TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 164

Sucre, 19 de marzo de 2019


Expediente                        : 428/2018-S

Demandante                : Virgilio Rengipo Velarde.

Demandado        : Asociación Accidental “SIGMA”.

Materia        : Social (Beneficios Sociales)

Distrito                        : Chuquisaca

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en fondo de fs. 402 a 407, interpuesto por Enrique Eduardo Molina Mitru, en representación legal de la Asociación Accidental “SIGMA”, en mérito al Testimonio de poder especial y bastante Nº 567/2016 de 20 de julio otorgado ante la Notaría Nº 2 de la ciudad de Tarija a cargo de la abogada Liliana Flores Limarino cursante a fs. 51 a 53, contra el Auto de Vista Nº 511/2018 de 5 de septiembre, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; el Auto de admisión de 29 de octubre de 2018 de fs. 420 y vta., el Acuerdo N° 02/2019 de 8 de enero, que autoriza el sorteo anticipado; lo obrado en el proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido a demanda de Virgilio Rengipo Velarde, contra la Asociación Accidental “SIGMA”, representada por Enrique Eduardo Molina Mitru; el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, cumpliendo la nulidad determinada por Auto de Vista Nº 532/2017 de 15 de septiembre de fs. 209 a 210 vta., emitió la Sentencia Nº 16/18 de 10 de abril, cursante de fs. 363 a 365, declarando PROBADA la demanda de fs. 34 a 38, determinando que la asociación accidental demandada, cancele a favor del actor, la suma total de Bs. 225.625,20 (Doscientos veinticinco mil seiscientos veinticinco 20/100), conforme al siguiente detalle: Primera fase: Asignaciones familiares de subsidios pre natal, natalidad y pos natal, en Bs. 21.600.- (Veintiún mil, Seiscientos 00/100 Bolivianos), más la multa que establece el art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, y Segunda Fase: Contratista conforme a planillas el monto de Bs. 204,025, 20.- (Doscientos cuatro mil, Seiscientos 00/100 Bolivianos).


Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación por Enrique Molina Mitru en representación de la Asociación Accidental “SIGMA”, cursante a fs. 377 a 381, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; mediante Auto de Vista Nº 511/2018 de 5 de septiembre, de fs. 399 a 400, CONFIRMÓ la sentencia apelada Nº 16/2018 de 10 de abril, con costas y costos en ambas instancias.

Contra el indicado Auto de Vista, la Asociación Accidental “SIGMA”, representada por Enrique Molina Mitru, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo; el que, con la contestación de la parte demandante de fs. 409 a 413, el Tribunal de alzada mediante Auto Nº 571/2018 de 3 de octubre, concedió el recurso, habiéndose admitido el recurso, mediante Auto Supremo de 29 de octubre de 2018 de fs. 420.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Luego de realizar la transcripción de doctrina y jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, en relación a ambos recursos, el recurrente expuso:

En la forma:

1.- La sola mención de la prueba en una Sentencia, no significa que se ha cumplido con la tarea de valorarla; en ese sentido, sostiene que existe una falta de valoración y argumentación de los motivos por los cuales se condena al pago de las planillas solicitadas por el demandante a la Asociación Accidental “SIGMA”; más aún si se ha reconocido que el demandante trabajó para la Empresa MOLAVI S.R.L., en una segunda fase; agrega que no se ha realizado la fundamentación respecto a si están presentes las características de una relación laboral en el indicado segundo periodo de las planillas, que al demandado supuestamente se le adeudan; sostiene también, que no existe fundamentación ni argumentación respeto a los medios probatorios que hubieran determinado la relación laboral del presunto segundo periodo establecido en las planillas 11, 12, 13, 14 y 15 presentadas por el demandado.

2.- Indica también, que existe una incongruencia interna dentro de la propia Sentencia, pues se puede evidenciar que, en el por tanto de la sentencia, el Juez a quo, ha reconocido respecto a las planillas indicadas, que se tiene acreditado otro periodo como contratista para los asociados de la Empresa Molina & Ávila; sin embargo, no se condena al pago de las planillas a la Empresa Molina & Ávila o MOLAVI S.R.L., sino a otra persona jurídica distinta; es decir a la Asociación Accidental “SIGMA”, actualmente demandada, aspecto que constituye una incongruencia interna, pues es absolutamente contradictorio que se reconozca que los trabajos sean realizados para una empresa distinta a la demandada, pero sin embargo, se condene el pago a ésta.

