TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 207

Sucre, 22 de abril de 2019


DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES.


Expediente                        : 133/2018

Demandante        : Sabina Quino de Cabrera.

Demandado        : René Ernesto Hug Speck.

Materia        : Social (Beneficios Sociales).

Distrito                        : La Paz.

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Fernando Luis Giannini Zallocco en representación legal de Ernesto René Hug Speck cursante a fs. 116 a 117 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 206/17 de 24 de agosto, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto de 3 de abril de 2018 cursante a fs. 132 a 132 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES:

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales seguido por Sabina Quino de Cabrera, contra René Ernesto Hug Speck; la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 149/2016 de 11 de noviembre, cursante de fs. 91 a 93, declarando probada en parte la demanda y probada la excepción de pago, determinando que el demandado René Ernesto Hug Speck, cancele a favor de la trabajadora conforme al siguiente detalle: Desahucio y multa del 30 %, la suma total de Bs7.800 (Siete mil ochocientos 00/100 Bolivianos), monto que deberá actualizarse en ejecución de fallos de conformidad al Decreto Supremo N° 28699.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 97 a 98, por Sabina Quino de Cabrera, la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 206/17 de 24 de agosto, cursante a fs. 110 a 111, que resuelve anular la sentencia apelada Nº 149/2016 de 11 de noviembre.

Ante la determinación del Auto de Vista, Fernando Luis Giannini Zallocco en representación legal de Ernesto René Hug Speck, interpone recurso de casación, con la contestación de la parte demandante, el Tribunal de alzada emite el Auto Nº 93/2018 SSA-III de 14 de marzo, concediendo el recurso interpuesto.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación, se tienen los siguientes argumentos:

1.- En el recurso de casación se denuncia la infracción y violación del art. 17.II de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y lo establecido por el art. 202 del Código Procesal del Trabajo, en relación con lo determinado por el art. 213 del Código Procesal Civil, aplicable por lo normado en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, puntualizando que dicha infracción y violación, se hace evidente en el injusto fallo, cuando señala en su segundo considerando que las pruebas no fueron valoradas y no se citaron las leyes en que se funda su valoración; cuando en realidad y en verdad las pruebas fueron valoradas, de acuerdo al principio de libre apreciación de la prueba, establecido por el art. 3 inc. j) del Procedimiento Laboral, con las características esenciales que hacen a su existencia previstas en el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 ratificados en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.

En mérito a ello, considera que no se puede anular obrados simplemente señalando que no existe una relación adecuada de pruebas, hechos y normas legales y en la parte resolutiva del Auto de Vista, señalar simplemente que por las observaciones establecidas, se anula la sentencia para que el juez emita una nueva, sin fundamento legal y real que sostenga la decisión de la resolución de segunda instancia.

2.- Precisa que existen normas interpretadas erróneamente en el Auto de Vista recurrido, pues no se ha interpretado cabalmente el art. 167 del CPT, que expresa taxativamente que la confesión judicial provocada o juramento de posiciones en materia laboral, es expresa e divisible y el hecho admitido en ella, no requiere más pruebas; en tal sentido, la confesión provocada de descargo, demuestra que a la actora se le pagaron todos sus beneficios sociales en el Ministerio de Trabajo, por medio de su esposo y apoderado, con intervención del Inspector del Trabajo. También afirma que por la prueba documental de fs. 58 y 59, se tiene que la demandante se encuentra asegurada a la Caja Nacional de Salud, afiliada al seguro de su esposo, por lo que no se puede erróneamente interpretar los alcances de los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT, pretendiendo que el demandado tenga que asegurar doblemente a la beneficiaria, que ya cuenta con seguro.

Agrega que se realizó un correcto examen de la relación laboral en la sentencia de primera instancia y no así en el Auto de Vista impugnado, ya que la demandante cumplió labores de empleada doméstica o trabajadora del hogar, y de acuerdo a la prueba aparejada se demuestra que la actora reconocido de manera expresa los pagos realizados en forma oportuna a su favor por concepto de beneficios sociales.

Para finalizar, se tiene que los fundamentos expuestos en el primer punto del recurso de casación interpuesto, solo se limitan a realizar un relato de los fundamentos expuestos en el Auto de Vista impugnado, por lo cual este Tribunal considera que los mismos no contienen fundamento casacional, y por tal motivo no serán considerados.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia CASAR el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, se falle declarando la improcedencia del pago de beneficios sociales.

