TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 166

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                  : 030/2018

Demandante                   : María Teresa Chipani de Vargas 

Demandado                    : MANACO S.A.

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 418 a 436, interpuesto por Manufactura Boliviana (MANACO) S.A., representada por Luis Ernesto Rojas Romero, contra el Auto de Vista Nº 038/2017 de 3 de mayo, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 399 a 403; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por María Teresa Chipani de Vargas contra la empresa recurrente; el memorial de respuesta al recurso, cursante de fs. 444 a 457; el Auto de 9 de enero de 2017, que concedió el recurso (fs. 459); el Auto de 29 de enero de 2018, por el cual se declara admisible el recurso de casación (fs. 467), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por María Teresa Chipani de Vargas, y tramitado el proceso, la Juez del Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo, pronunció la Sentencia Nº 20/2014 de 14 de marzo, de fs. 340 a 347, declarando probada en parte la demanda; disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor de la actora la suma de Bs.1.101.108.- (Un millón ciento un mil ciento ocho 00/100 bolivianos), por concepto de beneficios y derechos laborales, detallado en ese fallo; más la multa del 30% conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, MANACO S.A. representada por Roció Amalia Julio Quintana, interpuso recurso de apelación, de fs. 361 a 363; que fue resuelto por el Auto de Vista Nº 038/2017 de 3 de mayo, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 399 a 403, confirmando la Sentencia emitida primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, MANACO S.A. formuló recurso de casación, a través de Luis Ernesto Rojas Romero, de fs. 418 a 435, señalando lo siguiente:


En la forma.

1.- El Tribunal de alzada, asumió una decisión sin fundamentos íntegros sobre todos los puntos apelados, en forma contraria a lo dispuesto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), y al art. 265 del Código Procesal Civil (CPC-2013), vigente adjetivo civil; omitiendo considerar, analizar y resolver todos los aspectos reclamados en el recurso de apelación, por lo cual el Auto de Vista emitido carece de validez; al haberse expuesto diez agravios en forma separada en la apelación, sintetizando el Tribunal ad quem los ocho primeros puntos, en unos solo, sin responder a todos los cuestionamientos que se plantearon en el indicado recurso, hecho que supone una evidente falta de fundamentación y motivación en la emisión de la resolución de vista que se recurre, vulnerándose el debido proceso establecido en el art. 155-II de la Constitución Política del Estado, incurriéndose en una incongruencia omisiva conforme a las SSCC 486/2010-R de 5 de julio, 2016/2010-R de 9 de noviembre, entre otras.

2.- El Auto de Vista recurrido viola el art. 265-I del CPC-2013, al no circunscribirse a todos los puntos que fueron objeto de la apelación, emitiéndose un fallo, sin un análisis adecuado sin motivación ni fundamentación sobre todos los aspectos reclamados en apelación, asumiendo en tal sentido una decisión de hecho y no de derecho al confirmar la sentencia impugnada, aspecto que genera un vicio insubsanable, solo reparable por la nulidad del Auto de Vista que fue pronunciado carente de pertinencia, exhaustividad, y en forma arbitraría, al no referirse a todas las dudas expuestas en la apelación.   

En el fondo.

1.- El Tribunal de alzada, incurre en una errónea valoración de la prueba de hecho y de derecho, respecto de los contratos civiles de consignación, cursantes de fs. 44 a 49 y 52 a 55, documentos públicos con plena y absoluta fe probatoria, que acreditan que la actora y MANACO S.A. sostuvieron una relación de índole civil y comercial, más no laboral, este tipo de contratos se encuentra reconocido en el art. 1290 del Código de Comercio (CCo); denotándose una ausencia de valoración y apreciación de esta prueba en la emisión del Auto de Vista, en los cuales no existió dirección empresarial, sino una intervención directa de la ahora demandante para la venta de mercadería, con uso del nombre comercial de la empresa, con instrucciones estándares de este tipo de contratos para cuidar la marca, que erróneamente fueron tomados por los de instancia como subordinación, cuando conforme a las cláusulas de la documentación referida, no se evidencia dependencia, menos subordinación alguna, pudiendo la consignataria contratar personal propio que considere necesario, para coadyuvar en la venta de los productos, lo que demuestra una relación netamente comercial.