En el fondo:

En el recurso de casación en el fondo, alegó la vulneración del principio de verdad material, al haberse valorado las planillas presentadas por el demandante y no así la prueba presentada por su persona; en ese sentido, sostiene que si se analizan esas planillas, evidencia una duda razonable que el demandante ha podido realizado de forma personal dichos trabajos, pues los volúmenes de obra de cada planilla, no pueden ser ejecutados por una sola persona, conclusión se puede llegar, sin tener inclusive, conocimientos técnicos.

En mérito a lo argumentado, considera que la prueba presentada por su parte debía ser valorada en aplicación al principio de verdad material y principio de primacía de la realidad.

Petitorio:

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, que declare la NULIDAD del Auto de Vista recurrido.

La parte demandante contestó el recurso de casación interpuesto, conforme cursa el escrito de fs. 409 a 413 vta.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES

DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco corresponde emitir las siguientes consideraciones de orden legal:

1.- Del debido proceso

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 115.II: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”; reconociéndolo además como un derecho, conforme se tiene del art. 117.I constitucional que señala: “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; y finalmente como un principio en el que se funda la jurisdicción ordinaria establecido en su art. 180.I que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez…”.

En esa línea la SCP N° 0043/2014 de 3 de enero, en relación a la importancia del debido proceso, haciendo mención a la línea jurisprudencial establecida por la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que: “…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…”; similar entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) No 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras.

A ello, la SCP No 0043/2014 en referencia, concluye que bajo el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso: “…no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material…”.

2.- Facultad revisora del Tribunal de Casación, ante la existencia de vicios procesales que implique vulneración al debido proceso.

El art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé la nulidad de actos determinada por Tribunales, estableciendo que: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley"; esta norma debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia pregonada por la Constitución Política del Estado, por ello los Jueces y Tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor sólo a aquellos asuntos previstos por Ley.

Corresponde entonces precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, para ello el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad, está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación y celeridad, a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes.

Partiendo de dichos principios, debe entenderse que no todo vicio procesal por sí mismo, constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados; por ello el Juez o Tribunal, frente a un acto procesal viciado, debe efectuar un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido, sino esencialmente analizar si en el acto procesal existe un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por ley que como efecto tengan la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

El art. 106.I del Código Procesal Civil prescribe “I La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso..”; por esta facultad el Tribunal de Casación está obligado a revisar si en el desarrollo del proceso judicial, no concurren actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos por la Constitución Política del Estado como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa; norma legal que está estrechamente ligada a lo dispuesto por el art. 220-II Núm. 2 Inc. a) del adjetivo citado.

3.- Del principio de transcendencia su entendimiento jurisprudencial.

Los principios procesales que regulan la nulidad procesal, ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nº 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero.

Uno de los principios procesales desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia, es el principio de transcendencia, por el cual se entiende, que, si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal; empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "...No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

En ese sentido, debemos entender que la regla es que los Jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios procesales que rigen las nulidades; es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes; pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma.

Por lo expuesto, concluiremos señalando que no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso.

5.- La competencia procesal.

Para tener un mejor entendimiento de lo que es la competencia, corresponde referirnos al art. 12 de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial, que define a la competencia como: “…la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una Jueza o un Juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”; de igual forma, el art. 13 de la citada le establece que: “La competencia en razón del territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. Es expreso cuando convienen en someterse a un Juez, que para una o ambas partes no es competente. Es tácito cuando el demandado contesta ante un Juez incompetente, sin oponer esta excepción. Se exceptúa lo dispuesto en leyes especiales. (El resaltado fue añadido)

