TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 217

Sucre, 22 de abril de 2019

Expediente                  : 096/2018

Demandante                   : René Ricardo Acebey Gómez

Demandado                    : Asociación de Protección para la Salud (PROSALUD)                 

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 2722 a 2725, interpuesto por René Ricardo Acebey Gómez, a través de sus apoderados Marco Antonio Miguel López Gonzales y Eduardo Duabytakosky Aguirre, contra el Auto de Vista N° 260 de 27 de noviembre de 2017, pronunciado por la Sala de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 2718 a 2719, dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por el recurrente, contra la Asociación de Protección para la Salud (PROSALUD); el memorial de respuesta al recurso, de fs. 2728 a 2737; el Auto de 6 de febrero de 2018, que concedió el recurso (fs. 2738); el Auto de 12 de marzo de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 2746), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por René Ricardo Acebey Gómez, y tramitado el proceso, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 167 de 18 de enero de 2017, cursante de fs. 2645 a 2654, declarando probada en parte la demanda, de fs. 24 a 26, sin costas; disponiendo que la institución demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs.197.896,66 (Ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y seis 66/100 Bolivianos), por beneficios detallados en ese fallo, incluida en dicha suma la multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Monto a ser actualizado en ejecución de fallos de acuerdo a ley.

En conocimiento de la Sentencia, René Ricardo Acebey Gómez, solicitó aclaración, complementación y enmienda, a fs. 2655, que considerada por el Juez no tuvo lugar, mediante Auto de 27 de junio de 2017, de fs. 2658; a su turno, notificada con la Sentencia, PROSALUD solicitó aclaración, complementación y enmienda, de fs. 2664 a 2665, que fue rechazada mediante Auto de 25 de junio de 2017, de fs. 2667.

Auto de Vista.

Notificada con la Sentencia, el demandante formuló recurso de apelación, de fs. 2661 a 2662; del mismo modo, la asociación demandada, interpuso recurso de apelación, por memorial de fs. 2671 a 2698; ambos fueron resueltos por el Auto de Vista N° 260 de 27 de noviembre de 2017, pronunciado por la Sala de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 2718 a 2719, revocando la Sentencia emitida primera instancia; declarando improbada la demanda planteada por René Ricardo Acebey Gómez.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento de la determinación del Tribunal de apelación, René Ricardo Acebey Gómez, formuló recurso de casación, de fs. 2722 a 2725, señalando lo siguiente:

El Auto de Vista, ha ignorado y desconocido lo establecido por los arts. 4 de la Ley General del trabajo (LGT), 3 inc. g) y 50 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 46 parágrafos I y II, y 48-III de la Constitución Política del Estado (CPE), en razón de que ningún trabajador puede ser discriminado ni despedido  intempestivamente,  sin que se observen  las leyes y procedimiento para ese efecto; constituyendo un atentado a los derechos laborales ignorar la abundante prueba que se ha presentado, que es demostrativa de una sola verdad.

Haciendo cita partes de la Sentencia Constitucional 0316/2010-R de 15 de junio, aduce que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí, reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ser protegido su derecho en las instancias administrativas o jurisdiccionales, donde puedan verse involucrados; añadiendo parte de la SC 0299/2011-R de 29 de marzo, que establece la garantía de legalidad procesal, implica que el debido proceso debe estar inmerso en todas las actuaciones procesales; y, en el caso, los Vocales no valoraron a cabalidad la amplia normativa en materia laboral y distorsionaron el alcance en cuanto a garantizar los derechos laborales como tal, incurriendo en un error cuando manifestaron: “que no existió relación de tipo laboral, porque en ningún momento el demandante trabajó como dependiente del demandado, y también dijeron que es preciso acotar, que además de lo anterior las liquidaciones mensuales de participación, permiten sostener que nunca existió remuneración mensual y mucho menos relación laboral, sino únicamente una distribución de los ingresos”; cuando los elementos y las características claramente establecen un vínculo laboral con PROSALUD.

