TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 154

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                        : 067/2018

Demandante                : Compañía Industrial Azucarera San Aurelio 

Demandado        : Impuestos Nacionales GRACO Santa Cruz

Proceso        : Contencioso Tributario

Distrito                        : Santa Cruz

Relatora                        : Magistrada María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 188 a 191, interpuesto por la Compañía Industrial Azucarera “San Aurelio”, representada por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, contra el Auto de Vista Nº 07/2017 de 18 de enero, cursante de fs. 167 a 169 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el recurrente, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO-SCZ) del Servicio de Impuestos Nacionales, contestación al recurso de fs.195 a 199 vta., Auto  N° 186/2017 de 15 de noviembre cursante a fs. 200 por el que se concede el recurso; Auto de 22 de febrero de 2018 de fs. 210 por el que se admite el mismo; los antecedentes del proceso; y,


I. ANTECEDENTES PROCESALES


Auto definitivo Nº 43 de 4 de febrero de 2013.

Presentado el proceso contencioso tributario por el contribuyente Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A., y ante la excepción perentoria de plazo vencido y respuesta a la demanda presentada por el Servicio de Impuestos Nacionales, la Jueza Primero Administrativo Coactivo y Tributario Fiscal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto Definitivo Nº 43 de 4 de febrero de 2013, cursante de fs. 122 a 125 vta. , que declara Probada la Excepción de Plazo Vencido, disponiendo el archivo de la misma una vez se encuentre ejecutoriado el presente auto.

Auto de Vista Nº 46/17 SSA-II de 17 de abril.

El contribuyente presenta recurso de apelación de fs. 130 a 134, contra el Auto Definitivo N° 43 de 4 de febrero de 2013; respuesta al mismo de fs. 142 a 149 vta., concesión del mismo a fs. 150; en ese contexto la Sala Social Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativo Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 07/17 de 18 de enero, cursante de fs.167 a 169 vta., que confirma en su totalidad el Auto definitivo impugnado.


II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

Casación en la forma.

La resolución objeto de este recurso fue emitida violando las formas esenciales del proceso. En tal contexto el parág. I del art. 265 del Código Procesal Civil establece que el Tribunal de Alzada debe pronunciarse sobre los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. Norma procesal esencial que no ha sido cumplida en el caso de autos. Este tribunal se pronunció sobre los requisitos de presentación y admisibilidad de la demanda, que no fue objeto de apelación. Además, no se pronunció indicando cual es la disposición legal en mérito de la cual el memorial presentado ante el Decano en ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, ante la ausencia del Buzón Judicial previsto en el art. 110 de la Ley N° 025, implica la no presentación de la demanda.

Por otra parte, el Tribunal de alzada tampoco se pronunció respecto al timbre electrónico, con el cargo que fue puesto, conforme a la norma del parág. I del art. 108 de la Ley del Órgano Judicial, con relación al art. 107 de la misma ley, que establece que la oficina de servicios comunes del tribunal departamental de justicia, mediante sistema informático, recepcionará y distribuirá las demandas nuevas. Tampoco se pronunció respecto ante qué autoridad se debiese presentar la demanda contenciosa tributaria, ante la ausencia del Buzón Judicial para la presentación en caso de urgencias y cuando esté por vencerse un plazo perentorio. Aspecto que también constituyó objeto de apelación.

El Tribunal de Alzada por auto de 19 de abril de 2017, se negó a pronunciarse en el fondo sobre la petición de aclaraciones sobre el motivo por el cual no aplicó lo establecido en el Auto Constitucional 0258-CA de 5 de agosto de 2014, cual refiere, que no es posible efectuar control de constitucionalidad sobre las normas derogadas en que se funda el auto apelado.

También, no se cumplió con la última parte del parág. I del art. 264 del Código Procesal Civil, ya que no se señaló y menos aún llevó a efecto la audiencia en que debía leerse el Auto de Vista dictado.


Casación en el fondo.

Acusa la violación del parág. I del art. 180 de la CPE y el inc. 6 y 12 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, además del quebrantamiento de las formas esenciales del proceso en las resoluciones objeto del presente recurso en el que se ha incurrido en violación y aplicación indebida de la ley.

Entre los principios que debe sujetarse la jurisdicción ordinaria se encuentra el de “legalidad” y “debido proceso”, que han sido definidos por el inc. 6 del art. 30 de la Ley N° 25 de 24 de junio de 2010. Al confirmar el Auto Definitivo N° 43 de 4 de febrero de 2013, ratifican la ilegal aplicación del art. 174 de la Ley N° 1340, que fue abrogada por Disposición Final Novena de la Ley N° 2492, y no fue incluido en la exhortación del Tribunal Constitucional para su reposición.