2.- También, existió errónea valoración de la prueba de hecho y de derecho, respecto al Número de Identificación Tributaria (NIT) cursante a fs. 61, de los certificados del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), de fs. 58 y 73, como de las facturas de la demandante comisionista, de fs. 62 a 64 y de 188 a 195, documentos públicos que hacen plena fe sobre su contenido, de conformidad a los arts. 1287 y 1289 del Código Civil (CC); prueba que demuestra que la actora tenía una actividad comercial como comisionista, subastadora y corredora de productos básicos, con un propio NIT; sin que existiera exclusividad con la empresa MANACO S.A., menos una relación laboral, al respecto el Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido un criterio jurídico adecuado, respecto a los contratos comerciales en la actividad de comisionista y su naturaleza civil, conforme a los Autos Supremos Nros. 913 de 18 de diciembre de 2015, 913 de 18 de diciembre de 2015, 96 de 16 de mayo de 2017 (no refiere que Sala emitido estos fallos), desvirtuándose la inexistente relación laboral.     

3.- El Tribunal ad quem, incurrió en una errónea valoración de hecho, respecto de las planillas de fs. 19 a 187, y el certificado de recursos humanos, de fs. 78, que demuestran que la demandante, no forma parte de la estructura organizacional de la empresa, quien contaba con empleados propios en la ejecución del contrato de consignación, como acreditan las atestaciones de fs. 328 y 329 en la respuesta séptima, acreditándose la relación netamente comercial, entre la demandante y MANACO S.A.

4.- Se evidencia, una indebida aplicación y violación del art. 2 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, y del art. 1 del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, al no existir en la relación jurídica con la demandante, las características de una relación laboral, que erróneamente y forzadamente imaginan los de instancia; la actora, en ejercicio de su labor comercial tenía como principal interés la venta de los productos que oferta MANACO S.A., bajo ningún tipo de subordinación ni dependencia, confundiendo el Tribunal de alzada, como la Juez de la causa, las exigencias del estándar de calidad de las tiendas, como una subordinación, cuando se tratan de condiciones de ejecución, no de una dirección empresarial.

Con respecto a la prestación de trabajo por cuenta ajena, los consignatarios dependen ellos mismos, de la fluidez de la ejecución del contrato, para obtener réditos a su favor, no prestaba un servicio en el cual no deba preocuparse por el resultado económico, como lo hacen los dependientes de la empresa, descartándose esta característica.

En cuanto al salario, este debe ser uniforme y continuo, y los ingresos de la actora respondían a los resultados y desempeño en la ejecución del contrato de consignación, generando una comisión respecto de la cantidad de productos vendidos; por lo que, claramente, existe un yerro por parte de los de instancia, vulnerando las normas aludidas.

5.- Se vulneró el art. 2 de la Ley General del Trabajo (LGT), y el art. 2 del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, en razón a que, el trabajador debe necesariamente ser una persona natural, y el contrato de consignación suscrita entre MANACO S.A. y la actora, fue realizado con la empresa unipersonal “María Teresa Chipani de Vargas” con numero de RUC 91254050, representada por la actora, conforme se evidencia de la cláusula  primera 2), del contrato de consignación, empresa unipersonal con un propio NIT, por lo cual el contrato suscrito entre la demandante y MANACO S.A., no puede ser una relación laboral, siendo netamente comercial.


6.- Se aplicó indebidamente los arts. 4 inc. d) y 5 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que establecen que cualquier relación civil o comercial que tienda a encubrir una relación laboral, no surtirá efectos, debiendo prevalecer el principio de primacía de la realidad ante la relación aparente; cuando, en el caso se evidencia prueba plena, como las facturas, certificados de impuestos, contratos, NIT propio de la actora, que no se pretendió esconder una relación laboral, y conforme al conjunto de pruebas presentado, se demostró que se sostuvo una relación civil y comercial real.

