TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 163

Sucre, 19 de marzo de 2019


Expediente:                   350/2018-C

Proceso:                           Contencioso

Demandante:                   Oscar Bazán Mercado y otra.

Demandado:                    Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico.

Distrito:                           Pando

Magistrada Relatora:      Dra. María Cristina Díaz Sosa 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 137 a 140 de obrados, interpuesto por Marina Subirana Flores y Oscar Bazán Mercado, contra la Sentencia N° 101/2018 de 2 de julio, cursante a fs. 134, emitida por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso Contencioso de Cumplimiento de Contrato, seguido por los recurrentes, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, el Auto de 13 de agosto de 2018, por el que se admitió el recurso (fs. 161 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia.

Que, tramitado el proceso contencioso, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió la Sentencia N° 101/2018 de 2 de julio (fs. 134), declarando probada parcialmente la demanda en consecuencia se determina que el Gobierno Municipal de Puerto Rico, adeuda a la demandante la suma de Bs.76.920, que debe ser pagada a los cinco días de ejecutoriada la sentencia.

II.- RECURSO DE CASACIÓN y ADMISIÓN:

Contra la referida Sentencia, Marina Subirana Flores y Oscar Bazán Mercado, interponen recurso de casación en el fondo, conforme los fundamentos del escrito de fs. 137 a 140.

Argumentos del recurso de casación en el fondo:

La sentencia objeto del presente recurso, es contradictoria a la ley ya que no sigue las reglas del proceso contencioso, como es la Ley Nº 439 que en su art. 147, parág. II señala, que los documentos serán presentados en originales. Si se trataré de fotocopias legalizadas deberán guardar fidelidad con el original, acreditada por servidora o servidor público autorizado que tenga el original en su poder y caso de duda deberá exhibirlo.

Prosigue indicando que la resolución debe contener la fundamentación fáctica y legal analizada al caso concreto, donde se entienda la razón o el motivo del por tanto, no haciendo argumentaciones abstractas sino precisas y puntales del caso concreto, en cuanto a los recibos y copias simples presentadas a destiempo por la entidad demandada y que fueron tomadas en cuenta por la autoridad jurisdiccional, por ende esta parcialización se convierte en ilegal. Además, no se cumplió el debido proceso puesto que cuándo se presentó las supuestas pruebas el periodo de prueba ya estaba cerrado.

A continuación, acusa la vulneración a la seguridad jurídica de la que fue víctima, pidiendo se tome en cuenta que para la justicia constitucional no existen fueros ni privilegios.

Posteriormente, refiere a los derechos y garantías vulneradas cuya tutela pide, identificando al debido proceso y el derecho a la defensa; a obtener una resolución fundamentada y al principio de legalidad. Puesto que reitera el atropello sufrido y el daño económico ocasionado, dado que se le adeudada la suma de Bs.180.000, pero las autoridades jurisdiccionales hicieron valer dos fotocopias, una la de un cheque y otra de un depósito bancario y recibo, cuando más el demando debió presentar las planillas de avance de obra, así como el informe de gestión de esas 2 aulas educativas firmadas por el fiscal de obras y el Oficial Mayor, además del Acta de recepción de la entrega de la obra y el monto exacto hasta donde se canceló. Por lo que no estaría fundamentada la resolución incumpliendo el principio de legalidad.

Peticiona finalmente se case la Sentencia y se declare probada la demanda principal.

Contestación al recurso:

El recurso que fue respondido por Julián Avila Perez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, mediante memorial cursante de fs. 144 a 151, con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto de 13 de agosto de 2018 (fs.161 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1319 a 1330, para su Resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Inicialmente es necesario que se precise algunos preceptos doctrinales y jurisprudenciales, con relación a la naturaleza del presente proceso. Para el autor Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos": El contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado; que existe también en el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de derecho privado, pero también diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de intereses que les afecta y de su régimen jurídico propio.

