TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 239

Sucre, 16 de mayo de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente                        : 138/2018

Demandante                : Allen Jorge Barrón Palma y Augusto Erick Flores

  Rada

Demandado        : SOCIEDAD NACIONAL DE TEXTILES

  “SONATEX”

Materia        : Laboral (Beneficios Sociales y otros derechos)

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA: El recurso de casación en la forma de fs. 431 a 434, interpuesto por Ricardo Malky Hernández en representación legal de la SOCIEDAD NACIONAL DE TEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA (SONATEX S.A.), contra el Auto de Vista Nº 216/17 de 11 de septiembre de 2017, cursante de fs. 425 a 427 vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales y otros derechos seguido por Allen Jorge Barrón Palma y Augusto Erick Flores Rada contra la empresa recurrente; traslado corrido a fs. 434 vta.; concesión de fs. 436; Auto de Admisión de 4 de abril de 2018; los antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia Nº 49/2010 de 26 de mayo

Tramitado el proceso laboral, que pretende el pago de beneficios sociales y otros derechos, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emite la Sentencia Nº 49/2010 de 26 de mayo (fs. 331 a 339), que declara probada en parte la demanda, ordenando a la empresa “SONATEX” S.A., el pago de Bs52.617,13.- (cincuenta y dos mil, seiscientos diecisiete 13/100 bolivianos), a favor de Allen Jorge Barrón Palma, por concepto de indemnización (5 años, 2 meses y 9 días) con un promedio indemnizable de Bs1.481,13.- (mil, cuatrocientos ochenta y un 13/100 bolivianos), desahucio, sueldos devengados, aguinaldo y vacaciones; y, el pago de Bs67.217,64.- (sesenta y siete mil, doscientos diecisiete 64/100 bolivianos), a favor de Augusto Erick Flores Rada, por concepto de indemnización (6 años, 8 meses y 30 días) con un promedio indemnizable de Bs1.780,60.- (mil, setecientos ochenta 60/100 bolivianos), desahucio, sueldos devengados, aguinaldo y vacaciones.

Auto de Vista Nº 216/17 de 11 de septiembre de 2017

Interpuestos los recursos de apelación por SONATEX S.A. (fs. 349 a 350) y por Allen Barrón Palma y Raúl Flores Maldonado (fs. 356 a 357 vta.), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 302/10 de 21 de diciembre de 2010 (fs. 379 y vta.) y en casación, mediante Auto Supremo Nº 694 de 28 de septiembre de 2015, se anula obrados hasta el sorteo en apelación, ordenando se pronuncie un nuevo Auto de Vista que contenga el pronunciamiento necesario sobre todos los agravios expuestos por ambas partes apelantes (fs. 417 a 420); posteriormente, mediante Auto de Vista Nº 216/17 de 11 de septiembre de 2017 (fs. 425 a 427 vta.), el Tribunal Apelación, confirma la Sentencia Nº 49/2010 de 26 de mayo, sin costas por la doble apelación.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

Ricardo Malky Hernández en representación legal de SONATEX S.A., interpone recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista Nº 216/17 de 11 de septiembre de 2017; manifiesta que el Auto de Vista carece de fundamentación, incumple el Auto Supremo Nº 694 de 28 de septiembre de 2015 y omite los errores in procedendo que fueron reclamados oportunamente, situaciones que generan la vulneración del derecho a la defensa, con los siguientes argumentos:

1.- Falta de notificación con el término de prueba y Sentencia derivada de un acto nulo. SONATEX S.A. dispone de elementos suficientes para desvirtuar las excesivas y abusivas pretensiones de los demandantes; empero, existe indefensión cuando supuestamente el 26 de abril de 2010 se notifica con el Auto de término de prueba en el domicilio procesal, mediante diligencia cursante a fs. 314, que curiosamente lleva la firma de testigo de actuación al supernumerario del Juzgado de aquel tiempo, Marco Antonio Padilla Escobar, sin señalar su cedula de identidad, en un claro intento de justificar la ilegalidad; sorpresivamente se conoció que el proceso estaba para sentencia cuando no fue notificado con el término de prueba, situación ante la cual inmediatamente presentó el escrito de 11 de agosto de 2010, cuando el expediente ya no estaba a la vista porque estaba para sentencia; luego aparece la Sentencia antes del memorial de reclamo y al mismo se providencia con 12 de agosto de 2010 “Informe el Oficial de Diligencias”, sin embargo, el informe jamás fue realizado y la Jueza de la causa, recién el 4 de septiembre de 2010, después de casi un mes, emite una providencia que refiere que la Oficial de Diligencias cesó en sus funciones el 3 de septiembre de ese mismo año.

