TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 183

Sucre, 3 de abril de 2019


Expediente                        : 132/2018

Demandante                : Damiana Santos Heredia

Demandado                : Mariana Arancibia Barrancos de Carrillo

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Chuquisaca

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Mariana Arancibia Barrancos de Carrillo (fs. 131 a 135) y Damiana Santos Heredia (fs. 137 a 138) en contra del Auto de Vista Nº 82/2018 de 9 de febrero de 2018 (fs. 123 a 127 vta.) pronunciado por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el Auto Nº 179/2018 de 26 de marzo (fs. 142) que concedió los recursos, el Auto Supremo de 3 de abril de 2018 (fs. 148) que admitió los recursos y lo obrado en el proceso.

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, seguido por Damiana Santos Heredia contra Mariana Arancibia Barrancos de Carrillo, la Juez de Partido Tercero del Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre emitió la Sentencia Nº 22/2017 de 15 de mayo de 2017 (fs. 84 a 89), declarando Probada en parte la demanda y disponiendo la cancelación a favor de la demandante el importe correspondiente a beneficios sociales, por los siguientes conceptos: indemnización, desahucio, aguinaldo más multas de la gestión 2015 y vacación, ascendiendo a una suma total de Bs. 37.375,66.- (Treinta y Siete Mil Trescientos Setenta y Cinco 66/100 Bolivianos), más la actualización establecida en el art. 9 del D.S. Nº 28699, a calcularse en ejecución de sentencia.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación por Damiana Santos Heredia (fs. 97 a 100), la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 82/2018 de 9 de febrero (fs. 123 a 127), resolvió Revocar parcialmente la sentencia, procediendo a modificar el importe por beneficios y derechos laborales que debe pagarse al demandante, ascendiendo este a Bs. 150.884,55.- (Ciento Cincuenta Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro 55/100 Bolivianos).

Ante esta determinación, tanto la demandante como la demandada interpusieron recurso de casación, con la contestación respectiva de contrario, el Tribunal de alzada emitió el Auto Nº 179/2018 de 26 de marzo, concediendo los recursos.

II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.

II.1 Recurso de casación interpuesto por la demandada.

Mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2018, Mariana Arancibia Barrancos de Carrillo interpuso Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo, exponiendo los siguientes agravios:

En la forma.

1. Violación del art.  265 - I. de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil (CPC) y los principios de pertinencia y congruencia, en razón a que el Tribunal Ad quem falsamente afirmó que la Juez A quo omitió pronunciarse positiva o negativamente sobre la prueba cursante a fs. 2, cuando en realidad la Juez A quo de forma expresa valoró esta prueba junto a la testifical de cargo, habiéndola desestimado fundadamente, por lo que al haberse desconocido arbitrariamente el contenido de la Sentencia, se generó la subsistencia de fundamentos contradictorios, ya que los argumentos de la sentencia siguen vigentes por no haber sido desvirtuados por el Tribunal de Alzada, vulnerando con ello su derecho a la defensa, pues restringe la posibilidad de interponer recurso de casación buscando una solución de fondo y no de forma como se presenta ahora.


En el fondo.

1. Violación del art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT) en la valoración de las pruebas, por inobservancia de los principios y reglas de la sana crítica para la valoración de la documental de fs. 2, ya que el Tribunal de Alzada analizó parcialmente su contenido, considerando sólo la parte en la que se señala “para que trabaje como empleadita doméstica o sea como ayudante de la cocina”, para acreditar la existencia de la relación laboral, sin tomar en cuenta que no se encuentra establecido el sueldo o salario a pagarse, siendo que esta representa una circunstancia relevante para determinar la existencia de la relación laboral, violando con ello las reglas de la lógica y la experiencia, pues la misma documental establece que asumió la crianza de la demandada como su hija, situación que no implica una relación de dependencia o subordinación laboral sino refiere a la colaboración y obediencia que prestan los hijos a sus padres, considerando además que cubrió las necesidades de vivienda, alimentación y vestido de la menor de 7 años, resultando por demás ilógico y contrario a los principios científicos que a partir de esta única prueba se sostenga que una menor de 7 años trabajaba como empleada y percibía un sueldo mensual.