La asociación demandada interpuso excepción previa de incompetencia, analizada la misma, se emitió el Auto Interlocutorio de 23 de octubre de 2014, de fs. 2434 a 2436, declarando improbada dicha excepción; determinación que fue apelada por la parte demandada, citando el Tribunal de alzada el Auto de Vista N° 131 de 4 de noviembre de 2015, confirmó el auto interlocutorio, dejando claramente establecido que existe relación laboral; fallo no fue objeto de ningún tipo de recurso, sea ordinario o extraordinario, quedando ejecutoriado, es decir que todo intento de pretender desvirtuar la relación laboral ya fue resuelto, precluyendo todo reclamo o recurso en ese sentido; por lo cual, resulta totalmente incongruente lo dispuesto en el Auto de Vista Nº 260 de 27 de noviembre de 2017, ahora recurrido, violando el debido proceso en su vertiente de congruencia de los fallos judiciales.

El D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que toda forma de contratación que esconda una verdadera relación laboral, merece la protección del Estado y de los tribunales; de esta manera se dan parámetros para que los administradores de justicia valoren y consideren a tiempo de dictar sus fallos, características que hacen a una relación laboral, contenidas en el art. 2 y siguientes de la indicada normativa; la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena, y la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas, aspectos que fueron demostrados en el transcurso del proceso; y conforme a lo establecido en los art. 3 y 4 del decreto supremo referido, cuando concurran las características señaladas, el trabajador goza de todos los beneficios reconocidos en la Ley General del Trabajo, debiendo prevalecer la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes, conforme al principio de primacía de la realidad.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita se case el Auto de Vista recurrido, fallando en el fondo declare probada la demanda.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos, se pasa a resolver el recurso, en base a las siguientes consideraciones:

La materia laboral es distinta a las otras áreas del Derecho, se rige por sus propios  principios y la protección que se le otorga al sector trabajador respecto del sector empleador, estando su normativa sustantiva apoyada en estos principios; los que enmarcan la tramitación de todos los procesos sociales, y a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009, se refuerza aún más, la protección al trabajador, elevando a rango constitucional los principios procesales inherentes a la materia, que protegen al trabajador como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador, estos principios son: el principio protector con sus reglas de in dubio pro operario, de la condición más beneficiosa y de favorabilidad; el principio de continuidad o estabilidad de la relación laboral; el de inversión de la prueba; el de primacía de la realidad; y, el de no discriminación, establecidos en el art. 48-II de la CPE, debiendo aceptarse que el Estado a través de los administradores de justicia, no busca una paridad jurídica como en otras materias, sino una preferencia a favor del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; conceptualizando los principios informadores del derecho del trabajo la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, que señala en cuanto al principio de proteccionismo, que: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección, de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador”; empero, esta favorabilidad busca la equidad procesal, estableciendo un amparo preferentemente a favor del trabajador.

Así también, el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 establece y define de manera general los principios del derecho laboral, indicando: “I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral:

a) Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido con base en las siguientes reglas: In Dubio Pro Operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. De la Condición más Beneficiosa, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar.

b) Principio de Continuidad de la Relación Laboral, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración, imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador.

c) Principio Intervencionista, en la que el Estado, a través de los órganos y tribunales especiales y competentes, ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores y empleadores.

d) Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes.

e) Principio de No Discriminación, es la exclusión de diferenciaciones que coloquen a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto de otros trabajadores con los que mantenga responsabilidades o labores similares; señalando el referido decreto supremo, en sus consideraciones previas en el párrafo decimosegundo, como una introducción a lo que se busca alcanzar con la promulgación del mismo, que: “Que sobre el rótulo de libre contratación y libre rescisión, se han dado excesos que han significado decisiones arbitrarias para despedir, maneras camufladas para burlar obligaciones laborales: como son los contratos civiles encubiertos, o los contratos a plazo fijo cuando por su naturaleza la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país (las negrillas son añadidas); buscando a través del principio de la primacía de la realidad una garantía para que no se evadan beneficios sociales, prevaleciendo la veracidad de los hechos sobre lo acordado entre partes; es decir, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente, o lo que en apariencia pretende el empleador para evitarse así asumir las responsabilidades laborales emergentes de una relación laboral; bajo este principio, no importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad sobre la relación contractual; ya que ambos pueden expresar sus voluntades en un contrato, pero si la realidad es otra, y se trata de una relación laboral, es esta última la que tiene efectos jurídicos; en base a este principio, el art. 5 del D.S. Nº 28699, establece: “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente, concordante con el art. 48-III de la CPE, que señala: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

También corresponde puntualizar que en mérito al principio procesal de la verdad material, consagrado en el art. 180-I de la CPE, corresponde a la Administración de Justicia, resolver en mérito a los hechos y a la realidad de las situaciones acontecidas sobre las figuras jurídicas aparentes que las partes han pretendido de una u otra manera imponer en sus actos jurídicos.

