TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 160

Sucre 19 de marzo de 2019,

Expediente                : 082/2018

Demandante             : María Alejandra Berdeja  

Demandado              : MANACO

Proceso                     : Beneficios Sociales

Departamento           : Chuquisaca

Magistrada Relatora  : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 295 a 300 interpuesto por Jaqueline Pompeya Calvo Miranda titular de la tienda Manaco representada por Serafín Barrón Romero, contra el Auto de Vista Nº 032/2018 de 16 de enero de 2018 de fs. 289 a 291, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso de beneficios sociales seguido por María Alejandra Berdeja contra MANACO; el Auto de 62 de septiembre de 2017 de fs. 307 que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 310 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 48/2017 de 6 de septiembre de 2017 de fs. 262 a 266, declarando probada en parte la demanda, de fs. 5 a 8, sin costas, debiendo cancelar a la parte demandante la suma de Ba. 45.148,12 por concepto de indemnización, desahucio, vacación 2015- 2016, regularización salario mínimo nacional, bono de antigüedad y multa del 30% que establece el DS. 28699 de 1 de mayo de 2006.



Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por la empresa demandada de fs. 269 a 273, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 032/2018 de 16 de enero de 2018 de fs. 289 a 291, que confirmó la Sentencia Nº 48/2017.

Argumentos del recurso de casación

La empresa demandada interpone recurso de casación de fs. 295 a 300, manifestando que:

El Tribunal ad quem, incurrió en falta de valoración de la prueba de descargo ofrecida y producida por la parte demandada, confirmando los fundamentos fallidos, tachados y cuestionados emitidos por el juez de instancia, dejando de resolver los puntos recurridos de alzada, con mero esbozo superficial o tangencial, manifestando que no realizó un estudio analítico y exhaustivo de la prueba de cargo, vulnerando con ello, lo dispuesto por los arts. 203 inc. 1) del CPT, y el art. 213 del CPC, aplicable al caso por remisión del art. 252.

Señala que el Auto de Vista carece de motivación y fundamentación al no indicar las citas legales que le otorguen asidero legal, incurriendo no solo en error de hecho y de derecho, al no asignar el valor probatorio a las documentales de fs.  42 a l 61, de fs. 62 a 82, de fs. 83 a  87, de fs. 89 a 100, de fs. 155 a 212, que desvirtúan la demanda pretendida, vulnerando los arts. 158 del CPT y el art. 186 del CPT, art. 1286 del Código Civil.

De igual manera manifiesta que la testifical de descargo, producida a fs. 220 a 223, es significativa, categórica y concluyente, en el esclarecimiento de los puntos sometidos a litigio en el auto de relación procesal, la misma que no ha sido compulsada ni valorada en su cabal precisión, pertinencia y dimensión valorativa.

Que el Juez a quo y el Tribunal ad quem no tomaron en cuenta el art. 180 de la CPE, llegando a conclusiones forzadas y las valoraciones indebidas, y que el art. 106. I del CPC- 2013, establece la nulidad de oficio del proceso al encontrarse infracciones que interesen al “orden público”, que son de cumplimiento obligatorio, existiendo error de hecho y de derecho.

Manifiesta que la falta valoración jurídica y fundamentada sobre rechazo de la prueba documental de fs. 28 relativo a la “Renuncia voluntaria de la Actora”, el juez señaló que tenía duda razonable y que no aceptaba tal prueba porque supuestamente la actora la habría rechazado, aspecto que era obvio por la angurria económica de la actora, sin embargo no existió imparcialidad del juzgador donde la ecuanimidad para desechar una prueba literal que lleva la firma de puñó y letra de la demandante rechazando dicha prueba que es decisiva lo que no fue considerados por los de instancia ocasionando un perjuicio al recurrente de pagar 3 sueldos en calidad de desahucio, sin razón ni justificativo alguno inflando y sobredimensionando el importe a pagar.