Refiere, en consecuencia, que la valoración efectuada por la Juez A quo es válida y correcta, porque responde a las reglas de la sana crítica y la lógica, además de tomar en cuenta la realidad de nuestro país, sobre la cual se estableció la inexistencia de la relación laboral desde el año 2014, en que se obtiene la licencia de funcionamiento del negocio de la demandante.

Petitorio.

Solicita que en virtud a los fundamentos del recurso de casación en la forma, se dicte Auto Supremo anulando obrados hasta el Auto de Vista y disponiendo la emisión de una nueva resolución; alternativamente, solicita que se case el Auto de Vista impugnado y pronunciándose en el fondo, se mantenga subsistente la Sentencia Nº 22/2017.



II.2 Recurso de casación interpuesto por la demandante.

Mediante memorial presentado el 12 de marzo de 2018, Damiana Santos Heredia interpuso Recurso de Casación, exponiendo los siguientes agravios:

1. Vulneración del art. 48 de la CPE, por haberse determinado la prescripción de sus derechos laborales (bono de antigüedad, domingos y feriados), pese a que demostró, con pruebas documentales y testificales, la existencia de la relación laboral durante 21 años, 9 meses y 11 días (16/04/1995 al 26/01/2017), debiendo incluirse en la liquidación los beneficios sociales correspondientes a los años prescritos.

2. Vulneración a su derecho a percibir el bono de antigüedad por todos los años trabajados, pues este fue negado por la Sentencia y el Auto de Vista.

3. Omisión de pronunciamiento del Tribunal Ad quem sobre la multa del 30% establecida en el DS 28699 y sobre el pago de domingos y feriados, por cuanto la demandada no cumplió con la carga de la prueba conforme establece el art. 66 del CPT, para desvirtuar su derecho, no habiéndose determinado en el Auto de Vista su concesión o negación, situación que vulnera sus derechos laborales y el debido proceso en su elemento motivación.

Petitorio.

Solicita que en aplicación de la ley se CASE en parte el Auto de Vista, dejando sin efecto la prescripción y procediendo a una nueva liquidación en la que se le otorgue todos los beneficios sociales que por ley le corresponden.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Y ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

En consideración a los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

A este efecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo, ha establecido que el Recurso de Casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como Recurso de Casación en el fondo, Recurso de Casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274.3 del Código Procesal Civil (CPC), en tanto se cumplan los requisitos establecidos, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, no siendo suficiente la simple expresión de la voluntad de impugnar.

En este entendido, los Recursos de "Casación en el fondo" y "Casación en la forma", si bien aparecen hermanados, representan dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica, pues a través del primero se impugna el error "in judicando", que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales; en cambio, el segundo, recae sobre el error "in procedendo" , esto es, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, contenga errores de procedimiento y vicios que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público.

Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establece el art. 220.IV del CPC, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como dispone el art. 274.III del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

En ese marco, revisados los recursos de casación, se advierte que la demandante, pese a no enunciarlo adecuadamente, en los hechos interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, pues pese a que en su petitorio solicita solamente que se case el Auto de Vista, en su fundamentación acusa al Tribunal de Alzada de omitir pronunciarse sobre el pago de domingos y feriados, aspecto que hace a la forma del proceso, denunciando además en el fondo, la vulneración de sus derechos por haberse determinado la prescripción de algunas gestiones y negado el bono de antigüedad solicitado.

Por su parte, la demandada interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, acusando la omisión de pronunciamiento del Auto de Vista sobre el contenido de la Sentencia (forma), y la violación del art. 158 del CPT por error en la valoración de la prueba (fondo).

Establecidos como se tienen los agravios atingentes a los recursos de casación, y ante la existencia de reclamos sobre aspectos de forma como de fondo, con la finalidad de evitar incongruencias en la resolución, previamente se analizarán los vicios de forma denunciados por las recurrentes, y solo en caso de no ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo expresadas en ambos recursos.

III.1. De la violación del art. 265-I. de la Ley Nº 439 CPC y los principios de pertinencia y congruencia, por desconocimiento de los argumentos de la Sentencia.

