TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 165

Sucre, 19 de Marzo de 2019

Expediente                    : 469/2018

Demandante                 : Lucy Teresa Lafuente Costas

Demandado                   : Daniel Flavio Adalberto Costas Montaño 

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : Cochabamba

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 240 a 243 vta., interpuesto por Daniel Flavio Adalberto Costas Montaño, impugnando el Auto de Vista Nº 121/2018 de fecha 12 de septiembre cursante de fs. 236 a 237, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Lucy Teresa Lafuente Costas contra el recurrente; el Auto de fs. 247 que concede el recurso de casación; el Auto Supremo fs. 255 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia N° 53/2015 de fecha 25 de septiembre, cursante de fs. 109 a 112 vta., declarando PROBADA en parte la demanda, determinando que el demandado proceda al pago de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 70/100 BOLIVIANOS (Bs.- 66.477,70) a favor de Lucy Teresa Lafuente Costas, por concepto de indemnización, aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” con multa por las gestiones 2013 y 2014, vacaciones, incremento salarial, bono de antigüedad y horas extras, más actualización y multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 117 a 119, la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 121/2018 de fecha 12 de septiembre cursante de fs. 236 a 237, que CONFIRMA en su totalidad la Sentencia apelada.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Daniel Flavio Adalberto Costas Montaño, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo cursante a fs. 255 y vta., de fecha 21 de noviemnre de 2018, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado vulnera disposiciones legales vigentes, bajo los siguientes fundamentos:

1.- No existe relación laboral entre las partes, pues la demandante prestó sus servicios para otra persona, extremo alegado desde la contestación a la demanda.

En base a lo indicado, tampoco se valoró correctamente las pruebas aportadas, pues se tiene: a fs. 37 consistente en una declaración jurada notarial firmada por Abel Costas Montaño que indica no existir cuentas pendientes con la actora, lo que demuestra que el empleador era Abel Costas Montaño; no existe ningún contrato laboral entre las partes; en la confesión provocada de la demandante, fs. 73 a 75, declara haber sido siempre dependiente del Monseñor Abel Costas, quién pagaba sueldos y otros beneficios sociales con sus propios recursos; en la declaración de descargo se indicó que no era trabajadora dependiente del ahora demandado; las declaraciones testificales que indican ser trabajadores de Monseñor Abel Costas y que Daniel Costas solamente era quién entregaba el dinero y hacía firmar recibos.  

Por lo tanto, en base a los argumentos expuestos, pide casar el Auto de Vista recurrido y declarar improbada la demanda.

Por su parte, la demandante, habiendo sido legalmente notificada, ejerce su derecho a contestar el recurso a fs. 246 y vta., pidiendo se declare infundado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El CPT en los arts. 3.h), 66 y 150, define y norma el principio de inversión de la prueba, pues en materia laboral corresponde al empleador demostrar, con todos los medios probatorios establecidos, haber actuado correctamente y bajo las disposiciones laborales vigentes, siendo el responsable de la carga probatoria; de lo que interpretamos que, para el trabajador será suficiente denunciar hechos, resultando facultativo presentar pruebas que considere necesarias, mientras que, para el empleador resulta obligatorio demostrar con pruebas fehacientes los extremos denunciados por ese trabajador o las consideraciones propias de defensa.

Textualmente estos artículos señalan: artículo 3.h) “Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador”, artículo 66 “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes” y artículo 150 “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”.

La Ley 025 del Órgano Judicial, con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16 establece lo siguiente: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el Código Procesal Civil (CPC), Ley 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que rigen la administración de justicia conforme prevé la Constitución Política del Estado (art. 180), entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez,  y accesibilidad, que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley 025 y arts. 105 al 109 del CPC).

Por lo tanto, en referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado; es decir, que tenga incidencia en el derecho al debido proceso en su elemento defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que, el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades.

Precisamente por ello, es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho; y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

La normativa laboral es clara en referencia a los requisitos que debe cumplir la Sentencia, así como el Auto de Vista. Es así que tenemos el art. 202.a) y b) del C.P.T. que indican:La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados y constará de una parte considerativa y otra resolutiva, y se dictará conforme a las reglas siguientes: a) En la parte considerativa se indicará el nombre de las partes, la relación suscinta de la acción intentada y los puntos materia de la controversia. En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamente. Se hará referencia a las pruebas que obren en los hechos. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso. b) En la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno de los conceptos a que se refiera el auto de prueba previsto en el Artículo de este Código bajo responsabilidad”.

Por otra parte, de acuerdo con el mandato del art. 252. del mismo cuerpo legal, debemos aplicar el art. 218. del C.P.C., el cual en su parágrafo primero expresa: “El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente”.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los fundamentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

1.- El recurrente indica que no se realizó una correcta valoración de la prueba, razón por la cual no se dicta una Sentencia justa, pues no se compulsaron las pruebas como correspondía, conminando al pago de beneficios sociales a una persona que no tenía la calidad de sujeto pasivo.

