TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 211

Sucre, 22 de abril de 2019

Expediente                  : 69/2017

Demandantes                   : Mónica Isabel Vera Zalles

Demandados                    : Bisa de Seguros y Reaseguros S.A.

Proceso                           : Reintegro de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: La Sentencia de Amparo Constitucional de 16 de noviembre de 2018, emitida por el Juez Publico civil y comercial 28º de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías Constitucionales (fs. 294 vta. a 301); el recurso de casación, de fs. 180 a 185, interpuesto por nica Isabel Vera Zalles, a través de Juan Carlos Martín Palomo Rivero, contra del Auto de Vista Nº 43 de 29 de abril de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 177 a 178; dentro de proceso de reintegro de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por la recurrente contra Bisa de Seguros y Reaseguros S.A.; el memorial de respuesta al recurso, de fs. 188 a 190; el Auto de 30 de enero de 2017, que concedió el recurso (fs. 191); el Auto Supremo Nº 69-A de 24 de marzo de 2017 (fs. 200), por el cual se declaró admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de reintegro de beneficios sociales y derechos laborales por  Mónica Isabel Vera Zalles, y tramitado el proceso, el Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 134 de 23 de julio de 2015, de fs. 106 a 118, declarando:

1.- Probada la excepción de prescripción de algún derecho que hubiese correspondido en su momento a la demandante, del periodo 1993 a 2001, con los fundamentos de que el trabajo prestado por la profesional independiente es desde octubre 1993 hasta principios del 2001, hecho comprobado de la documentación presentada por la demandada en las notas fiscales en los anexos del I al XI, y no evidenciarse reclamo alguno que lleve a la interrupción de la prescripción de algún derecho tardíamente reclamado.

2.- Probada la excepción de pago documentado, en razón de haberse cancelado a la demandante la totalidad de los derechos y beneficios sociales, desde el 29 de marzo de 2001 hasta el 30 de agosto de 2012.

3.- Improbada la demanda de reintegro de beneficios sociales y derechos laborales, interpuesta, por los periodos 1993 a 2011, en razón a que no existió una relación de dependencia y subordinación y la prestación del trabajo por cuenta ajena, que cumpla con las exigencias previstas por ley.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Mónica Isabel Vera Zalles, a través de Juan Carlos Martín Palomo Rivero, formuló recurso de apelación, de fs. 146 a 156, ampliado de fs.158 a 162; que fue resuelto por el Auto de Vista 43 de 29 de abril de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 177 a 178; confirmando en todas sus partes la Sentencia emitida en primera instancia.

Auto Supremo emitido.

En conocimiento del Auto de Vista, la actora nica Isabel Vera Zalles, formula recurso de casación de fs. 180 a 185; resuelto por esta Sala, mediante Auto Supremo Nº 241 de 8 de junio de 2018, de fs. 207 a 245, suscrito por la Magistrada María Cristina Díaz Sosa de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, y el Magistrado Presidente Carlos Alberto Egüez Añez de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, ambas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, casando el Auto de Vista recurrido; en mérito a la disidencia del Magistrado y Presidente Esteban Miranda Terán de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.  

Sentencia de Amparo Constitucional.

Esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, tomó conocimiento de la Sentencia de Amparo Constitucional de 16 de noviembre de 2018 (fs. 294 vta. a 301), emitida por el Juez Publico civil y comercial 28º de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías Constitucionales, como consta en el decreto de 15 de febrero de 2018, a fs. 344, mediante la remisión del expediente efectuada por el Juzgado que conoció la acción tutelar; Sentencia de Amparo Constitucional, que determinó conceder la tutela solicitada, y dejar sin efecto el Auto Supremo Nº 241 de 8 de junio de 2018, emitido por esta Sala, disponiendo se emita una nueva Resolución, de manera fundamentada y conforme a las consideraciones expuestas en dicha resolución; en cumplimiento de dicha determinación, conforme al art. 129-V de la Constitución Política del Estado (CPE), en concordancia con los arts. 15 y 16-I del Código Procesal Constitucional (CPCo), se emite el presente Auto Supremo.  