Para ello se debe tener presente que, existen diferencias que hacen a los contratos civiles y laborales, o los servicios prestados de manera independientes o autónomos, con los trabajos dependientes o subordinados, siendo las más sobresalientes, que en los trabajos autónomos o independientes, el que presta el servicio asume por sí solo y bajo su responsabilidad, la realización de un trabajo, a cambio del pago convenido; y por otra parte, normalmente el pago se efectúa contra entrega del trabajo, o de acuerdo con el avance o las especificaciones acordadas sobre el mismo, en períodos establecidos entre ambos, a quien se da el servicio y quien presta el servicio; a diferencia de lo anterior, en el contrato laboral se produce la dependencia del trabajador en relación con el empleador, quien proporciona los medios e instrumentos para el desarrollo del trabajo, se genera una prestación de trabajo controlado, por el cual, se produce una remuneración mensual y uniforme, denominado sueldo o salario; y conforme se señaló precedentemente en las consideraciones del D.S. Nº 28699, se busca proteger el sector trabajador, de los empleadores que pretender efectuar relaciones jurídicas u algún otro tipo de relación encubriendo el verdadero fin de la misma, para evadir obligaciones sociales.

Al respecto, es profusa la jurisprudencia respecto de la interpretación de la relación laboral y el contrato suscrito entre partes, como el Auto Supremo Nº 228 de 5 de mayo de 2008, correspondiente a la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio compartido por este Supremo Tribunal de Justicia a través de los Autos Supremos Nº 54 de 17 de mayo de 2012 y Nº 60 de 29 de mayo 2012, emitidos por la Sala Social y Administrativa Liquidadora; que entre otros, refieren que no es el nombre del contrato el que determina la relación de dependencia laboral, sino las características materiales de la prestación de servicios; por lo cual, más allá de la denominación contractual entre el actor y la asociación demandada, debe prevalecer los hechos para calificar el tipo de relación, pudiendo señalarse en los contratos suscritos que se trata de índole civil, pero puede ser otra la figura de la relación, conforme a los hechos acontecidos durante la relación entre partes.

Por ello, el ordenamiento jurídico nacional, como el art. 4 del D.S. No 28699 de 1 de mayo de 2006, señala que por el principio de primacía de la realidad, prevalecerá la veracidad de los hechos a lo determinado por el acuerdo de partes; de ello se comprende que tal principio se constituye en un parámetro sobre el cual el juzgador laboral, estimará la resolución del conflicto que le fue puesto en su conocimiento, a la necesaria identificación previa de la existencia de un contrato de trabajo bajo un análisis que sobreponga lo acontecido en los hechos sobre el contenido de los contratos. Asimismo, por este principio se tendrá presente que su aplicación implica la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores que puedan verse afectados o desmejorados frente a acciones de los empleadores que tengan por objeto desconocer la verdadera naturaleza de la relación laboral y sus elementos sustanciales.

Debiendo entenderse claramente que dadas las especiales características que rigen al derecho laboral, que no son otra cosa que el propio resultado de las especiales circunstancias que se manifiestan en el universo de las relaciones laborales; es comprensible que los principios que orientan esta materia, deban auxiliar necesariamente y en el terreno de los hechos a los sujetos involucrados en aquellas manifestaciones; bajo esta premisa, el principio de la prevalencia o primacía de la realidad, es entendido por la doctrina como, la valoración preferente de las condiciones reales que presentasen en los hechos, los cuales se superponen a los contenidos que consten documentalmente.

Dicho principio establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (Plá Rodríguez, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo”, 1990, pág. 243); en análoga dirección, se ha dicho que: “...Conforme a [este principio], cuando no hay correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó o se documentó, hay que dar primacía a los primeros. Prima la verdad de los hechos (no la forma) por sobre la apariencia (Vilard Vásquez, Antonio; citado en el Auto Supremo 007 de 28 de marzo de 2012); asimismo, por este principio se tendrá presente que su aplicación: “implica la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores que puedan verse afectados o desmejorados frente a acciones de los empleadores que tengan por objeto desconocer la verdadera naturaleza de la relación laboral y sus elementos sustanciales, ya sea mediante disposiciones normativas, fórmulas o contratos presuntamente civiles, administrativos de prestación servicios o comerciales (Naturaleza y vulneración del derecho a la igualdad de los Consultores Individuales de Línea INFORME DEFENSORIAL, pág. 27).