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en su obra “Curso de Derecho Administrativo Pág. 737, sostienen que a diferencia de lo que ocurre en los contratos civiles“, “…en los contratos administrativos las partes se reconocen desiguales, en la medida en que una de ellas representa el interés general, el servicio público, y la otra solamente puede exhibir su propio y particular interés. La presencia del interés público determinará entonces que el contratante de la administración titular del servicio público no esté obligado  solamente a cumplir su obligación como lo haría un particular con otro particular, sino que, por extensión, lo esté también a todo lo que sea absolutamente necesario para asegurar el funcionamiento regular y continuo del servicio público, con el cual consiente en colaborar. La administración, por su parte, lo estará igualmente, más allá de lo que es propio del Derecho común, a indemnizar al contratista en caso de que la ampliación de sus obligaciones cause a éste un perjuicio anormal, que no podía razonablemente prever en el momento de contratar”.

En ese contexto, este Supremo Tribunal de Justicia ha caracterizado como elementos generales de todo contrato administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, el acuerdo de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público. Los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato, las formas solemnes en el procedimiento de contratación, el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se exterioriza en las denominadas cláusulas exorbitantes, por guardarse prerrogativas propias de los órganos estatales, como son, el poder de control, poder de modificación unilateral del contrato, entre otras, confesión expresa de su papel protector de los intereses públicos.

Sobre el mismo tema, la jurisprudencia es uniforme y constante cuando sostiene el mismo criterio y para comprender su alcance se podría citar muchos autos supremos, pero que sirva de ejemplo sólo  el Auto Supremo 264/2014 de 27 de mayo de 2014, cuando expresa: “….De lo expuesto diremos que estamos frente a un contrato administrativo cuando: a) Al menos una de las partes que interviene en su celebración es la Administración Pública (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que versa se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de necesidades de carácter públicoservicio o interés público- (elemento objetivo).
Nuestro ordenamiento positivo, en el art. 47 de la Ley 1178, reconoce la naturaleza administrativa de los contratos que suscriben las entidades del Estado sujetas a esa normativa de control, en ese sentido, en su parte final dispone que: "… son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza...".
De acuerdo con el texto legal citado, revisten naturaleza administrativa, por atribución legal, aquellos contratos que tengan por objeto directo: 1) La ejecución de obras; 2) la provisión de materiales, bienes y servicios. Esto no quiere decir que éstos sean los únicos contratos de naturaleza administrativa, pero si son los únicos que expresamente se encuentran calificados como administrativos por la ley, en razón del objeto sobre el que versan, siendo la propia ley la que abre la posibilidad de que existan otros contratos administrativos en razón de su naturaleza, es decir a su directa vinculación con el interés o servicio público”.

Por otra parte se debe señalar que la Constitución Política de Estado Plurinacional, así como la Ley del Órgano Judicial, reconocen y regulan las jurisdicciones especializadas y dentro de ellas a la jurisdicción contencioso, desarrollada y regulada por la Ley 620, al igual que la Ley 1178 de 20 de julio de 1990; D.S. 181 de 28 de junio de 2009, así también el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”. Precepto normativo que señalaba la competencia para resolver la controversia en los contratos administrativos a la Extinta Corte Suprema de Justicia y que actualmente se encuentra regulada por la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014  “Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo” que reconoce la jurisdicción especializada, en relación a lo establecido en el art. 179.I de la Constitución Política del Estado, de manera que corresponde referir a lo que dispone el art.  6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, cuyo texto dice: “(Procesos en trámite).“Los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, hasta su conclusión, conforme a normativa legal aplicable hasta antes de la promulgación de la presente Ley.”

La norma referida crea la jurisdicción especializada contenciosa regulada como jurisdicción especial, corresponde a la competencia de las Salas Especializadas en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa de los Tribunales Departamentales de justicia y del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente.