Lo que se puede evidenciar en obrados, es que la Sentencia pronunciada, a fs. 110 determina la existencia de relación laboral entre las partes, basando éste decisorio en dos pruebas documentales: 1) el documento privado de cancelación de quinquenio, cursante a fs. 14, suscrito entre Daniel Flavio Adalberto Costas Montaño y Lucy Teresa Lafuente Costas; y 2) el certificado de trabajo de fecha 13 de agosto de 2014, cursante a fs. 60, firmado por el ahora demandado en favor de la actora.

Siguiendo la lectura del decisorio, indica de manera textual: “… el demandado en su defensa niega la existencia de una relación de trabajo entre la actora y su persona, sin embargo se tiene que éste último hecho no se ha demostrado...”.

Se verifica que el Juez de primera instancia no ha realizado una compulsa de todas las pruebas cursantes para poder determinar si existía relación laboral entre las partes, pues como expresa el recurrente, no se pronunció sobre la confesión provocada de las partes y las declaraciones testificales, siendo éstos los únicos medios probatorios para descargo que podría aportar el demandado buscando demostrar lo que argumenta, al contrario de lo que se interpreta en la Sentencia, la cual indica que no se ha demostrado este extremo, sin motivar por qué considera demostrado el hecho de la relación laboral entre las partes, en base a todas las pruebas producidas, tanto de cargo como de descargo.

Lo que se debe comprender es que, al presente caso debe aplicarse lo que se denomina como prueba negativa o diabólica, que de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio es: “La referente a un hecho negativo, ardua en principio, pero no impracticable. Tal, la de la imposible paternidad de un marido preso durante todo el lapso de gestación de un hijo de su esposa, con la que no se le permitió además comunicación personal alguna”, de lo cual, coligiendo se debe interpretar, como podría presentar prueba de descargo quién no la tiene o aduce no ser quién debería comparecer como sujeto pasivo?, vale decir, si el demandado indica no ser el empleador como se podría aplicar el principio de inversión de la prueba si éste, según su argumento, no cuenta con ninguna documental para descargar el cumplimiento en el pago de los beneficios sociales de la demandante, por lo tanto, el Juez de primera instancia debió considerar este extremo, valorando la prueba testifical y confesión provocada para poder establecer con meridiana claridad la verdad material de los hechos, al ser los medios probatorios que tenía el demandado para demostrar que no era el empleador, lo que no ocurrió; por lo que éste Tribunal de Casación considera que no se realizó una valoración correcta de las pruebas aportadas por las partes, compulsando los elementos probatorios y fácticos expuestos de manera global, como un todo y no tomar solamente algunas pruebas aisladas para motivar su Sentencia, labor que debe inexcusablemente realizar el juzgador para arribar a una conclusión.

En lo que refiere a la falta de fundamentación y falta de motivación se debe hacer una diferenciación, puesto que, el primero representa la falta de preceptos legales aplicables al caso, en tanto que el segundo representa circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir una determinación.

Por ello, es que se advierte la falta de motivos que demuestren porque el juzgador considera que el sujeto demandado deba ser quien pague los beneficios sociales, pues a pesar de explicar sucintamente la prueba que generó su convencimiento, no justificó porque desestima la prueba aportada por el demandado.

Por lo tanto, lo que se debe tener claro es que la técnica recursiva para impugnar decisiones judiciales, en lo que refiere a los recursos de apelación y casación, establece que uno de los agravios pasibles de impugnación, es la mala valoración probatoria, lo que concierne específicamente al fondo del recurso, sin embargo, en el caso de autos, ésta mala valoración probatoria refiere a la falta de consideración y compulsa de todas las pruebas producidas durante el desarrollo del proceso laboral, pues el demandado indica desde su apersonamiento a la causa que no es el sujeto pasivo, sino su hermano Abel Costas Montaño, por lo que los medios probatorios para el demandado se reducen solamente a declaraciones testificales o confesión provocada, por lo tanto, al no ser pruebas debidamente valoradas en instancias, tornan la Sentencia y Auto de Vista en decisorios sin motivación, vale decir, no se argumentan ni exponen los extremos fácticos que generaron convencimiento en el juzgador, como tampoco expresan la valoración probatoria que otorgan a dichas pruebas, lo que hace entender que estas resoluciones de instancia adolecen de falta de motivación, aspecto que resulta trascendente para dilucidar el problema jurídico planteado, por lo tanto, éste caso amerita sanidad procesal, pues se justifica una nulidad de oficio hasta la Sentencia, no por falta de valoración de la prueba, sino porque ésta ausencia valorativa constituye falta de motivación, extremo que pone en indefensión al demandado.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del CPC (2013), aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta la Sentencia inclusive, debiendo el Juez de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Ciudad de Cochabamba dictar nueva Sentencia, considerando los requisitos establecidos en el art. 202 del Código Procesal del Trabajo, tomando en cuenta las consideraciones expresadas. Sin multa por ser un error excusable.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.