La parte actora, contesta el recurso de casación interpuesto, conforme cursa a fs. 122 a 123 de obrados.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Sobre la triple dimensión del debido proceso.

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 115.II: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”; reconociéndolo  además como un derecho, conforme se tiene del art. 117.I constitucional que señala: “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; y finalmente como un principio en el que se funda la jurisdicción ordinaria establecido en su art. 180.I que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez…”. 

En esa línea se tiene la SCP N° 0043/2014 de 3 de enero, que determina la importancia del debido proceso, la cual está ligada a la búsqueda del orden justo; similar entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) No 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras.

La fundamentación y motivación como componente del derecho al debido proceso.

Entre los componentes primordiales que rigen el debido proceso como derecho y garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los jueces que imparten justicia, sino también a todo administrado. En ese sentido, es necesario resaltar el criterio asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0682/2014 de 10 de abril que señala: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma.”

Sobre la procedencia del recurso de casación en la fondo, en contra de una resolución de vista que anula obrados.

En relación al tema el Auto Supremo Nº 55/2015, de fecha 29 de enero de 2015, ha razonado en sentido de que: “… si bien existe la posibilidad de plantear recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, empero debe comprenderse cabalmente que cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la resolución de fondo o en la resolución de la controversia misma, en este caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia… siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que en base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, resuelva el fondo del litigio. En tanto que si se plantea el recurso de casación en la forma, se lo hace por errores de procedimiento… siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la resolución recurrida contiene infracciones formales y, lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del mismo y que se encuentren sancionadas con nulidad por la ley. Finalmente, en cuanto al petitorio en uno u otro tipo de recurso también difiere, pero en caso de interponerse al mismo tiempo ambos recursos (forma y fondo), no es correcto solicitar simplemente que se case la resolución recurrida o se anule la misma, la petición tendrá que ser de manera alternativa porque la finalidad de ambos recursos son diferentes, cuyos fundamentos deben ser desarrollados diferenciándose claramente el uno del otro… es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente… Por otro lado se debe considerar que este Tribunal Supremo ha establecido que contra una Resolución anulatoria de obrados, no corresponde plantear sino el recurso de casación en la forma, en el entendido que al ser anulatoria el Tribunal inferior no ingresa a analizar el fondo de la problemática, es decir no emite Sentencia de segundo grado, por lo que se hace imposible que el Tribunal de Casación habilite su competencia. En ese sentido cuando se plantea recurso de casación en el fondo contra una Resolución sea anulatoria, éste indudablemente será declarado improcedente.”

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En atención al recurso de casación interpuesto, y con carácter previo a ingresar a deliberar sobre el mismo, resulta necesario considerar a los fines de resolución, que la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274.3 del Código Procesal Civil (CPC), en tanto se cumplan los requisitos establecidos, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el Recurso de Casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener, no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnado contenido en el citado art. 274 del CPC.

En ese sentido, a efectos didácticos de la presente resolución, es importante puntualizar que el recurso de "Casación en el fondo" y "Casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del Recurso de Nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el CPC, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establece el art. 220.IV del CPC, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como dispone el art. 220.III del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

En el presente caso, se advierte que el recurso de casación cursante de fs. 116 a 117 vta., interpuesto por Fernando Luis Giannini Zallocco en representación legal de Ernesto René Hug Speck, no ha cumplido con dicha exigencia y técnica que hace a la admisibilidad del recurso, pues dicho recurso no identifica si el recurso de casación es interpuesto en la forma o en el fondo o en ambos; y si bien el medio recursivo es deficiente en dicho aspecto, de la lectura integra de los fundamentos anotados en el mismo, se puede deducir que el recurso de casación ha sido interpuesto tanto en la forma y en el fondo, pues en una primera parte del mismo se alega la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista y en una segunda parte se acusa la errónea interpretación de los arts. 3 inc. h), 66, 150 y 167 del Código Procesal de Trabajo, como también se acusa la errónea apreciación de la prueba, la cual -a decir del recurrente- demostraría que la actora se encontraba asegurada a la Caja Nacional de Salud y que también hubiera recibido de manera oportuna el pago de todos sus beneficios sociales; en esa situación observando el principio de tutela judicial efectiva previsto en el art. 115.I de la CPE, como también el principio pro actione, que exige que los órgano judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales, impidan un pronunciamiento de fondo del asunto sometido a su conocimiento; en tal situación y con aclaración realizada, corresponde ingresar a considerar el recurso de casación interpuesto.