Consiguientemente son los Tribunales mencionados, a quienes por ley se les atribuye la competencia para ejercer la jurisdicción contenciosa, razón que por expreso mandato de la ley deben conocer las causas a que se refieren los arts. 775 del Código de Procedimiento Civil; haciendo referencia a los casos en que exista controversia emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, sin embargo esta última previsión, no debe ser interpretada de manera limitativa, en sentido de hacer mención únicamente a los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo comprendido sólo en su nivel Central, por el contrario la misma debe ser interpretada en un sentido amplio, pues, como se analizó inicialmente, el contrato de naturaleza administrativa es el parámetro que debe tenerse en cuenta a efectos de habilitar la jurisdicción especializada contenciosa, concluyendo que habrá contrato administrativo en la esfera de los cuatro Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entidades públicas con plena autonomía y en si en la esfera de toda entidad estatal sujeta a la Ley 1178, pues en esos ámbitos del Estado se desarrolla un función administrativa y existe el interés público, que cuando se constituye en el objeto directo de la contratación determina la naturaleza administrativa del contrato.

Lo expuesto permite concluir que en el ámbito de la actual Constitución Política del Estado y de la Ley Nº 620, la disposición final Tercera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013 (Código Procesal Civil), la competencia y substanciación de los procesos contenciosos que involucre a instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración estatal a nivel departamental, su conocimiento corresponde   a las Salas Especializadas de los Tribunales Departamentales de Justicia y el recurso de casación emergente de éstos procesos, será competencia de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia y lo sustanciado y/o tramitado en las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia en lo que hace a su impugnación a través del recurso de casación, serán resueltos por la Sala Plena de este máximo Tribunal; consiguientemente la competencia para el conocimiento y resolución de todo litigio emergente de la interpretación controvertida y de la ejecución de los contratos administrativos no corresponde a la vía ordinaria civil, puesto que resulta contrario a las reglas de competencia jurisdiccional someter esas controversias a los tribunales ordinarios de materia civil o comercial, lo que encontraría sanción en lo previsto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado que establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

Dicho criterio ha sido asumido por este Tribunal, conforme a la Constitución Política del Estado, la vasta jurisprudencia y la Ley Nº 620.

Aclarada la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia, corresponde el siguiente análisis para el caso, en tal sentido se tiene:

Casación en el fondo.

El recurrente acusa centralmente la vulneración del art. 147 de la Ley 439 referido a la presentación de documentación original inexistente para el caso, además que el periodo de prueba ya se encontraba cerrado, adicionado que no existe fundamentación fáctica y legal en la resolución recurrida, vulnerando el debido proceso, el derecho a la defensa y  al principio de legalidad.

Al respecto corresponde referirse que se suscribió Contrato de Obra Construcción 2 Aulas Nivel Inicial, Unidad Educativa Emeterio Ruiz (La Salle) Cont. Obr. ANPE Nº 1/0/2015, por el que el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, como contratante y Oscar Bazán Subirana, como contratista, acuerdan la construcción de 2 aulas para el nivel inicial en la Unidad Educativa Emeterio Ruiz (La Salle), por un monto total de Bs. 229.429,03 y en un plazo estipulado de 90 días computables a partir de la orden de proceder.

En ese sentido, ejecutada la obra se procedió a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, suscribiendo la misma en constancia de aceptación, el beneficiario de la unidad educativa, el contratista ejecutor, el supervisor de obras, el director municipal de infraestructura, el secretario administrativo y financiero y el Alcalde Municipal de Puerto Rico. En ese contexto no se evidencia reclamo alguno sobre la entrega de la obra o sobre las características técnicas de estas, centrándonos exclusivamente en la cuantificación de lo adeudado por el pago de la obra.