No obstante de ello, es menester tener presente que en el Derecho Procesal, la competencia interesa al orden público y por consiguiente es improrrogable en razón de materia; en consecuencia, la facultad que tiene la parte demandada en el campo del derecho laboral de cuestionar la competencia del Juez en razón de materia en su primer acto a través de la excepción previa de incompetencia prevista en el artículo 127 del Código Procesal del Trabajo, no es una limitante para que en el transcurso del proceso, o inclusive a tiempo de dictar Sentencia el Juez de oficio y en forma motivada, pueda declarar su incompetencia porque el instituto de la competencia judicial, conforme se tiene dicho es de orden público y de cumplimiento obligatorio, esta facultad revisora de la competencia, cumple una finalidad de resguardar uno de los elementos más primordiales del debido proceso, conocido como el “juez natural”. 

En función a ello, el artículo 73 de la Ley N° 025 Ley del Órgano Judicial, establece cuales son las competencias específicas de todo Juez Publico en Materia de Trabajo y Seguridad Social a nivel nacional, siendo pertinente para el caso de autos el numeral 4) de ésta norma legal, a través de la que los jueces de primera instancia dentro el derecho laboral tienen competencia para: "Conocer y decidir acciones individuales o colectivas, por derechos y beneficios sociales, indemnización y compensaciones y, en general, conflictos que se susciten como emergencias de la aplicación de las leyes sociales, de los convenidos y laudos arbitrales", norma concordante con el artículo 43 inciso b) del Código Procesal del Trabajo.

Por otra parte, el art. 1 del CPT indica que el Adjetivo Laboral regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social, la cual por disposición del art. 6 del mismo cuerpo legal se ejerce por los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social, las Salas Sociales de las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Social y Administrativa.

6.- Contrato de trabajo.

Es necesario también puntualizar a que se entiende por “Contrato de trabajo” del cual nace la relación laboral; al efecto la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario ambas normas coincidentemente en su art. 5, establecen que el contrato de trabajo es el medio por el cual una o más personas se obligan a prestar servicios manuales o intelectuales a favor de otra u otras personas, de ello se comprende claramente que la fuente de la relación laboral y consecuente amparo de la Ley General del Trabajo emerge precisamente del denominado contrato de trabajo; ahora bien, en el Derecho Laboral Boliviano, es cuestión firme, que con el fin de distinguir y determinar la relación laboral propiamente dicha de la gama de negocios jurídicos emergentes de la práctica contractual, se reconozcan condiciones y características materiales, plasmadas en hechos concretos más no en la literalidad gramatical de los documentos, que denoten la existencia de aquella relación.

Estas características esenciales de la relación laboral, en esencia determinan que  todo trabajo, más allá del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio, constituye una prestación a favor de otro, existiendo siempre la realización de un acto, la prestación de un servicio o bien la ejecución de una obra; en tal marco, el Decreto Supremo (DS) Nº 23570 de 26 de julio de 1993, anuncia las características esenciales de la relación laboral, consistentes en: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Sobre este particular, en similar entendimiento el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que en las relaciones laborales dónde concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

IV: ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.

Dentro del contexto anotado y del análisis del caso en concreto, se observa que conforme cursa a fs. 34 a 38 de obrados, Virgilio Rengipo Velarde se apersonó e interpuso demanda ordinaria para el pago de beneficios sociales y otros derechos, acción que fue formalizada ante el Juez Publico de Turno en Materia Laboral y Seguridad Social; el objeto de dicha demanda, tenía dos pretensiones; la primera era el reconocimiento de los subsidios pre natal, natalidad y lactancia, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio agosto y septiembre del año 2013, natalidad de un mes de salario mínimo nacional y lactancia desde el 1º de octubre hasta el 30 de septiembre de 2014; la segunda pretensión estaba relacionada a una deuda por haber desempeñado la función de contratista según las planillas 12, 13, 14 y 15, por un monto de Bs. 204.025,20.-

En ese sentido, en la demanda interpuesta el actor reconoce de manera directa que en un primer periodo hubiera trabajado como auxiliar contable y almacenero en la Asociación Accidental “SIGMA” en el ejecución de la obra de Construcción y Pavimentación Carretera “Sucre Ravelo”, relación laboral que hubiera iniciado el 3 de mayo de 2011 con un salario inicial de Bs. 2.000.-, y luego de Bs. 3.780.-, habiendo cumplido funciones en dicho cargo hasta el 28 de enero de 2015; a su vez precisa que también hubiera cumplido funciones como contratista desde octubre de 2014 hasta el 26 de marzo del 2015, precisando que dicha actividad la cumplía de lunes a viernes en un horario por las mañanas de 07:00 a 12:00 y por las tardes de 13:00 a 18:00, y los sábados de 07:00 a 16:00.