En el contexto del recurso formulado; el recurrente considera que el Auto de Vista pronunciado infringió el art. 17.II de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y lo establecido por el art. 202 del Código Procesal del Trabajo, en relación con lo determinado por el art. 213 del Código Procesal Civil, aplicable por la norma remisiva del art. 252 de la misma Ley Adjetiva Laboral, normativa vinculada a la fundamentación y motivación, por cuanto a decir del recurrente, la sentencia de primera instancia si hubiera valorado la prueba de acuerdo al principio de libre apreciación de la prueba establecida por el art. 3 inc. j) del CPT, con las características esenciales que hacen a su existencia previstas en el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 ratificados en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 “TEXTUAL”.

En ese sentido, revisado el Auto de Vista recurrido se puede constatar de manera inequívoca que el Tribunal de alzada, no vulneró el derecho y la garantía del debido proceso, en su componente de la debida fundamentación y motivación, por cuanto el Tribunal de apelación resolvió de manera fundada y motivada la decisión de anular la sentencia, precisando que la juez de instancia dentro el fallo emitido, no se pronunció de manera clara en cuanto a la valoración de las pruebas aportadas por la demandante y el demandado, ya que solo realizó una descripción de las mismas; incluso la resolución de vista impugnada, señala que se hubiera otorgado conceptos que no se encuentran señalados en la liquidación realizada como la indemnización, de igual manera señala una imprecisión en la excepción de pago interpuesto en la parte considerativa y resolutiva, lo que a criterio del Tribunal de apelación, supone una incongruencia en la sentencia pronunciada y un incumplimiento de lo previsto en el art. 202 del Código Procesal del Trabajo y art. 213 del Código Procesal Civil.

Conforme a lo anotado, este Tribunal considera que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales, sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello, y es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones y determinaciones que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

En el caso de autos, se plasmó la debida fundamentación y la motivación, como elemento componente del derecho al debido proceso, pues los Jueces de segunda instancia, expusieron los argumentos que sustentan la decisión, citaron las normas legales en los cuales se apoya su argumento, y con este accionar aseguraron que la resolución judicial que se pronunció, no se constituye en una decisión de hecho; en consecuencia, el reclamo resulta no ser evidente.

Para finalizar, se tiene que el recurrente en el recurso de casación que se resuelve, acusa errónea interpretación de la norma, como también acusa error en la apreciación de la prueba; es decir aspectos de fondo, con los cuales solicita se case el Auto de Vista recurrido y declare la improcedencia del pago de beneficios sociales; no obstante de ello, es importante dejar claramente establecido que la resolución de vista recurrida, en el presente caso es anulatoria, y en esa situación el Tribunal de alzada, no ha realizado pronunciamiento alguno en relación al fondo del asunto; esta forma de resolución del Auto de Vista (anulatorio), impide a éste Tribunal aperturar su competencia, para pronunciarse en relación al reclamo formulado en el recurso de casación, en donde se denuncia errónea interpretación de la ley y errónea apreciación de la prueba; ya que no debe olvidar que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Tribunal de casación revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material o adjetivo, en consideración a la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, por tal motivo las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de alzada, pero sobre todo resueltas conforme la doble instancia; sin embargo, en el caso en concreto el Auto de Vista pronunciado anuló la sentencia de primera instancia, lo cual impide a este Tribunal pueda ejercer control de la actividad del Tribunal de segunda instancia, en relación a aspectos que no fueron resueltos por dicho Tribunal, toda vez que el Tribunal de Casación, una vez más, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del mismo; al no existir resolución en relación a aspectos de fondo en consideración a la forma de resolución del Auto de Vista, es imposible que se pueda establecer si las normas denunciadas como erróneamente interpretadas o el error en la apreciación de la prueba, es correcta o no.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT, en observancia a la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Fernando Luis Giannini Zallocco en representación legal de Ernesto René Hug Speck, contra el Auto de Vista Nº 206/17 de 24 de agosto, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado. Con costas y costos.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs1000.- (mil bolivianos) que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.