7.- Se violó y aplico indebidamente los arts. 12, 13, 19, 44 y 57 de la LGT, al no existir una relación laboral, y otorgar todos los derechos y beneficios que corresponden a este tipo de relación jurídica, cuando en autos, se demostró que la relación sostenida entre la demandante y MANACO S.A. fue netamente de índole civil, otorgándose un sueldo promedio, de salarios inexistentes, sino en base a pagos de comisión por consignación.  

8.- Se violaron los arts. 1290, 1291 inc. 2) 1263, 1272, 1273, 1274, 1279 del CCo, al ser un contrato comercial de consignación, de be aplicarse de manera preferente la normativa que regula este tipo de relación jurídica,  que fue demostrada conforme a la documental adjunta como prueba.

9.- Existe errónea valoración de la prueba, vulnerándose el art. 158 del CPT, y el principio de verdad material consagrado en el art. 180-I de la CPE, debiendo las autoridades de ambas instancias ponderar todos los elementos probatorios, no de forma aislada y fragmentada, para llegar a una conclusión que se asemeje con la verdad de los hechos.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación en la forma, solicita la nulidad del Auto de Vista recurrido, y en el fondo, se case el Auto de Vista, declarando improbada la demanda en tosas sus partes.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

En la forma.

Respecto a la vulneración al debido proceso, al considerar que existe una falta de motivación en relación de los agravios llevados en el recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada, se tiene que; el art. 265-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, determinando claramente la norma adjetiva, que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación debe ceñirse a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidas, como tampoco omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso; además, de contener la resolución que se emita una debida motivación y fundamentación, respecto de la posición asumida, más aún, si el Tribunal de segunda instancia se constituye en un Juez de conocimiento y no así de puro derecho, teniendo la potestad y obligación de analizar y resolver todos los agravios expuestos en los recursos de alzada sin discriminación alguna, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayar esta responsabilidad en la resolución de la causa.

Es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico, consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, y la motivación debe permitir vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se confirmó o se modificó un fallo de instancia; esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, y en alzada se debe cumplir en la resolución de todos los agravios expuestos en la apelación con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad.

Consecuentemente, cuando un Juez o Tribunal omiten motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser debidamente motivadas.

En ese orden de ideas, la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, por el cual el Juez o Tribunal al resolver una causa, debe inexcusablemente cumplir con tres componentes, que son: exponer los hechos; efectuar la fundamentación legal; y, citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; así lo entendió la SCP 0092/2012 de 19 de abril: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...”; siendo la fundamentación parte de la motivación que debe contener toda determinación judicial, se ha establecido por este Tribunal en anteriores Auto Supremos emitidos, el Nº 867 de 3 de marzo de 2015 (Sala Social Primera), así como en el Nº 245 de 27 de agosto de 2015 (Sala Social Segunda), entre otros, que: “…la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado; estando claro que los Tribunales de alzada, al conocer un recurso de apelación deben dar cumplimento al art. 265 parágrafo I del CPC-2013, fundamentado y motivando sus resoluciones, labor que debe plasmarse en la respuesta precisa a todos y cada uno de los puntos expuestos, con argumentos específicos que tengan como efecto otorgar seguridad jurídica a las partes.

Conforme a estas apreciaciones, este Tribunal al contrastar el recurso de apelación, cursante de fs. 361 a 364, los agravios expuestos en él, con los fundamentos vertidos en el Auto de Vista y las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma; se tiene que, el Tribunal de alzada no otorga una respuesta motivada, razonada y con la debida fundamentación sobre los aspectos cuestionados en el recurso de apelación; ya que, el propio Tribunal ad quem, en la emisión del Auto de Vista recurrido, realiza en forma correcta un resumen de los argumentos vertidos en el recurso de apelación, identificando nueve puntos, cuestionamientos o dudas de la parte apelante; sin embargo, en la parte que fundamenta y resuelve las dudas efectuadas por el apelante, realiza consideraciones generales señalando la prueba presentada, unificando todos los puntos del 1 al 8 que dicho tribunal considero como agravios de la apelación, omitiendo una respuesta razonable en la que se explique a la parte apelante, por qué no son valederos sus argumentos, para llegar a determinar a la confirmación de la Sentencia.

