TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 156

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente:                078/2018-S

Demandante:                Brasil Vaca Vaca.

Demandado:        Empresa MARABOL SRL, representada por José Fernando Roig Justiniano. .

Materia:                        Cobro de beneficios sociales y otros.

Distrito:                        Santa Cruz.

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 85 a 86 vta., interpuesto por José Fernando Roig Justiniano en representación de la Empresa MARABOL SRL., contra el Auto de Vista Nº 259 de 29 de noviembre de 2017, emitido por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 82 y vta., emitido dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido a demanda de Brasil Vaca Vaca, contra la empresa que representa el recurrente, la contestación al recurso de fs. 90 a 91, el Auto Nº 22 de 08 de febrero de 2018, de fs. 292 que se concedió el recurso y el Auto Supremo de 05 de marzo de 2018, emitido por este Tribunal, que admitió el recurso, los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia de Nº 55 de 15 de febrero de 2016 (fs. 53 a 56), y el Auto Complementario de 04 de abril de 2017 (fs. 61 y vta.), por la que declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 8 a 9, con costas, ordenando a José Roy Justiniano, como propietario y Gerente General de la Empresa MARABOL S.R.L., pague a tercero día de ejecutoriada la sentencia, a favor del actor la suma de Bs. 103.166,33 por concepto de indemnización por 10 años, 1 mes y 21 días, vacaciones por las gestiones 2011 al 2013, sueldos pendientes por 2 meses de la gestión 2013, bono de antigüedad por 5 años y 60 meses, más la multa del 30% prevista por el Decreto Supremo Nº 28699 y la actualización establecida por esta norma a ser liquidada en ejecución de sentencia.

Auto de Vista:

En mérito al recurso de apelación, promovido José Fernando Roig Justiniano, como representante de la empresa demandada MARABOL SRL., conforme consta el escrito de fs. 67 a 68 de, la Sala Primera en materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 259 de 29 de noviembre de 2017, de fs. 82 y vta., CONFIRMÓ la Sentencia apelada con costos y costas.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, José Fernando Roig Justiniano, en representación de la empresa demandada MARABOL S.RL., por escrito de fs. 85 a 86 vta., interpuso recurso de casación, que luego de haber sido respondido por el demandante, por escrito de fs. 90 a 91, fue concedido ante este Tribunal por Auto Nº 22 de 08 de febrero de 2018, de fs. 92, por lo que mediante Auto Supremo de 05 de marzo de 2018, de fs. 99 y vta., se declaró admisible el recurso, por lo que se pasa a desglosar y resolver el mismo:

Argumentos del recurso de casación:

Alegó que en la apelación se puso en evidencia, que no se ha citado con la demanda en el domicilio de la empresa que representa y más bien se ha citado en un domicilio particular, dando lugar a que ese acto sea nulo; pues demostró con el NIT de la empresa, que el domicilio de ésta, es el Km. 8 zona San Pablo, lugar diferente al de la citación, dando lugar a su nulidad conforme dispone el art. 75 inc. V del Código Procesal Civil (CPC-2013); además que el defensor designado en el caso no se apersonó al proceso, provocando indefensión a la empresa que representa.

En el Auto de Vista, se desestimó la apelación, afirmando que los fundamentos alegados en apelación carecen de relevancia, porque la demanda también se dirigió contra José Roig Justiniano, como propietario y gerente general y que fue evidente la reticencia del recurrente, para no identificar su domicilio real, limitándose a señalar que la citación y la notificación con la sentencia fueron efectuadas en el domicilio de sus hijos, sin demostrar que ese domicilio no es el que habita.

Por ello es que argumenta que no se ha considerado que la empresa demandada, es una sociedad de responsabilidad limitada y no así una empresa unipersonal y que por ello el Auto de Vista le causa lesión e indefensión.

Petitorio:

En mérito a los fundamentos expuestos, ratificando y sobrecartando los fundamentos del recurso de apelación, solicitó se conceda el recurso de casación y que se anule obrados, ordenando que se cite con la demanda, en el domicilio real de la Sociedad, permitiendo a la empresa demandada que asuma defensa y se pague al trabajador lo que corresponde.

Contestación:

El demandante por escrito de fs. 90-91, respondió al recurso, alegando que el recurrente no adjuntó a su recurso el depósito judicial por el monto condenado, conforme establece el art. 211 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por otra parte, se constata que la citación se realizó de manera adecuada en el domicilio del demandado, previo pre a aviso y dos visitas efectuadas por el Oficial de Diligencias, en las que su esposa y su hijo dieron cuenta que el demandado no se encontraba, habiendo alegado contradictoriamente en el recurso que la citación se efectuó en un domicilio particular, por consiguiente solicitó que se declare infundado el recuro, en aplicación del art. 72 del CPT, que establece que la citación se la realizará de forma personal y en caso de persona jurídica es válida contra los presidentes, gerentes generales, administradores o personeros legales.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Así expuestos los fundamentos del recurso de casación, se identifica que la problemática traída a colación, se refiere a determinar si la citación efectuada en el domicilio particular del recurrente quien es gerente general de la empresa demandada, provocó indefensión a la empresa que representa.