En resumen, lo que define la naturaleza jurídica de una controversia sobre la particularidad contractual de una obra o servicio, o prestación de trabajo, trasunta directamente en la realidad de su ejecución, siendo ésta la que debe ser objeto de análisis, a la luz del principio de primacía de la realidad por parte del Juzgador laboral.

Ahora, el Tribunal de alzada, sin llegar a desacreditar los fundamentos y el análisis, vertidos en la Sentencia, sobre la existencia de las características laborales, en el caso concreto, asume una posición contraria al del Juez a quo revocando totalmente la decisión de primera instancia, al considerar que no existía subordinación en la relación jurídica entre el actor y la empresa demandada, y que no se cumple la tercera característica, sobre el trabajo por cuenta ajena, en favor de la Asociación, ya que trabajaba por cuenta propia, y que no existió un salario mensual, sin llegar a establecer con que pruebas se podría evidenciar aquello, y cual la documental o atestación idónea fue la que desacredito la pretensión del demandante, que no fue advertida por el Juez de la causa, para cambiar la decisión que se asumió en primera instancia, sin efectuar una aplicación de los principios laborales, desde y conforme a la Constitución, conforme a la primacía de la justicia boliviana, a partir de la vigencia de la ley fundamental de 2009, debiendo primar razonamientos que permitan garantizar una efectiva y eficaz justicia material, ante la existencia de una justicia inclusiva, garantizada por nuestra norma suprema, infiriendo al respecto la SCP 060/2014 de 3 de enero, lo siguiente: “En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad (…) Conforme a lo expuesto, el valor superior «justicia» obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones… (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre) (las negrillas son añadidas).

En ese sentido, debe establecerse si en el caso concreto, concurren los elementos que hacen a una relación laboral, tal como establece el art. 1 del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, concordante y ratificado con el art. 2 del D.S. Nº 28699 de 01 de mayo de 2006; es decir: “…a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación; que a consideración del Tribunal de alzada están ausentes, y a consideración del recurrente esta determinación que revocó la decisión del Juez de instancia, vulnera los principios y lo establecido en el decreto supremo indicado.

Con referencia a la subordinación y dependencia, estos constituyen el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y consecuente relación laboral; la doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador, en tanto que el deber de obediencia al trabajador, quien presta la labor o el servicio; el mando, es inherente a la facultad del empleador, quien dirige e impone reglas en la actividad laboral; como ocurre en el caso presente, ya que conforme consta en al denominado “Convenio de trabajo profesional independiente bajo la modalidad de compra de servicios” de fs. 2 a 3, se establece un horario al cual debe estar sujeto el trabajador (cláusula cuarta); así también, se dispone cuáles son los servicios específicos que debe realizar (cláusula segunda), aclarando que: “todas estas actividades se desarrollaran de acuerdo a reglamento específico” (sic.), estableciéndose, un pago por desplazamiento, refrigerio y comunicación que deba realizar el profesional contratado; por otro lado, en los contratos titulados “Civil de prestación de servicios profesionales” cursantes de fs. 6 a 7 y 10 a 11 (cláusula décima), se determinó: “El Professional deberá hacer uso, en forma obligatoria, de los servicios médicos auxiliares y otros que cuenta PROSALUD y con los que tenga convenio, tales como laboratorios, medicamentos, internaciones, radiografías y demás” (el subrayado es añadido), cursando también en obrados, un instructivo de 30 de julio de 2007 (fs. 17), emitido por PROSALUD para conocimiento del ahora demandante, donde se le hace conocer que ya no cubrirá los turnos de los días domingos, sino que estos serán cubiertos por otra profesional médico.