Pronunciada la Sentencia y considerando el estado de indefensión por la falta de notificación referida, presentó el incidente de nulidad de fs. 343 a 345, empero se providenció “estese a lo previsto por el art. 196 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), sin considerar que dicho incidente precisamente tenía por objeto demostrar que se pronunció Sentencia derivada de un acto nulo, es decir, por vicio de actividad anterior a la Sentencia, tal como entiende la doctrina que concluye que la vía incidental es la idónea y procede aún después de dictada la Sentencia.

El Auto de Vista confirma la Sentencia impugnada argumentando que el Tribunal de Apelación no puede ingresar al análisis de fondo por no haberse cumplido el presupuesto de la expresión de agravios y pasa por alto el contenido de la Auto Supremo Nº 694 de 28 de septiembre de 2015; además, sin considerar que a fs. 370, ya en segunda instancia, presentó prueba que no tuvo oportunidad de presentar por las razones expuestas precedentemente y que se dispuso la apertura de término incidental de prueba, periodo en el cual, se demostró que los demandantes no trabajaron hasta la fecha en la que SONATEX S.A. dejó de funcionar y que Allen Barrón, cumplió funciones gerenciales dentro de la empresa; y, por último, se ratificaron en la prueba ya presentada.

2.- Es deber ineludible del Tribunal Supremo de Justicia, la fiscalización de los procesos. SONATEX S.A. ingresó a un proceso de restructuración voluntaria establecida en la Ley Nº 2495 de 4 de agosto de 2003 y el Decreto Supremo (DS) Nº 27384 y solicitó la Homologación del Acuerdo de Transacciones suscrito con sus acreedores, petición que fue ilegalmente rechazada y se subsanó a través de una acción de amparo constitucional que mereció la Sentencia Constitucional (SC) 1639/2010-R de 15 de octubre, que concede la tutela, por lo que en la actualidad todo proceso debe ser paralizado y someterse a las cláusulas del Acuerdo, situación que implica una nueva liquidación de adeudos, bajo sanción conforme prevén las normas.

3.- Actuación ilegal del apoderado. A momento de presentar la demanda, Raúl Rosendo Flores Maldonado, se presenta como apoderado de Augusto Erick Flores Rada, en su condición de padre, adjuntando una fotocopia simple del Testimonio Nº 436/2006 de fs. 14 a 15, misma que conforme al art. 1311 del Código Civil (CC), no tiene efecto legal alguno y debió exigirse la presentación de una copia legalizada del original. 

Petitorio.- El representante legal de SONATEX S.A. solicita que se anule obrados hasta la admisión con la demanda cursante a fs. 25, o en su caso, hasta el Auto de apertura de término de prueba de fs. 314, “a cuyo objeto se sirva casar el auto de vista” (sic).

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Sobre el debido proceso en su elemento constitutivo defensa y el derecho a la doble instancia

Consagrado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el debido proceso constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Con la finalidad de precautelar el derecho a la defensa, el art. 180 de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, ello supone el ejercicio pleno del derecho a la doble instancia en todo proceso o procedimiento, ya sea judicial o administrativo. 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional, en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 700/2014 de 10 de abril, que reitera el contenido de la Sentencia Constitucional (SC) 1145/2010-R de 27 de agosto, ha indicado que el debido proceso consiste en: "…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (SSCC 0418/2000-R, 1276/2001-R y 0119/2003-R, entre otras).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

Sobre la nulidad de obrados, indefensión y lesión al interés público

De conformidad con los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil (CPC), ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, además, el acto es inválido cuando carece de requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y que será válido cuando a pesar de su irregularidad, con él se cumpla el objeto procesal al que estaba destinado, salvo en caso de existir indefensión; de ello se infiere que la nulidad de oficio se encuentra vinculada a las infracciones que interesan al orden público en resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos configurativos, tal como el derecho a la defensa.

Al respecto, el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ha establecido que las autoridades judiciales deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa conforme a ley; además, el art. 17.III de la citada LOJ, prevé que la nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.

El Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció al respecto en el Auto Supremo 604/2017 de 17 de junio (Sala Civil), que establece: “…en atención a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos propios de las nulidades procesales, ha modulado la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia, superando aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal en resguardo simplemente de las formas previstas por la ley procesal; lo que en definitiva debe analizarse, es si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio recayendo en una injusticia, cuya situación no pueda ser remediada de algún otro modo, solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un juez natural y competente, siempre y cuando el estado de indefensión no haya sido provocado o atribuible a la propia parte litigante que reclama la nulidad; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios rectores que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; en ese sentido se tiene emitidas varias resoluciones por esta misma Sala Civil del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, entre los cuales se citan a los A.S. Nº 223/2013 de 6 de mayo; 336/2013 de 5 de julio; 78/2014 de 17 de marzo; 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros”.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 1388/2013 de 16 de agosto, ha expresado que: “...las nulidades procesales se encuentran reservadas únicamente a casos extraordinarios expresamente establecidos en la ley, generalmente relacionados a una indefensión absoluta provocada a las partes procesales o a terceros con interés legítimo y que generen una situación injusta de cosas respecto a la cual los jueces no pueden quedar indiferentes”; y, en cuanto a la oportunidad del reclamo de existencia de nulidad de obrados, la misma SCP 1388/2013, ha señalado que: “…Las nulidades deben reclamarse oportunamente, pues resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso, para pedir dicha declaración, esto porque esa conducta no condice con el principio de lealtad procesal”; de ello se infiere que, la nulidad no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, lo que concuerda con el principio general del derecho que establece que “nadie puede alegar su propia torpeza”.