Doctrina aplicable al caso:

Respecto de la valoración de la prueba, los jueces y tribunales, no se encuentran sujetos a una tarifa legal; sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley; (arts. 60, y 158 CPT).

En aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba, consagrado en los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT., que fueron declaradas constitucionales mediante la SC 049/03 de 21 de mayo de 2003; en el proceso social, la carga de la prueba, corresponde al empleador, quien tiene la obligación de desvirtuar los argumentos de la demanda, sin perjuicio que el trabajador, pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes.

Debe tenerse presente también, que la valoración de la prueba es incensurable en casación, salvo que en el recurso se acuse e identifique de manera clara y específica la existencia de error de hecho o de derecho en esa valoración, única posibilidad para que de manera excepcional se pueda volver a valorar esa prueba conforme a la regla prevista por el inc. 3) del art. 253 del CPC-1975 y 271-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicables según corresponda a los procesos laborales, por la permisión contenida en la norma remisiva prevista en el art. 252 del CPT.

Por último, respecto de la citación con la demanda laboral, el art. 72 del CPT, establece que ésta debe ser personal con la providencia que admite la demanda y en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil, hoy, en virtud a su derogatoria, por las del Código Procesal Civil, en todo lo que fuere aplicable, conforme prevé el art. 252 del CPT.

Por otra parte, la misma norma establece que cuando se trata de personas jurídicas, la citación es válida si se practica indistintamente a los gerentes generales, administradores o personeros legales, agentes regionales o locales de las oficinas donde se hubiera contratado los demandantes.

Fundamentación del caso concreto:

En el caso, el recurrente alegó que se habría provocado indefensión a la empresa que representa, porque la citación con la demanda y notificación con actuaciones posteriores se practicó en el domicilio de sus hijos, indefensión que se encuentra demostrada -dice - por el NIT que presentó junto a su recurso de apelación, por el que acreditó el domicilio de la empresa demandada.

Para determinar en materia social, si una citación por cédula es nula, el demandado, debe necesariamente demostrar que no se siguió el procedimiento establecido por ley, para colocar esa cédula o que la misma fue colocada en un domicilio que no sea del demandado.

Respecto del primer motivo, en el proceso se debe considerar las previsiones del art. 76 del CPT, que establece de manera clara, cuándo procede la citación mediante cédula: En el caso, este procedimiento se ha seguido a cabalidad, conforme constan las actuaciones procesales de fs. 12, 12 vta. y 13 de obrados; es decir se buscó al demandado por dos veces consecutivas en el domicilio señalado y al no haber sido habido, previa representación del Oficial de Diligencias, por orden del juez de la causa, se lo citó mediante cédula, conforme se demuestra la diligencia de fs. 13.

Respecto del segundo motivo, conforme a la doctrina aplicable al caso, se establece que al tratarse de un proceso social, la carga de la prueba corresponde al demandado y cuando éste advirtió que se provocó indefensión, debió presentar todos los documentos que demuestren esa indefensión y presunta nulidad de obrados que ahora alega en el recurso de casación; es decir, debió acreditar que el domicilio donde se colocó la cédula no es su domicilio o no es el domicilio de la empresa demandada, pues en aplicación del art. 72 del CPT, cuando se cita a una persona jurídica, la citación es válida cuando se la practica a los presidentes, gerentes generales, administradores, personeros legales, o inclusive agentes regionales o locales de las oficinas donde hubieran sido contratados los demandantes.

En el recurso se argumenta que se habría vulnerado las previsiones contenidas en el art. 75-V del        CPC-2013, que establece: “Si la citación por cédula se hubiere practicado en el domicilio indicado por la parte demandante y tal domicilio resultare ser falso, la diligencia será nula”.


