no cumple la técnica recursiva prevista por el art. 274 del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicable al caso presente, por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

Pues se verifica, que los argumentos contenidos en el memorial del recurso de apelación de fs. 344 a 345 de obrados, refiere a los mismos puntos, resumidos ahora en el recurso de casación de fs. 360 a 361, expresando argumentos generales, respecto de valoración de prueba, la inexistencia de relación laboral, que no existió despido y menos despido indirecto, que no corresponde pago de indemnización, desahucio y menos aún vacaciones, sin denunciar de manera clara y concreta la vulneración de alguna norma que se refiere a estos conceptos, citando tan solo en la conclusión el art. 33 del DR LGT, resultando de tal manera que  no existe propiamente una argumentación respecto de lo pretendido y tan solo resulta un “reclamo general”, sobre la presunta inexistencia de relación laboral y negativa de los derechos pretendidos y reconocidos en la Sentencia y el Auto de Vista.

Estas deficiencias, impiden a este Tribunal resolver el contenido de dicho recurso de casación, porque -conforme se ha resumido en su contenido- resulta más bien un alegato, sin fundamento jurídico alguno.

Estas circunstancias ameritan que la admisión del recurso, determinada mediante Auto Supremo de 5 de abril de 2018, de fs. 375, sea dejada sin efecto, pues se advierte que el contenido del escrito del recurso de casación, incumple las previsiones de una norma de orden público y cumplimiento obligatorio, como es el art. 274 del CPC-2013, impidiendo abrir la competencia para resolver esos argumentos.

Esta inobservancia, de ningún modo puede ser suplida por este Tribunal, sin que ésta decisión, implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas omisiones obedecen al propio descuido y negligencia del recurrente.

En mérito a lo expuesto, corresponde dar aplicación a los arts. 17-I, de la LOJ, 105-II, 106-I del CPC-2013, aplicables en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE, 17-I, 42-I-1 de la LOJ, 105-II, 106-I del CPC-2013 ANULA obrados hasta fs. 375 inclusive y cumpliendo las previsiones del art. 277-I del CPC-2013, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 360 a 361, interpuesto por Stefano Sebastián Calabi Tejada, en representación de la Corporación de Aquino Bolivia SA, contra del Auto de Vista Nº 91 de 10 de abril de 2017, emitido por la Sala Primera Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarándose su ejecutoria, con costas.

Se regula el honorario del abogado del actor en Bs. 1.000.-, que mandará pagar el Juez a quo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.