En ese contexto, la nulidad se define como: “la sanción instituida en la ley, consistente en la ineficacia de los actos realizados con violación o apartamiento de las formas (ad solemnitatem) o requisitos (ad sustanciam) señalados para la validez de los mismos” (Couture, Eduardo J., Vocabulario Jurídico, pág. 423.); por lo que tiene la característica intrínseca de no ser convalidada por la confirmación, ni subsanada por el transcurso del tiempo; y, la indefensión conforme expresa Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. Esa indefensión vulnera el principio de inviolabilidad de la defensa, que suele representa una garantía constitucional”. Además: “frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho” (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág. 391).

Con base en dicha normativa, jurisprudencia y doctrina, resulta inviable la nulidad por la nulidad misma, y exige a las autoridades que tienen a su cargo la solución de una problemática, realizar un análisis acorde a los principios rectores del proceso; en consecuencia, en caso de no verificar la existencia de una situación de orden público o indefensión, la nulidad de las actuaciones procesales no tendrá sustento legal; de ello se infiere que las autoridades judiciales y administrativas, al momento de conocer y resolver las controversias sometidas a su jurisdicción, tienen plena facultad-deber para velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que perjudiquen el normal desarrollo del mismo y/o porque no se incurra en vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales que impliquen o generen nulidad y en su caso, inclusive de oficio, podrán o deberán sanear el proceso y corregir el procedimiento vulneratorio de derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, las autoridades judiciales y administrativas tienen atribución plena para anular obrados por indefensión o situaciones de orden público.

Sobre la validez de las citaciones y notificaciones

El art. 120.I del Código de procedimiento Civil (CPC-1975), establece que la citación con la demanda y reconvención se hará a la parte en persona, entregándole copia de la demanda y providencia, haciendo constar en la entrega en la diligencia respectiva, además de indicar el lugar, fecha y hora, con la firma del citado y el servidor de apoyo judicial; por su parte, el art. 121 del mismo CPC-1975, determina que si el que debe ser citado no es encontrado en su domicilio o en el que para tal efecto hubiere indicado el demandante, el oficial de diligencias dejará aviso escrito a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de catorce años, y en su defecto a un vecino, con la advertencia de que éste será buscado nuevamente el día hábil siguiente a hora determinada; si no pudiere ser hallado esta segunda vez, se representará en forma escrita haciendo constar las circunstancias anotadas y el juez de la causa ordenará que la citación se practique por cédula, con intervención de la policía judicial o en su caso de un testigo que será debidamente identificado y firmará también en la diligencia. La cédula será entregada a cualquiera de las personas mencionadas en el parágrafo I o fijada en la puerta del domicilio; y, si la citación por cédula se hubiere hecho en el domicilio indicado por el demandante y tal domicilio resultare ser falso, la diligencia será nula.

En cuanto a la citación mediante edicto, el art. 124.I, III y IV del citado Código, establece la misma en caso de que el demandante ignorare el domicilio del demandando, se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de oficio con quien se seguirá el proceso y se dispondrá la citación por edicto sólo después que el demandante hubiere prestado juramento de desconocimiento de domicilio; si transcurridos 30 días desde la primera publicación del edicto, el citado no compareciere, se nombrará defensor que lo represente en el proceso y este deberá tratar de hacer legar a conocimiento del interesado la existencia de la demanda; y el art. 125 del mismo texto legal, prevé que para la publicación del edicto, el mismo se fijará por el término de 30 días en el tablero especial de la casa de justicia y se publicará durante el mismo término en el diario autorizado, por tres veces, con intervalos no menores a cinco días; y, la publicación de los edictos se acreditarán agregando al proceso los números del diario correspondiente a la primera y tercera vez, o el certificado de la emisora de radio con el texto del edicto. 

El art. 128 del CPC-1975, en cuanto a la nulidad de la citación, prevé que será nula toda renuncia a la citación, con la demanda o la reconvención y también aquella que no se ajuste a los preceptos establecidos al efecto.

