TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 144

Sucre, 19 de marzo de 2019

Expediente                    : 18/2018

Demandante                 : Cintia Vezna Gómez Lizarro

Demandado                   : Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL 

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 209 a 214, interpuesto por Cintia Vezna Gómez Lizarro, impugnando el Auto de Vista Nº 22/2017-SSA-I de fecha 6 de febrero cursante de fs. 199 a 200, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por la recurrente contra la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, representada por el Cnl. DAEN Roberto René Alarcón Loza; el Auto de fs. 222 que concede el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 11-1 de fs. 227 a 229 de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Juez Octavo de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 144/2015 de fecha 3 de septiembre, cursante de fs. 160 a 167, declarando PROBADA en parte la demanda y PROBADA en parte la excepción perentoria de pago, determinando que el demandado proceda al pago de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 75/100 BOLIVIANOS (Bs.- 26.287,75) a favor de Cintia Vezna Gómez Lizarro, por concepto de indemnización, vacaciones, bono de antigüedad e incremento salarial, más multa del 30% establecida en el D.S. N° 28699, descontando el pago realizado según finiquito de fs. 3 y 26.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 175 a 178 y la demandante de fs. 180 a 184 vta., la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 22/2017-SSA-I de fecha 6 de febrero cursante de fs. 199 a 200, que CONFIRMA en su totalidad la Sentencia apelada.

Ante la determinación del Auto de Vista, tanto el demandado COSSMIL como la demandante Cintia Vezna Gómez Lizarro, interponen recurso de casación y el Tribunal de Casación emite Auto Supremo Nº 11-1 de fs. 227 a 229, de fecha 30 de enero de 2018, por el cual declara improcedente el recurso presentado por COSSMIL y admitiendo el recurso interpuesto por Cintia Vezna Gómez Lizarro.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación, la recurrente establece que el Auto de Vista impugnado vulnera disposiciones legales vigentes, bajo los siguientes fundamentos:

1.- El Auto de Vista recurrido no emitió pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación, solamente se limita a resolver los argumentos de la parte demandada.

2.- Se realizó un cálculo erróneo del salario promedio indemnizable, pues no se consideró los incrementos salariales que debían cancelar, lo que reduce este promedio indemnizable para el cálculo de los beneficios sociales que corresponde cancelar, por lo tanto, reduce el monto total de los beneficios sociales que se deben pagar.

3.- No se dio cumplimiento del D.S. N° 21137 de fecha 30 de noviembre de 1985 ni del D.S. N° 23474, en base al cual se debe cancelar el 4% anual por concepto de bono de antigüedad, aspecto que el Juez A-quo no tomó en cuenta al momento de realizar el cálculo para el pago de los beneficios sociales demandados.

4.- Se establece que COSSMIL es una institución y no así una corporación, por lo que no corresponde el pago de primas, sin embargo, se desconoce las previsiones contenidas en los arts. 38 y 49 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, sustentada por el D.S. N° 20029, puesto que, el empleador es una Corporación que genera utilidades por varios conceptos, por lo que corresponde el pago de primas en favor de sus trabajadores.

5.- No se considera el incremento salarial que corresponde cancelar desde la gestión 2009 hasta la gestión 2013, en aplicación del D.S. N° 0013 de fecha 19 de febrero de 2009 pues el mismo no establece excepción alguna para su pago y el demandado no presentó prueba alguna que descargue el cumplimiento de este concepto.

6.- Al incumplirse el pago de los incrementos salariales que correspondían, se afecta directamente en el cálculo de todos los beneficios sociales que deben pagarse, es así que, en el caso de los aguinaldos, debe cancelarse la diferencia entre el salario básico que se pagaba y el mismo salario actualizado con los incrementos salariales que correspondían pagar.

7.- No se otorgó vacaciones durante el desarrollo de la relación laboral, por considerar el empleador que la actora era trabajadora eventual. El Juez A-quo calcula el pago de este derecho, pero solamente por la gestión 2012 y no así por todo el periodo de trabajo.

Por lo tanto, pide casar el Auto de Vista recurrido, revocando el mismo y disponiendo el pago de los beneficios sociales como corresponde, en base a los argumentos expuestos en el recurso de casación.

Por su parte, el demandado, habiendo sido legalmente notificado, ejerce su derecho a contestar el recurso de fs. 219 a 221, pidiendo se declare infundado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por la recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La Ley 025 del Órgano Judicial, con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16 establece lo siguiente: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley N° 025, el Código Procesal Civil (CPC), Ley 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que rigen la administración de justicia conforme prevé la Constitución Política del Estado (art. 180), entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez,  y accesibilidad, que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley 025 y arts. 105 al 109 del CPC).

Por lo tanto, en referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado; es decir, que tenga incidencia en el derecho al debido proceso en su elemento defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que, el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades.

Precisamente por ello, es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho; y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los fundamentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

1.- El recurrente denuncia que los agravios expuestos en el recurso de apelación no fueron atendidos por el Tribunal Ad-quem, ni siquiera emitió pronunciamiento alguno respecto a dicho recurso y solamente se limitó en el Auto de Vista, ahora recurrido, a fundamentar sobre los agravios planteados por el demandado.

De la revisión de obrados, se tiene que a fs. 190 cursa el Auto de concesión de ambos recursos de apelación, que indica: “…consiguientemente conforme corresponde a procedimiento se concede ambas apelaciones en el EFECTO SUSPENSIVO…”.

De la lectura del Auto de Vista recurrido se tiene a fs. 199, en el considerando del segundo parágrafo expresa: “… Contra dicha determinación ambas partes interponen recurso de apelación, una vez respondida por la parte actora son concedidas en el efecto suspensivo…”, de lo cual se entiende que toman en cuenta que ambas partes recurrieron de apelación la Sentencia pronunciada, de fs. 175 a 178 el demandado y de fs. 180 a 184 vta. la demandante.

Sin embargo, continuando con la lectura del Auto de Vista recurrido, en el tercer párrafo a fs. 199, indica textualmente: “La parte demandada argumenta…” (negrilla añadida), desarrollando los 4 puntos que impugnó el demandado en su recurso de apelación y posteriormente en el siguiente considerando, ingresa a realizar un análisis de esos 4 puntos denunciados por COSSMIL, arribando al decisorio final, por el cual confirma en su totalidad la Sentencia N° 144/2015 de fecha 3 de septiembre.

Por lo que, claramente se evidencia que el Tribunal de Alzada incurrió en el error que ahora la recurrente denuncia, pues no se pronunció sobre los agravios que planteó en apelación, por lo que, regularizando el procedimiento, corresponde que se anule obrados hasta el Auto de Vista N° 22/2017-SSA-I de fecha 6 de febrero cursante de fs. 199 a 200, inclusive, debiendo la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictar nueva resolución considerando el recurso de apelación planteado por la demandante, cursante de fs. 180 a 184 vta., analizando los agravios que argumenta y resolver nuevamente, fundamentando adecuadamente su decisorio.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del CPC (2013), aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el Auto de Vista de fs. 199 a 200 inclusive, debiendo la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictar nueva resolución, considerando los requisitos establecidos en el art. 202 del Código Procesal del Trabajo, tomando en cuenta las consideraciones expresadas, no siendo un error excusable, se impone una multa a los Vocales suscribientes de Trescientos bolivianos.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.