Por otro lado, acusa la aplicación indebida del art. 97 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el de alzada fundamenta su resolución en el referido artículo no aplicable al caso de autos, porque se encuentra abrogado, el que además se refiere a la presentación de escritos y no así a las demandas nuevas.

A continuación, señala, la aplicación indebida del art. 174 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, al haber sido abrogada por la Disposición Final Novena de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, siendo en consecuencia indebida su aplicación en razón de que conforme a lo establecido en el parág. I del art. 15 de la Ley del Órgano Judicial, el tribunal de alzada debía fundar sus actos y decisiones en la Constitución y Leyes vigentes y no así en norma expresamente abrogada.

Finalmente acusa la violación de los arts. 265, parág. I; 264 parág. I; 206 parág II, y 226 parágs. I y III del Código Procesal Civil, ya que la resolución recurrida no se pronunció sobre los puntos apelados y fundamentados, al no señalar y llevar efecto la audiencia de lectura del auto de vista y no pronunciarse sobre el pedido de aclaración. Violaciones y aplicación indebida de la ley que deberán ser corregidas por el Supremo Tribunal de Justicia.      


En tal sentido peticiona se admita el recurso y se dicte resolución anulatoria de la resolución recurrida o alternativamente case las resoluciones recurridas y fallando en el fondo aplique las leyes conculcadas disponiendo la continuidad del trámite de la demanda.


III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, la cual se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.


El art. 74 de la Ley 2492 establece: “los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código…”, de tal forma que a los procedimientos tributarios administrativos (conjunto de formalidades de orden jurídico que se establecen para poder emitir una resolución o acto administrativo tributario por parte de la autoridad administrativa tributaria), son aplicables los principios que se encuentran en la Ley del Procedimiento Administrativo, entre otros el contenido en el 4 inc. d), de “verdad material”, entendido como la obligación de la administración de investigar la verdad material en oposición a la verdad formal, en virtud del cual la decisión de la administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones.

El tratadista Juan Carlos Cassagne manifiesta: “…En el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado. De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las partes”. (Derecho Administrativo II Abeledo-Perrot- Buenos Aires Argentina, pág. 321).

En cuanto al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas; por su parte el art. 211.I de Título V de la Ley 2492, expresa que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la pronuncia y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.        


IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Del examen del recurso de casación en la forma y fondo, el Auto de Vista recurrido y de los antecedentes del proceso, en relación a los puntos identificados por el recurrente, se infiere a que ambos recursos van orientados a que finalmente se prosiga con la tramitación de la casusa en ese sentido se tiene:


Cabe señalar que en cumplimiento a la Ley del Órgano Judicial, este Tribunal Supremo de Justicia, tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento con el fin de establecer si los Jueces y Tribunales inferiores observaron las leyes y  plazos procesales que regulan la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes, conforme establece el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, cumpliendo así lo señalado por el art. 5 del Código Procesal Civil, por tratarse de la aplicación correcta de normas que interesan al orden público y por tanto son de acatamiento obligatorio.


En ese razonamiento conviene señalar que, la exigencia legal del cumplimiento de plazos procesales responde a razones de seguridad y certeza en el desarrollo del proceso, permitiendo operarse la preclusión de las diversas etapas que se van cumpliendo; por lo que es necesario el establecimiento de los mismos y el orden consecutivo en que deben realizarse los actos procesales, de lo contrario las partes carecerían de certidumbre acerca de las exactas oportunidades en que les corresponde hacer valer sus alegaciones y pruebas en que sustentan sus respectivos derechos, con desmedro de la garantía constitucional de la defensa en juicio que ello supone, según los arts. 119.II y 117.I de la Constitución Política del Estado.


De los reclamos expuestos en el recurso de casación, se tiene que los mismos se encuentran orientados a acusar como erróneos los fundamentos expuestos en el Auto de Vista recurrido, pues su demanda contenciosa tributaria, habría sido interpuesto dentro del plazo como manda la norma, pues se habría realizado un computó ilegal para su rechazo. Bajo ese antecedente, el análisis del presente Auto Supremo se centrará en la extemporaneidad o no de la presentación de la demanda impetrada, por lo que corresponde realizar las siguientes consideraciones:


A fs. 74 de obrados, cursa notificación por cédula a Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, representante legal del contribuyente Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A., con la Resolución Administrativa N° 21-00004-12 de 10 de abril de 2012, hecha efectiva el 7 de mayo de 2012.