Sin pronunciarse sobre los puntos cuestionados (pese a ser parte del resumen del recurso, en el Auto de Vista), sobre: la suscripción del contrato entre personas jurídicas, al ser la actora represéntate de le empresa unipersonal, con la cual se firmó una relación netamente comercial de consignación, lo que imposibilita la existencia de una relación laboral; las propias obligaciones tributarias de la actora, en la venta de los productos;  el pago de las comisiones, considerado como salario por la A quo.

Por otro lado, en cuanto a las características de la relación laboral, debe tenerse en cuenta, que la fundamentación y motivación coherente, al que están compelidos los juzgadores, teniendo en cuenta que fundamentar implica indicar con precisión la norma que justifica la emisión del acto o resolución y motivar una decisión, consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable dicha norma al caso concreto, expresando con claridad de qué manera en el caso resuelto, se manifiestan las características contempladas en el art. 2 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, referido en el Auto de Vista, no pudiendo limitarse a señalar la norma e indicar que se cumplen con estas características; toda vez que, se debe explicar la manera en que se opera la adecuación lógica del supuesto de derecho a la situación subjetiva del particular; para cuyo efecto corresponde señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista, en este caso en el art. 2 inc. a) del D.S. Nº 28699.

Por lo que, al no considerar analizar los agravios vertidos en la apelación de la empresa demandada, el Tribunal de alzada, incurrió en violación al debido proceso por falta de motivación y fundamentación, llegándose a vulnerar el principio de congruencia en cuanto a la concordancia que debe existir entre los fundamentos planteados y lo resuelto, denominada incongruencia citra petita, conocida como la omisión en la que se incurre cuando el juzgador o tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, al no darse respuesta a lo cuestionado por el apelante, siendo una obligación del Tribunal de alzada otorgar una respuesta, ya sea dando curso o negando la solicitud, cuestionamiento o duda planteada en la apelación, con un fundamento sostenible, dentro lo que corresponda en derecho, las garantías constitucionales, y la búsqueda y procura de la realización de la justicia material.

Al respecto, la SCP 0115/2014 de 10 de enero, determinó: “De forma coherente con la asimilación del principio, derecho y garantía del debido proceso, previsto por las normas del art. 115.II de la CPE, tal como se exteriorizó precedentemente, el carácter expansivo del debido proceso, lo provee de diversos elementos, uno de ellos, entre los que se señalaron, la motivación y debida fundamentación de las resoluciones judiciales, los cuales tienen por objeto dotar de legitimidad a las mismas, mediante la ineludible labor de raciocinio que las debe preceder, para no ser consideradas arbitrarias, infundadas e inmotivadas; contenido que a su vez le permita alcanzar una razonable conformidad de los involucrados, de la sociedad en general, y con ello cumplir el objetivo supremo de la función judicial de lograr la paz social y componer la situación de ruptura de la legalidad, refiriéndose la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al principio de congruencia que: “El principio de congruencia , sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien imparte justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes; en ese entendido, por los argumentos desarrollados es evidente que el Tribunal de alzada vulneró incurrió en una falta de motivación y fundamentación al no absolver las dudas planteadas en apelación, así como en una incongruencia citra petita, ya que no se pronunció sobre todos los puntos que fueron cuestionados en la apelación sometida a su conocimiento (como la alegada, errónea valoración de la prueba testifical), razón por la cual la determinación asumida por este Tribunal no puede ser otra que anular el Auto de Vista recurrido, para que el Tribunal de alzada acomode su resolución acorde a los principios que rigen la Constitución, velando garantizar el debido proceso, y dotando de legitimidad sus resoluciones.

Conforme a las consideraciones efectuadas, exime a este Tribunal analizar los otros fundamentos del recurso de casación, que además, están dirigidas al fondo de la decisión, corresponde fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220 parágrafo III num 1 inc. c) del CPC-2013, en concordancia con el art. 106-I del mismo cuerpo legal, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista Nº 038/2017 de 3 de mayo, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 399 a 403; disponiendo que el Tribunal de alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación respetando los principios de congruencia y observando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.

Sin multa por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-