Que el Certificado de trabajo presentado en el proceso es falso y otorgado por el esposo de la demandada, el mismo que sirvió de base para determinar una antigüedad que no corresponde a la verdad y a la realidad, vulnerando el art. 4 del CPT, que el testigo de descargo Iver Ariel Canizares Zárate, cuya deposición corre a fs. 220 a 221, demuestra la falsedad y la forma de otorgación con engaños de dicha documental a efectos de obtener un crédito, provocando que la antigüedad y record de servicios de la actora se infle, sin tomar en cuenta que la actora trabajo en dos periodos, el primero de 10/01/2012 al 08/03/2014 que se retiro por abandono de trabajo, corroborado por prueba testifical de descargo y el segundo del 23/03/2015 a 01/03/2016, no pasando el trabajo realizado de 4 años.

Que no se consideró el art. 14 de la LGT, respecto al pre aviso reciproco que se debe otorgar validez y eficacia jurídica correspondiente a la carta de renuncia voluntaria, por lo que se debe disponer el pago o abono de un mes de sueldo a favor de la demandada 

Respecto al incremento salarial por la documental de fs. 28 a 33, de fs. 122 a 123, de 155 y 212 consistente en planillas de sueldos y salarios acreditan que hubo incremento salarial y que dicho sueldo nunca se mantuvo estático.

Concluyo solicitando que respecto al recurso de casación se emita un nuevo fallo sobre los puntos sometidos a conocimiento del Tribunal Supremo o en su caso se declare la nulidad de la resolución recurrida y  se dicte otra por haberse violados las formas esenciales del proceso.                                              

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Y ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.

Con relación a la falta de motivación y fundamentación, incurriendo en error de hecho y de derecho, al no asignar el valor probatorio a las documentales de fs.  42 a l 61, de fs. 62 a 82, de fs. 83 a  87, de fs. 89 a 100, de fs. 155 a 212, y la testifical de descargo producida a fs. 220 a 223, que desvirtúan la demanda pretendida, vulnerando los arts. 158 del CPT y el art. 186 del CPT, art. 1286 del Código Civil; sobre el particular se debe tener presente que el error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba presentada por la parte recurrente, constituye una causal de casación en el fondo y no así de forma, que Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional se proceda a una revaloración de esa prueba.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del Tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.

En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

En el caso que se analiza, la empresa demandada señala que existe prueba documental y testifical que demuestra y acredita que a la demandante no le corresponde el pago de desahucio toda vez que la misma renuncio voluntariamente conforme sale de las notas de fs. 12 y 13; ahora bien, de dichas notas se tiene que la primera de fecha 1 de marzo de 2016, refiere de manera textual que: “…Ante …los hechos acontecidos el día lunes 29 febrero. Como le explique debido a la difícil situación por la que paso me vi obligada a no ingresar a caja el dinero de la venta de la tarjeta que anule para que sobrara el dinero el cuál procedí a sacra de caja para mi uso personal…” (Sic.), por su parte la segunda nota de la misma, señala que: “Por la presente, le hago saber mi decisión de finalizar la relación laboral que mantengo con su persona, misma que se hará efectiva desde la presente fecha…”, en ese entendido se tiene que si bien puede existir duda razonable respecto a la primera nota, sin embargo, la segunda pese a ser de la misma fecha, de manera expresa denota en la actora una actitud voluntaria de renunciar al trabajo, más aún cuando en su demanda la misma refiere una supuesta coacción para la firma de un solo documento y no así de las dos notas presentadas como prueba de descargo, motivo por el cual se debe considerar que no existió retiro intempestivo e injustificado como afirma la actora, sino que la misma se halla plenamente justificada, a más de que dicha prueba no fue de objetada ni observada por la demandante; en consecuencia no le corresponde el pago de desahucio determinado incorrectamente por los de instancia, dejando establecido que si bien el derecho laboral tiene como principios la protección del trabajador esto debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador.