La demandada en su recurso de casación en la forma acusa la vulneración del art.  265 - I. de la Ley Nº 439 CPC y los principios de pertinencia y congruencia, por considerar que el Tribunal Ad quem desconoció la valoración efectuada por la Juez A quo de la prueba cursante a fs. 2, pues en el segundo considerando del Auto de Vista expresamente señaló: “Debemos manifestar que la Juez de primera instancia omite realizar una valoración positiva o negativa de los elementos probatorios presentados por la parte actora, como ser el documento o contrato de trabajo suscrito entre el padre de la menor y la demandante en oficinas de ONANFA, pues en este documento claramente se establece que … para que trabaje como empleadita doméstica o sea como ayudanta de la cocina…, documento que no ha sido tomado en cuenta para establecer el tiempo de la relación laboral, pues claramente se establece que fue contratada para ayudar en la cocina, siendo dependiente de la ahora demanda, (…)” (las negrillas son añadidas)

Revisada la sentencia, se advierte que la Juez A quo, en relación a la prueba de fs. 2 “Contrato de Trabajo con el menor de 7 años”, refirió que: “ (…)en el se menciona que la demandada se compromete de criar a la demandante como a su hija, que pondría a la escuela y correría con los gastos. Documento por el que se prueba que a partir del 16/04/1995 la demandante vivió con la Sra. Mariana Arancibia Barrancos, situación que es concordante con lo afirmado en la contestación y las testificales de descargo. Respecto a la existencia o no de la relación laboral, se debe considerar que si bien la parte actora a partir del 16 de abril de 1995 fue entregada a la demandada, no implica necesariamente de que la misma hubiese cumplido una función de empleada doméstica conforme lo menciona la actora; (…)” (las negrillas son añadidas)

Previamente, resulta menester aclarar que el Tribunal de Alzada no se constituye en una instancia de puro derecho en la revisión de la Sentencia emitida en primera instancia, como ocurre en el recurso de casación, sino que representa una instancia judicial de conocimiento, consiguientemente le asiste la facultad de revisar las actuaciones del Juez A quo y en caso de ser necesario valorar nuevamente la prueba acumulada en el proceso a efecto de enmendar en lo que corresponda la sentencia inicial, no pudiendo soslayar la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, como ocurre en el caso de autos, constan precisamente fundamentos y especialmente agravios de fondo en relación a la valoración probatoria, que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

En virtud a ello, de la revisión de antecedentes se advierte que el Tribunal de Alzada consideró que la documental aparejada a fs. 2 de antecedentes, no fue valorada positiva o negativamente para el establecimiento de la relación laboral, pues si bien la juez se refirió a dicho documento como un documento en el que solamente consta la entrega de la menor, no consideró que este fue suscrito bajo el nomine de “Contrato de Trabajo con el Menor de 7 años” y menos hizo referencia a que este se realizó con el objeto de que la menor “trabaje como empleadita doméstica o sea como ayudante de la cocina”, motivo por el cual, en uso de la atribución establecida en el art. 265 III de la Ley N° 439 CPC que prescribe: “III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios.(las negrillas son añadidas), el Tribunal Ad quem, realizó una nueva valoración de la referida prueba, considerando sus efectos en el ámbito laboral y arribando a la conclusión de que éste si demuestra la existencia de la relación laboral.

En este entendido, la acusada vulneración del art. 265 I. de la Ley N° 439 CPC, que refiere a los principios de pertinencia y congruencia, no resulta evidente, toda vez que los argumentos del memorial de apelación de la demandante, que en su oportunidad reclamó, precisamente que demostró la existencia de la relación laboral con el referido contrato de trabajo que no habría sido considerado como tal por la Juez A quo, justifican el pronunciamiento del Tribunal Ad quem y la nueva valoración de la prueba, que ha derivado en la revocatoria de lo analizado y dispuesto por la Juez de primera instancia en este punto, no encontrándose vigentes dos interpretaciones contrarias, como asevera la demandada, pues la valoración de la instancia superior tácitamente dejó sin efecto lo actuado por el A quo; extremo que no implica que este Tribunal este de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, pues al referirse el presente reclamo a la incongruencia y pertinencia, uno de forma que atañe la estructura del Auto de Vista, este Tribunal de casación se ve limitado a verificar si el mismo resulta o no evidente.

III.2. De la omisión de pronunciamiento sobre la multa del 30%, y el pago de domingos y feriados.

El art. 265 de la ley 439 Código Procesal Civil (CPC), aplicable supletoriamente a la materia por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, consagra el principio de congruencia aplicado en segunda instancia, cuando prevé que: “I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.”;  previsión a partir de la cual se establece como límite formal, y a su vez como obligación del Tribunal Ad quem, el pronunciarse sobre todos los agravios expuestos por el apelante en su recurso que recayeran sobre aspectos resueltos en Sentencia.