Posteriormente el señor Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, Presidente del Directorio de la Compañía Industrial Azucarera “San Aurelio” S.A., presentó demanda contencioso tributaria el 22 de mayo de 2012, conforme consta de fs. 94 a 102 y por el timbre electrónico de fs. 102, demanda dirigida primero al Juez en Materia Administrativa, Coactiva, Fiscal y Tributaria y posteriormente presentada al Decano en Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia ante la eventualidad advertida por el demandante de encontrarse los juzgados cerrados por vacación del 7 al 31 de mayo de 2012. Por lo que el Decano mediante decreto de 22 de mayo, señala que siendo cierto y evidente que el Órgano Judicial del Distrito de Santa Cruz se encuentra en vacaciones, remítase el memorial por el cual se presenta la demanda a plataforma de Atención al Usuario Externo, a los fines del sorteo respectivo, el primer día hábil después de la vacación judicial. Conforme a ello mediante Auto de 6 de julio de 2012 cursante a fs. 106 se admitió la demanda contenciosa tributaria incoada.


El art. 227 de la Ley Nº 1340 “La demanda contencioso-tributaria deberá ser presentada directamente al Tribunal Fiscal en la ciudad de La paz dentro de los quince días siguientes al de la notificación de la resolución administrativa,……”; por su parte el art. 174 de la norma citada señala “Los actos de la Administración por los que se determine tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por una de las siguientes vías, a opción del interesado: 1) Recurso de revocatoria ante la autoridad que dictó la resolución. Cuando este haya sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior y en su ultima instancia ante el Ministerio de Finanzas. 2) Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de este Código...”
De las normas citadas precedentemente se extrae que el plazo para que el contribuyente interponga demanda contenciosa tributaria ante autoridad jurisdiccional, es de 15 días siguientes a su notificación con la resolución administrativa.


Ahora bien, si por determinación de la Disposición Final Primera del Código Tributario de 2 de agosto de 2003- “Ley Nº 2492” (CTB), quedó derogada la Ley Nº 1340 y el literal B) del art. 157 de la Ley Nº 1455, de 18 de febrero de 1993-“Ley de Organización Judicial”, no es menos cierto que el procedimiento para la tramitación del proceso contencioso tributario así como la aplicación de los plazos y computo de los mismos, ha sido restituido en virtud de los entendimientos de las siguientes Sentencias Constitucionales, que son de carácter vinculante conforme prevé el art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La Sentencia Constitucional Nº 0009/2004 de 28 de enero refiere “… Con la supresión referida, el art. 131 de la Ley impugnada contradice a la Constitución, toda vez que lesiona la garantía constitucional (derecho humano) del debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, independiente, imparcial y competente consagrado por las normas previstas por los arts. 14 y 16-IV de la Constitución, ya que le priva al contribuyente toda posibilidad de someter el acto administrativo tributario a un proceso contencioso en el que de manera contradictoria y en igualdad de condiciones pueda ser oído y hacer valer sus pretensiones, produciendo prueba, objetando la de contrario, desvirtuando los procedimientos administrativos tributarios que dieron lugar al acto determinativo del tributo, en suma lograr una decisión legal y justa; de otro lado se lesiona el derecho a impugnar los actos administrativos tributarios ante un juez o tribunal independiente e imparcial…De otro lado lesiona los valores supremos de la justicia e igualdad, inherentes al Estado Democrático de Derecho y consagrados por el art. 6 de la Constitución, toda vez que al impedir al contribuyente acceder a la vía judicial de impugnación del acto administrativo, le impedirá ejercer el derecho de contradicción, por lo mismo le impedirá acceder, en igualdad de condiciones, a la vía judicial para lograr una sentencia justa y legal del litigio, en consecuencia que obtenga una tutela judicial efectiva que, como bien ha establecido este Tribunal en su jurisprudencia, constituye parte del debido proceso...”
La Sentencia Constitucional Nº 0076/2004 de 16 de julio refiere. Es indudable que la ratio decidendi de la SC 0009/2004 resumida en el punto anterior apunta al restablecimiento del proceso contencioso tributario como medio de impugnación judicial y alternativo de los actos de la administración tributaria, sin excluir la impugnación en sede administrativa, lo cual ha sido patentizado con la declaratoria de inconstitucionalidad, a través de la SC 0018/2004 de 2 de marzo, de la Disposición Final Primera del CTB que establecía la derogatoria del literal B) del art. 157 de la LOJ que señalaba la competencia de los Juzgados en materia administrativa, coactiva, fiscal y tributaria para conocer y decidir, en primera instancia, los procesos contencioso-tributarios originados en los actos de determinación de tributos y en general de las relaciones jurídicas emergentes de la aplicación de leyes tributarias. En suma, la impugnación de los actos administrativos ante la autoridad jurisdiccional por vía del contencioso tributario prevista en el art. 174 del CTB se encuentra plenamente vigente. En el mismo sentido y aplicando el mismo entendimiento se encuentra la SC Nº 0387/2006-R de 24 de abril.