Con relación al Certificado de trabajo presentado en el proceso, el cual acusa de falso, el mismo que sirvió de base para determinar una antigüedad y demás derechos que no corresponderían, señalando como vulnerando el art. 4 del CPT; sobre el particular corresponde indicar que dentro del proceso no existe constancia alguna que corrobore dicho argumento, es más si bien el testigo de descargo Iver Ariel Canizares Zárate, cuya acta cursa de fs. 220 a 221, manifiesta que el certificado fue otorgado de favor; sin embargo, dicha testifical no puede desvirtuar un documento que es relevante, por haber sido otorgado por la titular de la empresa, constando el mismo de un sello de uso personal de la misma; es decir que con relación a este punto se evidencia que el Auto de Vista no incurrió en error alguno al determinar su validez, más aun si los supuestos dos periodos de trabajo de la actora del  10/01/2012 al 08/03/2014 y el segundo del 23/03/2015 a 01/03/2016, no fueron debidamente demostrados conforme establece los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), es decir, que el empleador demandado debe desvirtuar los fundamentos de la acción, situación extrañada en el caso de autos.

Con relación al art. 14 de la LGT, respecto al pre aviso por lo que se debe disponer el pago de un mes de sueldo a favor de la demandada; de la lectura del mismo se tiene que dicho artículo señala: “En caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada, la indemnización se reducirá a la mitad y el crédito del obrero gozará de prelación conforme a la ley civil.”, es decir que el mismo no es coherente con la situación planteada; sin embargo, es menester tener presente que el aviso al que hace referencia el art. 12 de la LGT y no así “14”, es conocido en la doctrina bajo el nombre de preaviso o aviso previo. La esencia del preaviso, radica en la notificación o comunicación anticipada, que de manera expresa la parte quien decide desvincularse de la relación laboral realiza a la otra parte, con el fin de no causar perjuicio, o que, inevitable que sea éste, tenga el menor efecto posible. Tal instituto constituye para el trabajador la garantía, de impedir ser sorprendido por una ruptura brusca de la relación laboral, teniendo el tiempo necesario para poder colocarse en una nueva fuente laboral; y desde la perspectiva del empleador tiene como cometido el garantizar que no se vea perjudicado como emergencia del alejamiento súbito del trabajador. En ese entendido, también se debe tener presente, que el Código Procesal del Trabajo, propugna entre sus principios, el “Proteccionismo, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores”. Por tal razón, en concordancia con el principio In dubio Pro Operario, que por el principio de protección de los derechos del trabajador cuya irrenunciabilidad consagra el art. 48. I y II de la actual Constitución Política del Estado (CPE), no corresponde otorgar lo solicitado, siendo acertado el criterio de Guillermo Cabanellas de Torres quien afirma: "La situación entre patronos y trabajadores es distinta en este problema. En el caso de que un trabajador, sin alegación de causa justificada, deje su empleo, no perjudica muy gravemente al patrono, porque éste encuentra con facilidad, quizás inmediatamente, un reemplazante; en cambio, el trabajador despedido, principalmente en época de crisis de trabajo, debe agotar sus ya escasas reservas económicas antes de lograr otro empleo para su actividad”.

Que respecto a la falta de valoración de la documental de fs. 28 a 33, de fs. 122 a 123, de 155 y 212 consistente en planillas de sueldos y salarios que acreditan que hubo incremento salarial y que dicho sueldo nunca se mantuvo estático; sobre el particular cabe señalar que el Tribunal ad quem no se pronuncio al respecto, toda vez que lo que  la Sentencia determinó fue la “regularización de los salarios al mínimo nacional” a partir de la gestión 2011 hasta el 2014, y no así el incremento salarial que por ley se da cada año, al que hace mención el recurrente, por cuanto es correcto lo dispuesto por el Tribunal de alzada al no haber sido este punto objeto de análisis de la Sentencia, incurriendo el recurrente en una confusión, por lo que no amerita hacer mayor abundamiento.

Por otra parte respecto a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista, de la revisión del mismo no es evidente, pues dicha resolución se pronuncio con relación a cada uno de los puntos apelados, dejando aclarado que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, aspecto que en el caso de autos se evidencia, por lo que no amerita causal alguna de nulidad.

En consecuencia, al ser evidente en parte las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde aplicar el art. 220. IV del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA en parte el Auto de Vista Nº 032/2018 de 16 de enero de 2018 de fs. 289 a 291, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, disponiendo que se deje sin efecto únicamente el pago de desahucio, manteniendo incólume lo demás.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.