Asimismo, el art. 270-I. de la Ley 439 CPC, establece que “I. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, infiriéndose a partir de esta normativa, que del mismo modo que el Tribunal Ad quem se encuentra constreñido a dilucidar sólo aquellas cuestiones resueltas por el Juez A quo y denunciadas por el apelante, esta instancia de casación, en estricta observancia del principio de congruencia como elemento del debido proceso, se encuentra a su vez limitado a evidenciar la acusada violación, indebida aplicación o errónea interpretación de la norma en que hubiera incurrido el Tribunal Ad quem al dictar el Auto de Vista impugnado.

Bajo este contexto, se advierte que la demandante en su recurso de casación, denunció la omisión de pronunciamiento del Tribunal del Alzada en relación a la multa del 30% y el pago de domingos y feriados, sin embargo, revisado el memorial de apelación de la demandante, se advierte que denunció de forma precisa las siguientes situaciones resueltas en la sentencia que le generarían agravios: 1. Existencia de la Relación Laboral, 2. Tiempo de Servicios, 3. Salario Promedio Indemnizable y Sueldos Devengados, 4. Pago de Aguinaldo 5. Compensación económica por vacaciones, 6. Bono de Antigüedad y 7. Domingos y Feriados. A partir de ello el Auto de Vista, dando cumplimiento a lo dispuesto en el referido art. 265 del CPC y el art. 17 II. de la Ley 025 LOJ, limitó su análisis a los agravios denunciados, entre los que no se encuentra el reclamo sobre la multa del 30% establecida en el art. 9 II del DS 28699, situación que impide en esta instancia el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre este aspecto, por no haber sido oportunamente reclamado por el recurrente en apelación y en consecuencia tampoco ha sido objeto de revisión en el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Segunda Instancia.

En virtud a lo expuesto, en estricta observancia del principio de congruencia como elemento del debido proceso y en resguardo del derecho a la defensa que asiste a las partes del proceso, no existiendo la alegada omisión de pronunciamiento en relación a la multa de 30% por no haber sido objeto de la apelación, este Tribunal  procederá a verificar sólo las denuncias referida a la omisión de pronunciamiento sobre el pago de domingos y feriados.

Al respecto, conforme se tiene expuesto, la demandante en su apelación efectivamente reclamó como séptimo agravio el pago de domingos y feriados, acusando la vulneración al debido proceso en razón a que la Juez A quo habría omitido pronunciarse sobre este punto en la sentencia; empero de forma contraria a lo aseverado por el recurrente en su recurso de casación, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se evidencia que en el último párrafo de su página 7, ingresó a dilucidar y resolver este reclamo, habiendo establecido que si bien es cierto que la sentencia no contempló el pago de domingos y feriados, cursa en el cuaderno procesal el Auto Nº 264 de 24 de mayo de 2017 (fs. 93), que complementa la sentencia en este aspecto, y transcribiendo el contenido pertinente del referido Auto, concluyó señalando que su argumentación se encuentra acorde a los datos del proceso y conforme a derecho, no existiendo prueba en el proceso que acredite el trabajo de la actora los días domingos y feriados, por lo que este agravio no debe ser acogido de manera favorable.

Consiguientemente, la denuncia de omisión de pronunciamiento sobre el pago de domingos y feriados, resulta falsa, pues de la simple revisión del Auto de Vista, se constata que ha dilucidado y resuelto este agravio formulado en apelación, habiendo coincidido con el criterio de la Juez A quo de negar este beneficio en virtud a la ausencia de prueba necesaria para su determinación, no siendo evidente la alegada vulneración al debido proceso en su elemento motivación.

III.3. De la errónea valoración de la prueba.

El art. 158 del Código Procesal del Trabajo, prevé: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.”