Respecto a las notificaciones, el art. 133 del mismo texto normativo, determina que después de las citaciones con la demanda y la reconvención, toda actuación judicial deberá ser inmediatamente notificada en la Secretaría del Juzgado. Para tal fin cualesquiera interesados que actúen en el proceso concurrirán a la Secretaría cuando menos los días martes y viernes para notificarse con las actuaciones que se hubieren producido; si estos días fueren feriados asistirán al día hábil siguiente; además, conforme el art. 134, cuando la parte a quien debe notificarse concurriere al juzgado, será notificado por el Secretario o cualquiera de los otros funcionarios, quienes le facilitarán la actuación respectiva para su lectura, y le entregarán copia que corresponda. Acto seguido se sentará diligencia de la notificación, que suscribirán el funcionario y el interesado si este no pudiere o se negare, se dejará constancia; y, el art. 135 del citado CPC-1975 determina que, si transcurrido el día martes o viernes subsiguientes al día de la providencia o actuación que debe notificarse la parte no se presenta en el juzgado, se tendrá por efectuada la notificación y se sentará la diligencia respectiva. Los términos comenzarán a correr el día hábil siguiente; y, que no se considerará cumplida la notificación si el expediente o la actuación no se encontrare en Secretaría y se hiciere constar esta circunstancia en el Libro de registro respectivo, quedando en tal caso postergada la notificación para el martes o viernes subsiguiente.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la SC 1193/2010-R de 6 de septiembre, establece: “Conforme el Código de Procedimiento Civil y la doctrina, la notificación debe cumplir con ciertas formalidades para su validez; empero, el fin de ella en el cumplimiento de su objetivo de hacer conocer a las partes lo resuelto, en determinadas circunstancias puede obviar la formalidad, así lo estableció la jurisprudencia de este Tribunal, precisando que, aun cuando la diligencia fuera defectuosa, pero hubiere cumplido con la finalidad de poner en conocimiento del destinatario la determinación judicial o administrativa, se tendrá por válida, de modo que no se infrinja el principio de contradicción y, principalmente, el debido proceso en su elemento defensa”. También resulta necesario considerar la jurisprudencia contenida en la SC 0295/2010-R de 7 de junio, que ratifica el contenido de la SC 1376/2004-R de 25 de agosto, determinando que: “…la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la defensa…”.

Además, la SC 1568/2010-R de 11 de octubre, ratifica que: “…una citación o notificación es válida cuando se ha cumplido la finalidad de que la parte afectada tenga conocimiento de la determinación pronunciada dentro del proceso judicial que se sigue en su contra' (SC 933/2004-R, de 15  de junio) vale decir que la finalidad procesal de la citación o notificación cual es la de poner en conocimiento del notificado o citado alguna resolución o pretensión de la parte, se tiene por cumplida aún si existieran vicios de nulidad en su diligencia; empero, a pesar de esos defectos, se cumplió con la finalidad de poner en conocimiento cierto esos actos procesales. Consiguientemente, conforme concluyó la SC 1164/2001-R, de 12 de diciembre de 2001: 'Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno'; por lo mismo no es posible convocar la nulidad de citación o notificación por no haberse cumplido con las formalidades legales previstas al no haberse lesionado un derecho fundamental o alguna garantía constitucional, cual sería -entre otras-el de provocar la indefensión de alguna de las partes”.

Sobre la Ley Nº 2495, de Reestructuración Voluntaria, beneficios sociales y derechos laborales

La Ley Nº 2495, de Reestructuración Voluntaria de 4 de agosto de 2003 y su Reglamento contenido en el DS N° 27384 de 20 de febrero de 2004, establecen el marco normativo sobre el cual deben regirse las autoridades administrativas de la entoces Superintendencia de Empresas, cuando una empresa se somete al proceso de reestructuración. El art. 1 de dicha Ley prevé que la misma “establece el marco jurídico alternativo al dispuesto en el Código de Comercio, para que deudores y sus acreedores acuerden la reestructuración o liquidación voluntaria de empresas no sujetas a regulación por las Superintendencias de Bancos y Entidades Financieras y de Pensiones, Valores y Seguros, sean estas personas naturales o jurídicas, a través de la suscripción y ejecución de un acuerdo de transacción. A efectos de la presente Ley, se entiende por acuerdo de transacción, el convenio en virtud del cual, el deudor y sus acreedores dirimen derechos de contenido patrimonial mediante concesiones recíprocas y reconocimientos mutuos conforme al procedimiento y a las mayorías establecidas en esta Ley”; y, el art. 2 de misma Ley, determina las materias sobre las cuales el deudor y sus acreedores están facultados a convenir, que son: “1. Reestructuración de activos, pasivos y negocios del deudor. 2. Reprogramación de deudas, esperas, quitas, condonaciones, conversión total o parcial de créditos en obligaciones subordinadas y capitalización de acreencias. 3. Régimen de intereses. 4. Régimen de administración. 5. Ventas totales o parciales y daciones en pago, fusiones, escisiones y transformaciones del negocio. 6. Contratación de nuevos créditos destinados a inversiones o a capital de trabajo. Estos créditos tendrán privilegio respecto a cualquier otro acreedor y no se considerarán como parte de la deuda sujeta a reestructuración. 7. Modificaciones a las condiciones de una emisión de valores o canje de valores. 8. Otras que se consideren necesarias”.