En atención a lo anotado, resulta importante comprender que la segunda pretensión de la demanda, a prima facie, no estaría directamente vinculada a una relación laboral y más parecía una relación contractual de orden civil, al solicitar el pago de planillas impagas por la ejecución de trabajos en una obra de construcción; más aún, si la demanda en ese sentido a criterio de este Tribunal, es defectuosa, por cuanto en relación a este segundo periodo demandado, no se ha establecido en la exposición fáctica de los hechos, la relación de dependencia y subordinación, ni se ha identificado la percepción de una remuneración o salario mensual que percibía el actor por este supuesto trabajo, limitándose solo a identificarse una deuda de Bs. 204.025,20, en forma global, que según descripción fáctica no estaba relacionada con el pago de salarios devengados u otro tipo de beneficio social emergente de dicha relación laboral.

No obstante de ello, pese a la deficiencia de la demanda y la falta de control formal de la misma, bajo el principio proteccionista, debidamente fundamentado, se considera correcta en parte la no observación a la demanda, por cuanto, era necesario el desarrollo del proceso a los fines de garantizar el derecho al acceso a la justicia y sobre todo bajo el principio de primacía de la realidad verificar si existía una relación laboral oculta o encubierta en el segundo periodo reclamado por el trabajador.

Empero, una de las consecuencias de no haber ejercido el control formal de la demanda, se refleja en el acto de calificación del proceso, en donde el juez de grado, se limitó a someter a probanzas en relación al segundo periodo solo lo adeudado por el desempeño del cargo de contratista según planilas12, 13, 14 y 15, por la construcción de obras de cunetas, gaviones y muros en el tramo Sucre-Ravelo; es decir que el juez de instancia, olvidando que su competencia solo se a limita conocer controversias emergentes de la relación laboral, tramitó una pretensión que no está vinculada al fuero laboral, sino al ámbito civil, más aun si en el desarrollo del proceso y la sentencia, tampoco se estableció la relación laboral que hubiera existido entre el actor y la empresa demandada en ese segundo periodo, sometida a la protección de la Ley General del Trabajo (LGT).

En base a lo anotado, este Tribunal considera, que el juez de instancia, hubiera obrado sin competencia para resolver la pretensión demandada por el segundo periodo; pues ni en la demanda ni en la sentencia, se establece que lo adeudado por la empresa demandada por el pago de planillas, sea emergente de una relación laboral amparada por la Ley General de Trabajo, por lo cual el juez de instancia, previo a emitir sentencia le correspondía examinar nuevamente su competencia, antes de dictar sentencia y desestimar la pretensión de pago del segundo periodo demandado, el cual emerge de un contrato de obra y su cumplimiento debe ser dilucidado en el ámbito civil.

En virtud de estos argumentos y fundamentos, se concluye en que el Juez laboral, al momento de emitir la referida sentencia, ha actuado sin competencia, consiguientemente corresponde sanear el proceso de oficio, en aplicación del art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184-1 de la CPE, 17-I, 42-I-1 de la LOJ y art. 220-III del CPC-2013, dispone la NULIDAD DE OBRADOS de oficio, hasta fs. 363, inclusive, es decir hasta la Sentencia Nº 16/18 de 10 de abril, debiendo Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, de manera inmediata, emitir nueva Sentencia, en base a la doctrina legal establecida, en relación al segundo periodo demandado, salvando la facultad de la parte actora para activar la jurisdicción competente, para hacer efectivo el cobro de las planillas impagas. Sin costas ni costos.

Sin multa al ser excusable.

Por Secretaría de Sala cúmplase lo dispuesto por el art. 17 Parágrafo IV de la Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-