Al respecto, es oportuno precisar que la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y reiterada por este Supremo Tribunal de Justicia en diversas resoluciones, ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 1286 del CC y en el art. 397 del CPC-1975, y específicamente en materia laboral, los jueces y tribunales de instancia, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de las pruebas, debiendo formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que rigen la sana crítica, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o persigan un fin prohibido por la ley, pues el proceso laboral, solo tiene por objeto el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial y en mérito a ese criterio se debe interpretar las disposiciones establecidas en los arts. 3 inc. j), 59, 50 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Por consiguiente, la valoración de las pruebas son incensurables en casación, salvo que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho en esa valoración, única posibilidad para que de manera excepcional se pueda volver a valorar esa prueba identificada de manera clara y específica en el recurso, cumpliéndose la regla que establece el 271-I de la Ley Nº 439 CPC, que señala: “…cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”.

Por su parte, la Sentencia Constitucional 23/2004-R de 7 de enero, determinó: “En primer término las autoridades judiciales de la justicia ordinaria, deben otorgar a los litigantes la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por ello les corresponde apreciar y valorar de la manera más certera posible el material probatorio que consta dentro del proceso, sobre la base del cual formará convicción y fundará su decisión, inspirándose en los principios de la sana crítica; (…)” (las negrillas son añadidas)

De acuerdo a la normativa y jurisprudencia citada, si bien no existe tarifa legal en la valoración de la prueba materia laboral se tiene, como en todo ámbito del derecho, que el referente general para su apreciación las reglas de la sana critica, que de acuerdo con Heberto Amilcar Baños, “…. Las reglas de la saña critica no son otras que la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observancia, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (…) se trata de criterios normativos (reglas, pero no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana), para emitir un juicio de valor (…) acerca de una cierta realidad”; criterios que no pueden desconocerse por ningún juzgador, pues su transgresión representaría la emisión de un fallo arbitrario y contrario a los hechos presentados para su juicio.

En virtud a ello, podemos deducir que la denuncia de la demandada en relación a la inobservancia de principios y reglas que rigen la sana crítica en la apreciación de la prueba, se encuentra vinculada al error de hecho en su valoración, radicando la controversia, en el presente caso, en determinar si el Auto de Vista recurrido incurrió en error de hecho al valorar la prueba de cargo, cursante a fs. 2 de obrados.

En este entendido, de antecedentes, se evidencia que la decisión del Tribunal de Apelación, de considerar la existencia de la relación laboral a partir de la suscripción del “Contrato de Trabajo con el Menor de 7 años” de 16 de abril de 1990, se basó en la frase contenida al exordio del mismo: “… para que trabaje como empleadita doméstica o sea como ayudanta de la cocina.”; sin que se hubiese considerado ningún otro elemento probatorio producido en el transcurso del proceso, ni tampoco el contenido desarrollado en las cláusulas del mismo documento.

A partir de ello, y de lo referido  por Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material;(…)”,  se evidencia que en este caso el Tribunal de Alzada no ha considerado en su fallo las circunstancias relevantes que se encuentran descritas en el mismo documento, como son las obligaciones asumidas por la demandada para con la demandante, mismas que no se traslucen en aquellas asimilables a un empleador, sino más bien a las de un tutor o responsable del bienestar de la menor; así como tampoco las condiciones impuestas por el padre de la menor, quien también dio su consentimiento en el referido documento, refieren a una relación con características laborales, sino a las de una de colaboración en la crianza de la menor, estableciéndose a partir del contenido de las testificales de descargo, que el padre pudo visitar y conocer la situación en la que se encontraba su hija, sin haber efectuado reclamo alguno en ninguna oportunidad, aspectos que demuestran que hubo la voluntad de las partes de continuar con las condiciones pactadas en virtud al cumplimiento de ambas.

Asimismo, este Tribunal Supremo de Justicia, en reiterados fallos, como ser los Autos Supremos 17/2017 de Sala Social Primera y 676/2017 de Sala Civil, entre otros, ha establecido que es deber de todas las autoridades jurisdiccionales, el realizar una compulsa integral y conjunta de las pruebas cursantes en el proceso, y no así de cada uno de los elementos probatorios de forma aislada, para poder verificar adecuadamente si son correctas o no las pretensiones de las partes, toda vez que la valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio, es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos, siendo su objetivo fundamental la averiguación de la verdad.