Ahora bien, respecto a la suspensión de los procesos judiciales y administrativos, el art. 6 de la Ley Nº 2495, establece que “…una vez admitida la solicitud de apertura del procedimiento para la suscripción de un acuerdo de transacción e inscrita ésta en el Registro de Comercio de la Superintendencia de Empresas, se suspenden por un período de noventa días calendario, con excepción de los procesos de naturaleza penal; todos los procesos judiciales, administrativos y arbitrales de contenido patrimonial iniciados en contra del deudor y de éste en contra de sus acreedores, sin que ello implique moratoria. Durante este periodo, bajo sanción de nulidad, no podrán iniciarse acciones legales de contenido patrimonial (…). Por decisión de la Junta de Acreedores, el plazo de noventa días calendario podrá ser ampliado por un máximo de noventa días calendario adicionales”; al respecto, resulta necesario considerar también el contenido del art. 30 de la citada Ley, que modifica el art. 1514 del Código de Comercio (CCom), quedando el siguiente texto: “La admisión del procedimiento de concurso preventivo produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el deudor, salvo las ejecuciones que tengan por causa obligaciones familiares o laborales, quedando interrumpida la prescripción de los créditos, cuyos juicios deberán radicarse en el juzgado que conoce del procedimiento”.

En cuanto a la “Homologación del Acuerdo de Transacción”, conforme determina el art. 35.II del DS N° 27384: “Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del Acuerdo de Transacción, el Superintendente homologará dicho Acuerdo y dispondrá su inscripción en el Registro de Comercio a su cargo”; estableciendo de esta forma la competencia de la autoridad y el plazo fijo para la homologación e inscripción respectivas.

En cuanto a los beneficios sociales y derechos laborales, el art. 48.IV de la CPE, prevé que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Conforme a la problemática contenida en el recurso de casación, radica en determinar si el Auto de Vista Nº 216/17 de 11 de septiembre de 2017, cursante de fs. 425 a 427 vta., al momento de confirmar la Sentencia N° 49/2010 de  26 de mayo, que ordena el pago de beneficios sociales a los demandantes, omitió las causales de nulidad de obrados, vinculadas a la indefensión por falta de notificación a SONATEX S.A. con el término probatorio, a la existencia de un Acuerdo Transaccional entre SONATEX S.A y la Junta de Acreedores, homologado conforme a la Ley N° 2495 de Reestructuración Voluntaria que debía suspender éste proceso y a la falta de personería de uno de los demandantes; de modo que, corresponde verificar si existen causales de nulidad de obrados en el presente proceso.

Sobre la nulidad de obrados

Con carácter previo, se deja establecido que la primera instancia del presente proceso se tramitó en vigencia del CPC-1975, ahora abrogado por el Código Procesal Civil (CPC), por lo que la verificación de la eficacia de las diligencias de citación con la demanda y notificación con el Auto de apertura del término probatorio, se realiza con base en dicha norma procesal, desarrollada precedentemente.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de validez de las diligencias de comunicación en el presente proceso, resulta necesario efectuar el siguiente detalle de antecedentes:

1. La demanda de 27 de marzo de 2007, contiene 3 domicilios del demandado Ricardo Arturo Malky Hernández en su condición de Gerente Propietario de SONATEX S.A., laboral ubicado en la Av. Chacaltaya Nº 2011, de la zona Achachicala, particular en la Av. Germán Busch Nº 860, Plaza Villarroel de la Zona Miraflores y procesal en Calle Loayza esq. Mercado, Edif. Alborta, Piso 5, Of. 505 de la zona Central, de la ciudad de La Paz (fs. 23).

2. El 10 de abril de 2007, una vez admitida la demanda (fs. 25), la Oficial de Diligencias Informa que se constituyó en la Av. Germán Bush Nº 680 para la citación al demandado en su domicilio particular y constató que ya no tiene su domicilio en el mencionado lugar (fs. 26), situación ante la cual, los demandantes solicitaron se oficie a la Dirección de Identificación Personal a efectos de recabar la información del domicilio del demandado (fs. 28 y vta.), petición debidamente aceptada; el 3 de abril de 2007, se entrega el Cite Of. Nº 21/2007 para su diligenciamiento (fs. 29 vta.); y, la fotocopia del referido Oficio cursa de fs. 30 a 33, empero no consta en antecedentes la recepción respectiva de la Dirección de Identificación Personal.

3. El 22 de mayo de 2007, los demandantes argumentan que desconocen el domicilio del demandado y peticionan citación por edicto (fs. 53 a 54), misma que es autorizada mediante decreto de fs. 54 vta.; el 25 de mayo de ese mismo año se suscribe el Acta de Juramento de Desconocimiento de Domicilio (fs. 57) y el 8 de junio de 2007, consta la entrega del formato de edicto para su publicación (fs. 68 vta.). No constan en el proceso las publicaciones respectivas.