De antecedentes se evidencia que si bien el Gobierno Municipal de Puerto Rico no contestó a la demanda en término hábil, no considerándose los argumentos expuestos en su respuesta tardía; sin embargo para efectos probatorios fue el propio demandante quien solicitó dentro del periodo de prueba se emita oficios al municipio demandado, solicitando fotocopias legalizadas de documentación de la obra, así como copias legalizadas de los cheques que se habrían extendido como pago por avance de obra y la entrega del mismo. Solicitud materializada mediante el Of. Cite S.C.S.C Nº 487/2017 de 28 de noviembre de 2017. Posteriormente -como se dijo- mediante memorial de contesta a la demanda de forma negativa de fs. 112, se hizo entrega de la documentación requerida, pese a que por decreto de 18 de enero de 2018 cursante a fs. 115 se declaró cerrado el término probatorio.

Esta documental presentada demuestra que efectivamente se realizó pagos por avance de obra al demandante en el siguiente detalle:

1.- Recibo por Bs. 63.645, firmado en constancia por Oscar Bazán Subirana cursante a fs 85 y respaldado por el comprobante de fs.82 y 84, legalizados.

2.- Planilla de avance Nº 2 de fs. 86, firmado por Oscar Bazán Subirana; Comprobante de Contabilidad de fs. 87 y cheque de fs. 88 legalizados.

3.-  Informe de fs. 95, sobre el pago de Bs. 37.000; nota 26-02-2016 con referencia de orden de pago de planilla de avance de obra Nº 3, por los referidos Bs.37.000, depósito a cuenta de Oscar Bazán Subirana la suma de Bs. 30.000, en el Banco Unión de 29 de febrero de 2016. Documentos éstos en fotocopia simple, pero por la relación entre ellos al no ser aislados, se los tiene por válidos.

Los referidos documentos contables, no han sido enervados en su veracidad a más de sólo repetir que fueron presentados extemporáneamente fuera de la etapa probatoria, lo cual confirma su validez ya que nunca se desconoció el pago en ellos efectuado, corroborados en aplicación del Principio de Verdad Material.

Ahora si bien fueron presentados fuera del plazo probatorio, éste aún no había sido formalmente cerrado, además El Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, ha señalado que: “…se ha establecido por este Alto Tribunal que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.

Respecto a lo anterior el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

Por otra parte el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha señalado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.

En relación a lo anterior, también se debe traer a colación que en el marco del principio de verdad material que preceptúa el art. 180.I de la CPE, art. 4 num. 4, 233-II en relación al art. 378 del Código de Procedimiento Civil, (1975) el Ad quem tiene la facultad de aperturar plazo probatorio y producir de oficio las pruebas que considere pertinentes y necesarias para resolver de la manera más justa la causa sometida a juzgamiento, asimismo tiene la facultad de reevaluar las pruebas producidas, para sobre esa base asumir la decisión de fondo que corresponda y resolver el conflicto jurídico de las partes.

Al respecto la SCP 0140/2012 de 09 de mayo, razonó lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales en procura de lograr armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien.

…Ahora bien, en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, porque ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales”.

Finalmente sobre la falta de fundamentación, si bien en la especie, de la lectura del Auto de Vista recurrido, se evidencia que es escueto y corto, pero da respuesta a los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación y fundamentación, dentro del marco de la pertinencia exigido por el art. 265 del Código Procesal Civil.

Si bien la debida motivación y fundamentación, se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, esto implica que todo impartidor de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe “inexcusablemente” exponer los hechos, realizar la fundamentación legal, de modo tal que le permita al apelante, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos significaría que se vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119 parágrafo I de la Constitución Política del Estado 2009, por lo que cabe señalar, como en el caso,  que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

Por lo analizado, se concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el Tribunal de Primera Instancia, realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso en la emisión de la Sentencia 101/2018 de 2 de julio, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC (1975), aplicables por disposición del art. 4 de la Ley Nº 620.

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE, 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 5 de la Ley Nº 620, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 137 a 140 de obrados, interpuesto por Marina Subirana Flores y Oscar Bazán Mercado, contra la Sentencia N° 101/2018 de 2 de julio, cursante a fs. 134, emitida por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.