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN:

Atendiendo la determinación asumida en la Sentencia de Amparo Constitucional de 16 de noviembre de 2018, de fs. 294 vta. a 301, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

En cumplimiento de los principios de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía normativa, este Tribunal Supremo de Justicia, esta constreñido a observar lo previsto en el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone: Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les  competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”; y por mandato expreso del art. 108 de esta norma fundamental, se debe aplicar en todas las controversias administrativas y jurisdiccionales, la normativa legal vigente, pertinente al caso concreto.

En virtud a lo manifestado, resulta pertinente y necesario expresar que una determinación de la jurisdicción constitucional, tiene un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, así lo determinan los arts. 203 de la CPE: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP): “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; y, 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo): “I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares(las negrillas son añadidas).

Al respecto la SCP 1239/2014 de 16 de junio, estableció: “Este Tribunal ha señalado que las normas del art. 203 de la CPE, determinan que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; mandato del cual se extrae que, de la función de control de constitucionalidad que cumple la instancia concentrada creada por el constituyente, emerge la cosa juzgada constitucional, que a su vez significa la irrevisabilidad de las sentencias constitucionales -plurinacionales-, su inmodificabilidad así como su vinculación obligatoria a todas las personas y autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia; una segunda consecuencia, es la improcedencia de nuevas demandas cuando ya se ha emitido una resolución constitucional respecto de un tema concreto.

Por otro lado, el art. 40-I del CPCo, determina: “Las resoluciones determinadas por una Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, serán ejecutadas inmediatamente, sin perjuicio de su remisión, para revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo establecido en el presente Código.

En el caso presente, en la parte dispositiva de la Sentencia de Amparo Constitucional de 16 de noviembre de 2018, emitida por el Juez Público Civil y Comercial 28º de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías Constitucionales, se determinó: “CONCEDE  la tutela solicitada por LA SOCIEDAD BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. representada por EDUARDO QUIROGA JIMENEZ contra MARIA CRISTIA DIAZ SOSA, MINISTRA DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRTIVA PRIVERA Y CARLOS ALBERTO EGUEZ AÑEZ MINISTRO DE LA SALA SOLCIAL Y ADMINSTRATIVA SEGUNDA, CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEGUNDA, se deje sin efecto el Auto Supremo de fecha 8 de junio de 2018 y se dispone que, las referidas autoridades, dicten una nueva resolución de manera fundamentada y conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución” (textual, los errores corresponden al texto original); disponiéndose por el Juez de Garantías, que “las referidas autoridades, dicten una nueva resolución”, es decir, los suscribientes del Auto Supremo dejado sin efecto, que son expresamente señalados junto con la Sala a las que pertenecen; en consecuencia, quienes deben dar cumplimiento a la Sentencia de Amparo Constitucional de 16 de noviembre de 2018, son los nombrados Magistrados, para evitar un incumplimiento de la determinación constitucional, que pueda ser alegado como nulidad por las partes.

En mérito a ello, corresponde asumir un criterio anulatorio respecto del sorteo, con la finalidad de reencausar el cumplimiento de lo que se llegó a determinar en la Sentencia emitida producto de una acción de amparo constitucional.

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184.1 de la CPE, 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, SE ANULA el Sorteo realizado el 25 de marzo de 2018, certificado a fs. 345 vta.; debiendo por Secretaría efectuarse el sorteo entre los Magistrados que emitieron el Auto Supremo Nº 241/2018 que por la determinación del Juez de Garantías Constitucionales, quedó sin efecto, para que sean las mismas autoridades las que emitan uno nuevo, como se dispuso en al Sentencia de Amparo Constitucional de 16 de noviembre de 2018.

Por consiguiente pase a Secretaría de la Sala para prosecución del trámite y correspondiente sorteo, sin espera turno. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-