4. El 6 de marzo de 2008, los demandantes solicitan se oficie al Juzgado de Partido en lo Civil Décimo Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos de poner a conocimiento el proceso laboral, dentro del proceso Ejecutivo seguido por el Banco Mercantil S.A. contra SONATEX S.A, al haber formulado en el mismo, tercería de derecho preferente (fs. 75 y vta.), solicitud que es aceptada mediante decreto de fs. 76; la diligencia de notificación al demandado Ricardo Arturo Malky Hernández, con dicha petición y su decreto, se practicó el 13 de marzo de 2018, mediante cédula en Secretaría del Juzgado (fs. 77).

5. El 11 de abril de 2008, los demandantes peticionan la apertura del término de prueba (fs. 80) y la Jueza de la causa, emite el Auto de 12 abril de 2008 sujetando la causa a prueba durante 10 días comunes a las partes (fs. 81); no obstante, esta decisión judicial fue dejada sin efecto, al advertirse que aún no se había practicado la diligencia de citación mediante edictos (fs. 82).

6. El 16 de junio de 2008, los demandantes, argumentan imposibilidad económica para realizar las publicaciones de edictos; situación ante la cual reiteran los 3 domicilios señalados en la demanda, a efectos de citación al representante legal de la empresa (fs. 86 y vta.); mediante decreto de 17 de junio de 2008, la Juez de la causa, ordena la citación nuevamente en Av. Germán Busch (fs. 87)

7. Previo aviso judicial de 31 de julio de 2008, el 1 de agosto de 2008 el Oficial de Diligencias representa que el demandado no pudo ser encontrado en ese domicilio (fs. 88 y 89); y, ante la solicitud de los demandantes, la Jueza ordena la citación mediante cédula de conformidad a los arts. 76 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y 121 del CPC-1975 y se practica la diligencia de citación con la demanda mediante cédula, el 3 de septiembre de 2008 (fs. 101 y 102).

Al respecto, resulta necesario aclarar que ésta nueva representación difiere de la primera, por cuanto en ésta se constata que el domicilio corresponde al demandado, empero que no fue encontrado de manera personal; mientras que, en la diligencia anterior, se informa que éste domicilio ya no le correspondía al demandado.

8. El 8 de septiembre de 2008, dentro del plazo para contestar la demanda, la empresa se apersona y solicita saneamiento procesal, plantea incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por indefensión al no haberse practicado la diligencia de citación en la forma debida, vale decir, en SONATEX S.A. en la Av. Chacaltaya Nº 2011 o en su domicilio particular que siguen siendo los mismos y no jurar en falso el desconocimiento del domicilio, sin practicar la publicación de edictos; además, en el Otrosí 1, alternativamente formula excepción de imprecisión y contradicción al no explicar cómo se produjo la ruptura del vínculo laboral, porque no existió despido alguno; en el Otrosí 2, contesta negativamente la demanda adjuntando documentación en fotocopia simple y protestando presentar la misma en original en la etapa probatoria; y, en el Otrosí 4, señala domicilio procesal en Calle Colón esq. Potosí Nº 427, Piso 2, Of. 2 (fs. 127 a 130).

9. Corrido el traslado respectivo (fs. 131), la Jueza pronuncia la Resolución Nº 59/2008 de 29 de septiembre, que declara improbada las excepciones de imprecisión y contradicción de la demanda y rechaza el incidente de nulidad de obrados (fs. 136 a 141); formulado el recurso de apelación por SONATEX S.A. (fs. 151 a 152) y concedido el mismo el mismo en el efecto devolutivo (fs. 156), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emite el Auto de Vista Nº 53/09 de 20 de mayo de 2009, confirmando la Resolución Nº 59/2008 (fs. 297 vta.), el demandado inclusive solicitó explicación y complementación (fs. 298 y vta.) y se complementó el Auto de Vista mediante Auto de 19 de agosto de 2009, cursante a fs. 304; y, el 28 de enero de 2010, devuelta la causa a su Juzgado de origen, se decreta cúmplase con noticia de partes y la notificación a SONATEX S.A. con ese decreto, refiere que se practica el 11 de febrero de 2010 mediante cédula en el domicilio procesal ubicado en la Calle Colón esq. Potosí Nº 427, Of. 2, empero no consta firma de la persona que recibe la cédula y las copias de ley, o del demandado, ni del testigo de actuación (fs. 310 a 311).

9. Ante la solicitud de 20 de febrero de 2010, presentada por los demandantes, el lunes 22 de febrero de ese mismo año se emite el Auto de Apertura de término probatorio de 10 días comunes a las partes y la notificación a SONATEX S.A. se practica a ambas partes el lunes 26 de abril de 2010, cuando ya habían transcurrido 2 meses y días, mediante cedula en sus domicilios procesales con testigo de actuación (fs. 312 a 314).