Es decir, que los horarios de trabajo, como los turnos de fines de semana, eran determinados por la asociación demandada, no siendo el profesional, quien a su consideración establezca su horario de trabajo que le genere mejor ingreso, efectuado su trabajo en las instalaciones de PROSALUD, con un control de asistencia, pegado a un reglamento impuesto por la Asociación de Salud contratante, debiendo incluso en forma obligatoria usar las servicios médicos auxiliares con los que tiene convenio PROSALUD, quitándole la autonomía de la voluntad, que caracteriza a una labor independiente, otorgándole un pago extra por concepto de refrigerios, desplazamiento y comunicación; en este contexto debió prevalecer la veracidad de los hechos a lo determinado por el acuerdo de partes, conforme se indicó precedentemente en el análisis del principio de la primacía de la realidad; por lo cual, independientemente de lo consignado en el contrato, la organización de las consultas, y atención de pacientes, horarios de trabajo, la realización de turnos, como el disponer con que axilares médicos externos trabajar (laboratorios, radiografías, internaciones y otros), no dependían del ahora demandante, sino plenamente de PROSALUD, quien le asignaba horarios, turnos y con quienes realizar los trabajos médicos auxiliares, debiendo cumplir con esta disposición de la parte empleadora. Ahora, esta facultad, obviamente, se circunscribe sola y únicamente a la actividad laboral y gravita en torno a los efectos propios de esa relación laboral en el marco del respeto a la dignidad y los derechos de la o el trabajador.

Se hace necesario hacer mención a la ajenidad como fuente esclarecedora para la determinación de la existencia de subordinación y dependencia, en tal sentido: “existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal -trabajador- se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueño de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto -ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida -remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro (Sentencia N° 788 de 26 de septiembre de 2013, Sala de Casación Social, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela); lo anterior conlleva una descripción del significado clásico de la subordinación o dependencia, donde se la relaciona con el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono; al prestarse un servicio para un tercero, como en autos, los servicios profesionales del actor, eran bajo las condiciones impuestas del contratante, organizando y dirigiendo a conveniencia de la institución, las atenciones médicas que realizaba el demandante, sus turnos, y los servicios médicos auxiliares que debía utilizar.

En el caso, la subordinación y dependencia, se cumple con la entrega voluntaria de energía física o intelectual para la obtención de un producto (el trabajo de atención a pacientes y turnos médicos que realizaba el actor) a favor de un tercero (PROSALUD), que determinará la existencia básica de una situación de subordinación laboral, como precedentemente se consideró; también, conforme se describió en los párrafos anteriores, se supervisaba la labor del demandante, a través del control de los servicios auxiliares médicos, los horarios, y los turnos que debía realizar; la doctrina refleja que existe trabajo subordinado cuando, entre otros, el prestador del servicio es incorporado a una organización jerarquizada en el que se le asigna un cargo o se le determina el lugar o lugares de prestación del servicio y la consiguiente sujeción de esa actividad a los criterios de quien proporciona el trabajo.

Esta característica, nace de la obligación que una persona asume para prestar su trabajo a otra (PROSALUD), de modo que se expresa el estado de limitación de la autonomía del trabajador, sometido a la potestad del empleador, lo que lleva a la distinción entre trabajador dependiente y trabajador independiente; esta limitación de autonomía en el caso se dio, porque la empresa establecía las tareas concretas y el actor no tenía facultad para realizar otras tareas, los trabajos debía realizarlos de forma personal no pudiendo delegar a un tercero; debiendo además, utilizar otros servicios que tengan convenio con la entidad contratante de manera obligatoria como específicamente se estable en los contratos.

La característica de prestación de trabajo por cuenta ajena, está expresado en una labor personal ya sea física o intelectual, que implica la realización de actos materiales ejecutados por el trabajador con su pleno conocimiento en beneficio del empleador, ya sea éste una persona natural o jurídica; por esta figura, tanto las instalaciones, costos y gastos inherentes al servicio que se presta (pago de servicios básicos, limpieza, refacciones, mantenimiento de las instalaciones, adquisición de equipos e instrumentos de trabajo) corren por el empleador, quien se beneficia de los resultados de los servicios prestados; es decir, es quien corre con todos los riesgos, y aprovecha los resultados; recibiendo el trabajador en tal tipo de relación solamente una remuneración por su labor, sin que se vea afectado por el resultado económico de la operación. Desde este panorama, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres elementos esenciales: a) Que el costo del trabajo corra a cargo del empleador; b) Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio del empleador; y, c) Que sobre el empleador recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo; en el caso que nos ocupa, existió la entrega voluntaria de energía física o intelectual para la obtención de un producto a favor de un tercero; y este trabajo por cuenta ajena, es aquel que realiza el trabajador en una labor personal ya sea física o intelectual, que implica la realización de actos materiales ejecutados con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador (las atenciones médicas, turnos y otros servicios que se establecieron en los contratos), ya sea éste una persona natural o jurídica indistintamente; es decir, que la labor desempeñada por el actor, es la prestación de trabajo por cuenta ajena que realizaba a favor de su contratante, no asumiéndose ningún riesgo ya que los pacientes eran de PROSALUD a los cuales el actor atendía, conforme las condiciones establecidas por la indicada asociación, y en sus instalaciones.