En autos, se ha alegado, tanto por el actor como por el ahora recurrente, que es Gerente General de la empresa demandada MARABOL S.R.L., empero cuando promovió su recurso de alzada, el demandado, no presentó prueba que demuestre o desvirtúe su condición de Gerente General o representante legal de la indicada empresa; por consiguiente, si bien mediante el certificado del NIT aparejado al escrito de apelación, acreditó el domicilio de la empresa que representa; empero, este hecho de ninguna manera acredita la presunta indefensión provocada, pues conforme el reconocimiento realizado por ambas partes, el recurrente, también es representante legal de la empresa demandada y por consiguiente la citación realizada en su domicilio particular es válida, conforme prevé el aludido art. 72 del CPT, correspondiendo desestimar la presunta indefensión alegada en el recurso de casación, porque no se demostró que en el domicilio en el que se colocó las cédulas con la demanda, su admisión y otras actuaciones procesales, no sea el domicilio real del demandado, ahora recurrente.

El otro argumento del recurso, es que el defensor de oficio designado no se apersonó al proceso y que por ello también se provocó indefensión; al respecto corresponde puntualizar que la designación de defensor y su apersonamiento, es necesaria cuando se ha practicado la citación mediante edictos; y no así cuando se declaró la rebeldía luego de la citación personal o por cédula conforme establecen los arts. 141 y 142 del CPT.

Al respecto, este Tribunal, en un caso similar, citando la SC 003/2007 de 17 de enero estableció:

"... el precepto [art. 68 CPC] al no prever la designación de defensor de oficio para el declarado rebelde, no vulnera la igualdad como principio ni como derecho subjetivo, por cuanto al encontrarse el rebelde en abierta hostilidad frente al juzgador al desoír su orden para que responda a la demanda o comparezca al proceso, no puede ser tratado de la misma forma que el litigante que se encuentra a derecho (...). En consecuencia, no existe ninguna discriminación arbitraria o irracional, máxime cuando el rebelde, en todo momento, y nada se lo impide, puede comparecer y apersonarse al proceso, ejerciendo él mismo sus derechos y gozando de todas las garantías, cesando así la rebeldía y asumiendo defensa en el estado en que se encuentre el juicio(..)."

"En cuanto a la presunta lesión del derecho al debido proceso y su componente esencial el derecho a la defensa, ello tampoco es evidente, por cuanto en la hipótesis del precepto legal cuestionado, es el mismo demandado el que se pone en actitud de inercia frente al proceso, pese a tener pleno conocimiento de él, renunciando así tácitamente, por actitud propia, al ejercicio de su defensa, por circunstancias que en todo caso no son en modo alguno atribuibles al juzgador y/o a la parte contraria; en otros términos, es el demandado el causante de su propia indefensión y quien se pone a sí mismo, en una situación de desventaja frente al demandante, por la apatía que demuestra frente al proceso, no pudiendo existir entonces vulneración alguna de derechos, cuando éstos no quieren ser ejercidos por su titular, como ocurre en el caso del declarado rebelde en los términos del art. 68 del CPC, no siendo posible asignar un defensor de oficio a quien no desea asumir defensa y no quiere ser defendido en el ejercicio de su libertad o autodeterminación, puesto que tratándose de juicios que se desarrollan en ausencia del demandado, debe distinguirse claramente entre aquellos, que pese a su legal citación y por ende efectivo conocimiento del proceso, no comparecen, y los otros, que no tienen conocimiento efectivo del proceso porque se ignora su domicilio y fueron citados por edicto, en cuyo caso, si no comparecen, la ley prevé el nombramiento de un defensor de oficio para que les representen, con la obligación del defensor de hacer conocer la existencia del proceso a su defendido ausente, en cuyo caso (art. 124 del CPC) sí se justifica plenamente el nombramiento de defensor oficial, porque en este caso la indefensión del demandado es total y absoluta, por razones que no le son imputables, pues ni siquiera sospecha que se sustancia un proceso en su contra”1.

Por consiguiente, el hecho de no haberse apersonado el defensor de oficio designado en el caso presente, luego de la rebeldía determinada contra el demandado, no implica que se hubiese provocado indefensión, si en el proceso, no se ha demostrado que ciertamente el domicilio donde se diligenció la cédula, no sea el domicilio real de éste último, evidenciando que manifiestamente, se resistió a responder oportunamente a la demanda y asumir defensa en el curso del proceso.

En el marco legal descrito, se advierte que el Tribunal de Alzada, no incurrió en ninguna de las infracciones acusadas, en consecuencia, corresponde aplicar el artículo 220-II del Cód. Proc. Civ., con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del art. 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de nulidad o casación de fs. 85 a 86 vta., interpuesto por José Fernando Roig Justiniano en representación de la Empresa MARABOL SRL., contra el Auto de Vista Nº 259 de 29 de noviembre de 2017, emitido por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 82 y vta., con costas.

Se regula el honorario del abogado patrocinante en la suma de Bs. 1.000, que mandará pagar el juez a quo.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.


1 Auto Supremo Nº 566-Social, de 19 de noviembre de 2008. Social y Administrativa Primera, Corte Suprema de Justicia.