10. Producida la prueba documental y testifical de cargo (fs. 315 a 328); el señalamiento de audiencia pública de declaración testifical de cargo y de confesión provocada de fs. 321 y Acta de audiencia de confesión provocada en la que se dan por averiguados los puntos del interrogatorio de fs. 323, fueron notificados el 3 de marzo de 2010 a ambas partes mediante cedula en su domicilio procesal, empero no consta firma de testigo de actuación, ni del demandado o de la persona que recibe las copias de ley (fs. 322 y 328); el 20 de mayo de 2010 el expediente ingresa a despacho para sentencia (fs. 329 y vta.) y la Jueza pronuncia la Sentencia Nº 49/2010 de 26 de mayo (fs. 331 a 339).

11. El 10 de agosto de 2010, una vez transcurrida la vacación judicial (del 24 de junio al 17 de julio de 2010), el demandado denuncia que se enteró que el proceso se encuentra en despacho para sentencia, cuando no fue notificado con el término de prueba y que la última notificación que recibió fue el 27 de agosto de 2009, con la complementación del Auto de Vista que rechazó las excepciones y el incidente de nulidad de citación con la demanda, por lo que peticiona que se ponga a la vista el expediente y se emita Informe detallado; la Jueza solicita Informe al Oficial de Diligencias (fs. 340 a 341) y la Sentencia se notifica al demandado el 23 de agosto de 2010, mediante cedula en la Calle Colón esq. Potosí Nº 427, Of. 2, esta vez con la firma del testigo de actuación, sello y firma del abogado de SONATEX S.A., que recibe la copia de Ley (fs. 342).

12. El 27 de agosto de 2010, el demandado presenta incidente nulidad por la falta de notificación legal con la apertura del término probatorio (343 a 345 vta.), empero, el 28 de agosto se decretó “estese a lo previsto por el art. 196 del CPC”, sobre la conclusión de la competencia del Juez (fs. 346).

13.- Con la finalidad de no quedar en indefensión, conforme sostiene en el escrito, el demandado interpone recurso de apelación contra la Sentencia (fs. 349 a 350) y los demandantes también formulan  apelación (fs. 356 a 357 vta.); en segunda instancia, se pronuncia el Auto de Vista Nº 302/10 de 21 de diciembre de 2010, confirmando la Sentencia impugnada por ambas partes (fs. 379 y vta.), resolución que en casación es anulada por falta de motivación y fundamentación mediante Auto Supremo Nº 694 de 28 de septiembre de 2015, ordenando se pronuncie una nueva (fs. 417 a 420); en cumplimiento a dicho fallo, se pronunció el Auto de Vista Nº 216/17 de 11 de septiembre de 2017, que confirma la Sentencia impugnada y que ahora es objeto de casación (fs. 425 a 427 vta.).

Sobre la nulidad de obrados por indefensión, ante la falta de notificación con el Auto de apertura de término probatorio

Con carácter previo, en cuanto a la citación con la demanda, se deja claramente establecido que, pese a que se practicó mediante cédula previo aviso judicial, conforme se detalla precedentemente, la misma fue contestada por SONATEX S.A., dentro del plazo previsto al efecto, habiendo formulado inclusive las excepciones de imprecisión y contradicción, además del incidente de nulidad por falta de citación legal con la demanda; también consta a fs. 59, la nota DESP. Nº 0411 SEMP Nº 0451/2007 DGRE de 5 de junio de 2007, expedida por la entonces Superintendencia de Empresas, dirigida al Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, informando la admisión de la solicitud de SONATEX S.A. de apertura de procedimiento para la suscripción de un Acuerdo de Transacción en el marco de la Ley Nº 2495 de 4 de agosto de 2003, a efectos de suspensión del proceso y dicha nota refiere a una declaración jurada presentada por el representante legal de SONATEX S.A., Ricardo Malky Hernández, que da cuenta que en dicho Juzgado, “radica el proceso Allen Barrón c/SONATEX” (sic); en consecuencia, el demandado tenía conocimiento de la existencia y tramitación del presente proceso laboral en su contra.