Conforme a ello es preciso señalar que el Tribunal Ad quem tampoco efectuó una crítica integral a la prueba producida, ni contrastó la documental en que se funda la decisión de modificar el tiempo de la relación laboral, con las pruebas testificales de descargo que en su mayoría desvirtúan las aseveraciones de la demandante, así como con el contenido de la documental de cargo “Documento Privado de Compromiso y Desistimiento”, en el que la propia demandante reconoce el lazo afectivo que la une a la familia de la demandada y no refiere a la realización de trabajos no remunerados, declaración contradictoria a lo afirmado en su demanda; situación que vulnera el Principio de Unidad de la Prueba vinculada a la lógica y el Principio de Primacía de la Realidad (art. 3 inc. d) del DS Nº 28699) en relación a la experiencia, que forman parte de la reglas que rigen la sana crítica, pues la lógica exige la existencia de razón suficiente, por la cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita tener una razón suficiente que justifique lo que se afirma o niega con pretensión de verdad, y la experiencia, implica el contraste común que resulta del análisis del contexto del caso y la realidad de la sociedad en la que se desenvuelven las relaciones sometidas a juicio.

En consecuencia, la transgresión de estos principios rectores en la valoración probatoria, devienen en una errónea apreciación de los hechos  traídos a conocimiento del juzgador, que a su vez sustentaron la revocatoria parcial efectuada a la Sentencia por el Tribunal Ad quem por considerar que la relación laboral entre la demandante y la demandada inició con la suscripción del referido contrato, cuando en los hechos, de la prueba producida en el proceso, no resulta evidente que a partir de ese momento se hubiera originado entre ellas una relación que cumpla con las características esenciales que debe tener una relación laboral, pues pese a lo afirmado por los vocales, no se advierte la relación de dependencia y subordinación de la demandante en condición de trabajadora respecto a la presunta empleadora, ni se evidencia qué tipo de trabajos se realizó por cuenta ajena, mucho menos se ha evidenciado la percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, que supuestamente recibía o se habría acordado recibir, en su condición de menor o cuando ya fuera mayor de edad, pues si bien  bajo el principio de inversión de la prueba, la carga de la prueba le corresponde al empleador, no inhibe la actividad probatoria que pudo realizar la demandante, quien a más de probar, a partir incluso de las testificales de descargo, que realizaba esporádicamente la venta de mercadería en la tienda señalada, no ha aportado ningún elemento que acredite el trabajo que presuntamente desempeñaba al interior de la casa, existiendo por el contrario abundante prueba de descargo que desvirtúa las aseveraciones vertidas por la demandante.

En virtud a estos presupuestos, se advierte que el Tribunal de Alzada no ha efectuado una adecuada valoración de la prueba, habiendo incurrido en error de hecho, al fundar la revocación de la sentencia, en la interpretación parcial de una frase contenida en la documental de cargo, obviando considerar las demás condiciones establecidas en el mismo documento así como la restante prueba de cargo y de descargo producida y valorada precedentemente, lo que permite concluir que la revocatoria parcial dispuesta por el Tribunal Ad quem, carece de sustento fáctico y legal, por haber incurrido en error de hecho en la valoración de la prueba, correspondiendo en consecuencia fallar conforme lo establecido en el art.  220 IV de la Ley Nº 439 CPC, y en consecuencia revocar el fallo de la instancia de Alzada, manteniendo firme lo dispuesto en la Sentencia Nº 22/2017, por cuanto su resolución condice con lo manifestado y probado en el proceso laboral, siendo congruente con los principios que rigen la sana crítica en la valoración probatoria.

III.4. De la prescripción y el bono de antiguedad

Habiéndose evidenciado el error de hecho en la valoración de la prueba, que sustentó la decisión del Tribunal de Apelación, de establecer el inicio de la relación laboral a partir del 16 de abril de 1995, y encontrándose ratificado, en virtud a los argumentos expuestos en el punto precedente, el fallo de la Juez A quo, que en primera instancia ha determinado el inicio de la relación laboral a partir de la gestión 2014, no corresponde ingresar a dilucidar y resolver los aspectos reclamados por la demandante en relación a la prescripción, por no encontrarse ya en conflicto la vigencia o no de derechos y beneficios sociales correspondientes a gestiones anteriores al 2007; así como tampoco procede el cómputo del bono de antigüedad por no haberse consolidado dos años de servicio o trabajo remunerado.

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, y con base en los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, CASA el Auto de Vista Nº 082/2018 de 9 de febrero de 2018, pronunciado por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y en consecuencia Confirma la Sentencia Nº 22/2017 de 15 de mayo de 2017, dictada por la Juez de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.