En el caso presente, con la Resolución Administrativa Nº 21-00004-12 de 10 de abril fue notificado al ahora recurrente el 7 de mayo de 2012 a horas 16:15, quien presentó su demanda el 22 de mayo de 2012; de este antecedente, se advierte que el recurrente presentó su demanda dentro de plazo, aun así se haya dirigido a otra autoridad y que en los hechos fue ante una eventualidad traducida en la vacación colectiva de que gozaban los juzgados del Tribunal Departamental de Santa Cruz, desde el 7 al 31 de mayo de 2012, máxime si el demandante fue notificado el propio 7 de mayo con la Resolución Administrativa posteriormente impugnada, es decir desde el día que empezó la vacación, por lo que ni bajo la aplicación del Principio de Previsión pudo interponer su demanda contenciosa tributaria en el Juzgado específico.


Desde el 7 de febrero de 2009, rige en Bolivia un nuevo orden constitucional con nuevos lineamientos de acceso  a la justicia (pretensión e impugnación), generándose en el Estado Plurinacional de Bolivia una serie de cambios en el ámbito legal que orientan una corriente de transformación de los procesos judiciales, donde indudablemente no sólo se busca, a decir de Roberto O. Berizonce,  la humanización del proceso, el cual  “presupone no sólo la desacralización y desformalización de los procedimientos, la proscripción del exceso ritual y del formalismo…”, sino también la aplicación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, la misma que  al ser la norma fundamental de un Estado,  es vinculante con la conformación del nuevo sistema jurídico del país; en ese entendido, el art. 180 de la norma constitucional establece que: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”, extractando de ese entendimiento constitucional la aplicación efectiva de los derechos fundamentales de las partes dentro de un proceso judicial el cual se encuentra íntimamente relacionado con la garantía del principio de impugnación como se verifica de la lectura en el art. 180.II que establece: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”.


Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0281/2013, del 13 de marzo, estableció que sobre la base del principio pro actione, corresponde adoptar la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción y de recurrir del accionante, prohibiéndole  al Juez en un Estado Constitucional de Derecho, defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales, incluso por encima del sacrificio de derechos fundamentales, como en el caso del derecho a impugnar una decisión judicial, considerando que los alcances normados en la suprema norma, están acordes a lo establecido en los principios de favorabilidad como el “pro actione” por el que se garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados; por lo que en la especie un rechazo por supuesta extemporaneidad no es conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “…Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano…” (art. 1 de la CPE), por lo que toda interpretación actual que se efectué debe ser, desde y conforme a la Constitución, ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema Constitucional imperante ni al bloque de Constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo el acceso a la justicia.


En conclusión, si bien el plazo para la interposición de la demanda contenciosa tributaria, es extra procesal, por tanto sujeta a caducidad, computada en el plazo de forma seguida sin interrupción alguna, pero en los hechos el demandante ejerció su derecho de interponer su acción dentro del plazo de 15 días, evidenciándose la imposibilidad real de no haber juzgados abiertos para recepcionar su demanda, tampoco implementado el buzón judicial a efectos de su recepción y que la única instancia jurisdiccional que estaba habilitada en defecto de presidencia del tribunal, que también gozaba de vacaciones, era la Decanatura del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que no sólo recepcionó el memorial de demanda, sino, que dispuso expresamente que una vez retornado de vacaciones el primer día hábil mediante plataforma de atención al usuario externo se proceda al sorteo respectivo del juzgado pertinente consecuentemente a efectos de su posterior tramitación; por lo que el demandante cumplió con la presentación de su demanda en término hábil.     


Por lo que el rechazo de la demanda constituye un vicio procesal advertido,  un defecto que no puede ser convalidado ni subsanado, porque se encuentra comprometido derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y derecho a la defensa, por ello, habiéndose infringido el orden público correspondiendo casar el auto de vista recurrido.


POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 07/2017 de 18 de enero, cursante de fs. 167 a 169 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz  y deliberando en el fondo deja sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo Nº 43 de 4 de febrero de 2013, cursante de fs. 122 a 125, disponiendo que la Jueza Primero Administrativo Coactivo y Tributario Fiscal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, prosiga con la tramitación del proceso contencioso tributario, debiendo cumplir con el principio de celeridad, constitucionalmente reconocido. Al no ser excusable el error, se multa con 3 días de haber, a la Juez A quo y al Tribunal Ad quem.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.