Ahora bien, ya sobre el argumento de nulidad por falta de notificación con el Auto de apertura de término probatorio, el demandado SONATEX S.A., ahora recurrente, formuló apelación contra la Resolución Nº 59/2008 de 29 de septiembre, que declaró improbadas las excepciones y rechazó el incidente de nulidad por falta de citación; una vez resuelta la apelación mediante Auto de Vista que confirma dicha decisión, inclusive solicitó explicación y complementación (19 de junio de 2009, fs. 298 y vta., reiterada el 18 de agosto de 2009, fs. 303), misma que es resuelta mediante Auto de 19 de agosto de ese mismo año; en consecuencia, entre el 18 de agosto de 2009 y el 28 de enero de 2010, fecha en la que previa recepción del testimonio de apelación, la Jueza de la causa decreta “cúmplase y a la oficina con noticia de partes” (fs. 310 vta.), el demandado, quien ya había contestado la demanda, ejercido su derecho a la defensa y señalado un domicilio procesal, no acudió ante las Secretarías, tanto del Tribunal de apelación, como del Juzgado de origen, como era su obligación conforme el art. 133 del CPC-1975 y así evitar perjuicio o indefensión en causa propia. Posteriormente, y como correspondía, la Juzgadora continuó la tramitación del proceso y emitió el Auto de apertura del término probatorio de 22 de febrero de 2010 (fs. 313), practicando la diligencia de notificación de fs. 314, el 26 de abril de ese año, e ingresó a despacho para Sentencia el 20 de mayo de 2010 (fs. 329 vta.).

De ello se infiere que el demandado incurrió en perjuicio en causa propia al no ejercer su facultad y obligación de apersonarse a Secretaría del Juzgado desde el 28 de enero de 2009 hasta el 20 de mayo de 2010 y más aún, hasta el 10 de agosto de 2010 (transcurrida la vacación judicial) y así notificarse personalmente con las actuaciones procesales durante todo ese tiempo; el proceso no podía estar paralizado y se tramitó con normalidad, asentando las diligencias de notificación respectivas por cada actuación; en consecuencia, el argumento casacional expuesto en sentido que existió indefensión al no haberse notificado con el Auto de Apertura de término probatorio, no es evidente.

Sobre el Acuerdo Transaccional previsto por la Ley Nº 2495 de 4 de agosto de 2003

SONATEX S.A., se sometió a las previsiones contenidas en la Ley N° 2495, de Restructuración Voluntaria; el 8 de noviembre de 2007, suscribió con la Junta de Acreedores, el Acuerdo de Transacción, conforme establece el Reglamento contenido en el DS N° 27384, por lo que el representante de SONATEX S.A., el 26 de noviembre de 2007, solicitó la homologación del mismo; empero, aunque las autoridades administrativas de ese entonces, observaron la tramitación, las mismas fueron subsanadas por SONATEX S.A. el 21 y 31 de diciembre de 2007, y pese a reiterar su solicitud de homologación, recién con la interposición de una acción de amparo constitucional el 18 de febrero de 2008, resuelta mediante SC 1639/2010-R de 15 de octubre, la empresa ahora demandada logró el restablecimiento de sus derechos y el consiguiente Registro de la Homologación.

Sin embargo, conforme se tiene desglosado precedentemente, la Ley Nº 2495 establece el marco jurídico alternativo al dispuesto en el Código de Comercio, para que deudores y sus acreedores acuerden la reestructuración o liquidación voluntaria de empresas, es decir, está vinculada únicamente a las actividades económicas de la empresa, no así a las obligaciones laborales frente a sus trabajadores, por ello el Acuerdo Transaccional es suscrito entre la empresa y la Junta de Acreedores, Junta de la cual no forman parte los trabajadores; y, los montos y formas a pagar por la empresa los beneficios sociales y derechos adquiridos de sus trabajadores, tampoco están contemplados como materia de convenio en dicho Acuerdo, conforme a la normativa desarrollada precedentemente; materia laboral que inclusive goza de preferencia frente a cualquier otra acreencia conforme el art. 48 de la CPE y no podría estar supeditada a un Acuerdo Transaccional vinculado a las actividades económicas y comerciales de la empresa y a su liquidación como tal; en consecuencia, el argumento del demandado no es evidente.

Sobre la nulidad de obrados por falta de personería del demandante

Con relación a la causal de nulidad invocada por SONATEX S.A., sobre la falta de personería del representante legal de uno de los demandantes, los reclamos vinculados a la nulidad de obrados, deben ser formulados oportunamente, es decir, en cuanto se asume conocimiento del acto procesal que se considera vicia de nulidad lo obrado dentro del proceso, situación que en el presente caso no aconteció, ni en el escrito de contestación a la demanda ni en forma posterior; éste argumento, se formula recién a momento de interponer el recurso de casación en la forma que nos ocupa, por lo que no existe pronunciamiento al respecto por parte del Juzgador de la causa y conforme se tiene desarrollado precedentemente, no constituye una situación que provoque perjuicio, daño irremediable y mucho menos indefensión a la empresa demandada, por lo que, al no existir nulidad por la nulidad misma, el argumento casacional no es viable.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal Ad quem no incurrió en vulneración alguna y no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma, por lo que corresponde aplicar el art. 220.II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, INFUNDADO el recurso de casación en la forma formulado por la Sociedad Nacional Textiles SONATEX S.A, con costos y costas; el honorario profesional se regula en la suma de Bs1.000.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.