Otro elemento de la relación de trabajo, es la contraprestación por el trabajo desarrollado, es decir la percepción de un sueldo o salario, que en términos generales se establece que: “salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar (C095 - Convenio sobre la Protección del Salario; 1949, Organización Internacional del Trabajo); evidenciándose en el denominado “Convenio de trabajo profesional independiente bajo la modalidad de compra de servicios” de fs. 2 a 3, no solo un pago mensual, que debe efectuarse bajo condiciones impuestas para encubrir la relación laboral, sino también, se establece un pago de Bs.500.- por mes, para cubrir desplazamiento, refrigerio y comunicación, mostrándose claramente una percepción de sueldo en cualquiera de sus formas, además un bono mensual por refrigerio, que no se caracteriza en los contratos de índole civil; un horario al cual debe estar sujeto el trabajador, inserto en la cláusula cuarta; así también, se dispone cuáles son los servicios específicos que debe realizar, en la cláusula segunda, aclarando que: “todas estas actividades se desarrollaran de acuerdo a reglamento específico” (sic.); por otro lado, en los contratos titulados “Civil de prestación de servicios profesionales” cursantes de fs. 6 a 7 y 10 a 11; evidenciándose un pago del 50% de los pagos que realizaban los pacientes por los servicios; correspondiendo precisar y reiterar que, independientemente de la denominación que se le quisiera dar (comisión o porcentaje), el demandante percibió una remuneración mensual, como establece el inciso c) del art. 1 del D.S. 23570, concordante con el inciso c) del art. 2 del D.S. 28699, que señalan: “c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación ; habiendo sido tales hechos apreciados y valorados correctamente por el Juez de instancia, tomándose en cuenta el principio protector en sus regla de favorabilidad y condición más beneficiosa para el trabajador, debiendo este principios con sus reglas, ser materializada en las determinaciones asumidas conforme a derecho; en materia laboral, la propia la Constitución Política del Estado determina protección para el trabajador; así, en el catálogo de Derechos Fundamentales, la norma suprema el parágrafo II de su art. 48, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”. En tal dirección por el principio de protección enunciado en el citado artículo, que condensa uno de los principales postulados mismos del derecho del trabajo, abarca también al: “principio de favor o principio pro operario”, el cual concreta su aplicabilidad en tres vertientes a saber: a) En la eventualidad de conflicto de leyes, prevalecerán la relacionada a la materia, bien sean sustantivas o adjetivas; b) En el supuesto de conflicto de normas, será aplicable la más favorable al trabajador; y, c) En el caso de que el juzgador laboral halle incertidumbre entre dos declaraciones posibles derivadas de una misma norma, ha de preferir la interpretación que más beneficie al trabajador” (véase el Auto Supremo Nº 005 de 1 de abril de 2014); así también, este principio está referido a otorgarse la condición más favorable o más beneficiosa para el trabajador, estableciéndose la medida que sea más favorable al trabajador, cuando se efectué la valoración de la prueba por parte del administrador de justicia.

Con todas estas apreciaciones y consideraciones, se evidencia plenamente que la relación del actor con la empresa demandada, cumple con las tres características que hacen a una relación laboral, sin lugar a entenderse una relación contractual de otra índole; inequívocamente así se concluye en base al análisis de antecedentes, y aplicando adecuadamente los principios que rigen en materia laboral, sobre todo el de primacía de la realidad.

En mérito a lo expuesto y encontrándose debidamente sustentadas la infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde dar aplicación al art. 220-IV del Código Procesal Civil (CPC-2013); aplicable por determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista N° 260 de 27 de noviembre de 2017, pronunciado por la Sala de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 2718 a 2719.

En consecuencia, se declara PROBADA la demanda, manteniéndose firme y subsistente las determinaciones asumidas en la Sentencia N° 167 de 18 de enero de 2017, cursante de fs. 2645 a 2654.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-